Parquímetros como adorno urbano
Por Joel Ortiz Rivera / joel.ortiz@elnuevodia.com
Margarita Sterling se dirigió hacia su vehículo, estacionado en los alrededores de la Plaza del Mercado de Santurce, y sobre el parabrisas encontró un sobre verde que contenía una multa por excederse del tiempo comprado en un parquímetro. Lo tomó y lo depositó en el zafacón más cercano.Dicha escena, según un sondeo informal de El Nuevo Día, parece tomarle una instantánea a la actitud general en torno a estas máquinas, que se han multiplicado por las aceras de San Juan y por algunos otros municipios del país, tras revelarse que la compañía que administra las de San Juan, Urban Transit Solutions (UTS), no tiene facultad legal para gravar esas multas a la licencia del vehículo infractor, por lo cual no habría manera de cobrarlas.“Eso es el resultado de hacer las cosas a la trágala. En este país todos los gobiernos hacen las cosas al estilo ‘o lo tomas o lo tomas’, y como no les importa el pueblo, no hay ningún tipo de orientación ni diálogo”, se quejó Sterling del proceso de implantación y manejo de las máquinas.Lo que Sterling desconocía era que, según Damaris Carrasquillo, gerente general de UTS, la compañía tiene un acuerdo de colaboración con el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) que le permite localizar al propietario del vehículo y tratar de recuperar el dinero de las multas en un tribunal mediante una acción de cobro de dinero. Carrasquillo explicó que la operación de parquímetros no está contemplada por la Ley 22 de Tránsito, sino que se hace a través de la Ley 81 de Municipios Autónomos, que permite que los municipios contraten a empresas privadas como la suya para brindar este tipo de servicios, que se ofrece sólo en carreteras municipales.Además, facultada por la ordenanza #35, serie 2007-2008 del Municipio de San Juan, UTS podría inmovilizar su auto hasta que pague si uno de los empleados de UTS, al entrar el número de la tablilla en su computadora, detecta que usted o tiene un boleto sin pagar durante más de 90 días o que en algún momento acumule tres que no haya pagado. No obstante, según Carrasquillo, la UTS no está autorizada a remover vehículos y aclaró que esa potestad le corresponde al municipio y sólo en casos en que el auto viole alguna disposición de la ley de tránsito. El primer auto que inmovilizó la UTS estuvo estacionado en el Condado la pasada semana y el propietario llegó hasta las oficinas centrales para pagar la multa el mismo día, por lo que se removió el artefacto inmovilizante.Cero acción Carrasquillo admitió que al momento no han radicado acciones por cobro de dinero contra nadie y que aún analizan la data sobre la morosidad en las multas. UTS, subsidiaria de Clancy Systems International Inc., administra los 1,080 parquímetros que operan desde mayo del 2008 sobre las aceras Río Piedras, Santurce, Hato Rey y más recientemente, en el Condado. También tiene contratos con los municipios de Caguas, Aguas Buenas, Aibonito, Manatí, San Germán y Ponce. Al anunciar su instalación en Río Piedras en el 2008, el alcalde de San Juan, Jorge Santini, argumentó que los parquímetros estimularían el flujo de los automóviles y aumentarían la disponibilidad de estacionamientos en el área.Otra empresa, Marvic Parking Systems (MPS), administra parquímetros en los municipios de Vega Baja, Cidra, Cayey, Mayagüez, Aguadilla y Yauco. Sus tarifas son de 25 centavos por cada media hora.Estas son menores a las de San Juan, donde la primera hora le cuesta 80 centavos (.40 por media hora) y la segunda $1. En el Condado el costo es mayor: $1 la primera hora y la segunda, $1.50.Al menos en San Juan, la respuesta a los parquímetros parece ser mixta.En la zona de Hato Rey, cerca del Hospital del Maestro, se pudieron observar espacios con metros desocupados mientras los conductores esperaban en fila para poder entrar a alguno de los estacionamientos privados de la zona. En Río Piedras, durante el mes de junio, se expidieron 8,064 multas, según la propia Carrasquillo, quien dijo que UTS emite unos 160,000 boletos al año. MPS no facilitó la cifra de boletos que expide.Una de cal...Carmen Gutiérrez, una riopedrense que visitaba el área de la Plaza del Mercado de Santurce, considera que en esa área los parquímetros son un escollo para que las personas disfruten los pueblos y sus cascos urbanos. “Uno echa una peseta y el tiempo que te da es confuso”, dijo la mujer. “Yo ya tuve que ir a dos vistas porque protesté un boleto que me dieron. Al final me lo eliminaron, pero perdí tiempo porque a ninguna de las dos vistas se apareció quien me lo dio”.Carrasquillo explicó que las tarifas las establece el municipio, no UTS, y que en ellas influyen estudios y la cantidad de parquímetros.Igualmente se negocia mediante porcentajes cómo se dividirán los recaudos por estacionamiento y por multas entre el municipio y la empresa operadora. Este porcentaje usualmente le significa al municipio una cifra que podría estar entre 20% y el 50% de lo recaudado, aunque UTS lo hace del recaudo neto y MPS del bruto. Durante tres días, El Nuevo Día intentó comunicarse en múltiples ocasiones con el director de Empresas Municipales de San Juan, José de Miranda, para que explicara los costos y las ganancias del municipio por los parquímetros, pero no estuvo disponible.... Otra de arenaPara otros, el parquímetro es una herramienta útil, como Jesús Rossy, quien dijo que nunca ha confrontado problemas con ellos y que es cuestión de que la gente se acostumbre.En su primera experiencia con un parquímetro, Rafael Torres y Marta Berney dijeron, cuando regresaron a su auto en Santurce, que el tiempo era adecuado y que hasta les sobró, aunque a su parecer pudiera ser un inconveniente para personas con prisa o que no tengan consigo las monedas para depositarlas.
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martes, 7 de septiembre de 2010
martes, 23 de marzo de 2010
No subestime los peligros del paseo
Hay que tener mucha, mucha precaución en los paseos.
El director de la Comisión para la Seguridad en el Tránsito, Miguel Santini, dijo ayer que “se nota” un descenso en el uso del paseo por parte de los conductores desde que hace tres años se aumentó la multa por esa conducta criminal de $25 a $250.
La Comisión no recopila estadísticas sobre los accidentes fatales que ocurren a la vera de carreteras y autopistas, tampoco lo hace la Policía, pero según Santini, lo que se observa es que el alza en el monto de las multas ha logrado resultados positivos.
Aun así los conductores tienen que tomar medidas para evitar accidentes relacionados con estos espacios de emergencia.
En las autopistas, por ejemplo, muchas áreas de paseo son hoy más estrechas por culpa del ensanche de carriles.
Los conductores, advierte el jefe de la Seguridad en el Tránsito, siempre que sea posible, deben aparcar sus vehículos lo más retirado posible de la carretera, incluso, estacionándolo sobre las áreas verdes .
Las medidas de prevención nunca están de más y se recomienda cargar con un kit de emergencia en el carro que incluya chalecos y conos en colores brillantes y reflectivos a ser utilizados sobre todo en la noche.
El celular es otro aliado del conductor cuando hay emergencias mecánicas o se ha pinchado una goma.
Si el ambiente se percibe peligroso, lo mejor es no salir del auto.
Llame a un familiar o a su compañía de seguros, si es que usted se ha acogido al seguro de ayuda en la carretera.
Estos seguros ofrecen servicios de grúas, mecánica y hasta de cambio de gomas.
De otra parte, nunca le dé la espalda al tránsito si no cuenta con suficiente espacio para arreglar su automóvil.
En cuanto a los borrachos, es bueno saber que muchos se orientan por las luces del vehículo que creen tener al frente y que fácilmente pueden confundir con el que está aparcado en el paseo.
Actualmente, la mayor parte de las muertes por accidentes automovilísticos se deben a la velocidad: el 43% de las de 2009.
Los accidentes fatales se ubicaron en un 25% en 2009 (hasta noviembre de ese año).
Bajan las muertes causadas por ebriosUn estudio que conduce la Comisión de Seguridad en el Tránsito revela que hace 10 años las muertes en las carreteras provocadas por conductores ebrios alcanzaban el 40%.
Ese número se mantuvo bastante establece durante el periodo, pero en 2009 bajó sustancialmente al 28%, según informó Santini.
Con respecto a las estadísticas de este año, la Comisión informa 26 muertes menos.
El factor velocidad es el predominante
El director de la Comisión para la Seguridad en el Tránsito, Miguel Santini, dijo ayer que “se nota” un descenso en el uso del paseo por parte de los conductores desde que hace tres años se aumentó la multa por esa conducta criminal de $25 a $250.
La Comisión no recopila estadísticas sobre los accidentes fatales que ocurren a la vera de carreteras y autopistas, tampoco lo hace la Policía, pero según Santini, lo que se observa es que el alza en el monto de las multas ha logrado resultados positivos.
Aun así los conductores tienen que tomar medidas para evitar accidentes relacionados con estos espacios de emergencia.
En las autopistas, por ejemplo, muchas áreas de paseo son hoy más estrechas por culpa del ensanche de carriles.
Los conductores, advierte el jefe de la Seguridad en el Tránsito, siempre que sea posible, deben aparcar sus vehículos lo más retirado posible de la carretera, incluso, estacionándolo sobre las áreas verdes .
Las medidas de prevención nunca están de más y se recomienda cargar con un kit de emergencia en el carro que incluya chalecos y conos en colores brillantes y reflectivos a ser utilizados sobre todo en la noche.
El celular es otro aliado del conductor cuando hay emergencias mecánicas o se ha pinchado una goma.
Si el ambiente se percibe peligroso, lo mejor es no salir del auto.
