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viernes, 28 de octubre de 2011

Empresario en lío federal por esquema fraudulento


por Francisco Rodríguez-Burns / Primera Hora

El abogado dijo que su cliente se sentía nervioso, y así parecía mientras el acusado comenzó a contestar las preguntas de un magistrado federal con un mero “Ok”. Sin embargo, se necesitaban respuestas afirmativas, contundentes, mientras el empresario Pedro A. Mora Mora se declaraba culpable de un cargo de fraude de valores en el que más de 200 inversionistas pudieron haber perdido $1.4 millones.

El empresario después comenzó a contestar las preguntas del magistrado Marcos E. López con un “sí, señoría”, aunque a veces su voz temblaba, delatando su nerviosismo.

A diferencia de su ademán en sala, el cargo que pesa en su contra refleja un nivel de planificación que contrasta diametralmente con el semblante y el estado emocional del estafador. Como muchos crímenes financieros, la acusación incluye términos técnicos, pero detrás de la frialdad del delito se esconden la calculación, las mentiras y mucha avaricia.

Según las autoridades federales, Mora, junto a individuos de una compañía identificada como Euro International Group, Inc., prometieron ganancias mensuales o trimestrales mediante la compra de productos en Europa y China, que nunca se materializaron. Los inversionistas recibieron pagarés que certificaban sus ganancias, pero el dinero provenía de sus propias inversiones. Los criminales se lucraron del fondo generado por las inversiones.

Ante el magistrado federal, Mora se declaró culpable de un cargo de fraude de valores. Firmó un acuerdo presentencia que sugiere una pena de cárcel de 51 a 63 meses, y accedió a la confiscación de $1.4 millones, producto de las ganancias ilegales obtenidas a través de la operación criminal. Accedió, además, a identificar dinero y bienes que puedan cubrir la pérdida, y aceptó que la confiscación pueda incluir propiedades en la urbanización Ciudad Universitaria, en Trujillo Alto, y en la urbanización Monte Mar, en Hatillo.

Se acabaron los chavos

Como muchos otros esquemas tipo Ponzi, los estafadores fueron descubiertos luego que se agotaran los fondos de las inversiones. El esquema se extendió entre agosto de 2004 y diciembre de 2007, pero en julio de este año los inversionistas dejaron de recibir sus pagos.

De hecho, en diciembre de 2007, los miembros de la conspiración enviaron cheques por correo de una cuenta de Washington Mutual que no tenía suficientes fondos para cubrir los pagos. Se estima que los inversionistas pagaron un total de $4.8 millones, y algunos pudieron recuperar parte de su dinero.

Mora salió del Tribunal Federal en Hato Rey luego de asegurar el pago de una fianza de $10,000. El magistrado sólo le permitió viajar al estado de Florida, donde hace negocios, y le ordenó que no incurriera en ninguna otra transacción.

A su salida del Tribunal Federal, el sujeto intentó tapar su rostro con su chaqueta mientras salía por la puerta principal, y no contestó ninguna pregunta de un fotoperiodista. Luego, volvió a tapar su rostro cuando se montó en su vehículo deportivo, de marca europea.

Las autoridades aseguran que la investigación contra Mora y EIG continúa. Varios intentos por contactar a un representante de la compañía resultaron infructuosos.

Ristra de fraudes
El esquema en el que Mora se vio implicado es sólo uno de muchos que se están detectando en Puerto Rico. Según indicó el coordinador de la División de Fraude Corporativo de la Fiscalía Federal, Charles R. Walsh, quien representa al Gobierno de Estados Unidos en el caso, los esquemas comparten características al prometer ganancias rápidas y, en ocasiones, un elemento de secretividad que sirve como un doble propósito: evitar la detección del estafador y prolongar la estafa.

“El motor principal es la avaricia. Se prometen grandes ganancias y, en muchas ocasiones, los propios inversionistas, las víctimas, se convierten, indirectamente, en los principales promotores del esquema. Al creer que es legítimo, contactan a familiares, a feligreses de su iglesia, la voz se corre y más personas caen en la estafa. Lógicamente, la gente descubre que han caído víctimas de un esquema cuando el dinero se agota”, indicó.

A pesar de que las autoridades federales no pueden hacer ningún comentario relacionado con una investigación en curso, la Isla también se ha convertido en un escenario para otros fraudes tipo Ponzi.

En un esquema conocido como “Prime Bank”, el estafador promociona una inversión a través de fondo especial o un banco secreto. Como en el Ponzi, las víctimas en ocasiones reciben pagos, pero el dinero se genera a través de las mismas inversiones.

“Si la persona tiene que tomar prestado para invertir, cuidado, esto podría ser una señal de que algo puede andar mal” , señaló Walsh.

viernes, 14 de octubre de 2011

Pesquisa federal contra MCS es por fraude


Por Melissa Correa Velázquez,


La jefa de la Fiscalía Federal, Rosa Emilia Rodríguez informó que la pesquisa llevan a cabo las autoridades federales a la aseguradora MCS, está relacionada a un esquema de fraude al Medicare, el cual no tiene que ver con Mi Salud.

“Son violaciones a las leyes federales, como fraude al Medicare, no está relacionado con Mi Salud”, afirmó Rodríguez durante una rueda de prensa sobre los arrestos de una organización en el residencial Luis Llorens Torres.

Indicó que la pesquisa, efectuada por el Departamento de Salud Federal, la Administración de Drogas y Alimentos (FDA, por sus siglas en inglés) y el Servicio Secreto, se inició hace algún tiempo.

MCS reacciona

La gerencia de MCS indicó que estaba sorprendida por el allanamiento realizado esta mañana, ya que la política de la compañía siempre ha sido cooperar totalmente con cualquier tipo de investigación. La empresa señaló que las autoridades llegaron para recopilar información y expedientes.

“Nos sorprendió la visita, ya que la política de MCS ha sido cooperar totalmente con cualquier tipo de investigación. Si las autoridades necesitaban cualquier tipo de información de nuestra parte, nuestra compañía la hubiera provisto voluntariamente y hubiera cooperado cabalmente con la investigación, tal y como lo hemos hecho siempre”, dijo Maritza Munich, Principal Oficial Legal de MCS.

“Hasta el momento aún estamos obteniendo detalles sobre la naturaleza de esta investigación, pero sin embargo, estamos brindándoles la información solicitada”, añadió Munich, al reiterar que la compañía colaborará con las autoridades.

martes, 24 de mayo de 2011

Artistas, genios y dueños del fraude

Artistas, genios y dueños del fraude
martes, 24 de mayo de 2011
Rosita Marrero / Primera Hora
Un correo electrónico, una llamada telefónica o un mensaje de texto y ¡zas!


Los malhechores que viven del cuento e ideando esquemas para timar a la gente utilizan el arte del sortilegio, del hechizo, del enamoramiento para atrapar a sus víctimas, sobre todo, cuando la oferta es una ganga difícil de resistir.

Tan reciente como ayer, se reportó a la Policía “la famosa llamada del secuestro, en la que le dijeron a una señora madre que tenían a su hijo y que le tenían que pagar $3 mil para liberarlo”.

Tan reciente como ayer, a esta reportera le escribieron un correo electrónico desde Malasia, a nombre de un conocido, que indica que me va a regalar un carro, ya que se compró otro, y me pide mis datos para enviarlo a Puerto Rico. Hellooo!

“Hay gente que se dedica a esto, que aprende. Son organizaciones. Son grupos. Son artistas, dueños del fraude, genios del fraude, pero la Policía siempre los atrapa. Hemos unido esfuerzos con los robabancos y les estamos dando duro”, sostuvo el director del CIC, Jesús Rivera Colón.

“Son ofertas atractivas en la que mucha gente se quiere ganar el carro. Se hacen pasar por abogados, los enamoran de una forma que usted se queda supercontento, al punto que termina depositando el dinero en diferentes lugares, Western Union, y ellos lo retiran”, relató.

Eso fue lo que ideó el esquema, dijo de un carro nuevo sin pagaré mensual. Así sucedió con los cruceros, baratísimos, precios irrisorios.

“A la gente le gusta. Hay gente que se ha quedado varada en los puertos porque cuando llegaron al lugar, descubrieron que era un fraude” , dijo.

Algunos pescaítos

Fraude piramidal

Nadie se salva del fraude, al punto que el entonces jefe de Unidad de Robos del CIC, Antonio Nieves Ruiz, fue víctima del fraude piramidal operado desde oficinas en Mayagüez y Quebradillas hacia todo Puerto Rico y otras ciudades.

Ángel Loyola fue promotor del esquema piramidal mediante el cual se timó a más de siete mil familias en Puerto Rico. Éste creó una empresa fraudulenta de inversiones bajo el nombre de Loyola Investment Group, Inc., la cual el comisionado de Instituciones Financieras ordenó cerrar por no poseer los permisos correspondientes.

Cientos de testigos declararon contra Gustavo Rivera Vázquez y Fernando Soto Rivera, que enfrentaron 1,624 cargos por el fraude piramidal desarrollado entre 2004 y 2005.

Los presos y el pescaÍto del auto

Los confinados han sido uno de los grupos más “creativos” en la utilización de los celulares clandestinos que cuelan en las prisiones. Para el 2010, comenzaron con las célebres llamadas en las que pedían dinero para pagar los arbitrios de un carro ganado en un sorteo fatulo.

Las autoridades tenían en la mirilla a varios reos sospechosos de este fraude.

El modus operandi consistía en que una voz “profesional y convincente” lo llama por teléfono y le dice que es el licenciado Heriberto Colón Rosario, del concesionario Caribe Honda, de Cayey. Le informa que acaban de abrir y realizan un concurso escogiendo 500 teléfonos al azar, “y el de usted fue uno de los agraciados” que podría ganarse un Honda Accord.

Fraude hipotecario

El cantante Aldo Matta y otras nueve personas fueron acusados de 33 cargos federales por conspirar para cometer fraude hipotecario en un esquema de $14 millones.

El esquema se desarrolló entre 2004 y 2006, y consistía en inflar el precio de venta de específicamente 12 residencias en Palmas del Mar, en Humacao. Al desarrollador Joseph McCloskey Díaz, dueño de Homex Partners, se le señaló como el autor intelectual. Éste era desarrollador del complejo Sunrise II y ejecutivo de ventas de The Castle. Éstos inflaban el precio de venta con la promesa de que parte de la diferencia se le daría al comprador de las nuevas residencias, que costaban entre $685 mil y $3.2 millones.

