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martes, 27 de septiembre de 2011

198 años de cárcel para Justino Sánchez


Wilma Maldonado Arrigoitía / Primera Hora
A Justino Sánchez Díaz no le alcanzará la vida para cumplir la sentencia de 198 años de cárcel que le impuso hoy la jueza Marta María Rosario en el Centro Judicial de Arecibo.

El pasado 8 de septiembre, Sánchez Díaz fue encontrado culpable de seis cargos de asesinato, siete tentativas de asesinato y un cargo de incendio agravado.

La Jueza le impuso hoy la sentencia que establece el Artículo 79 del Código Penal en casos de asesinato pero no hizo ninguna expresión en sala antes de darle lectura.

Sánchez Díaz tendrá que cumplir 99 años de prisión por uno de los cargos de asesinato y 19.8 años por cada uno de los otros cinco cargos de asesinato (un 20% de la pena que impone ese delito).

Además, Rosario sentenció al convicto a cumplir 10 años por cada una de los siete cargos de tentativa de asesinato y 15 años por el cargo de incendio agravado. No obstante, esta pena se cumplirá de manera concurrente a los 198 años de los asesinatos.

Sánchez Díaz no hizo ninguna expresión en sala y de hecho, la Jueza no le preguntó si quería decir algo antes de ser sentenciado como es usual en estas vistas.

“Estoy más tranquila gracias a Dios”, reaccionó Carmen Sánchez Díaz, hermana del acusado y familia de las víctimas. “Esto es muy difícil, esto (el dolor) es para toda la vida pero en cuánto si estamos más tranquilos (por su seguridad), sí estamos más tranquilos”, agregó.

Aunque técnicamente, luego de cumplidos 25 años de prisión, el convicto tendría oportunidad de ser evaluado por la Junta de Libertad Bajo Palabra, su abogado Luis A. González, dijo que como tiene cinco cargos consecutivos es probable que también se le contabilicen años por esas penas.

“Como aquí hay delitos adicionales, están los asesinatos que son consecutivos, así que a los 25 años no tiene ese derecho... eso estaría sujeto a interpretación sobre en cuánto tiempo tendría derecho a ir a la Junta de Libertad Bajo Palabra", analizó el abogado de la Sociedad para la Asistencia Legal (SAL) González dijo que la SAL apelará el fallo de culpabilidad principalmente por el Tribunal haber descartado el testimonio de la psiquiatra forense, Arlene Rivera Mass.

“Un caso como éste lo hace una persona que no está en su sano juicio”, expresó González. “Entiendo que la evidencia que nosotros presentamos, la evidencia pericial de la doctora Rivera Mass, fue clara y suficiente para determinar que Justino estaba inimputable”, agregó.

Mientras que la fiscal Marie Christien Amy se mostró conforme con la sentencia impuesta, aún cuando Fiscalía entendía que debía ser por 217.8 años. La interpretación del Ministerio Público era que a los 99 años de prisión por el asesinato se le tenía que sumar un 20% de cada uno de los seis cargos.

“Tanto nosotros, el Ministerio Público, como los perjudicados interesábamos que se pusiera la pena máxima que el Tribunal entendiera se debía imponer en este caso y eso se hizo. Así es que nosotros, obviamente, estamos conformes con la decisión de la Jueza", mencionó la Fiscal.

El 1 de enero de este año, Sánchez Díaz inició un fuego en la residencia de sus padres en el sector La Maldonado, en Florida, cuando se celebraba una cena familiar.

A consecuencia de ese fuego murió su madre, Josefina Díaz; sus sobrinos Samuel Molina Sánchez, Pamela y Jesús Sánchez Vázquez; su cuñada Nereida Vázquez, y la norteamericana Kate Donahue, prometida de su sobrino Jesús.

martes, 20 de septiembre de 2011

Nueva pena contra talibán boricua


Mariana Cobián y Leysa Caro González / Primera Hora

“Benévola” y “demasiado corta”.