Llame a un familiar o a su compañía de seguros, si es que usted se ha acogido al seguro de ayuda en la carretera.
Estos seguros ofrecen servicios de grúas, mecánica y hasta de cambio de gomas.
De otra parte, nunca le dé la espalda al tránsito si no cuenta con suficiente espacio para arreglar su automóvil.
En cuanto a los borrachos, es bueno saber que muchos se orientan por las luces del vehículo que creen tener al frente y que fácilmente pueden confundir con el que está aparcado en el paseo.
Actualmente, la mayor parte de las muertes por accidentes automovilísticos se deben a la velocidad: el 43% de las de 2009.
Los accidentes fatales se ubicaron en un 25% en 2009 (hasta noviembre de ese año).
Bajan las muertes causadas por ebriosUn estudio que conduce la Comisión de Seguridad en el Tránsito revela que hace 10 años las muertes en las carreteras provocadas por conductores ebrios alcanzaban el 40%.
Ese número se mantuvo bastante establece durante el periodo, pero en 2009 bajó sustancialmente al 28%, según informó Santini.
Con respecto a las estadísticas de este año, la Comisión informa 26 muertes menos.
El factor velocidad es el predominante
viernes, 29 de enero de 2010
Reportan accidentes con autos Toyota
viernes, 29 de enero de 2010
Mariana Cobián
Primera Hora
Miguel Ángel Rosario y Carmen Ortiz dijeron que pasaron el susto de sus vidas cuando alegan que sus autos Toyota Corolla se quedaron acelerados.
Sin embargo, la investigación en el caso de Rosario resultó que no sufrió ningún desperfecto relacionado con el problema que llevó a Toyota a realizar una campaña de seguridad la semana pasada y a tomar la radical decisión de no vender ocho de sus modelos en Estados Unidos y seis en Puerto Rico.
El Corolla de 2005 de Ortiz no fue evaluado, ya que fue declarado pérdida total.
A una semana del anuncio del recall de más de dos millones de autos -23,500 en la Isla-, Rosario tuvo un accidente mientras manejaba su Toyota Corolla del 2009 porque el acelerador se quedó pegado.
El vecino de Cataño iba ayer por la mañana en su Corolla de 2009 por la carretera 167 en Bayamón, en dirección del centro comercial Plaza del Sol hacia Río Hondo, cuando soltó el acelerador, y escuchó un brooom.
Dijo que pegó el freno, pero que el auto se barrió, dio vueltas y se le ocurrió apagarlo, pero ya iba en reversa por la vía, cuando se trepó en la acera y raspó con el lado izquierdo del carro la muralla de la urbanización Estancia.
“Estoy aquí asustao. Me quiero ir pa mi casa. Estoy hasta nervioso y to’”, le decía Rosario por teléfono al director de servicio al cliente y encargado del área técnica de Toyota, Paul Príncipe, a quien llamó a una estación de radio donde lo estaban entrevistando.
“El señor que venía atrás me dijo: ‘Si hubieses ido más rápido, se matan’. Menos mal que no había nadie en la acera”, narró a Primera Hora mientras llevaba el carro en grúa hasta Toyota de Bayamón.
Por su parte, Ortiz llamó a este diario para indicar que tuvo un accidente el 24 de diciembre de 2007, cuando estaba estacionando su Corolla del 2005 en su casa y se aceleró.
Hace dos semanas, volvió a estrellarse estacionando su vehículo en un estacionamiento multipisos y fue declarado pérdida total.
Toyota investiga otro caso de un cliente que dice que el acelerador se le atasca.
Mariana Cobián
Primera Hora
Miguel Ángel Rosario y Carmen Ortiz dijeron que pasaron el susto de sus vidas cuando alegan que sus autos Toyota Corolla se quedaron acelerados.
Sin embargo, la investigación en el caso de Rosario resultó que no sufrió ningún desperfecto relacionado con el problema que llevó a Toyota a realizar una campaña de seguridad la semana pasada y a tomar la radical decisión de no vender ocho de sus modelos en Estados Unidos y seis en Puerto Rico.
El Corolla de 2005 de Ortiz no fue evaluado, ya que fue declarado pérdida total.
A una semana del anuncio del recall de más de dos millones de autos -23,500 en la Isla-, Rosario tuvo un accidente mientras manejaba su Toyota Corolla del 2009 porque el acelerador se quedó pegado.
El vecino de Cataño iba ayer por la mañana en su Corolla de 2009 por la carretera 167 en Bayamón, en dirección del centro comercial Plaza del Sol hacia Río Hondo, cuando soltó el acelerador, y escuchó un brooom.
Dijo que pegó el freno, pero que el auto se barrió, dio vueltas y se le ocurrió apagarlo, pero ya iba en reversa por la vía, cuando se trepó en la acera y raspó con el lado izquierdo del carro la muralla de la urbanización Estancia.
“Estoy aquí asustao. Me quiero ir pa mi casa. Estoy hasta nervioso y to’”, le decía Rosario por teléfono al director de servicio al cliente y encargado del área técnica de Toyota, Paul Príncipe, a quien llamó a una estación de radio donde lo estaban entrevistando.
“El señor que venía atrás me dijo: ‘Si hubieses ido más rápido, se matan’. Menos mal que no había nadie en la acera”, narró a Primera Hora mientras llevaba el carro en grúa hasta Toyota de Bayamón.
Por su parte, Ortiz llamó a este diario para indicar que tuvo un accidente el 24 de diciembre de 2007, cuando estaba estacionando su Corolla del 2005 en su casa y se aceleró.
Hace dos semanas, volvió a estrellarse estacionando su vehículo en un estacionamiento multipisos y fue declarado pérdida total.
Toyota investiga otro caso de un cliente que dice que el acelerador se le atasca.
sábado, 2 de enero de 2010
Velocidad, negligencia y alcohol en la vía pública
sábado, 2 de enero de 2010
El nuevo año cuenta con la primera víctima de un accidente de tránsito.
Anoche, el jefe del Negociado de Tránsito, Miguel Rosado, confirmó la muerte de Pedro J. Meléndez Pacheco.
Meléndez Pacheco, a quien el doctor Virgilio Rodríguez le diagnosticó muerte cerebral al ser atendido en el Hospital Damas de Ponce, fue arrollado junto con Yamilet Caraballo López cuando cruzaban el boulevard Miguel A. Pou de esa ciudad, por un vehículo a exceso de velocidad, conducido por un hombre en aparente estado de embriaguez.
La mujer permanece en la Unidad de Cuidado Intensivo del hospital San Lucas con un diagnóstico de trauma en la cabeza.
De acuerdo con el informe policial del agente Edwin Cales de la Patrulla de Carreteras, los hechos ocurrieron a las 5:25 de la madrugada del primer día del año.
A esa hora, Pedro J. Meléndez Pacheco y Yamilet Caraballo López, ambos de 31 años, y residentes de la Ciudad Señorial cruzaban el boulevard de oeste a este cuando fueron arrollados por un vehículo Mazda B2000, conducido de norte a sur por Jorge A. Arias Pieraldi, de 33 años.
Arias Pieraldi, quien según el informe conducía a una velocidad mayor de la permitida, arrojó un porcentaje de .243 en la prueba de alcohol.
El caso es investigado por el agente Wilfredo Quiles, de la Unidad de Patrullas de Carreteras, junto con el fiscal José Nazario.
También en la Ciudad Señorial, ayer a la una de la madrugada, un peatón que cruzaba con la luz verde la intersección de la avenida Santiago de los Caballeros con la calle Obispado, sufrió heridas de gravedad al ser atropellado por la conductora de una guagua Ford Ranger, identificada como Leslie J. Conde Ortiz, de 20 años.
El peatón, identificado como Jesús García Pacheco, de 22 años, fue recluido en condición grave en el hospital San Lucas de Ponce.
La conductora arrojó resultados negativos en la prueba de aliento.
Al cierre del 31 de diciembre, cerca de la medianoche, ocurrió un accidente fatal en la PR#2, en jurisdicción de Guánica, cuando el taxista Freddie Rodríguez Cedeño, de 47 años, que viajaba en contra del tránsito, chocó de frente con el auto Chrysler Sebring, de 2004, manejado por Omar A. Ruiz Ayala, de 22 años.
El taxista murió en la escena, mientras que Ruiz Ayala y un pasajero, que no fue identificado en el informe de novedades, sufrieron lesiones leves.
El taxi no está registrado a nombre del occiso.
Maribel Hernández Pérezcolaboró en esta historia
El nuevo año cuenta con la primera víctima de un accidente de tránsito.
Anoche, el jefe del Negociado de Tránsito, Miguel Rosado, confirmó la muerte de Pedro J. Meléndez Pacheco.
Meléndez Pacheco, a quien el doctor Virgilio Rodríguez le diagnosticó muerte cerebral al ser atendido en el Hospital Damas de Ponce, fue arrollado junto con Yamilet Caraballo López cuando cruzaban el boulevard Miguel A. Pou de esa ciudad, por un vehículo a exceso de velocidad, conducido por un hombre en aparente estado de embriaguez.
La mujer permanece en la Unidad de Cuidado Intensivo del hospital San Lucas con un diagnóstico de trauma en la cabeza.
De acuerdo con el informe policial del agente Edwin Cales de la Patrulla de Carreteras, los hechos ocurrieron a las 5:25 de la madrugada del primer día del año.
A esa hora, Pedro J. Meléndez Pacheco y Yamilet Caraballo López, ambos de 31 años, y residentes de la Ciudad Señorial cruzaban el boulevard de oeste a este cuando fueron arrollados por un vehículo Mazda B2000, conducido de norte a sur por Jorge A. Arias Pieraldi, de 33 años.
Arias Pieraldi, quien según el informe conducía a una velocidad mayor de la permitida, arrojó un porcentaje de .243 en la prueba de alcohol.