Fraude del secuestro

A raíz de las llamadas telefónicas en las que avisan el secuestro de un familiar y piden una suma de dinero a cambio de la entrega del ser querido, comenzaron a circular advertencias.

“No apaguen el teléfono”, se advierte.

Es que los bandidos llaman a los celulares para notificarle que se detectó un clon de su aparato, por lo que piden apagarlo por una hora.

En la siguiente hora, los bandidos se dedican a extorsionar con el secuestro a la familia de la persona llamada.
Quien recibe la llamada en la casa inmediatamente corre a llamar al celular de la persona supuestamente secuestrada y no consigue comunicación. De ahí en adelante, toda la familia entra en pánico total.

Fraude electrónico

Es una manera de estafar a las personas a través de la Internet, con la finalidad de obtener información confidencial, especialmente de cuentas e instituciones bancarias.

El término phishing significa la capacidad de duplicar una página web para hacer creer al visitante que está en la página original de la institución. En forma genérica, se realiza para obtener datos personales de los usuarios para luego realizar robos de sus cuentas bancarias o de sus tarjetas.

Llega un correo electrónico a su computadora, supuestamente de una institución bancaria, que le solicita que actualice sus datos personales. El usuario abre esta página o puede ser un link e introduce sus datos personales. Luego, acceden a sus cuentas bancarias y clonan las tarjetas.

Fraude a medicare

Cada día, las autoridades federales procesan a decenas de personas implicadas en el fraude al programa Medicare. El esquema incluye la solicitud de equipos médicos no necesitados, facturación por servicios no prestados que le cuestan miles de dólares al Gobierno estadounidense.

Los casos de mayor magnitud económica en Puerto Rico son los relacionados con las prótesis. También figuran los casos de fraude de compañías de ambulancias. En los últimos años, las autoridades han acusado a 155 personas por este fraude. Las detectaron al observar que facturaban grandes cantidades en poco tiempo. Los proveedores utilizaban los nombres de pacientes y sus números de Medicare para facturar por servicios no
rendidos.

Decenas caen en fraude

Decenas caen en fraude
Ayer se sometieron los primeros 46 cargos criminales contra los esposos Abisai Ramos Torres y Concepción Alemán Requena.
martes, 24 de mayo de 2011
Maelo Vargas Saavedra / Primera Hora
Aguadilla.- Podrían sobrepasar de 100 los timados por fraude de venta de autos

Las autoridades se preparan para la avalancha de casos que se cree hay en las regiones judiciales de Aguadilla, Mayagüez y Caguas contra un matrimonio de Hormigueros que desde mediados del pasado año comenzó un esquema de timar a ciudadanos con la venta fraudulenta de autos.

El fiscal Miguel Deynes sometió ayer los primeros 46 cargos criminales contra los esposos Abisai Ramos Torres, de 62 años, y Concepción Alemán Requena, de 58 y vecinos de Hormigueros, por los delitos de apropiación ilegal agravada y fraude mediante treta y engaño.

La pareja, que estuvo representada por el abogado José Giraud, se allanó a la vista de determinación de causa para arresto ante el juez Rafael Ramos, quien les impuso fianzas que en global alcanzaron los $4.6 millones. Pero, el matrimonio quedó libre bajo fianza a través de la Oficina de Servicios con Antelación al Juicio, que le impuso como condición ser monitoreados con grilletes y restricción domiciliaria.

Entre los perjudicados hay comerciantes, profesionales de la salud, un contable, un abogado, entre otros, según confirmó el agente José Grajales del CIC de la región de Aguadilla, donde se identificaron 44 casos. Otros dos casos se levantaron en el CIC de Mayagüez, donde figuran como perjudicados los comerciantes José Acevedo Torres y José Crespo Crespo, quienes entregaron a Ramos Torres $23 mil y $54 mil, respectivamente, para la compra de varios autos y varias plantas eléctricas.


El agente Víctor Pérez, del CIC de Mayagüez, dijo que incluso Ramos Torres intentó sin éxito de que él cayera en el pescaíto cuando lo entrevistó como parte de la pesquisa. El timador le ofreció conseguir un auto con poco millaje a un precio muy por debajo del mercado de vehículos.

¿Cómo operaban?
El matrimonio les “vendía” bajo treta a las víctimas vehículos que habían supuestamente sido confiscados por el IRS en otras jurisdicciones. Les decían que tenían poco millaje y que los podían conseguir a un precio menor del que se movía en el mercado de autos en la Isla. Para endulzar aún más la “oferta”, los perjudicados se creyeron que no tenían que pagar arbitrios en Puerto Rico. Utilizaban un intermediario al que, incluso, le tumbaron $106 y hoy es el testigo estrella del caso. Una vez cerrado el trato, las víctimas debían buscar sus autos nuevos a los muelles de San Juan o a la base aérea Muñiz. Cuando llegaban, los vehículos no estaban ahí.

“Este matrimonio indicaba que habían adquirido una subasta del IRS, de vehículos confiscados, y se descubrió que no existen. Alegaron que (los vehículos) estaban en los puertos y no aparecen. Al día de hoy, no se ha devuelto el dinero a los perjudicados, que ya ronda los cerca de $700 mil’’, dijo el agente Grajales.

El fraude, agregó, inició con unos acercamientos que hizo el matrimonio en el casino de una hospedería de Mayagüez. Allí les consiguieron clientes potenciales. Las sumas entregadas a la pareja de timadores fluctúan entre los $6 mil y los $106 mil.

Las víctimas
José Crespo, comerciante dedicado a la construcción de pozos en el área de Aguada, fue una de las víctimas. Él le entregó $54 mil a la pareja para comprar tres vehículos, un equipo pesado y cuatro plantas eléctricas.

“Pagué en total de $54 mil en distintas fechas, desde el 28 de agosto de 2010, y todavía estoy esperando lo que compré o el dinero. Hace como un mes me di cuenta del pescaíto, porque comenzamos a llamarlo a través de otros amigos y las conversaciones eran pa'alante y pa'atras en la versión, y entonces decidimos acudir a la Policía’’, dijo Crespo.

El misionero José Acevedo cayó también en la trampa de estos timadores. El hombre, que además se dedica a construir pozos profundos de agua potable, le dio al matrimonio $23 mil. Y confió porque conocía a Ramos Torres desde hacía años y porque acudían a la misma iglesia en Mayagüez.

“Lo conocía y creía que era una persona muy confiable. Desgraciadamente, caí también en este engaño porque le compré una guagua y un camión, por $23 mil, desde agosto pasado y todavía estoy en espera que me los entregue o me devuelva el dinero’’, reclamó.

Acevedo dijo que Ramos Torres le decía como excusa que las licencias no estaban al día, que había que esperar, que le diera tiempo, que los vehículos llegaban en algunas semanas.

Pero, todavía nada.

“Esperamos que se haga justicia aquí en la Tierra y si no que algún día el Señor haga justicia, porque sabemos que la justicia del cielo sí se hará’’, dijo.

Gerard Hidalgo de Aguadilla perdió también $6 mil de un “pronto” de $9 mil que dio para adquirir un Toyota Corolla de 2010, con cero millaje, La oferta era tan sabrosa que no lo pensó dos veces, por lo que vendió otro vehículo para darlo de pronto pago. Ahora se quedó sin la soga y sin la cabra. “Yo creo que debe responder por todo el dinero que ha cogido y pagarlo de vuelta... espero recuperar lo que invertí, contando con Dios’’, dijo Hidalgo.

Mientras, Carmen Escobar de Acevedo, de Aguadilla, dijo que ha estado orando mucho porque algunos de los perjudicados han intentado hasta privarse de la vida y otros hasta han tenido problemas en su núcleo familiar por los miles de dólares que invirtieron.

“Estoy aquí porque el Señor me trajo para que orara y evitara que otros caigan en esto’’, expresó Escobar de Acevedo, cuyo esposo invirtió $15 mil para un auto que nunca llegó.

“Estamos aquí porque sé que Dios hará justicia, pero hay muchas familias que están afectadas, hay intentos de suicidio, ha afectado matrimonios y estoy orando mucho para que salgamos gloriosos, porque no se puede creer en nadie’’, añadió.

lunes, 23 de mayo de 2011

Atrapan matrimonio por fraude

23 Mayo 2011

Atrapan matrimonio por fraude
Vendían carros que nunca entregaban a sus compradores


Por Limarys Suárez Torres / lsuarez1@elnuevodia.com

Era la ganga perfecta: un vehículo del año, con muy poco millaje y a un precio irresistible.

Con esta ingeniosa oferta el matrimonio de Aguadilla, Abisai Ramos Torres y Concepción Alemán Requena, presuntemente orquestaron un esquema de fraude donde le ofrecían a las personas carros de subasta confiscados por la agencia federal Internal Revenue Service (IRS, por sus siglas en inglés) que a la larga nunca entregaron a sus compradores.

Según el fiscal Miguel Deynes Vargas, de la Fiscalía de Aguadilla y quien se apresta a radicar hoy lunes 44 denuncias contra el matrimonio por apropiación ilegal y fraude, Ramos Torres y Alemán Requena comenzaron a ofrecer autos de 2010, entre enero y marzo del presente año, con poco millaje y a precios económicos. Una vez convencían a sus 22 víctimas del negocio y recibían el dinero, un total de $632,000, desaparecían sin entregarle a los compradores los supuestos autos.

El Nuevo Día supo que este matrimonio realizaba los negocios con personas profesionales, entre ellos médicos, en distintos casinos de hoteles en la zona oeste. Un médico que presuntamente fue víctima del matrimonio perdió cerca de $100,000 tras interesarse en comprar varios vehículos que presuntamente tenían Ramos Torres y Alemán Requena de la cartera de autos confiscados de IRS.

Fuentes de este diario indicaron también que la pareja están siendo investigado en Caguas luego que varias personas se quejaran de haber sido víctimas de un esquema similar hecho por un matrimonio en el Hotel Sheraton Four Season.

