viernes, 8 de abril de 2011
Arys L. Rodríguez Andino / Primera Hora
Las salas de Familia podrían recibir una avalancha de peticiones de revisión de pensión si se aprueban, tal como están, los cambios propuestos en las Guías para determinar y modificar las pensiones alimentarias en Puerto Rico.
Aunque hizo énfasis en que es un borrador, la secretaria del Departamento de la Familia, Yanitsia Irizarry, insistió ayer en que las guías vigentes no son balanceadas.
“No eran claras en contemplar las necesidades especiales de los niños y había un marco de discreción que dejaba desprovistos a los niños”, mencionó al señalar como ejemplo que no especifican qué puede ser una necesidad especial en un menor.
Uno de los cambios más dramáticos y que quizás podría despertar la suspicacia en algunas personas y la satisfacción en otras es la eliminación de la pensión suplementaria, que ahora está englobada en la pensión alimentaria. De esta manera, el costo de la mensualidad de la vivienda donde vive el menor con su padre custodio, por ejemplo, no se toma en cuenta para el cálculo de la pensión.
“Antes era a base del ingreso de la persona no custodia. Antes se tenía la idea de que solamente aportaba la persona no custodia. Ahora no, va a haber más equidad”, dijo la licenciada Lourdes Gómez, asesora legal de la Administración para el Sustento de Menores (Asume).
Otro cambio que tienen estas guías, según Gómez, es que están basadas en un estudio económico, algo que, según ella, no se hizo para las guías de 2006, todavía vigentes. Sin embargo, en ese año Primera Hora reseñó el inicio de esas guías y se hizo referencia al estudio de las economistas Alicia Rodríguez y Eileen Segarra, profesoras de la Universidad de Puerto Rico. En ese momento se dijo que el análisis se nutrió de las encuestas de ingresos y gastos del consumidor urbano de Puerto Rico y la canasta de consumo diario del Departamento del Trabajo.
Gómez indicó que no encontraron estudio alguno y que desde abril del año pasado empezaron a trabajar en el estudio económico que dio base a las tablas propuestas.
“Nuestro norte es hacerle justicia a los menores y enfocarnos en la maternidad y paternidad responsable”, recalcó la licenciada, quien destacó que “lo más importante es que no son finales”.
Según la guía propuesta, pensión alimentaria se define como la “aportación de la persona no custodia en la cantidad resultante de alimentos y que se destina al pago de los gastos básicos necesarios a incurrir en la crianza del/a alimentista. Los gastos básicos incluyen aquellos gastos por concepto de alimentación, transportación, ropa, utilidades, entretenimiento, cuido de hijos, educación y vivienda”.
Esos siete renglones son los que se supone que sean cubiertos en la cantidad que resulte cuando se hace el cálculo.
Según el análisis del licenciado Alfonso Ramos, es muy probable que muchas de las pensiones bajen, “aunque siempre habrá casos excepcionales que no variarán”.
Uno de los cambios que identificó Ramos, y que podría pasar como un dato insignificante, es el relacionado con “determinar la cantidad que se tomará en consideración por concepto de horas extras, comisiones y/o propinas: el/la juzgador/a deberá considerar, entre otros factores pertinentes, el promedio mensual recibido durante los 12 meses que anteceden a la solicitud”. Actualmente ese cálculo se hace basado en los últimos 36 meses.
“Reducir a 12 meses facilita el periodo de descubrimiento de prueba, pero el periodo de 36 meses puede reflejar una cantidad más adecuada”, analizó el abogado.
Acerca de establecer una reserva para el padre alimentante equivalente al 55 por ciento de su ingreso neto o $515, lo que sea mayor, a Ramos le preocupa que pueda ser absoluta, pero reconoce que es importante que exista para garantizar la subsistencia del padre no custodio.
Irizarry reconoció que ese porciento, en efecto, puede ser excesivo. “Un 55% de la reserva puede ser un poco alto, pero no teníamos un porciento de reserva para el alimentante”, indicó.
La discusión pública de las nuevas guías empieza hoy, pero los 30 días para examinarlas ya empezaron a correr. “Esto es un borrador”, recalcó la Secretaria.