El caso es investigado por el agente Wilfredo Quiles, de la Unidad de Patrullas de Carreteras, junto con el fiscal José Nazario.
También en la Ciudad Señorial, ayer a la una de la madrugada, un peatón que cruzaba con la luz verde la intersección de la avenida Santiago de los Caballeros con la calle Obispado, sufrió heridas de gravedad al ser atropellado por la conductora de una guagua Ford Ranger, identificada como Leslie J. Conde Ortiz, de 20 años.
El peatón, identificado como Jesús García Pacheco, de 22 años, fue recluido en condición grave en el hospital San Lucas de Ponce.
La conductora arrojó resultados negativos en la prueba de aliento.
Al cierre del 31 de diciembre, cerca de la medianoche, ocurrió un accidente fatal en la PR#2, en jurisdicción de Guánica, cuando el taxista Freddie Rodríguez Cedeño, de 47 años, que viajaba en contra del tránsito, chocó de frente con el auto Chrysler Sebring, de 2004, manejado por Omar A. Ruiz Ayala, de 22 años.
El taxista murió en la escena, mientras que Ruiz Ayala y un pasajero, que no fue identificado en el informe de novedades, sufrieron lesiones leves.
El taxi no está registrado a nombre del occiso.
Maribel Hernández Pérezcolaboró en esta historia
viernes, 18 de septiembre de 2009
Nuevo control para los jóvenes conductores
viernes, 18 de septiembre de 2009
Leysa Caro González
Primera Hora
Una nueva medida para reducir el porciento de alcohol mínimo permitido en la sangre en los jóvenes conductores entre los 18 y 20 años fue analizada ayer en la Legislatura.
Esta pieza se suma a los proyectos de ley que también han sido estudiados por la Asamblea esta semana y que buscan, primero, limitar el expendio y consumo de bebidas alcohólicas en los establecimiento dedicados a dicho comercio y, segundo, obligar a todo convicto por manejar borracho a instalar en sus vehículos un aparato que mida su nivel de alcohol en la sangre.
Todas, incluyendo la estudiada ayer, buscan desalentar el consumo de alcohol entre la población y, así, a su vez, reducir el número de fatalidades de tránsito provocadas por conductores ebrios.
El proyecto 1992, presentado por la delegación de la mayoría en la Cámara de Representantes, trata de evitar que un joven entre los 18 y 20 años conduzca con un porciento de alcohol en la sangre mayor a 0.02%.
Tanto el secretario de Transportación y Obras Públicas (DTOP), Rubén Hernández, como el director ejecutivo de la Comisión para la Seguridad en el Tránsito (CST) favorecieron la aprobación del proyecto lo antes posible.
Según estadísticas recientes, en el 2008, se reportaron 132 fatalidades que involucraban motociclistas y conductores que superaron el 0.08% de concentración de alcohol en la sangre permitido por ley. De éstas, 38 de las víctimas fueron jóvenes entre los 16 y 25 años, lo que representa un 29% del total de las fatalidades.
Los mismos datos reflejaron además que apenas con uno o dos tragos de alcohol en un periodo de una hora, una persona puede alcanzar una concentración de 0.02%, lo que puede provocar la liberación de inhibiciones y afectar el buen juicio.
“Es una medida que da un paso adelante en la búsqueda de control estas tragedias”, señaló esperanzado Santini, quien, antes de comenzar su ponencia, presentó un vídeo con imágenes de accidentes ocurridos tanto en la Isla como en otros territorios y que han provocado que personas inocentes vivan marcadas por la tragedia el resto de sus vidas.
“Hay que salvar vidas y establecer unos controles en pro de la calidad de vida de la gente. No creo que nuestros jóvenes incurren en esta conducta porque tienen el deseo de hacerle daño a alguien... creo que poco a poco pueden aceptar este mensaje y entenderlo”, señaló Santini.
Sonia Señeriz, presidenta de la Fundación Luis A. Señeriz, creada en memoria de la muerte de su hijo en manos de un conductor ebrio, favoreció también la pieza y descartó el argumento de que podría tratarse de un estatuto discriminatorio hacia este sector de la población.
“Una medida así no constituye discrimen ni violación alguna a los derechos de este grupo de edad, ya que en la Ley de Tránsito se establece el 0.02% para conductores de vehículos escolares”, señaló.
Añadió que el uso indebido de alcohol es un problema de salud pública. Además, es la razón para que decenas de familias vivan con un dolor eterno, como es su caso.
Hernández fue cónsono con las expresiones, tanto de Santini como de Señeriz. “Queremos proteger a nuestros jóvenes, limitar la peligrosidad en nuestras vías y ésta es una medida que nos va a ayudar a alcanzar esto”, comentó.
Éste, sin embargo, destacó además que se trata de una medida que limpia el camino para la posibilidad de aumentar a 21 años la edad mínima permitida para consumir alcohol.
Es esa permisión de venta de alcohol a menores de 18 años lo que le provoca al DTOP la pérdida de $11 millones anuales en fondos federales que podrían ser utilizados en proyectos dirigidos a reforzar la seguridad en las carreteras.
La Cámara ya evalúa ese posible incremento adicional a través del proyecto 1888, indicó Jorge L. Ramos Peña, presidente de la Comisión de Transportación e Infraestructura.
“Es tiempo de que acabemos con la tragedia que vivimos constantemente de ver cómo víctimas inocentes pierden sus vidas en manos de conductores negligentes”, dijo Santini.
Leysa Caro González
Primera Hora
Una nueva medida para reducir el porciento de alcohol mínimo permitido en la sangre en los jóvenes conductores entre los 18 y 20 años fue analizada ayer en la Legislatura.
Esta pieza se suma a los proyectos de ley que también han sido estudiados por la Asamblea esta semana y que buscan, primero, limitar el expendio y consumo de bebidas alcohólicas en los establecimiento dedicados a dicho comercio y, segundo, obligar a todo convicto por manejar borracho a instalar en sus vehículos un aparato que mida su nivel de alcohol en la sangre.
Todas, incluyendo la estudiada ayer, buscan desalentar el consumo de alcohol entre la población y, así, a su vez, reducir el número de fatalidades de tránsito provocadas por conductores ebrios.
El proyecto 1992, presentado por la delegación de la mayoría en la Cámara de Representantes, trata de evitar que un joven entre los 18 y 20 años conduzca con un porciento de alcohol en la sangre mayor a 0.02%.
Tanto el secretario de Transportación y Obras Públicas (DTOP), Rubén Hernández, como el director ejecutivo de la Comisión para la Seguridad en el Tránsito (CST) favorecieron la aprobación del proyecto lo antes posible.
Según estadísticas recientes, en el 2008, se reportaron 132 fatalidades que involucraban motociclistas y conductores que superaron el 0.08% de concentración de alcohol en la sangre permitido por ley. De éstas, 38 de las víctimas fueron jóvenes entre los 16 y 25 años, lo que representa un 29% del total de las fatalidades.
Los mismos datos reflejaron además que apenas con uno o dos tragos de alcohol en un periodo de una hora, una persona puede alcanzar una concentración de 0.02%, lo que puede provocar la liberación de inhibiciones y afectar el buen juicio.
“Es una medida que da un paso adelante en la búsqueda de control estas tragedias”, señaló esperanzado Santini, quien, antes de comenzar su ponencia, presentó un vídeo con imágenes de accidentes ocurridos tanto en la Isla como en otros territorios y que han provocado que personas inocentes vivan marcadas por la tragedia el resto de sus vidas.
“Hay que salvar vidas y establecer unos controles en pro de la calidad de vida de la gente. No creo que nuestros jóvenes incurren en esta conducta porque tienen el deseo de hacerle daño a alguien... creo que poco a poco pueden aceptar este mensaje y entenderlo”, señaló Santini.
Sonia Señeriz, presidenta de la Fundación Luis A. Señeriz, creada en memoria de la muerte de su hijo en manos de un conductor ebrio, favoreció también la pieza y descartó el argumento de que podría tratarse de un estatuto discriminatorio hacia este sector de la población.
“Una medida así no constituye discrimen ni violación alguna a los derechos de este grupo de edad, ya que en la Ley de Tránsito se establece el 0.02% para conductores de vehículos escolares”, señaló.
Añadió que el uso indebido de alcohol es un problema de salud pública. Además, es la razón para que decenas de familias vivan con un dolor eterno, como es su caso.
Hernández fue cónsono con las expresiones, tanto de Santini como de Señeriz. “Queremos proteger a nuestros jóvenes, limitar la peligrosidad en nuestras vías y ésta es una medida que nos va a ayudar a alcanzar esto”, comentó.
Éste, sin embargo, destacó además que se trata de una medida que limpia el camino para la posibilidad de aumentar a 21 años la edad mínima permitida para consumir alcohol.
Es esa permisión de venta de alcohol a menores de 18 años lo que le provoca al DTOP la pérdida de $11 millones anuales en fondos federales que podrían ser utilizados en proyectos dirigidos a reforzar la seguridad en las carreteras.
La Cámara ya evalúa ese posible incremento adicional a través del proyecto 1888, indicó Jorge L. Ramos Peña, presidente de la Comisión de Transportación e Infraestructura.
“Es tiempo de que acabemos con la tragedia que vivimos constantemente de ver cómo víctimas inocentes pierden sus vidas en manos de conductores negligentes”, dijo Santini.
miércoles, 2 de septiembre de 2009
Doce horas preso si te atrapan guiando bajo el efecto del alcohol
miércoles, 2 de septiembre de 2009
Leysa Caro González
Primera Hora
Cárcel por 12 horas para los conductores ebrios.