Hoy, Ramos Torres y Alemán Requena deberán comparecer a las 8:00 a.m. a la sala de investigaciones del Centro Judicial de Aguadilla para la radicación de cargos. Ambos imputados podrían enfrentar hasta un máximo de ocho años de prisión por cada cargo de apropiación ilegal agravada y hasta un máximo de tres años de cárcel por cada cargo de fraude.

lunes, 2 de mayo de 2011

Imputan a miles fraude contra programa de beneficencia telefónica

02 Mayo 2011

Imputan a miles fraude contra programa de beneficencia telefonica
Investigan denuncia de que beneficiarios de Lifeline defraudaron el programa



El programa Lifeline es para que las personas de escasos recursos tengan un teléfono subsidiado. No obstante, muchos se hicieron de otros aparatos. (Archivo / El Nuevo Día / Ángel Luis García)Por Gloria Ruiz Kuilan / gruiz@elnuevodia.com

Unos 171,000 beneficiarios del servicio de subsidio de telefonía para personas de escasos recursos presuntamente cometieron un fraude al obtener más teléfonos celulares de los que le corresponden, denunció la presidenta de la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones (JRT), Sandra Torres.

Se estima en poco más de $1 millón la cantidad de dinero defraudada por los que cometieron esta irregularidad entre 2009 y 2010, a consecuencia de lo cual la JRT detuvo en diciembre del año pasado los pagos a las siete empresas de telefonía certificadas bajo el programa.

El programa denominado Lifeline otorga un teléfono celular o línea fija por familia a personas que cumplan con ciertos requisitos de elegibilidad económica. Pero una investigación de la JRT encontró que en 171,000 de las 460,230 familias beneficiarias del programa había más de un teléfono, bien solicitando otro en la misma compañía o en otras empresas.

“Se provee un celular por familia. (Pero) encontramos, en una evaluación, dos y hasta cuatro teléfonos en una residencia”, reveló Torres en entrevista con El Nuevo Día.

Mediante el programa Lifeline al beneficiario se le paga la mensualidad de $13.50, más $30 al momento de la conexión o activación. De los $13.50, $10 son fondos federales y $3.50 de los estatales, administrados por la JRT.

Actualmente para el manejo de Lifeline de Puerto Rico hay un fondo global de $53 millones, de los cuales $12 son estatales.

POdría haber perjurio

El programa está regulado por la Ley Federal de Telecomunicaciones bajo el Universal Service Administrative Company que requiere que estados y territorios implanten medidas adicionales más restrictivas.

En Puerto Rico, a diferencia de los estados, se exige que todo beneficiario firme un documento en el que juramenta que la información suministrada es cierta. Le corresponde a las empresas cualificar al beneficiario si cumplen con uno de los siguientes requisitos: estar desempleado, ser una persona con hijos participantes de comedores escolares, vivir bajo el programa de Sección 8, ser beneficiario de Medicare, de la tarjeta de salud o del subsidio de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

Torres precisó que le levantó sospechas el que del 2009 al 2010 creciera de manera asombrosa (de 250,078 a 430,230) la cantidad de beneficiarios del programa, cifra que superaba la de personas que, según el Censo del 2000, viven bajo el nivel de pobreza, que son poco más de 300,000.

Agregó que procedió a validar su sospecha de un supuesto fraude con el listado trimestral de cualificados que le someten las compañías de telefonía y los discos compactos en los que está la información personal de éstos. “Esa lista física con la del CD se unió en una tabla y se fue uno por uno con el número de seguro social y ahí encontramos los datos duplicados de 171,000 personas”, dijo Torres.

Una ‘gansería’

De los datos preliminares se desprende, según dijo, que un 40% del total de 171,000 usuarios defraudó a la misma compañía, mientras que otro 60% “fue a pescar a otras compañías”. Tras los hallazgos, Torres requirió que cada compañía diera de baja a esos clientes.

“Hasta que no se corrobore la data, los pagos van a estar detenidos”, sentenció. “Es la 'gansería' de moverse de un sitio a otro. El ingenio de la gente para abusar de las ayudas que se les da. Eso lo que demuestra también es la falta de diligencia de las compañías (que participan del programa)”, agregó.

Torres espera que la auditoría que encomendó en marzo termine entre septiembre y octubre de este año y aseguró que dependiendo de los resultados, decidirá si es necesario subir o bajar la cantidad que paga todo cliente no subsidiado de teléfono alámbrico o inalámbrico para sostener el programa.

Los beneficiarios del programa que hayan cometido fraude se exponen a ser procesados, al menos, por perjurio y a no tener derecho a participar del subsidio jamás. Las compañías, entretanto, pueden perder la certificación para recibir los fondos del programa.

Torres dijo que compartió los hallazgos con el secretario de Justicia, Guillermo Somoza y con la jefa de la Fiscalía Federal, Rosa Emilia Rodríguez. “Ellos están trabajando, pero algún escarmiento hay que darle a la gente”, dijo. Aseguró que la fiscal Rodríguez le dijo que este caso “es peor que Aflac”, en alusión al masivo fraude contra la aseguradora detectada recientemente por el gobierno federal.

‘peor que aflac’

Somoza no respondió una petición de entrevista sobre este particular, mientras que Rodríguez, a través de su portavoz de prensa, Lymarie Llovet, confirmó la reunión con Torres.

Según explicó Torres, el fraude fue posible gracias al ingenio de los beneficiarios y la laxitud de las empresas que supuestamente no tenían un listado común de participantes del programa o no verificaban -mediante un centro común- a los beneficiarios. Sin embargo, reconoció que la ley no obliga a las empresas a tener el listado. Por eso, aseguró que el error mayor está en las empresas que fueron defraudadas por una persona en más de una ocasión.

“Ellas rinden un informe. Era tan sencillo como mirarlo y ver la duplicidad. Ellas tienen que certificar que eso es correcto, porque al certificarse como proveedor se comprometieron a cumplir con todos esos requisitos. Esto se pudo evitar”, sentenció Torres.

miércoles, 6 de abril de 2011

Crece producción de medicamentos fraudulentos

Crece producción de medicamentos fraudulentos
Zenaida Ramos Ramos,
EL VOCERO
(abril 6, 2011)

Viagra, recetado para tratar la disfunción eréctil masculina, es el fármaco más falsificado a nivel mundial entre una serie de medicamentos producidos en laboratorios clandestinos ubicados, principalmente, en Asia y en la región andina que incluye a Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, informó Eladio Torres, director de Seguridad Global de la Región de Las Américas de Pfizer.


“Esto es como una organización criminal. Está diversificada, o sea, una persona se dedica exclusivamente a hacer el producto, mientras que otra persona se dedica a hacer el empaque. ¿Por qué la diferencia? Por el peritaje que tiene cada organización en cada rama y porque existe el fenómeno de lo que se conoce como el desvío de productos o el contrabando de productos como se dice en Latinoamérica, en la cual se ajusta a las instituciones gubernamentales… Cuando se mueve de un país a otro se falsifica todo el empaque para hacerlo lucir como que es de ese país… Hay muy buenas falsificaciones y muchas veces el producto es demasiado mal hecho”, explicó Torres Moreno ante la Prensa.


Definió medicamento falsificado como un producto en el cual el ingrediente activo ha sido alterado al manufacturarlo, ya sea porque no tenga suficiente de éste o demasiado, o cuando el empaque del producto ha sido alterado o copiado. Aunque el medicamento sea original, si se altera la envoltura se considera fraudulento.


La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera esta práctica como una amenaza creciente, aunque no surgió en este siglo. Durante años, la OMS ha colaborado con la INTERPOL “para acabar con las redes delictivas a las que este comercio ignominioso les rinde miles de millones de dólares”.


Luis Samuel Abreu García, doctor en Farmacia Clínica y gerente de Asuntos Médicos de Pfizer, agregó que el aumento en la falsificación de fármacos ha sido tan dramático en los últimos años que ya alcanza el 13 por ciento.


Los ejecutivos de Pfizer, compañía farmacéutica que produce Viagra y otros medicinas utilizadas contra enfermedades cardíacas, indicaron que desconocen las pérdidas monetarias de la empresa por la falsificación de sus productos y la situación actual en Puerto Rico. Pero se sabe que en el mundo “toda la gama de medicamentos ha sido afectada, no solamente los más comunes como los cardiovasculares, sino hasta medicamentos contra el cáncer. Estamos hablando de no sólo los recetados; estamos hablando de productos ‘over the counter’ (sin prescripción médica)” y hasta los genéricos.


Pfizer, que desde 1998 se unió a la batalla contra este asunto de salud pública, inició ayer una campaña educativa para educar a los ciudadanos sobre el riesgo que representa a la salud el adquirir medicinas falsificadas.


“Ninguna pastilla suelta va a ser un producto legal, va a ser un desvío o va a ser un falsificado porque ningún laboratorio o ninguna farmacia va a vender un producto suelto. Va a tener su número de lote para poder dar el pedigrí al producto adecuado”, advirtió Torres Moreno, agente del FBI retirado.


La forma y hasta el color del producto fraudulento puede asemejarse bastante al original y hasta tendrá su número de lote, aunque no es real o ha caducado. “Cada producto tiene en su empaque un número de lote, que por ese número la compañía puede rastrear desde el momento en que se manufactura el producto hasta que se distribuye a la farmacia de la comunidad. Cuando las autoridades ocupan ese producto se comunican con el laboratorio pertinente y, entonces, en términos de una hora o dos podemos decir a las autoridades si ese número existe o no”, explicó Torres Moreno, quien ha colaborado en investigaciones sobre falsificación de medicinas en Colombia, Brasil, Ecuador, Perú, Venezuela, Argentina y El Salvador.


Abreu García, especialista en investigación médica en la región de Puerto Rico, informó que a los fármacos falsos les añaden polvo de cemento y de ladrillo, pintura y hasta ácido bórico para compactar la pastilla. Esos ingredientes son nocivos a la salud y podrían causar colapso circulatorio, fallos en los riñones y en otros órganos del cuerpo humano. El bórico, “una vez entra al sistema, puede causar náuseas y vómitos. Depende de la cantidad que tome, puede causar la muerte. Aumenta la posibilidad de desarrollar cáncer”, advirtió Abreu García.