Ésa fue la decisión de un tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos con relación a la sentencia de 17 años y cuatro meses de cárcel que cumple José Padilla, conocido como el talibán boricua.

Por lo tanto, el panel de tres jueces del Undécimo Tribunal de Apelaciones de Atlanta, en mayoría de dos a uno, ordenó celebrar una nueva audiencia para la sentencia, que fue dictada en 2008, según publicó la agencia EFE.

La Fiscalía Federal del distrito sur de Florida notificó la decisión en la que se establece que la sentencia que se dictó contra Padilla, de origen puertorriqueño, es muy corta y devolvió el caso al Tribunal Federal para una nueva vista de sentencia.

La sentencia, que fue dictada por la jueza Marcia Cooke en el Tribunal Federal de Miami en 2008, no siguió la recomendación de la Fiscalía Federal que solicitaba que cumpliera cadena perpetua.

Padilla, conocido como Abdulah-al-Muhajir, fue hallado culpable en 2007 de formar parte de una célula de apoyo a la red terrorista Al-Qaida.

Enfrentó tres meses de juicio junto con Adham Amin Hasoun, libanés de 45 años, y Kifah Wael Jayyousi, de 46 y de origen jordano. Fueron hallados culpables por ser parte de una célula de Al-Qaida.

Según la acusación de la Fiscalía, los coacusados estaban involucrados en una conspiración vinculada a conflictos armados surgidos en lugares como Somalia, Afganistán, la república rusa de Chechenia y la provincia serbia de Kosovo.

Padilla fue detenido en 2002 en el aeropuerto internacional de Chicago bajo sospecha de que intentaba detonar una bomba radiactiva.

Permaneció en una cárcel de Carolina del Sur hasta su traslado, en 2006, a Miami (Florida), donde fue declarado culpable de conspiración para cometer actos terroristas y de dar apoyo material a terroristas.

Los abogados de Padilla, un ex pandillero convertido al islam, sostuvieron que su representado fue torturado por el Gobierno federal mientras estuvo detenido en la base militar de Carolina del Norte.

Durante el juicio, su defensa alegó que los agentes del gobierno le infligieron “daño psicológico y sufrimiento”.

Señalaron que Padilla no perteneció a ningún grupo terrorista y que viajó a Egipto para estudiar el islam y aprender árabe.

No obstante, el panel de jueces indicó que Padilla representa un “amenazante riesgo de un futuro peligroso debido a su entrenamiento con Al- Qaida” y que es “mucho más sofisticado que un individuo convicto de un crimen ordinario en las calles”, dijo EFE.

A Palmira Ríos, integrante de la Comisión de Derechos Civiles, no le tomó por sorpresa la anulación de la sentencia impuesta a Padilla.

Tampoco le extrañaría que nadie en Estados Unidos, a excepción de unos grupos minoritarios defensores de los derechos civiles, critique dicha determinación. “En este caso y en este ambiente donde se ha vuelto a recordar los eventos del 11 de septiembre los jueces y tribunales están prejuiciados con este tipo de casos”, sentenció la también profesora.

Desde que inició la llamada lucha contra el terrorismo, indicó, se han lacerado y eliminado los derechos básicos de los acusados por crímenes políticos, como son los derechos a un juicio rápido, a defenderse y a que se le respete la presunción de inocencia.

“De facto, no gozan de una presunción de inocencia, así que es muy difícil defenderse en un sistema así”, estableció, al destacar que “la guerra contra el terrorismo es como una aplanadora de los derechos humanos”.

viernes, 18 de septiembre de 2009

Con agravantes los delitos de violencia que se cometan contra niños

viernes, 18 de septiembre de 2009
Maritza Díaz Alcaide
Primera Hora

Ésa será una de las enmiendas al Código Penal que estará procurando el Departamento de la Familia junto con La Fortaleza y varios legisladores, dio a conocer ayer la titular de la agencia, Yanitsia Irizarry.