Mostrando entradas con la etiqueta Pensión Alimenticia. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta Pensión Alimenticia. Mostrar todas las entradas
viernes, 8 de abril de 2011
jueves, 9 de septiembre de 2010
Medida cameral amenaza las pensiones alimentarias
09 Septiembre 2010
Por Daniel Rivera Vargas / end.drivera2@elnuevodia.com
Un proyecto de ley que reduce la minoría de edad de 21 a 18 años podría afectar miles de pensiones alimenticias, según trascendió en una vista pública de la Cámara de Representantes.
Según el autor del proyecto, el portavoz de la mayoría cameral, Rolando Crespo, la medida busca que los jóvenes de 18 años no tengan que recurrir a la emancipación para realizar gestiones, como solicitar préstamos.
“El estado de derecho actual te reconoce la mayoría de edad para tomar alcohol, para ir a la guerra, para a los 16 años poder conducir, ¿por qué no se les pueden reconocer a los 18 años todos los derechos?”, expresó Crespo, quien reveló haber sido emancipado a los 18 años para casarse y acceder a una cuenta bancaria.
Esta no es la primera vez que se legisla este cambio. En el 2000 la administración del ex gobernador Pedro Rosselló aprobó una ley similar, pero el gobierno de su sucesora, Sila M. Calderón, la derogó. El entonces presidente de la Comisión de lo Jurídico, Charlie Hernández, dijo que en parte el cambio se eliminó porque afectaba a unos 70,000 menores que recibían pensión alimenticia.
“El número entonces era de 70,000 jóvenes que de un día para el otro se quedaban sin pensión alimenticia. Ese revolú, ese desmadre hubo que resolverlo derogando la ley”, dijo Hernández. Según el Censo, unos 232,571 jóvenes puertorriqueños se encuentran entre las edades de 18 a 21 años.
Crespo, quien dijo haber trabajado seis meses en la medida, indicó que está dispuesto a enmendar el proyecto, que lleva el número 2772.
“No” de Justicia
En la vista pública realizada ayer trascendió que la medida es avalada por el Departamento de la Familia, pero rechazada por el Departamento de Justicia y la minoría popular.
A través de una ponencia escrita, el secretario de Justicia, Guillermo Somoza, señaló que el proyecto “frustra” el sistema de justicia a menores y podría perjudicar reclamos de alimentos.
A preguntas de cuál es el estado de derecho en Estados Unidos, la abogada de Justicia, Doris Rodríguez, dijo que la mayoría suele ser a los 18 años, pero que la realidad cultural del puertorriqueño es otra. “Los protegemos más”, dijo.
Mientras, la procuradora de menores María Berríos advirtió que “a esa edad los niños esta saliendo de 'high school', muchos lo que tienen es un part time. La realidad es que no les van a dar préstamos, la realidad es que la mayoría sigue viviendo con los padres, no es que a los 18 años van a la calle. Serían una carga para el estado”.
La presidenta de la Comisión cameral de lo Jurídico, Liza Fernández dijo que las críticas de Justicia la hicieron reconsiderar su apoyo inicial a la idea.
Por escrito, la secretaria de Familia, Yanitsia Irizarry, reveló que endosa la medida siempre y cuando se garanticen las ayudas económicas a los jóvenes incapacitados y los que estudian.
“La medida propuesta responde a los cambios generacionales”, dijo Irizarry.
Por Daniel Rivera Vargas / end.drivera2@elnuevodia.com
Un proyecto de ley que reduce la minoría de edad de 21 a 18 años podría afectar miles de pensiones alimenticias, según trascendió en una vista pública de la Cámara de Representantes.
Según el autor del proyecto, el portavoz de la mayoría cameral, Rolando Crespo, la medida busca que los jóvenes de 18 años no tengan que recurrir a la emancipación para realizar gestiones, como solicitar préstamos.
“El estado de derecho actual te reconoce la mayoría de edad para tomar alcohol, para ir a la guerra, para a los 16 años poder conducir, ¿por qué no se les pueden reconocer a los 18 años todos los derechos?”, expresó Crespo, quien reveló haber sido emancipado a los 18 años para casarse y acceder a una cuenta bancaria.
Esta no es la primera vez que se legisla este cambio. En el 2000 la administración del ex gobernador Pedro Rosselló aprobó una ley similar, pero el gobierno de su sucesora, Sila M. Calderón, la derogó. El entonces presidente de la Comisión de lo Jurídico, Charlie Hernández, dijo que en parte el cambio se eliminó porque afectaba a unos 70,000 menores que recibían pensión alimenticia.