Aconsejaron a los consumidores que establezcan una buena comunicación con el farmacéutico, además de conocer bien la apariencia del fármaco, su empaque y sus efectos. “Es bien importante adquirir el medicamento a través de las fuentes autorizadas y legales que es a través de una farmacia. Si va a la calle o a internet, está aumentando vertiginosamente la probabilidad de poder recibir un medicamento que sea falsificado”, puntualizó Abreu García.


Los representantes de Pfizer mostraron fotografías de laboratorios clandestinos en América Latina. El laboratorio típico es rudimentario y antihigiénico para la manufacturación. Los fabricantes falsos utilizan hasta partes de bicicletas para hacer los “tableteros” y en el horno microonda secan el producto.


La OMS divulga que en unas redadas del año pasado detectaron medicamentos falsificados con un valor de cientos de millones de dólares y “se descubrió una red delictiva que vendía esas mercancías a consumidores de todo el Oriente Medio. En Europa, en sólo dos meses funcionarios de aduanas incautaron 34 millones de píldoras falsificadas…”.


Asimismo, una operación coordinada por la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL) en China y en otros siete países asiáticos incautaron en el 2009 “20 millones de píldoras, frascos y sobres de medicamentos falsificados e ilícitos, se detuvieron a 33 personas y se cerraron 100 puntos de venta al por menor”.


El Center for Medicine in the Public Interest de los Estados Unidos calcula que este año la cifra de ventas de fármacos falsificados “podría ascender a 75,000 millones de dólares, lo que equivaldría a un incremento del 90% en cinco años”, según la OMS.


Desde 1998, la OMS ha venido “trabajando sobre esta cuestión compleja y políticamente delicada”. Hace seis años se organizó el Grupo Especial Internacional contra la Falsificación de Productos Médicos integrado por la industria farmacéutica, organizaciones policiacas, internacionales y no gubernamentales.


El Departamento de Salud, el Departamento de Asuntos del Consumidor, el Colegio de Farmacéuticos de Puerto Rico, la Escuela de Farmacia de la Universidad de Puerto Rico, la Asociación Médica de Puerto Rico y el Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico respaldan la campaña educativa sobre esta situación mundial.

lunes, 4 de abril de 2011

Gobierno investigará fraudes a programas federales

Gobierno investigará fraudes a programas federales
Yanitsia Irizarry dijo que no tolerará el uso indebido de la tarjeta del PAN.
lunes, 4 de abril de 2011
Emanuel Antonio Vera / Para Primera Hora

En un esfuerzo por investigar y procesar casos de fraude al Programa de Asistencia Nutricional (PAN) y al Programa de Ayuda Temporal para Familias Necesitadas (TANF), el Departamento de Justicia (DJ), firmó ayer un convenio interagencial con el Departamento de la Familia (DF) y la Administración de Desarrollo Socioeconómico (Adsef).



El secretario de Justicia, Guillermo Somoza Colombani, adelantó mediante un comunicado de prensa que destacará dos abogados con nombramiento de fiscal especial, un agente investigador y un transcriptor en la División de Integridad Pública, para que se dediquen exclusivamente a los casos que Adsef refiera a Justicia.

“El equipo nombrado para este esfuerzo tendrá la encomienda de ofrecerle al personal del DF y de la Adsef orientaciones, charlas educativas, conferencias y adiestramientos sobre las leyes y los reglamentos que regulan el PAN y el TANF, declaró el funcionario.

Agregó que el DF y la Adsef “cubrirán los gastos correspondientes a los pagos de compensación, beneficios marginales, transportación, así como de cualquier otro gasto del personal asignado por el DJ. El monto total de inversión será de $80,416.42”.

Por su parte, la secretaria del DF, Yanitsia Irizarry, indicó que “estamos comprometidos con la sana administración de los recursos y los servicios que ofrecemos a los ciudadanos. Es por esto que el acuerdo que se firma hoy (ayer) entre el DF, Adsef y el DJ es de suma importancia, pues no toleraremos el mal uso de este beneficio. Se investigarán a saciedad todas aquellas alegaciones de uso indebido de la tarjeta del PAN y se procesarán a esas personas con todo el peso de la ley”.

viernes, 25 de marzo de 2011

Defraudaron negocios con giros fraudulentos

Defraudaron negocios con giros fraudulentos
Tras alterar unos 109 giros, los individuos obtuvieron a cambio sobre 60 mil dólares en bienes y otros servicios.
viernes, 25 de marzo de 2011
Francisco Rodríguez-Burns / Primera Hora

Un Gran Jurado federal emitió una acusación contra 12 individuos de una organización criminal que compraron giros postales por sumas ínfimas que luego alteraron para realizar compras en hoteles, casinos, supermercados y ferreterías, entre otros establecimientos.



Según se desprende de la investigación criminal, los sujetos adquirieron un total de 109 giros por sumas de tres centavos, ocho centavos, $1 y $1.11. El presunto líder de la banda, identificado como Christian Román Vélez, quien también enfrenta cargos de fraude de seguro social y robo de identidad agravado, alteró los giros cortando y reemplazando su fondo o raspando los números para alterar su valor. La falsificación se pudo lograr utilizando una tecnología de impresión ink jet.

Luego de aumentar el valor de los giros, los acusados visitaban los negocios e, incluso, correos, para obtener efectivo, mercancía o diferentes servicios. Se estima que los sujetos que participaron en el esquema pudieron robar unos $60,300 del Servicio Postal de Estados Unidos (USPS) y de ciudadanos privados.

“La Fiscalía Federal está comprometida en prevenir los crímenes financieros y proteger la privacidad y la identidad de los ciudadanos de Puerto Rico”, sostuvo la jefa de la Fiscalía Federal, Rosa Emilia Rodríguez-Vélez.

La investigación, que culminó en el operativo Operación Recaudo de Dinero, fue diligenciada por el USPS, agencia que contó con la colaboración de fiscales federales en Puerto Rico.

Los sujetos fueron detenidos ayer por la mañana en distintos pueblos, como Trujillo Alto, Arecibo, Aguas Buenas, Mayagüez y la capital.

viernes, 18 de marzo de 2011

‘No’ al fraude electoral

18 de marzo de 2011
‘No’ al fraude electoral

El Senado aprobó ayer de forma unánime el proyecto senatorial 928 que busca enmendar la Ley del Registro Demográfico a los fines de evitar el fraude electoral.

La medida, de la autoría del senador Roberto Arango, dispone ordenar al registrador de cada Registro Demográfico de distrito notificar mensualmente al presidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) todas las defunciones ocurridas para que ese organismo actualice el registro del cuerpo electoral, removiendo y revocando las tarjetas de identificación de los electores recientemente fenecidos.

Según la exposición de motivos de la medida, el artículo 2.002 de la Ley Electoral dicta que toda persona que reúna las condiciones para ser elector y que interese ejercitar sus derechos electorales tiene la obligación de inscribirse y adquirir una tarjeta de identificación electoral.

Dichas condiciones comprenden ser un ciudadano de Estados Unidos y de Puerto Rico domiciliado en la Isla, que haya cumplido los 18 años y que dicha persona esté debidamente inscrita.

Asimismo, la ley establece que la CEE organizará un registro del cuerpo electoral que contendrá todas las inscripciones de los electores, y que el mismo se mantendrá actualizado en cuanto a circunstancias modificatorias de cualquier inscripción.

Sin embargo, señala Arango en su medida, “al día de hoy no existe ningún mecanismo que provea para notificar periódicamente a la CEE de aquellos electores fenecidos”.

Por esto, éste propone crear un mecanismo viable para que el registro del cuerpo electoral sea mantenido de manera “correcta e inequívoca” para evitar la comisión de fraude electoral o de cualquier otra índole.

Ese mecanismo viable, según Arango, es eliminando a intermediarios en ese proceso de notificación de las defunciones, pues hoy día el Registro Demográfico notifica primero la defunción al Departamento de Salud y esta agencia lo informa a la CEE.

Con la medida aprobada, el Registro Demográfico será el que notifique directamente y periódicamente a la CEE las defunciones recientes, proveyendo el certificado original de esa muerte.

“De esta manera se evita el fraude electoral”, sostuvo el senador, quien admitió ayer no recordar algún caso de este tipo.

La medida pasará a la Cámara de Representantes para su aprobación.

Por Yaritza Santiago / ysantiago1@elnuevodia.com

martes, 8 de febrero de 2011

Operativo revisa casas de empeño

08 Febrero 2011

Operativo revisa casas de empeño
Operativo se enfocó en verificar si venden mercancía robada

Vídeo: Operativo en casas de empeño
Agentes de la Policía y otras agencias inspeccionan la mercancía en las vitrinas de la casa de empeño Orocentro Express de Río Piedras, una de las dos que fue impactada por el operativo de ayer. (El Nuevo Día / Carlos Giuti)Por Miguel Díaz Román / mdiaz2@elnuevodia.com

Algunas casas de empeño fueron visitadas ayer por más de 10 agentes de la Policía y funcionarios del gobierno en un operativo interagencial que pretende verificar si estos establecimientos cumplen con la reglamentación vigente y si han adquirido o vendido mercancía robada, según confirmó el sargento Víctor Vélez Rodríguez, del Cuerpo de Investigaciones Criminales de la Policía en San Juan.

Agentes de la División de Propiedad y Fraude de la Policía, funcionarios de Rentas Internas del Departamento de Hacienda, del Departamento de Asuntos del Consumidor (Daco) y de la Oficina de Instituciones Financieras integraron el operativo de ayer, en el que fueron visitadas dos casas de empeño en la avenida 65 de infantería en Río Piedras: San Agustín y Orocentro Express.

“Ha habido un alza en los robos domiciliarios y en los escalamientos y también vemos que hay una proliferación de las casas de empeño en los pasados años. Queremos saber si hay una relación entre esos dos factores”, dijo Véléz Rodríguez, quien ayer dirigió el operativo.

En las dos casas de empeño visitadas ayer no se detectó la presencia de artículos robados, aunque sí se descubrió que estaban en violación de algunas áreas de la reglamentación. Se encontró que San Agustín no estaba en cumplimiento con las normas de pesas y medidas, que regula Daco; y Orocentro Express tenía vencido el permiso para vender y comprar metales. También estaba incumpliendo con el reglamento de pesas y medidas de Daco.