El representante penepé Pedro Cintrón presentó ante la Legislatura un proyecto de ley a los fines de ordenar la detención preventiva de toda persona que sea intervenida por la Policía por conducir con una concentración de alcohol en la sangre mayor a la permitida por ley.
“La medida contribuirá a mejorar la seguridad de la ciudadanía y servirá de estímulo adicional para sacar a los conductores ebrios de la carretera”, alegó el legislador.
La legislación, sin embargo, puede tener visos de inconstitucionalidad, pues estaría privando a la persona del derecho a la libertad sin habérsele probado en un tribunal que, en efecto, manejaba con un porciento de alcohol ilegal.
Y es que el proyecto, según como está redactado, les da a los agentes de la Policía la potestad de detener al alegado conductor ebrio por 12 horas aun cuando éste se niegue a realizarse la prueba de aliento.
El agente utilizará su discreción, dijo Cintrón, para determinar si el chofer está borracho, dejándose guiar por los conocimientos que ha adquirido a través de adiestramientos. “El policía se adiestra y utilizará su juicio, dejándose llevar por si la persona tiene aliento a alcohol, si no puede articular sus palabras, si maneja en zigzag o si no puede coordinar sus movimientos”, señaló.
Y ahí es donde podría radicar la inconstitucionalidad en la medida que, según Cintrón, tiene el propósito de sacar de la calle a los conductores borrachos. Cintrón entiende que la propuesta medida no viola los derechos básicos de los ciudadanos, aunque está dispuesto a escuchar otras opiniones.
El representante reconoció que no ha consultado el proyecto con sus compañeros legisladores para auscultar cuáles son sus posibilidades. Tampoco lo ha hecho con el superintendente de la Policía, José Figueroa Sancha.
Sí ha recibido el aval de agentes de la Policía que le han alegado que se trata de una buena herramienta, sostuvo. “La gente a veces toma la situación a chiste porque piensa que si se niega no le pueden hacer nada. Ahora estarían detenidos por 12 horas y enfrentarían el proceso administrativo de rigor”, explicó.
subirían las multas
La medida busca además incrementar las penalidades que les imponen a los conductores que manejan bajo los efectos del alcohol, drogas o sustancias controladas.
Actualmente, el estatuto establece la imposición de una multa no menor de $300 ni mayor de $1,000 en los conductores que cometan una primera falta. El proyecto propone incrementar estas multas a $500 y $1,500, respectivamente.
Por la segunda convicción, la multa sería de $1,000 y $1,500 cuando ahora es de un máximo de $750. En esta segunda convicción, aumentaría además el periodo de suspensión de la licencia de conducir de seis meses a dos años.
En las terceras y subsiguientes convicciones, la multa sería de un máximo de $2,000 cuando ahora es de $1,000. La licencia de manejar se le suspendería permanentemente.
Tanto la segunda como tercera convicciones contemplan la posibilidad de cumplir cárcel. El término por cumplir, sin embargo, permanecería inalterado de convertirse en ley el proyecto.
Leysa Caro González
Primera Hora
Cárcel por 12 horas para los conductores ebrios.
El representante penepé Pedro Cintrón presentó ante la Legislatura un proyecto de ley a los fines de ordenar la detención preventiva de toda persona que sea intervenida por la Policía por conducir con una concentración de alcohol en la sangre mayor a la permitida por ley.
“La medida contribuirá a mejorar la seguridad de la ciudadanía y servirá de estímulo adicional para sacar a los conductores ebrios de la carretera”, alegó el legislador.
La legislación, sin embargo, puede tener visos de inconstitucionalidad, pues estaría privando a la persona del derecho a la libertad sin habérsele probado en un tribunal que, en efecto, manejaba con un porciento de alcohol ilegal.
Y es que el proyecto, según como está redactado, les da a los agentes de la Policía la potestad de detener al alegado conductor ebrio por 12 horas aun cuando éste se niegue a realizarse la prueba de aliento.
El agente utilizará su discreción, dijo Cintrón, para determinar si el chofer está borracho, dejándose guiar por los conocimientos que ha adquirido a través de adiestramientos. “El policía se adiestra y utilizará su juicio, dejándose llevar por si la persona tiene aliento a alcohol, si no puede articular sus palabras, si maneja en zigzag o si no puede coordinar sus movimientos”, señaló.
Y ahí es donde podría radicar la inconstitucionalidad en la medida que, según Cintrón, tiene el propósito de sacar de la calle a los conductores borrachos. Cintrón entiende que la propuesta medida no viola los derechos básicos de los ciudadanos, aunque está dispuesto a escuchar otras opiniones.
El representante reconoció que no ha consultado el proyecto con sus compañeros legisladores para auscultar cuáles son sus posibilidades. Tampoco lo ha hecho con el superintendente de la Policía, José Figueroa Sancha.
Sí ha recibido el aval de agentes de la Policía que le han alegado que se trata de una buena herramienta, sostuvo. “La gente a veces toma la situación a chiste porque piensa que si se niega no le pueden hacer nada. Ahora estarían detenidos por 12 horas y enfrentarían el proceso administrativo de rigor”, explicó.
subirían las multas
La medida busca además incrementar las penalidades que les imponen a los conductores que manejan bajo los efectos del alcohol, drogas o sustancias controladas.
Actualmente, el estatuto establece la imposición de una multa no menor de $300 ni mayor de $1,000 en los conductores que cometan una primera falta. El proyecto propone incrementar estas multas a $500 y $1,500, respectivamente.
Por la segunda convicción, la multa sería de $1,000 y $1,500 cuando ahora es de un máximo de $750. En esta segunda convicción, aumentaría además el periodo de suspensión de la licencia de conducir de seis meses a dos años.
En las terceras y subsiguientes convicciones, la multa sería de un máximo de $2,000 cuando ahora es de $1,000. La licencia de manejar se le suspendería permanentemente.
Tanto la segunda como tercera convicciones contemplan la posibilidad de cumplir cárcel. El término por cumplir, sin embargo, permanecería inalterado de convertirse en ley el proyecto.
martes, 11 de agosto de 2009
Llaman a compartir la carretera
martes, 11 de agosto de 2009
Bárbara j. figueroa rosa
Primera Hora
La mayoría de los accidentes de tránsito se pueden evitar si los ciudadanos tienen sentido común al momento de utilizar las vías de rodaje.
A esa conclusión llegó el director ejecutivo de la Comisión para la Seguridad en el Tránsito (CST), Miguel Santini Padilla, al analizar el porqué de las muchas fatalidades que ocurren en las carreteras del país y a la que se suma la muerte de dos niñas, de cinco y 11 años, en Guayama.
Al momento, cinco niños, menores de 12 años, han perdido la vida en accidentes de tránsito en lo que va de año.
“Hay un concepto que se llama ‘compartir la carretera’ y todos los ciudadanos deben adoptar esa norma al momento de hacer uso en las vías de rodaje. Es un asunto de sentido común y de aprender a manejar de forma amable para evitar tragedias como la de Guayama, la de los niños de la periodista (Camille Rodríguez) en Río Grande o cualquiera de las otras que han ocurrido en la Isla”, determinó Santini Padilla.
Explicó que a tono con ese mensaje es que se han desarrollado en la CST diversas campañas educativas en las que se ha integrado a la Policía Municipal y estatal, al Departamento de Justicia, Emergencias Médicas y el Cuerpo de Bomberos, entre otras agencias de gobierno.
“Nuestra misión es educar a la gente y romper con tantos mitos que hay sobre cómo se debe actuar en la carretera porque, en conclusión, no hay derechos absolutos en las leyes de tránsito”, agregó el funcionario mencionando como ejemplo la percepción que tienen muchos conductores de pensar que pueden cruzar indiscriminadamente cuando un semáforo tiene la luz verde o que un peatón asuma que los vehículos se deben parar en áreas designadas para el cruce de personas.
“El principio de la Ley de Tránsito es que hay que tener precaución no importa las circunstancias, detrás y fuera del volante”, dijo e hizo hincapié en la importancia del uso de asiento protector en niños menores de cuatro años.
Mencionó también que parte de las responsabilidades de los ciudadanos incluye evitar distracciones como el uso del celular, maquillarse o cualquier otra acción que pueda perturbar la concentración, tanto de conductores como de peatones.
Bárbara j. figueroa rosa
Primera Hora
La mayoría de los accidentes de tránsito se pueden evitar si los ciudadanos tienen sentido común al momento de utilizar las vías de rodaje.
A esa conclusión llegó el director ejecutivo de la Comisión para la Seguridad en el Tránsito (CST), Miguel Santini Padilla, al analizar el porqué de las muchas fatalidades que ocurren en las carreteras del país y a la que se suma la muerte de dos niñas, de cinco y 11 años, en Guayama.
Al momento, cinco niños, menores de 12 años, han perdido la vida en accidentes de tránsito en lo que va de año.
“Hay un concepto que se llama ‘compartir la carretera’ y todos los ciudadanos deben adoptar esa norma al momento de hacer uso en las vías de rodaje. Es un asunto de sentido común y de aprender a manejar de forma amable para evitar tragedias como la de Guayama, la de los niños de la periodista (Camille Rodríguez) en Río Grande o cualquiera de las otras que han ocurrido en la Isla”, determinó Santini Padilla.
Explicó que a tono con ese mensaje es que se han desarrollado en la CST diversas campañas educativas en las que se ha integrado a la Policía Municipal y estatal, al Departamento de Justicia, Emergencias Médicas y el Cuerpo de Bomberos, entre otras agencias de gobierno.
“Nuestra misión es educar a la gente y romper con tantos mitos que hay sobre cómo se debe actuar en la carretera porque, en conclusión, no hay derechos absolutos en las leyes de tránsito”, agregó el funcionario mencionando como ejemplo la percepción que tienen muchos conductores de pensar que pueden cruzar indiscriminadamente cuando un semáforo tiene la luz verde o que un peatón asuma que los vehículos se deben parar en áreas designadas para el cruce de personas.