“El número entonces era de 70,000 jóvenes que de un día para el otro se quedaban sin pensión alimenticia. Ese revolú, ese desmadre hubo que resolverlo derogando la ley”, dijo Hernández. Según el Censo, unos 232,571 jóvenes puertorriqueños se encuentran entre las edades de 18 a 21 años.
Crespo, quien dijo haber trabajado seis meses en la medida, indicó que está dispuesto a enmendar el proyecto, que lleva el número 2772.
“No” de Justicia
En la vista pública realizada ayer trascendió que la medida es avalada por el Departamento de la Familia, pero rechazada por el Departamento de Justicia y la minoría popular.
A través de una ponencia escrita, el secretario de Justicia, Guillermo Somoza, señaló que el proyecto “frustra” el sistema de justicia a menores y podría perjudicar reclamos de alimentos.
A preguntas de cuál es el estado de derecho en Estados Unidos, la abogada de Justicia, Doris Rodríguez, dijo que la mayoría suele ser a los 18 años, pero que la realidad cultural del puertorriqueño es otra. “Los protegemos más”, dijo.
Mientras, la procuradora de menores María Berríos advirtió que “a esa edad los niños esta saliendo de 'high school', muchos lo que tienen es un part time. La realidad es que no les van a dar préstamos, la realidad es que la mayoría sigue viviendo con los padres, no es que a los 18 años van a la calle. Serían una carga para el estado”.
La presidenta de la Comisión cameral de lo Jurídico, Liza Fernández dijo que las críticas de Justicia la hicieron reconsiderar su apoyo inicial a la idea.
Por escrito, la secretaria de Familia, Yanitsia Irizarry, reveló que endosa la medida siempre y cuando se garanticen las ayudas económicas a los jóvenes incapacitados y los que estudian.
“La medida propuesta responde a los cambios generacionales”, dijo Irizarry.
martes, 24 de marzo de 2009
Uno de muchos
martes, 24 de marzo de 2009
Francisco Rodríguez-Burns
Primera Hora
Lleva seis meses encarcelado por incumplir con los pagos de la pensión alimenticia de su hijo de cinco años de edad. Para abonar a una deuda de $2,800, Franky Rivera, de 23 años, es transportado diariamente por las autoridades carcelarias a uno de los semáforos del centro comercial Plaza del Sol, en Bayamón, a vender periódicos.
El dinero que genera con el trabajito, después de la deducción, apenas le rinde para comprar artículos de primera necesidad en la comisaría de la instalación penitenciaria.
Uno de sus compañeros porteadores, que también estaba encarcelado por incumplir con los pagos, fue arrollado por un vehículo hace varias semanas. La fatalidad representó un duro golpe para muchos de los padres ingresados en instituciones penales por la misma infracción. A diario se codea con otros padres que han incumplido con sus pagos, ya sea por perder su trabajo, por negligencia o por adicción.
“Ellos son nuestros hijos, pero nosotros no somos criminales. Deberíamos estar buscando un trabajo en la libre comunidad para cumplir con nuestra obligación. A nadie, ni a mi peor enemigo, le deseo la cárcel. Lo más importante es que el padre pueda compartir con su hijo, pero aquí el que verdaderamente sufre es el niño que tiene un padre en la cárcel” , opinó.
El confinado reconoce que no es un “santo”. Cumplió una sentencia de dos años por un delito relacionado con el uso y distribución de drogas. Pero una vez salió de la cárcel trabajó como jardinero y se encontraba buscando otro empleo cuando fue enviado a prisión por incumplir con los pagos.
Rompió con su vicio de marihuana y hace apenas tres semanas se fumó su último cigarrillo. La institución también le otorga pases para buscar empleo, pero nadie le quiere dar trabajo por su récord criminal, el cual se circunscribe a su caso de narcotráfico.
Rivera, de Utuado, acumuló la deuda luego que perdiera su empleo como jardinero. Aseguró que compartía con su hijo todos los sábados y, como a muchos otros padres, le encantaba llevar al menor al parque para correr bicicleta o alguna otra actividad recreativa.
Tiene una niña con otra mujer, pero ésta no le ha requerido pensión. Además de la deuda, la pensión de Rivera asciende a $110 mensuales.