Pero Eddie Ortiz, propietario de la casa de empeño San Agustín, rechazó que su pesa estuviera en violación. “La pesa que uso está bien, la pesa en que se encontró fallas yo no la uso para el público”, dijo.

El agente de la División de Propiedad, Angel Negrón Maldonado, sostuvo que la Policía tiene razones para presumir que en las casas de empeño se podría estar comprando mercancía robada. “La pasada semana arrestamos a un muchacho robándose una computadora en la tienda Best Buy. Nos dijo que la computadora era un pedido y que si no lograba venderla la llevaría a un casa de empeño”, dijo Maldonado.

Agregó que otro lugar donde se presume que los ladrones venden la mercancía robada son los pulgueros.

En las incursiones de ayer los agentes de la Oficina de Instituciones Financieras se dedicaron a corroborar que los registros estuvieran completos y que las personas que dejaban artículos en empeño eran debidamente identificadas y que esos artículos estaban identificados con una descripción y con un número.

En ambas casas de empeño se observó la presencia de numerosas prendas, relojes y otras joyas. También herramientas eléctricas de todo tipo, computadoras portátiles, celulares, equipos de música, discos compactos, radios para autos y hasta motoras.

Gran parte de estos artículos estaban para le venta en Orocentro Express, mientras San Agustín estaba aún preparando su área para venta al detal.

Ortiz indicó que las casas de empeño son necesarias porque “somos el banco del pueblo. Aquí viene gente que necesita de verdad el dinero y nosotros le hacemos un favor”.

Las personas que empeñan un artículo reciben una cantidad de dinero y firman un contrato en el que tienen 30 días para redimir el artículo y, si no pueden , se le conceden 30 días adicionales. A la cantidad prestada se le aplican intereses entre 5 por ciento y un 20 por ciento.

lunes, 31 de enero de 2011

Buscan a presunta timadora

31 Enero 2011

Buscan a presunta timadora
La joven alquila residencias de alto valor



Cristina Parra Álvarez, de 28 años, es natural de San Juan. (Suministrada)Por Miguel Díaz Román / mdiaz2@elnuevodia.com


La Policía se encuentra tras el rastro de una mujer que, presuntamente, es la artífice de un esquema de fraude en el que alquila residencias de alto costo que nunca paga, y a sus dueños le roba la identidad financiera para luego extraer dinero de sus cuentas bancarias.

El agente José Díaz Conde, de la división de fraude y robo de identidad de la región de Bayamón, indicó que Cristina Parra Álvarez, de 28 años y natural de San Juan, es la sospechosa de ejecutar el esquema de fraude junto a su compañero, identificado como Orlando Aponte.

La investigación Policíaca ya descubrió que la pareja pudo posiblemente defraudar a trece dueños de propiedades, de los cuales sólo dos están plenamente identificados. Entre dinero extraído de sus cuentas bancarias y pagos morosos de alquiler las dos personas sufrieron pérdidas por $20,000.

Parra Álvarez, cuyo paradero se desconoce, posee un abultado expediente que incluye violencia doméstica, uso ilegal de tarjetas de crédito y también se le vincula con la extracción de altas sumas de dinero de cuentas bancarias privadas a través de transacciones electrónicas.



Las dos perjudicados identificados son Emanuel González, quien es agente de bienes raíces en la zona norte de la Isla, y una funcionaria del Departamento de Justicia que prefirió mantenerse en el anonimato. Ambos perjudicados dieron la voz de alerta a mediados del pasado año para que las autoridades detengan a la pareja.

Los otros once posibles perjudicados, que no han sido identificados, fueron descubiertos como parte de la investigación.

“Investigamos en la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y descubrimos que hay once residencias que la sospechosa ocupó y abandonó entre finales del 2008 y principios del 2010. Presumimos que los dueños de esas casas también fueron afectados por la pareja”, dijo Díaz Conde.

Así es el fraude



El esquema de fraude consiste en que la mujer se presenta como representante de ventas de una prestigiosa empresa estadounidense de publicaciones, conocida como Condé Nast, que desea hacer negocios en la Isla y necesita alquilar una propiedad que posea piscina, una cocina moderna y otros lujos.

Tras acordado el alquiler de la casa Parra Álvarez les presentaba a los arrendadores un formulario que debían llenar para que su compañía realice el pago del alquiler a través del sistema de pago directo.

“El formulario pedía el número de cuenta bancaria del dueño de la propiedad y ellos lo escribían. Cuando ella obtenía el número de la cuenta empezaba a sacar dinero de sus cuentas por medio de transacciones por internet”, dijo el agente Díaz Conde.

Uno de los afectados, Emanuel González, indicó que en los primeros meses del 2010 le alquiló a Parra Álvarez una casa que posee en el pueblo de Toa Baja, cuyo canon de alquiler era $2,500 mensuales. “Estuvo viviendo cuatro meses en la casa sin pagar. La deuda ascendió a $10,000. Pero también me sacó más de $4,000 de la cuenta que usó para pagar cuentas en tiendas por departamento como JC Penney y sus cuentas de celular”, dijo González.

El afectado indicó que en un día descubrió en sus informes bancarios que se habían efectuado retiros de dinero que él no realizó y solicitó una investigación al banco.

“La investigación concluyó que Cristina Parra hizo los retiros a través de internet”, indicó González. Agregó que de inmediato inició un proceso de desahucio en el Tribunal y se querelló en la Policía por los retiros bancarios. Tras la vista en el tribunal Álvarez Parra abandonó de la casa.

La segunda persona afectada, una funcionaria de Justicia, explicó que a mediados del pasado año le alquiló a Álvarez Parra una amplia residencia que posee en Bayamón y nunca recibió el pago prometido. Al igual que González, la funcionaria llenó el formulario donde reveló su número de cuenta bancaria. Indicó que un mes después de haber alquilado la casa a la pareja, detectó retiros de dinero de su cuenta que ella no realizó. “Nuestra investigación descubrió que los retiros, que ascendieron a $1,000, los hizo Álvarez Parra. Con uno de los retiros pagó un carro marca Eclipse, según quedó registrado en el sistema electrónico del banco. Entre el alquiler que no pagó el dinero que sacó de la cuenta me debe $6,600”, dijo la funcionaria.

Para sacarla de la casa la funcionaria también tuvo que iniciar un proceso de desahucio en el tribunal. Los dos afectados dijeron que se comunicaron con Condé Nast donde le informaron que Álvarez Parra no es empleada de esa empresa.

Díaz Conde exhortó a la comunidad que conozca el paradero de Parra Álvarez a comunicarse a la Comandancia de Bayamón, en el (787) 269-2095.

Estafas más comunes:

- Billete premiado:

El estafador alega tener billete premiado y por no poderlo cambiar lo vende más barato.

- La ganga:

Una llamada telefónica le anuncia que es ganador de un premio y para redimirlo tiene que pagar una cantidad de dinero.

- Servicio no prestado:

El estafador cobra por adelantado una cantidad de dinero por un servicio que nunca ofrecerá.

- El secuestro:

El estafador llama por teléfono y dice que tiene un familiar secuestrado y pide un dinero a cambio.

- Robo de identidad de tarjetas de crédito o débito

Hurto o clonación de tarjetas de crédito o de débito.

martes, 25 de enero de 2011

Inventiva Fraudulenta

25 Enero 2011

Inventiva fraudulenta
Cientos de personas defraudan a una aseguradora con excusas de accidentes inverosímiles


Por Limarys Suárez Torres / lsuarez1@elnuevodia.com

Arecibo - Un padre y una madre aseguran haberse quemado el paladar con sus hijos, comiendo pizza caliente. Un hombre alega que se quemó los pies con carbón de barbacoa, corriendo por la playa. Una mujer dice que las tenazas y el blower la quemaron.

Cosas así de simples, inofensivas para algunos, dijeron cientos de personas a la aseguradora AFLAC, que les pagaba a cambio cantidades que iban desde $120 a $1,360 por cada reclamo. La mayoría hizo reclamaciones así en más de 50 ocasiones y recibieron de AFLAC cantidades de entre $5,000 y $143,000. En total, AFLAC pagó $6.9 millones por reclamaciones fraudulentas.

Ayer, a causa de esto, los implicados recibieron también otra cosa que no esperaban: la temida visita mañanera de agentes, pues las reclamaciones eran falsas y a causa de esta práctica tienen encima un grave caso federal.

El Negociado Federal de Investigaciones (FBI) junto a la Oficina del Inspector General del Seguro Social y la Policía de Puerto Rico, diligenció ayer 205 órdenes de arresto como parte de la acusación más grande en la historia de la jurisdicción federal en Puerto Rico, en la que cayeron 126 funcionarios públicos, de los cuales 70 eran empleados del municipio de Lares.

En total, 533 fueron acusados y entre los que cayeron había de todo: un médico, un pastor, seis maestros, doce policías, guardias penales, bomberos y empleados de corporaciones públicas. Doscientos cinco eran buscados ayer para ser arrestados y a 328 se les citó para más adelante en la semana. Ciento veintiséis de los acusados, incluyendo los 70 empleados municipales de Lares, trabajan en agencias del gobierno.

El más notorio de los arrestados fue Michael Abid Quiñones Irizarry, ex presidente de la Juventud Estatal del Partido Nuevo Progresista (PNP) y director de la región de Arecibo de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE), quien cayó junto a su esposa, Leslie Ríos Caraballo, una empleada del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, y junto a su madre, Iris Yolanda Irizarry Quintana.

Según la acusación federal, Quiñones Irizarry y Ríos Caraballo sometieron 143 reclamaciones fraudulentas a AFLAC y recibieron $19,545, para un promedio de $136 por cada reclamación falsa. La madre de Quiñones Irizarry, mientras tanto, presuntamente hizo 131 reclamos falsos entre abril de 2004 y agosto de 2008, que totalizaron $21,441, para un promedio de $163 por reclamo.

El médico lareño Ubaldo Planell Pabón, también acusado, llenó 45,000 formularios certificando quemaduras que nunca habían ocurrido. Cobró entre $10 y $20 por cada uno de los 45,000 certificados firmados.

El sociólogo y antropólogo Manny Centeno indicó que lo ocurrido ayer es evidencia de que cada vez más la sociedad puertorriqueña exhibe una pérdida de valores y en la que predominan la ambición y el placer inmediato.