“El principio de la Ley de Tránsito es que hay que tener precaución no importa las circunstancias, detrás y fuera del volante”, dijo e hizo hincapié en la importancia del uso de asiento protector en niños menores de cuatro años.
Mencionó también que parte de las responsabilidades de los ciudadanos incluye evitar distracciones como el uso del celular, maquillarse o cualquier otra acción que pueda perturbar la concentración, tanto de conductores como de peatones.
jueves, 9 de julio de 2009
A ‘soplar’ en la barra
Por Maricarmen Rivera Sánchez
EL VOCERO
09 de julio de 2009 05:00 am
La Cámara considera un proyecto que obligaría a los bares a adquirir alcoholímetros, sin embargo no le exige a los bebedores hacerse la prueba antes de ponerse tras el volante de un carro.
De aprobarse esta legislación, los comerciantes que no adquieran estas máquinas enfrentarían multas de hasta $1,000.Sin embargo, la Comisión para la Seguridad en el Tránsito advirtió ayer que es poco lo que aporta este proyecto para eliminar los conductores ebrios.
“A pesar de que favorecemos el espíritu de la legislación…nos preguntamos si realmente el mecanismo servirá su propósito tratándose de un examen voluntario. De hecho, aflora la interrogante de qué ocurriría cuando una persona que se ha sometido voluntariamente a esta prueba de aliento arroje un resultado que exceda los límites permitidos por la (ley)”, opinó Miguel Santini Padilla, director ejecutivo de la Comisión.
El presidente de la Comisión cameral de Desarrollo Socioeconómico, José Chico, se mostró inconforme con la postura de la Comisión para la Seguridad en el Tránsito y los urgió a “revisarla”.
“No estamos satisfechos con la posición de la Comisión”, dijo Chico. “Se le debe caer la cara de vergüenza a la Comisión (para la Seguridad en el Tránsito) cuando se tuvo que intervenir anoche en San Juan para evitar que se siguieran vendiendo bebidas a jóvenes”.
El proyecto fue radicado por el legislador novoprogresista Angel Rodríguez Miranda. Varios párrafos de la medida, radicada en mayo, se destinan a explicar el efecto del alcohol en la sangre y la dificultad de medir los niveles de alcohol en la sangre y el cerebro.
La medida parte de la premisa de que beber es aceptable en la Isla y contiene frases como “en Puerto Rico no solamente se bebe, sino que se bebe mucho” y añade que “como hay tanta gente que bebe tanto y estando la costumbre de beber tan vinculada con hábitos, patrones y relaciones de familia, de comunidad, de trabajo entre amistades, es fácil trivializar, minimizar o sencillamente ver como algo natural que la gente beba mucho”.
Rodríguez Miranda defendió el proyecto y dijo que cada persona debe “tener la certeza de si está borracho o apto para guiar”. De aprobarse este proyecto, todos los establecimientos comerciales que venden bebidas alcohólicas deberá tener un instrumento de prueba de aliento. El Departamento de Salud podría imponer multas de hasta $1,000 a los que no cumplan con esta reglamentación.
En la pasada sesión, la Cámara aprobó otro proyecto para que los acusados de beber bajo los efectos del alcohol tengan que usar un dispositivo similar para poder prender sus carros. El proyecto no fue aprobado por el Senado.
En su ponencia ante la Comisión cameral de Desarrollo Socioeconómico, Santini Padilla cuestionó que el proyecto no mencione qué responsabilidad tendría el comerciante en caso de que un cliente tenga un resultado mayor al permitido por ley.
Explicó que, de acuerdo con una decisión del Tribunal Supremo, los dueños de estos establecimientos serían responsables en caso de que una persona que haya consumido demasiado alcohol provoque un accidente. Así las cosas, cuestionó para qué serviría el mecanismo cuando los comerciantes buscarán protegerse de posibles acciones civiles.
“Hasta qué punto al dueño del establecimiento le va a interesar conocer ese resultado cuando ya el (Supremo) resolvió que claramente procede una causa de acción en daños y perjuicios”, dijo Santini Padilla.
Sugiere que los bebedores paguen
El superintendente de la Policía, José Figueroa Sancha, sugirió aliviar el gasto que representaría estas máquinas para los comerciantes con alcoholímetros que operen con monedas.
Favoreció la medida y catalogó los alcoholímetros como “una herramienta primordial que facilita a los dueños de los establecimientos mencionados cumplir cabalmente con la diligencia establecida por ley y a la misma vez cooperando con la Policía en su deber de proveer carreteras más seguras”.
Hasta mayo la Policía ha intervenido 5, 177 conductores de los cuales 4,179 han sido citados por contar con más de .08% de alcohol en la sangre, de acuerdo con estadísticas de la Superintendencia Auxiliar en Operaciones de Campo. El 40% de los accidentes, se informó, son provocados por conductores ebrios.
“Queda meridianamente claro que es necesario auscultar nuevas herramientas que propendan a proveer carreteras más seguras y crear conciencia sobre la necesidad de ser responsables a la hora de operar un negocio”, dijo Figueroa Sancha en su ponencia.
EL VOCERO
09 de julio de 2009 05:00 am
La Cámara considera un proyecto que obligaría a los bares a adquirir alcoholímetros, sin embargo no le exige a los bebedores hacerse la prueba antes de ponerse tras el volante de un carro.
De aprobarse esta legislación, los comerciantes que no adquieran estas máquinas enfrentarían multas de hasta $1,000.Sin embargo, la Comisión para la Seguridad en el Tránsito advirtió ayer que es poco lo que aporta este proyecto para eliminar los conductores ebrios.
“A pesar de que favorecemos el espíritu de la legislación…nos preguntamos si realmente el mecanismo servirá su propósito tratándose de un examen voluntario. De hecho, aflora la interrogante de qué ocurriría cuando una persona que se ha sometido voluntariamente a esta prueba de aliento arroje un resultado que exceda los límites permitidos por la (ley)”, opinó Miguel Santini Padilla, director ejecutivo de la Comisión.
El presidente de la Comisión cameral de Desarrollo Socioeconómico, José Chico, se mostró inconforme con la postura de la Comisión para la Seguridad en el Tránsito y los urgió a “revisarla”.
“No estamos satisfechos con la posición de la Comisión”, dijo Chico. “Se le debe caer la cara de vergüenza a la Comisión (para la Seguridad en el Tránsito) cuando se tuvo que intervenir anoche en San Juan para evitar que se siguieran vendiendo bebidas a jóvenes”.
El proyecto fue radicado por el legislador novoprogresista Angel Rodríguez Miranda. Varios párrafos de la medida, radicada en mayo, se destinan a explicar el efecto del alcohol en la sangre y la dificultad de medir los niveles de alcohol en la sangre y el cerebro.
La medida parte de la premisa de que beber es aceptable en la Isla y contiene frases como “en Puerto Rico no solamente se bebe, sino que se bebe mucho” y añade que “como hay tanta gente que bebe tanto y estando la costumbre de beber tan vinculada con hábitos, patrones y relaciones de familia, de comunidad, de trabajo entre amistades, es fácil trivializar, minimizar o sencillamente ver como algo natural que la gente beba mucho”.
Rodríguez Miranda defendió el proyecto y dijo que cada persona debe “tener la certeza de si está borracho o apto para guiar”. De aprobarse este proyecto, todos los establecimientos comerciales que venden bebidas alcohólicas deberá tener un instrumento de prueba de aliento. El Departamento de Salud podría imponer multas de hasta $1,000 a los que no cumplan con esta reglamentación.
En la pasada sesión, la Cámara aprobó otro proyecto para que los acusados de beber bajo los efectos del alcohol tengan que usar un dispositivo similar para poder prender sus carros. El proyecto no fue aprobado por el Senado.
En su ponencia ante la Comisión cameral de Desarrollo Socioeconómico, Santini Padilla cuestionó que el proyecto no mencione qué responsabilidad tendría el comerciante en caso de que un cliente tenga un resultado mayor al permitido por ley.
Explicó que, de acuerdo con una decisión del Tribunal Supremo, los dueños de estos establecimientos serían responsables en caso de que una persona que haya consumido demasiado alcohol provoque un accidente. Así las cosas, cuestionó para qué serviría el mecanismo cuando los comerciantes buscarán protegerse de posibles acciones civiles.
“Hasta qué punto al dueño del establecimiento le va a interesar conocer ese resultado cuando ya el (Supremo) resolvió que claramente procede una causa de acción en daños y perjuicios”, dijo Santini Padilla.
Sugiere que los bebedores paguen
El superintendente de la Policía, José Figueroa Sancha, sugirió aliviar el gasto que representaría estas máquinas para los comerciantes con alcoholímetros que operen con monedas.
Favoreció la medida y catalogó los alcoholímetros como “una herramienta primordial que facilita a los dueños de los establecimientos mencionados cumplir cabalmente con la diligencia establecida por ley y a la misma vez cooperando con la Policía en su deber de proveer carreteras más seguras”.
Hasta mayo la Policía ha intervenido 5, 177 conductores de los cuales 4,179 han sido citados por contar con más de .08% de alcohol en la sangre, de acuerdo con estadísticas de la Superintendencia Auxiliar en Operaciones de Campo. El 40% de los accidentes, se informó, son provocados por conductores ebrios.