Francisco Rodríguez-Burns
Primera Hora
Lleva seis meses encarcelado por incumplir con los pagos de la pensión alimenticia de su hijo de cinco años de edad. Para abonar a una deuda de $2,800, Franky Rivera, de 23 años, es transportado diariamente por las autoridades carcelarias a uno de los semáforos del centro comercial Plaza del Sol, en Bayamón, a vender periódicos.
El dinero que genera con el trabajito, después de la deducción, apenas le rinde para comprar artículos de primera necesidad en la comisaría de la instalación penitenciaria.
Uno de sus compañeros porteadores, que también estaba encarcelado por incumplir con los pagos, fue arrollado por un vehículo hace varias semanas. La fatalidad representó un duro golpe para muchos de los padres ingresados en instituciones penales por la misma infracción. A diario se codea con otros padres que han incumplido con sus pagos, ya sea por perder su trabajo, por negligencia o por adicción.
“Ellos son nuestros hijos, pero nosotros no somos criminales. Deberíamos estar buscando un trabajo en la libre comunidad para cumplir con nuestra obligación. A nadie, ni a mi peor enemigo, le deseo la cárcel. Lo más importante es que el padre pueda compartir con su hijo, pero aquí el que verdaderamente sufre es el niño que tiene un padre en la cárcel” , opinó.
El confinado reconoce que no es un “santo”. Cumplió una sentencia de dos años por un delito relacionado con el uso y distribución de drogas. Pero una vez salió de la cárcel trabajó como jardinero y se encontraba buscando otro empleo cuando fue enviado a prisión por incumplir con los pagos.
Rompió con su vicio de marihuana y hace apenas tres semanas se fumó su último cigarrillo. La institución también le otorga pases para buscar empleo, pero nadie le quiere dar trabajo por su récord criminal, el cual se circunscribe a su caso de narcotráfico.
Rivera, de Utuado, acumuló la deuda luego que perdiera su empleo como jardinero. Aseguró que compartía con su hijo todos los sábados y, como a muchos otros padres, le encantaba llevar al menor al parque para correr bicicleta o alguna otra actividad recreativa.
Tiene una niña con otra mujer, pero ésta no le ha requerido pensión. Además de la deuda, la pensión de Rivera asciende a $110 mensuales.
Presa por la pensión alimenticia de sus hijos
martes, 24 de marzo de 2009
Francisco Rodríguez-Burns
Primera Hora
Es una de decenas de mujeres que durante los últimos años han sido encarceladas por no pagar la pensión alimenticia de sus hijos.
Al igual que cientos de hombres ingresados en cárceles por la misma falta, Mayra Rodríguez Orengo, de 30 años de edad, convive junto con personas que cumplen sentencias por vender drogas, robar o cometer actos de fraude, entre otros delitos serios.
No se considera una criminal, y asegura que siempre ha buscado el bienestar de sus hijos. Pero, aparentemente, esto no valió de nada, ya que es la segunda ocasión en menos de dos años que es ingresada por la misma transgresión al Hogar de Adaptación Social de Vega Alta.
“Amo a mis hijos. Solamente hablo de ellos. No tenía el dinero para cuidarlos. Pero los quiero” , indicó la mujer, quien abandonó la escuela en séptimo grado.
Como otros confinados que arrastran deudas con la Administración para el Sustento de Menores (Asume), la oriunda de Yauco recibe pases para poder cumplir con la obligación económica, aunque sus posibilidades de ser contratada por un patrono aparentan ser mínimas debido a su bajo nivel de escolaridad.
No obstante, el monto de la obligación económica que la mantiene encarcelada en una institución correccional continúa aumentando, ya que se le requiere, aun en prisión, el pago mensual de una pensión de $142 por sus dos hijos de 12 y siete años de edad.
Al igual que otros confinados ingresados por incumplir con los pagos, la mujer sale del Hogar la mayoría de las mañanas para vender periódicos, pero el dinero que devenga apenas le rinde para saldar su deuda con Asume, que es de $5,400.
La primera vez que la institución recibió a una mujer por incumplir con sus pagos fue en febrero de 2002, según se registra en sus archivos internos.