“Cultura de la ambición”

“Que cada vez personas comunes y corrientes se involucren en fraudes como éstos, solo demuestra que más allá de la sobrevivencia económica, lo hacen por la cultura de la ambición y la inmediatez. Especulo que el 90% de estas personas involucradas en este esquema no tenían necesidad de hacerlo”, señaló Centeno. El antropólogo lamentó que en la sociedad actual no se premia la ética, la dignidad, las ejecutorias a través del trabajo, ni mucho menos el sentido de lealtad al servicio público.

“El trabajo se sigue viendo como una forma de recibir dinero y de tener una oportunidad de poseer más bienes, que al fin de cuenta es lo que nos da la diferencia y el prestigio sobre los demás. Cualquier ‘dinerito’ que nos entre de la forma que sea, ya sea legal o ilegal, siempre será bienvenido porque lo más importante es el dinero y no la lealtad y el compromiso al trabajo”, aseguró.

La jefa de la Fiscalía Federal, Rosa Emilia Rodríguez, indicó que el 95% de los acusados sometió más de 50 reclamaciones en menos de tres años, algunos usando números de seguro social de sus propios hijos.

“El precio de este fraudulento esquema lo termina pagando el consumidor, quien paga el aumento de sus primas de seguro constantemente”, apuntó Rodríguez. Por su parte, Luis Fraticelli, director del FBI, lamentó el mal ejemplo que cientos de padres que participaron de este fraudulento esquema, le han dado a sus hijos.

“¿Cómo esperamos reducir el crimen en Puerto Rico cuando en todos los niveles sociales algunos de nuestros ciudadanos, en este caso medio millar de compueblanos, decidieron tomar un atajo para enriquecerse?

Algunos dirán ‘ay bendito, no mataron a nadie, y lo que hicieron fue robarse unos chavitos porque la economía está mala’. Y yo les digo: con ese ejemplo, los niños de los acusados pueden ser los criminales del futuro, porque eso fue lo que aprendieron de sus padres”, declaró Fraticelli.

“Es obvio para el FBI que ésta investigación demuestra que el santuario del hogar de estas familias fue trastornado por la avaricia de los padres y madres acusados en este caso. Estas parejas no pensaron en las repercusiones negativas que tendrían sus acciones ilegales sobre sus hijos”, añadió.

Mientras, José Figueroa Sancha, superintendente de la Policía, puntualizó que Puerto Rico sufre de un deterioro social y de falta de valores en las familias, y se volvió a demostrar ayer en el operativo por fraude a AFLAC.

“Le están enseñando a sus hijos cuando cometen este tipo de fraude, falta de identidad y de valores”, indicó.

viernes, 15 de octubre de 2010

Investigación federal por fraude hipotecario

15 Octubre 2010

Investigación federal por fraude hipotecario
Bajo lupa unas 50 personas que podrían terminar tras las rejas

Por Andrea Martínez / amartínez@elnuevodia.com

Las reclamaciones por préstamos hipotecarios sin pagar han ido en aumento, y esto responde en parte a esquemas de fraude especialmente ideados para obtener una ganancia.

Así lo afirmó el agente especial asignado a Puerto Rico de la Oficina del Inspector General del Departamento de Vivienda Federal, José R. Laureano, al ofrecer los datos relacionados con los préstamos endosados por fondos FHA, que al presente representan el 60% de los préstamos hipotecarios otorgados en la Isla.

Según Laureano, al momento hay entre 45 a 50 personas en una investigación que se relaciona a unos 40 préstamos en los que se cree hubo fraude.

Laureano dijo que en estos esquemas de ganancias se han visto involucrados, empleados bancarios, abogados notarios, tasadores, corredores de bienes raíces y ciudadanos particulares.

De determinar que hubo fraude, estas personas podría enfrentar entre 5 a 30 años de cárcel y $250,000 en multas.

“Lo que estamos viendo en Puerto Rico es el fraude para obtener una ganancia”, dijo Laureano, al indicar que estos se dividen en fraude para obtener una vivienda y fraude para generar lucro.

Modalidades de fraude

Entre las modalidades de fraude detectadas, Laureano mencionó, la entrega de documentos falsificados; el comprar propiedades a un precio bajo e inflar su valor mediante una tasación fatula para obtener un préstamo mayor al valor de la propiedad; y la venta de la propiedad en problemas a un tercero quien tiene la intención de quedarse con el sobrante para defraudar al banco. “Mucha gente en vez de ir primero a su banco para pedir alternativas de pago, aparecen vendiendo o refinanciando a un tercero. Incluso hemos encontrado dentro del mismo banco a personas que cualifican a terceros para pasarle la casa”, dijo por su parte el presidente de la Mortgage Bankers Association (MBA), José A. “Tony” Torres.

Torres sostuvo que “convertirse en víctima de fraude hipotecario puede ocurrir durante una transacción de financiamiento para adquirir una propiedad”.

Sin embargo, además de ser víctima, el consumidor también puede ser el que cometa el fraude, y como consecuencia puede confrontar problemas legales, si accede a someter información falsa mediante la presentación de planillas, talonarios de ingreso, y otras a una institución financiera en la solicitud de un préstamo, agregó.

Pérdidas en FHA

La investigación de los posibles casos de fraude surge a raíz de una alza radical en las pérdidas que están registrando los préstamos FHA.

Laureano dijo que en lo que va del año fiscal federal 2010 se han perdido $35.6 millones en Puerto Rico por 346 reclamaciones de préstamos hipotecarios FHA que se ha tirado ha pérdida.

Esto representa un alza de casi 150% en relación con las 139 reclamaciones registradas en 2008, cuando se tiraron a pérdida $12.8 millones en préstamos FHA en la Isla.

Aunque Laureano advirtió que la mayoría de estas reclamaciones están vinculadas con personas que por razones económicas no han podido pagar su préstamo, “queremos atacar los reclamos ilegítimos”.

“Tenemos instrucciones de Washington de que si la esfera federal por alguna razón decide no radicar el caso criminal, que acudamos al Departamento de Justicia Estatal”, indicó para ilustrar la intención de que se procesen penalmente todos los casos de fraude.

Torres, por su parte, indicó que “el problema de fraude merece ser erradicado por el bien del consumidor puertorriqueño, que puede ser víctima del mismo, o prestarse, por desconocimiento, a gestiones fraudulentas que pueden terminar en delito grave”.

Campaña como antídoto

Por ello, la MBA ha iniciado una campaña educativa junto a la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) para orientar y recibir querellas de posibles fraudes.

La campaña educativa bautizada “¡Ojo al Fraude!” busca alertar al consumidor acerca de cómo detectar, evitar y reportar fraude. La campaña incluirá pegatinas y carteles, así como seminarios y charlas dirigidos al público y a la industria hipotecaria.

“Por desesperación económica muchas personas pueden estar vulnerables”, dijo Steven Vélez, presidente del Comité de Fraude de MBA.

Laureano dijo que los bancos están obligados a orientar a los clientes con problemas sobre programas existentes para ayudarlos, y mencionó el programa denominado “Loss Mitigation”. Sostuvo que si un banco no le ofrece la orientación, debe reportarlo a Vivienda federal al (787) 766-5400.

Por su parte, el comisionado de OCIF, Alfredo Padilla, informó que en su agencia muchas confidencias recibidas han terminado en radicación de casos criminales. Indicó que si algún consumidor entiende que ha estado expuesto o ha sido víctima de fraude puede llamar al número (787) 723-7508.

Por otro lado, Torres auguró que con la Ley 132 de Estímulo a la Vivienda la industria hipotecaria y la de la construcción podrían experimentar repuntes el año próximo. “Estamos trabajando fuertemente con los incentivos creados. Lo que le decimos a las personas es que si tienes $800 para pagar renta, hoy te sirven para pagar tu casa porque con los incentivos el dinero difícil de acumular, que es el pronto, está ahí con la Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda”, dijo Torres.

El presidente de los banqueros hipotecarios estimó que de los 60,000 empleos que generaba el sector de la construcción hoy día, solo hay de un 10 a un 15% de empleos en ese renglón.

jueves, 14 de octubre de 2010

Recetan cárcel a 20 personas

14 Octubre 2010

Recetan cárcel a 20 personas
Falsificaban prescripciones para adquirir Percocet y revenderlas



Los arrestos se produjeron en el residencial Villa Esperanza, donde una agrupación se dedicaba a traficar pastillas Percocet, una droga controlada que conseguían mediante recetas falsificadas. (El Nuevo Día / Ángel M. Rivera)Por Eugenio Hopgood Dávila / ehopgood@elnuevodia.com

Los trece hombres y siete mujeres arrestados ayer por las autoridades federales y acusados de adquirir pastillas Percocet con recetas falsas para su distribución en los puntos de droga callejeros, fueron enviados a prisión sin fianza.

La detención preventiva fue ordenada por el magistrado federal Bruce McGuiverin, ante quien comparecieron los acusados en la mañana de ayer.

Los arrestos comenzaron en horas de la madrugada en Bayamón, Cupey, Caimito, Trujillo Alto, Torrimar, Carolina, así como en los residenciales Nemesio Canales de Hato Rey y Villa Esperanza, de Cupey, informó la Agencia Federal Antidrogas (DEA).

De acuerdo a las acusaciones presentadas por la fiscal Elba Gorbea, los acusados presentaron sobre 300 recetas falsificadas de oxycodone (Percocet) entre 2008 y 2010, en sesenta farmacias de 27 municipios del País.

Los acusados alegadamente robaron la identidad de más de 24 médicos al conseguir los números de sus licencias y falsificar sus firmas para obtener sobre 20,000 tabletas de Percocet, una droga legal, pero controlada, que se receta como medicamento contra el dolor.

El Percocet, conocido entre usuarios ilegales y traficantes como “la perco”, y el tranquilizante Xanax (conocido como palistroque), son drogas cuya distribución y uso ilícito ha estado en ascenso en los últimos años, según la fiscal federal Rosa Emilia Rodríguez, y el jefe local de la DEA, Javier Peña.

“El negocio de venta de estos medicamentos en puntos de droga ha incrementado de forma alarmante. Con estos arrestos continuamos atacando esta nueva tendencia en el negocio de la venta de drogas”, dijo Rodríguez.

