Acusados de 49 cargos por fraude bancario
Por Melissa Correa Velázquez
EL VOCERO
Martes 21 de Septiembre de 2010


Fotos EL VOCERO/Dennis A. Jones
En lo que constituye la primera etapa de este caso, las autoridades federales arrestaron ayer al propietario de Beneficial Mortage Corporation, Ernesto Acosta Rodríguez, hijo, junto a seis empleados de esa institución financiera por presuntamente defraudar en $20.8 millones a siete bancos, 24 casas de préstamos hipotecarios y a cientos de consumidores.

Acosta Rodríguez, Mariluna Román Rodríguez, Samuel Cristy Llamas, Leishla Ramos Mateo, Yvonne Cleaver Normandia, José Blanco Hernández y Emily Alvarado Santiago, fueron acusados por un Gran Jurado de 49 cargos de conspiración, fraude bancario, fraude postal y lavado de dinero.

Los arrestos fueron llevados a cabo en los pueblos de Guaynabo, Caguas y en Brooklyn, Nueva York por agentes del Negociado Federal de Investigaciones (FBI), del Servicio Federal de Rentas Internas (IRS), del Servicio Secreto, del Servicio de Inspectores Postales y la Policía de Puerto Rico.

Durante una rueda de prensa, la jefa de la Fiscalía Federal, Rosa Emilia Rodríguez junto a varios funcionarios federales y estatales, explicó que el esquema fraudulento se llevaba cuando estas instituciones refinanciaban préstamos hipotecarios de Beneficial o al originar nuevos préstamos para reemplazar los préstamos que Beneficial vendió al Banco Cooperativo de Puerto Rico.

A preguntas de la prensa sobre si hubo empleados de alguna de las otras instituciones financieras que participara en el esquema, Rodríguez respondió "la investigación continúa y pueden esperar una segunda parte".

Explicó que una vez el cliente iba a Beneficial a hacer el préstamo hipotecario o refinanciar una propiedad, la referida institución, tras prestar el dinero al cliente, le vendía el préstamo al Banco Cooperativo mediante un acuerdo.

Según los términos del acuerdo, Beneficial continuaba cobrando los pagos mensuales de la hipoteca al cliente y le pagaba al Banco Cooperativo mensualmente una cantidad global de todos los préstamos.

Cuando el cliente decidía refinanciar su préstamo con otro banco o vender su propiedad utilizando otra institución, Beneficial, recibía el pago para cancelar la hipoteca original. Sin embargo, continuaba haciendo los pagos mensuales al Banco Cooperativo y no cancelaba el préstamo hipotecario.

"Pensaban que nadie iba a saber nada. Pero al final en vez de hacer un pago grande, hicieron pagos mensuales en cantidades pequeñas entre 34 a 51 meses", afirmó Marshal Morgan, fiscal a cargo del caso.

Rodríguez afirmó que los pagos de otros bancos que se suponía se usaran para cancelar las hipotecas fueron utilizados por los acusados para lucrarse personalmente.

Señaló que parte del dinero fue utilizado para el pago del colegio de los hijos, para el pago de tarjetas de crédito, ropa, entretenimiento, comidas, para la compra de jet sky y el salario de Acosta Rodríguez.

De acuerdo a la acusación, Acosta Rodríguez supervisaba las operaciones diarias de Beneficial y tenía el poder decisiones en todos los aspectos del negocio. También era el representante primario de la institución en la ejecución de todos los contratos y negocios en general.

Mientras que la contadora pública autorizada (CPA), Mariluna Román Rodríguez era una auditora externa de Beneficial y se convirtió en contralor de la institución. Tenía a su cargo el departamento de Contabilidad y supervisaba los pagos mensuales al Banco Cooperativo.

Entretanto, Cristy Llamas, era gerente de Servicios desde enero del 2005. Era responsable de recibir los pagos de préstamos, firmaba y enviaba las cartas de satisfacción de pagos tanto a clientes como a los bancos.

Asimismo, la acusación alega que Ramos Mateo, quien trabajaba en Servicio al Cliente, estaba encargada de mantener un registro de los pagos mensuales deudas y los pagos que tenían que hacerse para satisfacer los préstamos que estaban pendientes.

A su vez, Cleaver Normandía, ex gerente de Servicios, era responsable de recibir los pagos mensuales de servicios por deudas y el dinero de los préstamos hipotecarios vendidos al Banco Cooperativo.

De igual forma, el pliego acusatorio alega que Blanco Hernández quien trabajaba en el área de contabilidad, mantenía una hoja de cálculo que se utilizaba para preparar los pagos mensuales al Banco Cooperativo.

Mientras, que Alvarado Santiago, ex contralora de Beneficial de junio del 2007 a febrero del 2009 también preparaba los pagos mensuales al Banco Cooperativo.

Los acusados se exponen a sentencias máximas de hasta 30 años de prisión y a multas ascendentes a $1 millón.

Estos comparecieron a la vista inicial ante la magistrada federal Camilla Vélez Rivé, quien el impuso una fianza de $50,000 a Acosta Rodríguez y de $10,000 al resto de los imputados, excepto a Román Rodríguez quien se espera que durante el día de hoy llegue a Puerto Rico, procedente de Nueva York.

"Me pregunto qué pasó por la mente de Ernesto Acosta Rodríguez, presidente de Beneficial cuando forjó este esquema en vez de servirle a sus clientes y socios de una manera honrada lo que hizo fue lucararse de una manera corrupta e ilegal", expresó el director del FBI, Luis Fraticelli.

Rodríguez afirmó que "son precisamente funcionarios bancarios como los acusados quienes han contribuido a la crisis financiera nacional y aquí en Puerto Rico".

Por su parte, el comisionado de Instituciones Financieras, Alfredo Padilla observó que al advenir en conocimiento de irregularidades cometidas por Beneficial emitió una orden de cese y desista contra la institución para que dejara de operar.

Rodríguez instó a los consumidores a solicitar títulos de propiedad estudio de titulo propiedad, como medida preventiva para evitar el fraude hipotecario.