“Queda meridianamente claro que es necesario auscultar nuevas herramientas que propendan a proveer carreteras más seguras y crear conciencia sobre la necesidad de ser responsables a la hora de operar un negocio”, dijo Figueroa Sancha en su ponencia.
viernes, 3 de julio de 2009
Plan para evitar muertes de tránsito
viernes, 3 de julio de 2009
Maribel Hernández Pérez / Primera Hora
Mil quinientos policías estatales integrarán el plan de tránsito con motivo del fin de semana feriado del 4 de julio, para prevenir muertes en las carreteras causados por accidentes de tránsito provocados por conductores ebrios o manejando a exceso de velocidad.
Durante una conferencia de prensa conjunta entre el director ejecutivo de la Comisión de Seguridad en el Tránsito (CST), Miguel Santini, el superintendente José E. Figueroa Sancha y otros funcionarios de agencias de seguridad, transportación y emergencias médicas, se informó que el plan incluye patrullajes en autopistas, carreteras principales y zonas rurales. Se organizarán bloqueos de carreteras.
Los bloqueos, según el Superintendente, se llevarán a cabo desde las 2:00 de la tarde hasta 4:00 de la madrugada, el viernes y el sábado, en San Juan, Guaynabo, Carolina, Bayamón, Caguas, Aguadilla, Mayagüez, Sabana Grande y Ponce, entre otros municipios.
La CST reveló que asignó una partida de $350 mil para el pago de horas extras a los policías de tránsito que trabajen durante ese periodo.
Este plan preventivo se extenderá durante todo el mes de julio, agregó Santini, tras dar a conocer una campaña de publicidad que será difundida hasta en el cine bajo el lema: Que no te explote en la cara, a un costo de $600 mil.
“Estamos alertando a los conductores a ejercer extrema preocupación y moderación para evitar la pérdida de vidas en las carreteras. Que tomen conciencia y que colaboren para tener un año con menos fatalidades”, declaró Santini.
Las estadísticas de la CST revelan que en el mes de julio del 2008 murieron 43 personas, de las cuales 18 se relacionaron con el consumo excesivo de bebidas alcohólicas.
“Exhortamos a la juventud a que si hacen un consumo excesivo del alcohol y no pueden conducir, pasen la llave”, agregó Figueroa Sancha.
El Superintendente dijo que también su plan incluye la vigilancia en las zonas playeras, la que será coordinada en cada región policiaca de acuerdo con sus necesidades.
Maribel Hernández Pérez / Primera Hora
Mil quinientos policías estatales integrarán el plan de tránsito con motivo del fin de semana feriado del 4 de julio, para prevenir muertes en las carreteras causados por accidentes de tránsito provocados por conductores ebrios o manejando a exceso de velocidad.
Durante una conferencia de prensa conjunta entre el director ejecutivo de la Comisión de Seguridad en el Tránsito (CST), Miguel Santini, el superintendente José E. Figueroa Sancha y otros funcionarios de agencias de seguridad, transportación y emergencias médicas, se informó que el plan incluye patrullajes en autopistas, carreteras principales y zonas rurales. Se organizarán bloqueos de carreteras.
Los bloqueos, según el Superintendente, se llevarán a cabo desde las 2:00 de la tarde hasta 4:00 de la madrugada, el viernes y el sábado, en San Juan, Guaynabo, Carolina, Bayamón, Caguas, Aguadilla, Mayagüez, Sabana Grande y Ponce, entre otros municipios.
La CST reveló que asignó una partida de $350 mil para el pago de horas extras a los policías de tránsito que trabajen durante ese periodo.
Este plan preventivo se extenderá durante todo el mes de julio, agregó Santini, tras dar a conocer una campaña de publicidad que será difundida hasta en el cine bajo el lema: Que no te explote en la cara, a un costo de $600 mil.
“Estamos alertando a los conductores a ejercer extrema preocupación y moderación para evitar la pérdida de vidas en las carreteras. Que tomen conciencia y que colaboren para tener un año con menos fatalidades”, declaró Santini.
Las estadísticas de la CST revelan que en el mes de julio del 2008 murieron 43 personas, de las cuales 18 se relacionaron con el consumo excesivo de bebidas alcohólicas.
“Exhortamos a la juventud a que si hacen un consumo excesivo del alcohol y no pueden conducir, pasen la llave”, agregó Figueroa Sancha.
El Superintendente dijo que también su plan incluye la vigilancia en las zonas playeras, la que será coordinada en cada región policiaca de acuerdo con sus necesidades.
martes, 26 de mayo de 2009
A suspender la licencia a conductores temerarios
26 de mayo de 2009 05:00 am
El Vocero
Los trabajos que realiza el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) encaminados a hacer cumplir el sistema de puntos contra conductores negligentes, es un paso en la dirección correcta en momentos en que las carreteras del país se han convertido en una zona de peligro para el ciudadano amante de las leyes.El sistema de puntos provee para que el DTOP cancele la licencia de conducir a cualquier persona que acumule un número de infracciones de tránsito, y por ende, demuestre pobre juicio y/o irresponsabilidad al manejar un vehículo de motor.
Por ejemplo, a una persona que acumule 25 puntos en infracciones durante un año, se le suspenderá la licencia de conducir durante un período de tiempo similar. Dicha acción sacaría de circulación a un conductor que ha demostrado poco interés en manejar de forma civilizada.A pesar de que la ley que autoriza al Departamento de Transportación y Obras Públicas a implantar el sistema de puntos data del año 2000, hasta el presente la misma ha sido, en términos prácticos, letra muerta. Esta situación ha limitado las herramientas del Estado para atender el problema de accidentes y fatalidades en las vías de rodaje.
Aunque en el pasado se aumentaron las multas por exceso de velocidad y otras infracciones, lo cierto es que en muchas ocasiones, las carreteras parecen zona de nadie, donde la prisa desmedida, y la falta de cortesía y consideración son la norma.De hecho, al presente se experimenta un aumento en las muertes por accidentes de tránsito, en comparación con el año pasado, cuando un total de 401 personas murieron en las carreteras.
Es necesario que el DTOP cuente con los recursos necesarios para superar las dificultades que en el pasado impidieron poner en vigor este sistema. Por su parte, corresponde a la Legislatura examinar las leyes de forma que se puedan incluir en el sistema de puntos infracciones que al presente no forman parte del mismo.Toda gestión encaminada a hacer más seguras las vías de tránsito debe recibir el apoyo de la actual administración. La vida de muchos puede depender de ello.
El Vocero
Los trabajos que realiza el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) encaminados a hacer cumplir el sistema de puntos contra conductores negligentes, es un paso en la dirección correcta en momentos en que las carreteras del país se han convertido en una zona de peligro para el ciudadano amante de las leyes.El sistema de puntos provee para que el DTOP cancele la licencia de conducir a cualquier persona que acumule un número de infracciones de tránsito, y por ende, demuestre pobre juicio y/o irresponsabilidad al manejar un vehículo de motor.
Por ejemplo, a una persona que acumule 25 puntos en infracciones durante un año, se le suspenderá la licencia de conducir durante un período de tiempo similar. Dicha acción sacaría de circulación a un conductor que ha demostrado poco interés en manejar de forma civilizada.A pesar de que la ley que autoriza al Departamento de Transportación y Obras Públicas a implantar el sistema de puntos data del año 2000, hasta el presente la misma ha sido, en términos prácticos, letra muerta. Esta situación ha limitado las herramientas del Estado para atender el problema de accidentes y fatalidades en las vías de rodaje.
Aunque en el pasado se aumentaron las multas por exceso de velocidad y otras infracciones, lo cierto es que en muchas ocasiones, las carreteras parecen zona de nadie, donde la prisa desmedida, y la falta de cortesía y consideración son la norma.De hecho, al presente se experimenta un aumento en las muertes por accidentes de tránsito, en comparación con el año pasado, cuando un total de 401 personas murieron en las carreteras.
Es necesario que el DTOP cuente con los recursos necesarios para superar las dificultades que en el pasado impidieron poner en vigor este sistema. Por su parte, corresponde a la Legislatura examinar las leyes de forma que se puedan incluir en el sistema de puntos infracciones que al presente no forman parte del mismo.Toda gestión encaminada a hacer más seguras las vías de tránsito debe recibir el apoyo de la actual administración. La vida de muchos puede depender de ello.
martes, 28 de abril de 2009
De 15 a 30 minutos la renovación
Por Jorge Luis Burgos
EL VOCERO
28 de abril de 2009 04:00 am
Entre 15 y 30 minutos. Ese es el tiempo estimado que los ciudadanos deben tomarse en renovar su licencia de conducir, según aseguró ayer, el secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), Rubén Hernández Gregorat, al extender al Centro de Servicios al Conductor (CESCO) de Bayamón, el plan piloto que comenzó hace un mes en el Centro de Carolina.
En compañía de Nelson Ruiz y Heriberto Pérez, directores del CESCO de Bayamón y estatal, respectivamente, Hernández Gregorat explicó que “mejorar los servicios que ofrecen los CESCOS a los ciudadanos es parte de las prioridades que establecí al entrar a dirigir esta agencia. Es un reto grande, y es una realidad que este es un sector muy importante para nosotros (DTOP). De todas nuestras oficinas de Obras Públicas, son los CESCOS los que más clientes reciben, quienes espera una atención y un servicio adecuado. Nuestro esfuerzo en conjunto con el director estuvo centrado en atender la queja común, conocida por el pueblo, que es la espera larga del proceso de renovación de licencias.
Los mal ratos que se pasa cuando comienzan a enviar a los ciudadanos de fila en fila y de una oficina a otra. Tuve la oportunidad de que a principios de enero, ir por varias de estas oficinas para revisar personalmente donde pude escuchar el malestar e insatisfacción con los servicios brindados”.Hernández Gregorat dijo que de ese proceso encontró muchas maneras de mejorar los servicios, lo que definió como “oportunidades”. Se tuvo que cambiar y re distribuir tareas de manera que se convirtiera de este una experiencia menos desagradable para los clientes.