Peña, por su parte, dijo que se trata de una droga “altamente adictiva” que sólo se debe tomar bajo supervisión médica y agregó que “ha sobrepasado el consumo de la marihuana entre los jóvenes”.

Mezcla letal

El superintendente de la Policía, José Figueroa Sancha, dijo que la Percocet se mezcla con alcohol y otras sustancias y en ocasiones es utilizada “por gatilleros cuando van a cometer un asesinato; se ponen bien agresivos”.

La fiscal Rodríguez indicó que el costo de las Percocet en la farmacia es de 47 centavos por tableta, mientras que el precio ilegal en la calle fluctúa entre $6 y $10 por pastilla para ganancias en exceso de 1,000%. Según la DEA, las ganancias por la venta de estas pastillas fueron entre $120,000 a $200,000.

Los 20 acusados fueron encausados en 18 pliegos acusatorios separados. La fiscal auxiliar a cargo del caso, Elba Gorbea, sostuvo que no tienen evidencia de que se trate de una sola organización y que las veinte personas actúen de común acuerdo.

No obstante, según información suministrada por la DEA, se trata presuntamente de una misma organización, con su centro de actividad principal en el residencial Villa Esperanza, donde viven varios de los acusados. Tanto Gorbea como la DEA dijeron que la investigación continúa.

Los detenidos fueron acusados por violaciones a la ley federal de sustancias controladas, fraude a los seguros médicos y robo de identidad. Dos de los acusados usaron planes médicos para obtener las pastillas, y el resto las compró directamente, informó Rodríguez.

Llevaron a cabo el operativo, cientos de agentes de la DEA, del Servicio Secreto y de la Oficina del Inspector General del Departamento de Salud y Servicios Humanos federal, apoyados por la Policía de Puerto Rico, la Policía Municipal de San Juan, el Negociado de Investigaciones Especiales (NIE), y por la División de Control de Drogas y Narcóticos de la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA).

miércoles, 29 de septiembre de 2010

Denuncian feria de empleo fraudulenta

29 Septiembre 2010

Denuncian feria de empleo fraudulenta
Víctimas dieron datos personales y nadie les responde



Alegadamente se hizo una falsa representación de Heineken para el alegado timo. (Archivo)Por Agustín Criollo Oquero / agustin.criollo@elnuevodia.com

Una aparente nueva modalidad de robo de identidad mediante entrevistas de empleo fraudulentas fue denunciada ayer a Caza Noticias de ELNUEVODIA.COM por varios lectores.

Según se indicó, entre el 21 y el 26 de septiembre se llevó a cabo en un hotel de Isla Verde una serie de entrevistas en las que supuestamente la compañía cervecera Heineken estaría aceptando solicitudes para un puesto gerencial vacante en Puerto Rico. Una vez recopilada la información que se les solicitó a los entrevistados, no apareció nadie que les diera más explicaciones.

“La oferta de empleo salió en el Internet. Especificaba que era una posición administrativa con buenos beneficios”, aseguró John Agosto Aponte, uno de los candidatos que asistió a la entrevista. Agosto indicó también que, al presentarse a su cita el miércoles 22, fue entrevistado por una persona que se identificó como David Cruz, un supuesto alto ejecutivo de la compañía en Holanda.

“El nos indicó que no trabajaba para Puerto Rico sino para Netherlands (Holanda) y que estaban buscando una persona que corriera con la oficina aquí porque la cerveza había bajado de la posición número uno y querían subir de nuevo”, dijo Agosto. Asimismo, Jenny Gómez Lugo, entrevistada el jueves 23, aseguró que, de primera instancia no tuvo sospecha alguna. Luego, una de las candidatas presentes acudió a la gerencia del hotel y fue cuando se dieron cuenta del esquema. “Una muchacha que tuvo sospechas fue directamente al “front desk” y una oficial de ventas vino donde nosotros pidiéndonos excusas y se notaba bastante nerviosa. Nos dijo que no conseguían a la persona encargada. Que había desaparecido”, aseguró Gómez.

Todos los denunciantes coincidieron en que se les requirió que llenaran una solicitud indicando su nombre completo, dirección y número de Seguro Social. Por su parte, Méndez & Compañía, distribuidores exclusivos de los productos Heineken en la Isla, emitieron declaraciones por medio de un comunicado de prensa expresando su preocupación ante la situación y reiteraron que la alegada batería de entrevistas de ninguna manera estaba relacionada con su compañía.

Asimismo, Tara Carrara, portavoz de Heineken en los Estados Unidos, aseguró a Caza Noticias que tanto esta empresa, como su distribuidor en Puerto Rico, están colaborando con las autoridades para esclarecer este caso.

“Deseamos expresar nuestro pesar a cualquiera que haya sido víctima de este esquema de fraude. Heineken está colaborando diligentemente con las autoridades federales y estatales para llevar a estos delincuentes ante la justicia”, explicó Carrara.

También instó a denunciar este esquema de fraude mediante una querella con la Policía local e informar a la Corporación escribiendo a heineken@qualitycustomercare.com o llamando al 1-888-heineken.

“Ya se removió el anuncio y continuaremos monitoreando rigurosamente toda página web que anuncie puestos de trabajo para detectar engaños similares y removerlos inmediatamente”, concluyó.


Luis Oliveras colaboró en esta historia

miércoles, 22 de septiembre de 2010

Acusados de 49 cargos por fraude bancario
Por Melissa Correa Velázquez
EL VOCERO
Martes 21 de Septiembre de 2010


Fotos EL VOCERO/Dennis A. Jones
En lo que constituye la primera etapa de este caso, las autoridades federales arrestaron ayer al propietario de Beneficial Mortage Corporation, Ernesto Acosta Rodríguez, hijo, junto a seis empleados de esa institución financiera por presuntamente defraudar en $20.8 millones a siete bancos, 24 casas de préstamos hipotecarios y a cientos de consumidores.

Acosta Rodríguez, Mariluna Román Rodríguez, Samuel Cristy Llamas, Leishla Ramos Mateo, Yvonne Cleaver Normandia, José Blanco Hernández y Emily Alvarado Santiago, fueron acusados por un Gran Jurado de 49 cargos de conspiración, fraude bancario, fraude postal y lavado de dinero.

Los arrestos fueron llevados a cabo en los pueblos de Guaynabo, Caguas y en Brooklyn, Nueva York por agentes del Negociado Federal de Investigaciones (FBI), del Servicio Federal de Rentas Internas (IRS), del Servicio Secreto, del Servicio de Inspectores Postales y la Policía de Puerto Rico.

Durante una rueda de prensa, la jefa de la Fiscalía Federal, Rosa Emilia Rodríguez junto a varios funcionarios federales y estatales, explicó que el esquema fraudulento se llevaba cuando estas instituciones refinanciaban préstamos hipotecarios de Beneficial o al originar nuevos préstamos para reemplazar los préstamos que Beneficial vendió al Banco Cooperativo de Puerto Rico.

A preguntas de la prensa sobre si hubo empleados de alguna de las otras instituciones financieras que participara en el esquema, Rodríguez respondió "la investigación continúa y pueden esperar una segunda parte".

Explicó que una vez el cliente iba a Beneficial a hacer el préstamo hipotecario o refinanciar una propiedad, la referida institución, tras prestar el dinero al cliente, le vendía el préstamo al Banco Cooperativo mediante un acuerdo.

Según los términos del acuerdo, Beneficial continuaba cobrando los pagos mensuales de la hipoteca al cliente y le pagaba al Banco Cooperativo mensualmente una cantidad global de todos los préstamos.

Cuando el cliente decidía refinanciar su préstamo con otro banco o vender su propiedad utilizando otra institución, Beneficial, recibía el pago para cancelar la hipoteca original. Sin embargo, continuaba haciendo los pagos mensuales al Banco Cooperativo y no cancelaba el préstamo hipotecario.

"Pensaban que nadie iba a saber nada. Pero al final en vez de hacer un pago grande, hicieron pagos mensuales en cantidades pequeñas entre 34 a 51 meses", afirmó Marshal Morgan, fiscal a cargo del caso.

Rodríguez afirmó que los pagos de otros bancos que se suponía se usaran para cancelar las hipotecas fueron utilizados por los acusados para lucrarse personalmente.

Señaló que parte del dinero fue utilizado para el pago del colegio de los hijos, para el pago de tarjetas de crédito, ropa, entretenimiento, comidas, para la compra de jet sky y el salario de Acosta Rodríguez.

De acuerdo a la acusación, Acosta Rodríguez supervisaba las operaciones diarias de Beneficial y tenía el poder decisiones en todos los aspectos del negocio. También era el representante primario de la institución en la ejecución de todos los contratos y negocios en general.

Mientras que la contadora pública autorizada (CPA), Mariluna Román Rodríguez era una auditora externa de Beneficial y se convirtió en contralor de la institución. Tenía a su cargo el departamento de Contabilidad y supervisaba los pagos mensuales al Banco Cooperativo.

Entretanto, Cristy Llamas, era gerente de Servicios desde enero del 2005. Era responsable de recibir los pagos de préstamos, firmaba y enviaba las cartas de satisfacción de pagos tanto a clientes como a los bancos.

Asimismo, la acusación alega que Ramos Mateo, quien trabajaba en Servicio al Cliente, estaba encargada de mantener un registro de los pagos mensuales deudas y los pagos que tenían que hacerse para satisfacer los préstamos que estaban pendientes.

A su vez, Cleaver Normandía, ex gerente de Servicios, era responsable de recibir los pagos mensuales de servicios por deudas y el dinero de los préstamos hipotecarios vendidos al Banco Cooperativo.

De igual forma, el pliego acusatorio alega que Blanco Hernández quien trabajaba en el área de contabilidad, mantenía una hoja de cálculo que se utilizaba para preparar los pagos mensuales al Banco Cooperativo.

Mientras, que Alvarado Santiago, ex contralora de Beneficial de junio del 2007 a febrero del 2009 también preparaba los pagos mensuales al Banco Cooperativo.

Los acusados se exponen a sentencias máximas de hasta 30 años de prisión y a multas ascendentes a $1 millón.