La secretaria de la Familia dijo que también urge que se enmiende, a esos mismos efectos, la Ley 177 de 2003 de Protección de Menores.

“Estoy indignada con la pena de sólo tres años de prisión que se le impuso recientemente al cadete de la Policía que abusó de sus dos hijos”, dijo Irizarry, quien también recomendó que se consideren con agravantes aquellos delitos en los que se utiliza a menores de edad.

Según Irizarry, el delito del cadete lo lograron reclasificar fácilmente porque no existe un criterio más estricto de protección de nuestros niños cuando se atenta contra ellos y su salud.
La Secretaria se expresó igualmente consternada por la conducta de un hombre que salió huyendo, aun cuando sicarios balearon a su niña de tres años en medio de un ataque se presume era contra su persona.

La niña recibió un disparo en la nuca y murió.
“Ser padre y madre significa entrega. Eso que pasó es increíble”, expresó la secretaria de la Familia, quien aprovechó el hecho para destacar que hay personas que deben contemplar el no ser padres, inclusive la adopción si no son capaces de cuidar y proteger a sus hijos.
En cuanto a los casos más recientes de violencia sexual cometidos contra niñas, Irizarry dijo que ése es un problema en que se conjugan varios factores.

Mencionó que hay una carencia de educación sexual en nuestros niños, de una parte, y serios problemas de salud mental de aquel que comete el delito, inclusive contra sus propios hijos.
“Quien abusa de sus propios hijos, quien llega al extremo de abusar sexualmente de ellos, tiene una disfunción patológica. Hasta los animales tienen el instinto de proteger a sus criaturas”, sostuvo.

Irizarry hizo hincapié en que tanto los padres como los tutores tienen la obligación de enseñarles a los pequeños que su cuerpo es suyo, que ellos tienen “una zona reservada”.
“Hay que hablarles de la realidad... El peor maltrato es no hablarles, porque se les está exponiendo a un mundo de distorsión. Ellos tienen que saber que hay una intimidad que no puede ser violentada por nadie, que su cuerpo es sagrado”, dijo la jefa de Familia.

Irizarry subrayó que en Puerto Rico hay que comenzar por desmitificar las figuras de autoridad. Hay que decirles a los niños que ni el maestro, ni el líder religioso, ni su padre pueden violentarles su cuerpo.

¿Qué está haciendo el Departamento para llevar ese mensaje?
La funcionaria indicó que el programa Educando en Familia visitó recientemente 83 comunidades y, entre otros temas, discutió el de la educación sexual a los niños.
Tanto a los padres como a los abuelos, que en muchas ocasiones son los que cuidan a los pequeños, se les instruyó sobre las señales que exhiben los menores abusados.

“La semilla tiene que sembrarse en casa”, insistió Irizarry, quien también mencionó que está en conversaciones con el Departamento de Educación para que en las escuelas también se lleve el mensaje.
En cuanto a la incidencia de todos los tipos de maltrato de menores, Irizarry dijo que los referidos mensuales a Familia suman unos 12 mil todos los meses.

Indicó que mensualmente se confirman 200, es decir, que el Departamento corrobora que en efecto el niño es víctima de algún tipo de abuso.
Actualmente, la agencia tiene alrededor de 15 mil casos bajo investigación.

Para esa tarea cuenta con 1,500 empleados, número que la Secretaria dijo que es suficiente.
El problema que confronta Familia es la falta de mecanización de esos números, un trabajo que está en vías de completarse.
Sin informes electrónicos, afirmó la titular de la Familia, no es posible instaurar políticas públicas, amén de que existe el peligro de perder fondos federales.

Eso ya pasó con el programa de Hogares Sustitutos, que tuvo asignaciones montantes a los $9 millones, y ahora suman sólo los $300 mil.