“Iniciamos un proyecto que se puso en vigor en el CESCO de Carolina. La encomienda fue reducir ese período de espera que estaba entre tres y cuatro horas, a 15 minutos. Y así fue que comenzamos este plan que hoy día cuenta con resultados muy positivos en Carolina, y que hoy (ayer) inauguramos en Bayamón. El promedio puede estar entre 15 a 30 minutos. Y cuando visitamos nuevamente esas oficinas los comentarios de los clientes fueron de satisfacción. Están muy contentos de cómo hemos logrado cambios en tan poco tiempo de implementado este plan de mejoras”, destacó el Secretario.
Hernández Gregorat dijo que en lo que respecta al CESCO de Bayamón, la implementación de este plan incluye una remodelación y re distribución de oficinas cuyo proyecto tendrá un costo de inversión de $50 mil. “La idea es llegar a todos los CESCOS a nivel Isla para mejorar todos los procesos y servicios al ciudadano”, indicó.El Secretario explicó que también se comenzó la revisión del folleto de examen de aprendizaje que se corrige a tenor con las enmiendas nuevas integradas en la Ley 22 de Tránsito. También se comenzó con la renovación de licencias a digitales en los CESCOS de Río Piedras, Bayamón y Caguas. Además, de integrar la red a la de los David’s Plus que se habían implementado parcialmente entre un 20 y 30 por ciento. Y eso creaba lagunas de ineficiencias por el impedimento continuo al acceso a la información que permitiera validar a instituciones como la Policía.
También se ordenó la impresión de los nuevos boletos de tránsito que no estaban atemperados con la nueva Ley de Tránsito, según enmendada el pasado año.Así mismo, se están entregando licencias de aprendizaje que forma parte de un esfuerzo que se realiza interagencial con la Administración de Corrección, a confinados que aprobaron el examen de aprendizaje. Esto como parte de la responsabilidad de dotar de colaborar en la rehabilitación de éstos, y dotarlos de herramientas que permitan su re incorporación a la sociedad y de los que ya están en la ruta de la libertad.Hernández Gregorat aclaró que está en conocimiento de los señalamientos realizados a CESCO en cuanto a la requisición de documentos como son el acta de nacimiento y tarjeta del Seguro Social.
“Estamos conscientes de esos señalamientos, y establecimos contacto con las agencias federales para que se establezcan unos procesos de custodia y seguridad de esos documentos de manera que sean utilizados con otro fin que no sea para el que los ciudadanos los entregaron. El ir contra esto conlleva la violación a leyes federales y locales que serán aplicadas contra quien cometa tal delito”, concluyó.
EL VOCERO
28 de abril de 2009 04:00 am
Entre 15 y 30 minutos. Ese es el tiempo estimado que los ciudadanos deben tomarse en renovar su licencia de conducir, según aseguró ayer, el secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), Rubén Hernández Gregorat, al extender al Centro de Servicios al Conductor (CESCO) de Bayamón, el plan piloto que comenzó hace un mes en el Centro de Carolina.
En compañía de Nelson Ruiz y Heriberto Pérez, directores del CESCO de Bayamón y estatal, respectivamente, Hernández Gregorat explicó que “mejorar los servicios que ofrecen los CESCOS a los ciudadanos es parte de las prioridades que establecí al entrar a dirigir esta agencia. Es un reto grande, y es una realidad que este es un sector muy importante para nosotros (DTOP). De todas nuestras oficinas de Obras Públicas, son los CESCOS los que más clientes reciben, quienes espera una atención y un servicio adecuado. Nuestro esfuerzo en conjunto con el director estuvo centrado en atender la queja común, conocida por el pueblo, que es la espera larga del proceso de renovación de licencias.
Los mal ratos que se pasa cuando comienzan a enviar a los ciudadanos de fila en fila y de una oficina a otra. Tuve la oportunidad de que a principios de enero, ir por varias de estas oficinas para revisar personalmente donde pude escuchar el malestar e insatisfacción con los servicios brindados”.Hernández Gregorat dijo que de ese proceso encontró muchas maneras de mejorar los servicios, lo que definió como “oportunidades”. Se tuvo que cambiar y re distribuir tareas de manera que se convirtiera de este una experiencia menos desagradable para los clientes.
“Iniciamos un proyecto que se puso en vigor en el CESCO de Carolina. La encomienda fue reducir ese período de espera que estaba entre tres y cuatro horas, a 15 minutos. Y así fue que comenzamos este plan que hoy día cuenta con resultados muy positivos en Carolina, y que hoy (ayer) inauguramos en Bayamón. El promedio puede estar entre 15 a 30 minutos. Y cuando visitamos nuevamente esas oficinas los comentarios de los clientes fueron de satisfacción. Están muy contentos de cómo hemos logrado cambios en tan poco tiempo de implementado este plan de mejoras”, destacó el Secretario.
Hernández Gregorat dijo que en lo que respecta al CESCO de Bayamón, la implementación de este plan incluye una remodelación y re distribución de oficinas cuyo proyecto tendrá un costo de inversión de $50 mil. “La idea es llegar a todos los CESCOS a nivel Isla para mejorar todos los procesos y servicios al ciudadano”, indicó.El Secretario explicó que también se comenzó la revisión del folleto de examen de aprendizaje que se corrige a tenor con las enmiendas nuevas integradas en la Ley 22 de Tránsito. También se comenzó con la renovación de licencias a digitales en los CESCOS de Río Piedras, Bayamón y Caguas. Además, de integrar la red a la de los David’s Plus que se habían implementado parcialmente entre un 20 y 30 por ciento. Y eso creaba lagunas de ineficiencias por el impedimento continuo al acceso a la información que permitiera validar a instituciones como la Policía.
También se ordenó la impresión de los nuevos boletos de tránsito que no estaban atemperados con la nueva Ley de Tránsito, según enmendada el pasado año.Así mismo, se están entregando licencias de aprendizaje que forma parte de un esfuerzo que se realiza interagencial con la Administración de Corrección, a confinados que aprobaron el examen de aprendizaje. Esto como parte de la responsabilidad de dotar de colaborar en la rehabilitación de éstos, y dotarlos de herramientas que permitan su re incorporación a la sociedad y de los que ya están en la ruta de la libertad.Hernández Gregorat aclaró que está en conocimiento de los señalamientos realizados a CESCO en cuanto a la requisición de documentos como son el acta de nacimiento y tarjeta del Seguro Social.
“Estamos conscientes de esos señalamientos, y establecimos contacto con las agencias federales para que se establezcan unos procesos de custodia y seguridad de esos documentos de manera que sean utilizados con otro fin que no sea para el que los ciudadanos los entregaron. El ir contra esto conlleva la violación a leyes federales y locales que serán aplicadas contra quien cometa tal delito”, concluyó.
martes, 24 de febrero de 2009
¡Cuidado al guiar!
martes, 24 de febrero de 2009
Leysa Caro González
Primera Hora
Nuevamente una familia puertorriqueña sufre la pérdida de uno de los suyos en medio de un accidente automovilístico que, seguramente, se pudo haber evitado.
Pero las familias Cruz Martínez no están solas en el dolor que hoy les embarga. Al igual que ellas, hay otros tantos hogares que han visto trastocado su entorno con la muerte de uno de los suyos en lo que va del año.
Parecería que poco han servido los llamados de precaución que continuamente les hacen a los conductores la Policía, la Comisión para la Seguridad en el Tránsito (CST) y otras organizaciones, pues hay choferes que siguen asumiendo conductas inapropiadas a la hora de conducir.
Unos manejan bajo los efectos del alcohol, otros no utilizan el cinturón de seguridad y hay quienes manejan por encima del límite de velocidad permitido por ley.
Ése parece haber sido uno de los factores en la muerte de la pequeña Zunel Zoé Cruz, según la pesquisa preliminar del trágico accidente.
“Es bien lamentable y doloroso este accidente. Todas las pérdidas son dolorosas, pero cuando se trata de un menor nos toca de forma especial, más aún para nosotros que tenemos como meta reducir estas fatalidades”, sostuvo Miguel Santini Padilla, director ejecutivo de la CST.
El funcionario explicó que el 95% de los accidentes ocurridos se deben a factores humanos como son las distracciones o no tomar las medidas de seguridad necesarias mientras manejan.
En lo que se refiere a este accidente, Santini les recomendó a las personas a detenerse si sienten que el sueño o el cansancio les vence, especialmente a aquellas personas con turnos nocturnos.
“El sueño, el agotamiento y la fatiga puede limitar la capacidad de una persona tal y cual lo puede hacer el alcohol”, aseguró.
“Hay que estar con los cinco sentidos en el volante y con la visión en ese parabrisas. Tenemos que estar bien alertas”, agregó Santini.
Leysa Caro González
Primera Hora
Nuevamente una familia puertorriqueña sufre la pérdida de uno de los suyos en medio de un accidente automovilístico que, seguramente, se pudo haber evitado.
Pero las familias Cruz Martínez no están solas en el dolor que hoy les embarga. Al igual que ellas, hay otros tantos hogares que han visto trastocado su entorno con la muerte de uno de los suyos en lo que va del año.
Parecería que poco han servido los llamados de precaución que continuamente les hacen a los conductores la Policía, la Comisión para la Seguridad en el Tránsito (CST) y otras organizaciones, pues hay choferes que siguen asumiendo conductas inapropiadas a la hora de conducir.
Unos manejan bajo los efectos del alcohol, otros no utilizan el cinturón de seguridad y hay quienes manejan por encima del límite de velocidad permitido por ley.
Ése parece haber sido uno de los factores en la muerte de la pequeña Zunel Zoé Cruz, según la pesquisa preliminar del trágico accidente.