Estos comparecieron a la vista inicial ante la magistrada federal Camilla Vélez Rivé, quien el impuso una fianza de $50,000 a Acosta Rodríguez y de $10,000 al resto de los imputados, excepto a Román Rodríguez quien se espera que durante el día de hoy llegue a Puerto Rico, procedente de Nueva York.

"Me pregunto qué pasó por la mente de Ernesto Acosta Rodríguez, presidente de Beneficial cuando forjó este esquema en vez de servirle a sus clientes y socios de una manera honrada lo que hizo fue lucararse de una manera corrupta e ilegal", expresó el director del FBI, Luis Fraticelli.

Rodríguez afirmó que "son precisamente funcionarios bancarios como los acusados quienes han contribuido a la crisis financiera nacional y aquí en Puerto Rico".

Por su parte, el comisionado de Instituciones Financieras, Alfredo Padilla observó que al advenir en conocimiento de irregularidades cometidas por Beneficial emitió una orden de cese y desista contra la institución para que dejara de operar.

Rodríguez instó a los consumidores a solicitar títulos de propiedad estudio de titulo propiedad, como medida preventiva para evitar el fraude hipotecario.

Atrapan a siete vinculados a un millonario fraude hipotecario

22 Septiembre 2010

Atrapan a siete vinculados a un millonario fraude hipotecario
El esquema se presume les generó sobre $20 millones

FotogaleríaVídeo: Arrestos por fraude bancario
Personas asociadas al esquema de fraude de Beneficial Mortgage fueron llevadas ayer al tribunal federal, para que les radicaran cargos. Por Limarys Suárez Torres / lsuarez1@elnuevodia.com

Un millonario esquema de fraude hipotecario orquestado durante cinco años presuntamente por el principal accionista de la extinta Beneficial Mortgage, Ernesto Acosta Rodríguez, llevó a que éste y otros seis empleados ostentaran una vida de lujos a cambio del dinero de cientos de clientes.

El pasado viernes un gran jurado federal emitió un pliego acusatorio de 49 cargos criminales contra Acosta Rodríguez, Mariluna Román Rodríguez, Samuel Cristy Llamas, Leishla Ramos Mateo, Yvonne Cleaver Normandía y José Blanco Hernández por conspiración, fraude bancario y postal y lavado de dinero ascendente a $20.8 millones.

Ayer todos fueron arrestados por agentes del Negociado Federal de Investigaciones (FBI), del Servicio de Rentas Internas Federal (IRS), el Servicio de Inspectores Postales de Estados Unidos, el Servicio Secreto y de la Policía de Puerto Rico.

Según el pliego acusatorio, desde noviembre de 2004 hasta febrero de 2009, Beneficial elaboró un esquema fraudulento que se llevó a cabo cuando siete instituciones bancarias aseguradas por el “Federal Deposit Insurance Corporation” o FDIC y otras 24 casas de préstamos hipotecarios refinanciaban 126 préstamos hipotecarios de Beneficial.

“El esquema funcionaba de la siguiente manera: el cliente iba a Beneficial a hacer un préstamo hipotecario o refinanciar una propiedad. Beneficial a su vez, luego de prestar el dinero al cliente, le vende ese préstamo al Banco Cooperativo mediante un acuerdo. De acuerdo a los términos de este acuerdo, Beneficial continuaba cobrando esa deuda al cliente o sea, los pagos mensuales de la hipoteca, y pagaba al Banco Cooperativo cada vez una cantidad global de todos los préstamos que agrupó y le vendió al Banco Cooperativo”, explicó Rosa Emilia Rodríguez Vélez, jefa de la Fiscalía Federal.

Rodríguez Vélez añadió que cuando ese cliente decidía cambiar de banco o vender su propiedad utilizando otra institución, Beneficial recibía el dinero de esos otros bancos, pero nunca saldó la deuda al Banco Cooperativo, que era el dueño de los préstamos de los clientes de Beneficial Mortgage.

Y para esconder el esquema, Beneficial hizo pagos mensuales al Banco Cooperativo como si los 126 préstamos estuvieran activos, cuando la realidad era que habían sido cancelados por las 30 instituciones financieras.

“Aun cuando había recibido pagos de otros bancos para cancelar la hipoteca, continuaba haciendo los pagos mensuales al Banco Cooperativo y no cancelaba el préstamo hipotecario. Los pagos de otros bancos fueron utilizados para lucrarse personalmente, para pagar escuelas de los hijos, tarjetas de crédito, comidas, viajes, ropa y jugosos salarios”, detalló la jefa de la Fiscalía Federal.

Rodríguez Vélez dijo que Acosta Rodríguez recibió cerca de $1,756,021.02 en salarios durante ese tiempo.

“Son precisamente funcionarios bancarios como los acusados quienes han contribuido a la crisis financiera nacional, y aquí en Puerto Rico. El fraude hipotecario es un asunto serio que no sólo afecta instituciones financieras, sino que también afecta a consumidores inocentes quienes confían en la transparencia de las transacciones bancarias”, dijo Rodríguez Vélez.

Luis Fraticelli, director del FBI, expresó que la gerencia de Beneficial Mortgage no solo timó a 30 instituciones bancarias y cerca de 100 clientes sino que contribuyó a la debacle económica que sucede en Puerto Rico.

En tanto, Ángel Arroyo, supervisor de agentes especiales del Servicio de Rentas Internas Federal (IRS), destacó que, según la pesquisa, los acusados cometieron el delito de lavado de dinero al ocultar la procedencia de que lo obtenían a través del esquema y con “pleno conocimiento de que estaban cometiendo fraude”.

Ayer, la magistrada federal Camille Vélez Rivé le impuso una fianza de $50,000 asegurados a Acosta Rodríguez, quien se declaró no culpable de los cargos en su contra, y de $10,000 no asegurados a los demás acusados.

El caso está a cargo de los fiscales federales Marshal D. Morgan y Scott Anderson. De ser encontrados culpables los ex empleados de Beneficial Mortgage se exponen a una sentencia máxima de 30 años de prisión y multas ascendentes a $1 millón.

jueves, 19 de agosto de 2010

Allanan colegio técnico por posible fraude

Puerto Rico Hoy
19 Agosto 2010

Allanan colegio técnico por posible fraude
Podría haber hecho mal uso de dinero de las becas Pell


Por Limarys Suárez Torres / lsuarez1@elnuevodia.com

Tres recintos del colegio técnico Universal Career Community College fueron allanados ayer por agentes federales como parte de una investigación relacionada a un presunto fraude millonario con los fondos de la beca Pell.

Eran las 7:00 a.m. cuando 45 agentes de la oficina del Inspector General del Departamento de Educación Federal, de la Policía y del Negociado Federal de Investigaciones (FBI) simultáneamente allanaron los recintos del colegio técnico que ubican en Santurce, Manatí y Humacao para buscar información que ayude en la pesquisa del fraude.

“Las órdenes de allanamiento fueron expedidas por el magistrado federal Justo Arenas el pasado 16 de agosto. Universal Career Community College es una universidad técnica y esta investigación está relacionada con un fraude millonario a las becas Pell de Estados Unidos”, dijo Harry Rodríguez, portavoz del FBI.

Rodríguez apuntó que la Oficina del Inspector General es la agencia líder en la pesquisa.

Según el Departamento de Estado, Richard D'Costa Ofrey es el principal incorporador de Universal Career Community College, una corporación con fines de lucro. D'Costa Ofrey fue uno de los acusados por un gran jurado federal el 22 de enero de 2002 junto al ex secretario del Departamento de Educación, Víctor Fajardo.

En aquel entonces D' Costa Ofrey, quien era el presidente de la Cámara de Comercio y su esposa Victoria Vargas Esquilín, presidenta de World Learning System Inc., fueron acusados de interferencia con el comercio mediante extorsión, hurto de fondos federales y lavado de dinero en un esquema de corrupción ideado por Fajardo y que llevó alrededor de $1 millón a las arcas del Partido Nuevo Progresista (PNP).

No obstante, el juez federal Héctor Laffite desestimó los cargos en contra de D'Costa Ofrey, su esposa y otros once implicados tras la Fiscalía Federal solicitar la desestimación.

Durante el quinto día de juicio contra María T. Pérez Huertas, Norman T. Olson y Roberto Bonano, el 8 de octubre de 2002, y mientras testificaba el propio Fajardo, la Fiscalía Federal le informó al juez Laffite en el estrado que el testimonio de su testigo no era veraz.

El juez concedió un receso y posteriormente la Fiscalía Federal informó que Fajardo había cometido perjurio y solicitó que las condiciones de su libertad supervisada fueran revocadas.

Justo después, la Fiscalía Federal pidió la desestimación con perjuicio contra los tres acusados y los restantes, y el caso quedó desestimado.

martes, 8 de junio de 2010

A la cárcel por cobrar dinero de llamadas amenazantes

A la cárcel por cobrar dinero de llamadas amenazantes
Melissa Torrales estaba acusada de dos casos de extorsión. (Primera Hora / Archivo / Teresa Canino Rivera)
martes, 18 de mayo de 2010
Nydia Bauzá / Primera Hora
Melissa Torrales González, quien era guardia de seguridad, fue sentenciada a seis meses y un día de cárcel por cobrar dinero a personas extorsionadas mediante llamadas telefónicas amenazantes.

La jueza Eloína Torres Cancel, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, le impuso la condena tras declararse culpable de un cargo de extorsión. La sentencia será concurrente con otra que le había sido dictada en otro caso similar.

La mujer estaba acusada de dos casos de extorsión por llamadas telefónicas el 23 de enero de este año. Con diferencia de horas, Torrales González logró que ese día un matrimonio le pagara $200 y le sacó $360 a un joven repartidor de pizzas.

Tanto a la pareja como al joven los llamó un sujeto que les dijo que tenían un familiar secuestrado y que para tener al pariente de vuelta sano y salvo tenían que pagar esas cantidades a la guardia de seguridad Torrales González.

A la pareja, la mujer le cobró el dinero en la estación del Tren Urbano de Sagrado Corazón. Al joven se le indicó por teléfono que dejara el dinero en un portón de la compañía San Juan Gas. Allí daba rondas como guardia de seguridad Torrales González y ésta recogió el dinero. Cuando fue arrestada, alegó que quiso ayudar al sujeto a recoger el dinero que alegó era para pagar una pensión alimenticia.