martes, 10 de abril de 2012
Maritza Díaz, Mara Resto y Alex Figueroa / Primera Hora
Innecesario y preocupante.
El gobernador Luis Fortuño se expresó ayer en contra de que se legisle a favor de que a todos los empleados transitorios del Gobierno, por el solo hecho de que ocupen esos puestos por más de seis meses, se les dé la permanencia.
“No podemos dar para atrás en lo que hemos logrado... Hemos enderezado las finanzas de Puerto Rico”, dijo el mandatario en alusión al amplio recorte de personal que hizo su administración a principios de cuatrienio.
Visita Puerto Rico Decide.Fortuño expresó que la medida de la autoría de la presidenta de la Cámara de Representantes, Jenniffer González, es innecesaria; que durante el pasado año y medio su gobierno ha hecho permanentes a casi 5,500 empleados, cuyas funciones eran estrictamente necesarias: cuatro mil maestros de difícil reclutamiento y 1,475 asistentes de educación especial.
“Tenemos que actuar con sensibilidad... Se tiene que hacer una análisis de cada uno de los casos; que haya fondos y que sea necesario el servicio”, insistió el Primer Ejecutivo.
Fortuño también dijo que no se les puede dar permanencia a empleados a los que se les paga con fondos federales, si esos fondos no son recurrentes.
“Si hubiera los fondos para unas categorías en específico, que entendamos que son necesarios unos servicios, lo hemos hecho, y lo vamos a continuar haciendo”, añadió.
En cuanto a los empleados despedidos por la Ley 7, el Gobernador afirmó que su administración les ha dado prioridad en el reempleo “en más de una ocasión en los pasados dos años y medio”.
Insistió en que los policías, maestros y otros que han sido reclutados no podían salir de las listas de reempleo por las características de esas plazas.
No saben de dónde saldrán los chavosLa Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), mientras tanto, todavía no tiene respuesta para precisar de dónde sacaría el dinero para pagarles a los empleados transitorios que logren su permanencia en puestos de carrera, si es que la medida radicada por la presidenta cameral logra convertirse en ley.
De hecho, el director de la OGP, Juan Carlos Pavía, que aún no ha respondido a las múltiples llamadas de este diario, es muy posible que ni siquiera esté al tanto sobre la pieza legislativa denominada Ley de Justicia a los Empleados Transitorios de 2012 porque, según su oficial de prensa, Josianne Rosselló, “él no la ha evaluado”.
“Estamos en la preparación del presupuesto y él se está concentrando exclusivamente en eso”, dijo la portavoz cuando se le preguntó si el director ya había reaccionado a la medida.
¿Incluye este presupuesto la partida que se destinaría al Proyecto (de la Cámara 3889)? Porque si se aprueba, entraría en vigor el 1 de julio...
No tengo reacción al respecto. No sé nada al respecto.
¿Cuándo el director va a emitir expresiones oficiales en cuanto a la medida propuesta por Jenniffer González?
La verdad es que no sé qué decirte, porque él está concentrado en el presupuesto y nada más.
¿Él está al tanto de esta medida?
Bueno, él no la ha evaluado.
¿La tiene en sus manos?
No sabría decirte si la tiene, pero él no ha tenido oportunidad de evaluarla.
¿Sus asesores tienen la medida en la agencia?
Bueno, sí, ya la tenemos, porque la conseguimos a través del sistema, pero no sé si ha llegado oficialmente.
¿Cuándo entonces el Director se expresará sobre la medida?
Por ahora no, porque no ha tenido tiempo de evaluarla y nos estamos dedicando a la preparación del presupuesto.
En el proyecto de ley, la OGP figura como la agencia encargada de desembolsar el dinero para los puestos de carrera que serían ocupados. Pero además, identificaría los fondos para crear los puestos que hubiese que crear para acomodar a los empleados transitorios que no cumplan con los requisitos para puestos de carrera.
Desde el pasado martes, Primera Hora ha intentado obtener una reacción de parte de la OGP, pero la portavoz de la agencia indicó que Díaz estuvo reunido durante toda la semana pasada y, a partir de ayer, comenzó a trabajar con el presupuesto del próximo año fiscal.
Las uniones se prepararanRepresentantes de varias organizaciones sindicales comenzaron a reunirse ayer para planificar la movilización de oposición al proyecto de los empleados transitorios.
A la vez que denunciaba la dilación del Departamento de Educación (DE) en el proceso de negociación colectiva, el Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores (SPT) y Servidores Públicos Unidos (SPU) dijo que en la tarde de ayer se reuniría con otros gremios para responder al llamado de “muchos cesanteados que están indignados”.
“Nos vamos a unir para planificar y activar a todos los compañeros que fueron cesanteados por la Ley 7. Tenemos la información de todos ellos y nos vamos a comunicar con ellos para que se activen y estén al tanto con lo que va a pasar con el proyecto”, dijo Karen de León, vicepresidenta del capítulo de la Unión Paso.
“Hay mucha gente indignada. Es una falta de respeto que le quieran dar una permanencia a quien lleva seis o tres meses, y tenemos gente en la calle todavía porque no han cumplido con contratar a despedidos por la Ley 7 en ninguna de las agencias”, sostuvo.
“Si aquello colmó la copa (los despidos), esto la desbordó”, sentenció Manuel Meléndez, del SPU.
“Es indignante que además del atropello del despido, encima se les insulte con decir de que ‘vamos a contratar, pero no es a ustedes’. La indignación es tal que ellos son los que están llamando a la Unión preguntando qué vamos a hacer”, añadió.
El proyecto de los transitorios establece que serán elegibles todos los empleados que hayan ejercido funciones permanentes en puestos de duración fija por seis meses o más; que hayan prestado servicios en programas gubernamentales independientemente de si éstos se sufragan con fondos estatales, federales o combinados; que tengan la preparación y experiencia para el puesto cuyas funciones realizan, y que cumplan con las condiciones generales para ingresar al servicio público.
“Si es justo que le den permanencia a los empleados que llevan seis meses, más justo debe ser que se les devuelva el trabajo a aquellos trabajadores que ya habían cumplido con su tiempo probatorio y que llevaban 13 años de servicio”, señaló Ismael Marrero, vicepresidente de Servidores Públicos Unidos, quien agregó que el proyecto es “una movida politiquera” de la presidenta de la Cámara.
La SPT, SPU y Unión Paso representan aproximadamente a 13,000 empleados no docentes del Departamento de Educación. Según denunciaron ayer, llevan cuatro años sin aumentos salariales y hace varios meses que vienen negociando un nuevo convenio colectivo, del cual solamente han logrado firmar uno de sus artículos.
Precisamente, ese artículo establece que de surgir alguna plaza, se tendrá que otorgar de acuerdo con la antigüedad de los empleados cesanteados por la Ley 7.
Marrero piensa que el Gobierno lo que busca es probar el proyecto de ley de los transitorios antes de que se ratifique el nuevo convenio colectivo.
Los líderes sindicales denunciaron que el retraso en las negociaciones se debe a que Educación culpa a la OGP por no aprobar los fondos que se necesitan para los artículos económicos del nuevo convenio.
Diana Rosas, de la Unión Paso, señaló por su parte que además de los empleados de mantenimiento de las escuelas que fueron despedidos por la Ley 7, hay 3,750 conserjes que fueron impactados por una reducción en su jornada de trabajo, a los que la Unión representa también.
“Esta clase trabajadora fue impactada doblemente”, dijo Rosas.