Pero la cantidad de mujeres encarceladas por la infracción ha aumentado paulatinamente durante los pasados siete años, registrándose el alza más marcada del 2006 al 2008. Solamente el año pasado se ingresó a 44 mujeres en la institución de Vega Alta por no pagar pensión, lo que prácticamente duplica la cantidad registrada en el 2007. Las estadísticas preliminares de este año también reportan un aumento en comparación con el mismo periodo del 2008.
Aunque la cantidad de mujeres que pagan pensión alimenticia en Puerto Rico palidece en comparación con sus contrapartes del sexo opuesto, más jueces parecen estar dispuestos a enviar las infractoras al Hogar de Adaptación Social de Vega Alta, la única institución del sistema correccional que actualmente las recibe.
En la mayoría de los casos, son mujeres que han entregado la patria potestad de sus hijos voluntariamente, aunque las razones de algunas pueden ser sumamente complicadas. Comprenden, además, las múltiples vicisitudes que enfrentan los hombres encarcelados por la misma falta, aunque éstos extinguen sus sentencias tras los barrotes de celdas tradicionales.
Muchos de estos padres, como Rodíguez Orengo, tienen la custodia compartida de sus hijos. Comparten con los menores durante los fines de semana e intentan cumplir con todas sus necesidades económicas mediante trabajos que pagan el mínimo federal.
Francisco Rodríguez-Burns
Primera Hora
Es una de decenas de mujeres que durante los últimos años han sido encarceladas por no pagar la pensión alimenticia de sus hijos.
Al igual que cientos de hombres ingresados en cárceles por la misma falta, Mayra Rodríguez Orengo, de 30 años de edad, convive junto con personas que cumplen sentencias por vender drogas, robar o cometer actos de fraude, entre otros delitos serios.
No se considera una criminal, y asegura que siempre ha buscado el bienestar de sus hijos. Pero, aparentemente, esto no valió de nada, ya que es la segunda ocasión en menos de dos años que es ingresada por la misma transgresión al Hogar de Adaptación Social de Vega Alta.
“Amo a mis hijos. Solamente hablo de ellos. No tenía el dinero para cuidarlos. Pero los quiero” , indicó la mujer, quien abandonó la escuela en séptimo grado.
Como otros confinados que arrastran deudas con la Administración para el Sustento de Menores (Asume), la oriunda de Yauco recibe pases para poder cumplir con la obligación económica, aunque sus posibilidades de ser contratada por un patrono aparentan ser mínimas debido a su bajo nivel de escolaridad.
No obstante, el monto de la obligación económica que la mantiene encarcelada en una institución correccional continúa aumentando, ya que se le requiere, aun en prisión, el pago mensual de una pensión de $142 por sus dos hijos de 12 y siete años de edad.
Al igual que otros confinados ingresados por incumplir con los pagos, la mujer sale del Hogar la mayoría de las mañanas para vender periódicos, pero el dinero que devenga apenas le rinde para saldar su deuda con Asume, que es de $5,400.
La primera vez que la institución recibió a una mujer por incumplir con sus pagos fue en febrero de 2002, según se registra en sus archivos internos.
Pero la cantidad de mujeres encarceladas por la infracción ha aumentado paulatinamente durante los pasados siete años, registrándose el alza más marcada del 2006 al 2008. Solamente el año pasado se ingresó a 44 mujeres en la institución de Vega Alta por no pagar pensión, lo que prácticamente duplica la cantidad registrada en el 2007. Las estadísticas preliminares de este año también reportan un aumento en comparación con el mismo periodo del 2008.
Aunque la cantidad de mujeres que pagan pensión alimenticia en Puerto Rico palidece en comparación con sus contrapartes del sexo opuesto, más jueces parecen estar dispuestos a enviar las infractoras al Hogar de Adaptación Social de Vega Alta, la única institución del sistema correccional que actualmente las recibe.
En la mayoría de los casos, son mujeres que han entregado la patria potestad de sus hijos voluntariamente, aunque las razones de algunas pueden ser sumamente complicadas. Comprenden, además, las múltiples vicisitudes que enfrentan los hombres encarcelados por la misma falta, aunque éstos extinguen sus sentencias tras los barrotes de celdas tradicionales.
Muchos de estos padres, como Rodíguez Orengo, tienen la custodia compartida de sus hijos. Comparten con los menores durante los fines de semana e intentan cumplir con todas sus necesidades económicas mediante trabajos que pagan el mínimo federal.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)