martes, 25 de enero de 2011

Inventiva Fraudulenta

25 Enero 2011

Inventiva fraudulenta
Cientos de personas defraudan a una aseguradora con excusas de accidentes inverosímiles


Por Limarys Suárez Torres / lsuarez1@elnuevodia.com

Arecibo - Un padre y una madre aseguran haberse quemado el paladar con sus hijos, comiendo pizza caliente. Un hombre alega que se quemó los pies con carbón de barbacoa, corriendo por la playa. Una mujer dice que las tenazas y el blower la quemaron.

Cosas así de simples, inofensivas para algunos, dijeron cientos de personas a la aseguradora AFLAC, que les pagaba a cambio cantidades que iban desde $120 a $1,360 por cada reclamo. La mayoría hizo reclamaciones así en más de 50 ocasiones y recibieron de AFLAC cantidades de entre $5,000 y $143,000. En total, AFLAC pagó $6.9 millones por reclamaciones fraudulentas.

Ayer, a causa de esto, los implicados recibieron también otra cosa que no esperaban: la temida visita mañanera de agentes, pues las reclamaciones eran falsas y a causa de esta práctica tienen encima un grave caso federal.

El Negociado Federal de Investigaciones (FBI) junto a la Oficina del Inspector General del Seguro Social y la Policía de Puerto Rico, diligenció ayer 205 órdenes de arresto como parte de la acusación más grande en la historia de la jurisdicción federal en Puerto Rico, en la que cayeron 126 funcionarios públicos, de los cuales 70 eran empleados del municipio de Lares.

En total, 533 fueron acusados y entre los que cayeron había de todo: un médico, un pastor, seis maestros, doce policías, guardias penales, bomberos y empleados de corporaciones públicas. Doscientos cinco eran buscados ayer para ser arrestados y a 328 se les citó para más adelante en la semana. Ciento veintiséis de los acusados, incluyendo los 70 empleados municipales de Lares, trabajan en agencias del gobierno.

El más notorio de los arrestados fue Michael Abid Quiñones Irizarry, ex presidente de la Juventud Estatal del Partido Nuevo Progresista (PNP) y director de la región de Arecibo de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE), quien cayó junto a su esposa, Leslie Ríos Caraballo, una empleada del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, y junto a su madre, Iris Yolanda Irizarry Quintana.

Según la acusación federal, Quiñones Irizarry y Ríos Caraballo sometieron 143 reclamaciones fraudulentas a AFLAC y recibieron $19,545, para un promedio de $136 por cada reclamación falsa. La madre de Quiñones Irizarry, mientras tanto, presuntamente hizo 131 reclamos falsos entre abril de 2004 y agosto de 2008, que totalizaron $21,441, para un promedio de $163 por reclamo.

El médico lareño Ubaldo Planell Pabón, también acusado, llenó 45,000 formularios certificando quemaduras que nunca habían ocurrido. Cobró entre $10 y $20 por cada uno de los 45,000 certificados firmados.

El sociólogo y antropólogo Manny Centeno indicó que lo ocurrido ayer es evidencia de que cada vez más la sociedad puertorriqueña exhibe una pérdida de valores y en la que predominan la ambición y el placer inmediato.

“Cultura de la ambición”

“Que cada vez personas comunes y corrientes se involucren en fraudes como éstos, solo demuestra que más allá de la sobrevivencia económica, lo hacen por la cultura de la ambición y la inmediatez. Especulo que el 90% de estas personas involucradas en este esquema no tenían necesidad de hacerlo”, señaló Centeno. El antropólogo lamentó que en la sociedad actual no se premia la ética, la dignidad, las ejecutorias a través del trabajo, ni mucho menos el sentido de lealtad al servicio público.

“El trabajo se sigue viendo como una forma de recibir dinero y de tener una oportunidad de poseer más bienes, que al fin de cuenta es lo que nos da la diferencia y el prestigio sobre los demás. Cualquier ‘dinerito’ que nos entre de la forma que sea, ya sea legal o ilegal, siempre será bienvenido porque lo más importante es el dinero y no la lealtad y el compromiso al trabajo”, aseguró.

La jefa de la Fiscalía Federal, Rosa Emilia Rodríguez, indicó que el 95% de los acusados sometió más de 50 reclamaciones en menos de tres años, algunos usando números de seguro social de sus propios hijos.

“El precio de este fraudulento esquema lo termina pagando el consumidor, quien paga el aumento de sus primas de seguro constantemente”, apuntó Rodríguez. Por su parte, Luis Fraticelli, director del FBI, lamentó el mal ejemplo que cientos de padres que participaron de este fraudulento esquema, le han dado a sus hijos.

“¿Cómo esperamos reducir el crimen en Puerto Rico cuando en todos los niveles sociales algunos de nuestros ciudadanos, en este caso medio millar de compueblanos, decidieron tomar un atajo para enriquecerse?

Algunos dirán ‘ay bendito, no mataron a nadie, y lo que hicieron fue robarse unos chavitos porque la economía está mala’. Y yo les digo: con ese ejemplo, los niños de los acusados pueden ser los criminales del futuro, porque eso fue lo que aprendieron de sus padres”, declaró Fraticelli.

“Es obvio para el FBI que ésta investigación demuestra que el santuario del hogar de estas familias fue trastornado por la avaricia de los padres y madres acusados en este caso. Estas parejas no pensaron en las repercusiones negativas que tendrían sus acciones ilegales sobre sus hijos”, añadió.

Mientras, José Figueroa Sancha, superintendente de la Policía, puntualizó que Puerto Rico sufre de un deterioro social y de falta de valores en las familias, y se volvió a demostrar ayer en el operativo por fraude a AFLAC.

“Le están enseñando a sus hijos cuando cometen este tipo de fraude, falta de identidad y de valores”, indicó.

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