“Es bien lamentable y doloroso este accidente. Todas las pérdidas son dolorosas, pero cuando se trata de un menor nos toca de forma especial, más aún para nosotros que tenemos como meta reducir estas fatalidades”, sostuvo Miguel Santini Padilla, director ejecutivo de la CST.
El funcionario explicó que el 95% de los accidentes ocurridos se deben a factores humanos como son las distracciones o no tomar las medidas de seguridad necesarias mientras manejan.
En lo que se refiere a este accidente, Santini les recomendó a las personas a detenerse si sienten que el sueño o el cansancio les vence, especialmente a aquellas personas con turnos nocturnos.
“El sueño, el agotamiento y la fatiga puede limitar la capacidad de una persona tal y cual lo puede hacer el alcohol”, aseguró.
“Hay que estar con los cinco sentidos en el volante y con la visión en ese parabrisas. Tenemos que estar bien alertas”, agregó Santini.
lunes, 9 de febrero de 2009
Aparato eficaz y a prueba de trampas
lunes, 9 de febrero de 2009
Leysa Caro González
Primera Hora
Para Carlos Vélez no hay excusa válida para que la Legislatura de Puerto Rico , 13 años después de su primera radicación, aún no haya aprobado legislación para viabilizar la instalación de un dispositivo en los autos de conductores convictos por manejar bajo los efectos del alcohol.
En 1995, año en que se comenzó a instalar el interconecto de ignición en Estados Unidos y territorios europeos, Vélez trajo a la Isla el dispositivo distribuido por la compañía Life Safers con la esperanza de que a través del mismo se salvarían cientos de vidas.
“El año pasado sobre 140 de las 393 muertes reportadas en las carreteras estuvieron relacionadas con el uso de alcohol, pero anualmente sobre 30 mil personas son heridas en accidentes ocasionados por conductores ebrios”, aseguró.
Han pasado los años y la “cruzada” no ha sido fácil, pero Vélez está convencido de que el mecanismo es el indicado para atajar este problema que cada día acaba con más vidas.
Aunque reconoce que “el que hizo la ley, hizo la trampa”, Vélez cree en el interconector.
“Es como los grilletes electrónicos”, dijo.
El mecanismo cuesta entre $60 y $100. Viene tanto en español como en inglés y trae consigo varias boquillas y una tarjeta que explica cada uno de los pasos y sus significados.
Además, cada cierto tiempo el conductor tiene que llevar a recalibrar la unidad y a obtener los datos de cada una de las pruebas realizadas, cuyos resultados pueden ser utilizados en procesos judiciales. Usualmente, el aparato se instala por seis meses a dos años.
El aparato igualmente contiene un mecanismo que le permitirá al conductor poner su vehículo en marcha sin tener que soplar. Esto, sin embargo, será viable sólo en momentos de emergencias que tendrán que ser justificados.
Vélez sugirió que el aparato se le “alquile” al conductor para que pueda ser reutilizado
Leysa Caro González
Primera Hora
Para Carlos Vélez no hay excusa válida para que la Legislatura de Puerto Rico , 13 años después de su primera radicación, aún no haya aprobado legislación para viabilizar la instalación de un dispositivo en los autos de conductores convictos por manejar bajo los efectos del alcohol.
En 1995, año en que se comenzó a instalar el interconecto de ignición en Estados Unidos y territorios europeos, Vélez trajo a la Isla el dispositivo distribuido por la compañía Life Safers con la esperanza de que a través del mismo se salvarían cientos de vidas.
“El año pasado sobre 140 de las 393 muertes reportadas en las carreteras estuvieron relacionadas con el uso de alcohol, pero anualmente sobre 30 mil personas son heridas en accidentes ocasionados por conductores ebrios”, aseguró.
Han pasado los años y la “cruzada” no ha sido fácil, pero Vélez está convencido de que el mecanismo es el indicado para atajar este problema que cada día acaba con más vidas.
Aunque reconoce que “el que hizo la ley, hizo la trampa”, Vélez cree en el interconector.
“Es como los grilletes electrónicos”, dijo.
El mecanismo cuesta entre $60 y $100. Viene tanto en español como en inglés y trae consigo varias boquillas y una tarjeta que explica cada uno de los pasos y sus significados.
Además, cada cierto tiempo el conductor tiene que llevar a recalibrar la unidad y a obtener los datos de cada una de las pruebas realizadas, cuyos resultados pueden ser utilizados en procesos judiciales. Usualmente, el aparato se instala por seis meses a dos años.
El aparato igualmente contiene un mecanismo que le permitirá al conductor poner su vehículo en marcha sin tener que soplar. Esto, sin embargo, será viable sólo en momentos de emergencias que tendrán que ser justificados.
Vélez sugirió que el aparato se le “alquile” al conductor para que pueda ser reutilizado
miércoles, 4 de febrero de 2009
A favor de dejar los borrachos a pie
miércoles, 4 de febrero de 2009
Leysa Caro González
Primera Hora
El Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), así como la Comisión para la Seguridad en el Tránsito (CST), avalaron ayer la instalación de un dispositivo en los vehículos de los conductores convictos por manejar bajo los efectos del alcohol.
Sin embargo, los representantes de ambas agencias sugirieron enmiendas al Proyecto de la Cámara 107 a los fines de asegurar su implementación.
La medida, de la autoría de los representantes penepés Jorge Ramos y Jorge Navarro y la presidenta de este cuerpo, Jenniffer González, busca enmendar la Ley de Vehículos y Tránsito para viabilizar el uso del dispositivo, conocido como interconector de ignición.
El dispositivo impide que el motor del vehículo pueda ser encendido si el nivel de alcohol en la sangre del conductor sobrepasa el límite legal. Le exige además al conductor realizar pruebas de aliento periódicas para verificar que está en ley.
El nuevo director ejecutivo de la CST, Miguel A. Santini, favoreció la medida por entender que cualquier “iniciativa dirigida a reducir los choques de tránsito y a combatir las conductas antisociales que provocan tales desgracias”, es esencial.
Durante el 2008, la Policía reportó 393 muertes en las carreteras. De éstas, más de 140 estuvieron relacionadas con el uso de alcohol, aseguró.
Tanto Santini como la licenciada Dayanara Mejías, representante del DTOP, recomendaron que la pieza legislativa establezca claramente que el conductor incurrirá en los costos del dispositivo, que asciende a $150, así como que el mismo no será una alternativa para los choferes convictos por manejar bajo los efectos de las drogas.
Los representantes, por su parte, también sugirieron varias enmiendas al proyecto. Entre éstas, que las personas con problemas de alcoholismo puedan instalar el mismo y que sea obligatorio en una primera infracción a la Ley de Tránsito si ocasionó daño corporal a otra persona.
Sugirieron además que se identifique, a través de la licencia de manejar, a los conductores que se les exija instalar el aparato por si éstos deciden utilizar un vehículo prestado.
En esta idea, los representantes difirieron, por entender que puede resultar discriminatoria, ya que la licencia es la identificación principal de la mayoría de las personas.
En lo que coincidió el grupo de legisladores es en que no puede pasar un cuatrienio más sin que esta legislación sea aprobada.
“Que no pase otra medida legislativa sin que este proyecto se convierta en ley y tengamos un mecanismo para que ningún puertorriqueño pierda la vida en manos de un conductor negligente”, dijo el representante Jaime Perelló
Leysa Caro González
Primera Hora
El Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), así como la Comisión para la Seguridad en el Tránsito (CST), avalaron ayer la instalación de un dispositivo en los vehículos de los conductores convictos por manejar bajo los efectos del alcohol.
Sin embargo, los representantes de ambas agencias sugirieron enmiendas al Proyecto de la Cámara 107 a los fines de asegurar su implementación.
La medida, de la autoría de los representantes penepés Jorge Ramos y Jorge Navarro y la presidenta de este cuerpo, Jenniffer González, busca enmendar la Ley de Vehículos y Tránsito para viabilizar el uso del dispositivo, conocido como interconector de ignición.
El dispositivo impide que el motor del vehículo pueda ser encendido si el nivel de alcohol en la sangre del conductor sobrepasa el límite legal. Le exige además al conductor realizar pruebas de aliento periódicas para verificar que está en ley.
El nuevo director ejecutivo de la CST, Miguel A. Santini, favoreció la medida por entender que cualquier “iniciativa dirigida a reducir los choques de tránsito y a combatir las conductas antisociales que provocan tales desgracias”, es esencial.
Durante el 2008, la Policía reportó 393 muertes en las carreteras. De éstas, más de 140 estuvieron relacionadas con el uso de alcohol, aseguró.
Tanto Santini como la licenciada Dayanara Mejías, representante del DTOP, recomendaron que la pieza legislativa establezca claramente que el conductor incurrirá en los costos del dispositivo, que asciende a $150, así como que el mismo no será una alternativa para los choferes convictos por manejar bajo los efectos de las drogas.
Los representantes, por su parte, también sugirieron varias enmiendas al proyecto. Entre éstas, que las personas con problemas de alcoholismo puedan instalar el mismo y que sea obligatorio en una primera infracción a la Ley de Tránsito si ocasionó daño corporal a otra persona.
Sugirieron además que se identifique, a través de la licencia de manejar, a los conductores que se les exija instalar el aparato por si éstos deciden utilizar un vehículo prestado.
En esta idea, los representantes difirieron, por entender que puede resultar discriminatoria, ya que la licencia es la identificación principal de la mayoría de las personas.
En lo que coincidió el grupo de legisladores es en que no puede pasar un cuatrienio más sin que esta legislación sea aprobada.
“Que no pase otra medida legislativa sin que este proyecto se convierta en ley y tengamos un mecanismo para que ningún puertorriqueño pierda la vida en manos de un conductor negligente”, dijo el representante Jaime Perelló
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