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martes, 10 de abril de 2012

En juego la intimidad del elector boricua


La insistencia del PNP en acceder a las listas de votantes firmadas en la primaria de la Pava “tiraría al medio” a miles de personas


La CEE procura reanudar el escrutinio desde donde se quedó el 27 de marzo, pero el PNP reclama que se comience por el precinto 1. (Archivo / Dennis M. Rivera)Por Yanira Hernández Cabiya / yhernandez@elnuevodia.com

Cuando El Tribunal Supremo pase juicio mañana sobre si revoca las reglas establecidas por la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) para realizar el escrutinio y recuento de ley de las primarias del pasado 18 de marzo, al mismo tiempo podría abrir la puerta para eliminar la presunción de intimidad que tienen los electores sobre su afiliación partidista.

En consecuencia, electores que de otro modo participarían de procesos primaristas, que son parte esencial del sistema democrático, podrían optar por no acudir a los mismos para evitar que al ser identificados con una determinada colectividad se expongan a ser objeto de persecución por el partido en el poder.

La demanda principal del Partido Nuevo Progresista (PNP) es que la CEE les permita a los observadores de partidos contrarios acceso a las listas de votantes firmadas por los electores en las pasadas primarias, para constatar si la cantidad de firmas en el registro es igual al número de electores que votó, y verificar así si hubo vaciado de listas.

protegidas por ley

La CEE, por su parte, indica en su escrito de oposición al recurso del PNP que esas listas están protegidas por el Código Electoral, por considerarse parte del Registro de Electores Afiliados, razón por la cual no tiene autoridad para permitir su acceso a personas fuera del partido al que pertenecen.

“El registro de afiliados no solo es confidencial por disposición de ley, sino que su divulgación constituiría una violación del derecho de intimidad de los electores que deciden afiliarse a un partido al participar en el proceso de primarias”, señala la CEE en su escrito.

En sus argumentos escritos presentados ayer ante el Supremo, el PNP afirma que el derecho a la intimidad que reclama la CEE que se violentaría al dar acceso a dicha lista no puede estar por encima del derecho a asociación de electores que fraudulentamente podrían aparecer como miembros de un partido al que no desean estar afiliados.

Según el PNP, sin acceso a esas listas no se puede comprobar la veracidad de los señalamientos contra el Partido Popular Democrático (PPD) de que se añadieron firmas de electores que no fueron a votar, lo que se conoce en el argot electoral como vaciado de listas.

Mientras, el PPD manifiesta en su respuesta, también presentada ante el Supremo ayer, que establecer un nuevo estado de derecho en el cual exista apertura total a las listas de votación de una primaria tendrían un efecto disuasivo y de abstención sobre los electores.

a Probar las irregularidades

Asimismo, indica que el Código Electoral dispone un procedimiento a seguir cuando ocurren “descuadres irreconciliables” y que el recuento solo se justifica cuando la diferencia de voto es menor al 0.5% de los votos emitidos para un cargo político.

“Esa posibilidad remota (de posible fraude) ... no constituye fundamento apropiado para una cacería de brujas, fundamentada exclusivamente en el deseo de los líderes de un partido de buscar la manera de justificar un ataque público contra el adversario”, señala el PPD en su escrito.

Según el PPD, las denuncias del liderato del PNP se limitan a seis situaciones en igual número de unidades electorales de la Pava.

Expresa, además, que al menos en cuatro de los señalamientos el problema es que aparecen más papeletas que firmas en el registro, por lo que la verificación de las listas no serviría para dilucidar el problema con el resultado.

“La teoría de que un elector inédito pudiera estar ofendido por el esquema imputado no se sostiene con los números hallados durante el escrutinio de los colegios señalados”, argumenta el PPD.

Los abogados de la Pava admiten, sin embargo, que en el caso de las discrepancias en la unidad 6 del precinto 55, podría necesitarse mirar la lista -sin necesidad de observar los nombres- para comprobar si el número de firmas coincide con la cantidad de papeletas votadas.

El PPD sostiene, además, que el Código Electoral solo autoriza la verificación de firmas durante el proceso de validación de endosos para la inscripción de partidos o los requeridos a los candidatos para aspirar a puestos electivos.

En ese sentido, la CEE también plantea que la verificación de firmas no está contemplada para procesos de escrutinio o recuento y que la “idoneidad” del mecanismo establecido para esto debe ser aquilatado, en todo caso, por un tribunal de instancia ante una vista evidenciaria.

Se anticipa que en la vista de mañana los jueces asociados Mildred Pabón Charneco, Rafael Martínez, Erick Kolthoff, Edgardo Rivera, Roberto Feliberti, Luis Estrella, Anabelle Rodríguez, Liana Fiol Matta y el juez presidente del Supremo, Federico Hernández Denton, discutan con las partes las posiciones ya anticipadas en sus escritos.

Cada parte tendrá 25 minutos para presentar sus argumentos y cinco para replicar.

La vista será pública.

Asesinos por la libre


martes, 10 de abril de 2012

Bárbara J. Figueroa Rosa / Primera Hora

En lo que va de año, hay 36 acusados de haber cometido asesinatos en la libre comunidad con grillete, pues durante los seis meses que estuvieron preventivamente en la cárcel no se celebraron sus respectivos juicios. Ante esta realidad, son muchos los presuntos matones -como es el caso del temido sanguinario Juan Enrique Seary Colón, alias “Ricky el Diablo”- que encuentran en la burocracia del sistema judicial, que se supone que los procese, la llave de la libertad a través del recurso extraordinario del hábeas corpus, un derecho constitucional que los cobija.


¿Y quién tiene responsabilidad de esta alarmante situación que, aunque legal, pondría en riesgo a personas inocentes, como fue el caso del comerciante David Méndez, quien se presume que fue asesinado por Ricky el Diablo la semana pasada en un negocio de Carolina?

Todos se pasan la papa caliente: los abogados dicen que es culpa de fiscalía; fiscalía dice que es culpa de la defensa; y la directora de la Oficina de Administración de Tribunales (OAT), Sonia Ivette Vélez, prefiere guardar silencio y declinó hablar sobre el tema con Primera Hora.

Según datos provistos a Primera Hora por la Oficina de Administración de Tribunales (OAT), durante el último año fiscal se presentaron 230 recursos de hábeas corpus, en casos civiles y criminales. De éstos, 58 de los imputados en casos criminales están supervisados electrónicamente (grilletes) por la Oficina de Servicios con Antelación al Juicio (OSAJ). Pero ojo, mucho más de la mitad (36) son sospechosos de asesinato, lo que causa una gran preocupación y revuelo en el pueblo tras darse a conocer casos como los de Ricky, el Diablo, el de miembros de la ganga de pillos conocida como “Los Bin Laden” o varios de los imputados de la Masacre de Pájaros, en Toa Baja, donde incluso uno de los liberados -Emanuel “Ema” Vélez- fue asesinado a par de días de estar en la calle.

“Me parecen bastante alarmantes estas cifras y me parece que hay un fallo en quien acusa, que es el Ministerio Público, que es quien debe llevar el proceso para probar la culpabilidad y velar por que comience el juicio antes de que cumpla el término de seis meses”, opinó el presidente del Colegio de Abogados, Osvaldo Toledo.

El litigante defendió el recurso de hábeas corpus como una disposición constitucional que hay que garantizarles a todos los imputados, pero reconoció que urge que se tomen medidas “drásticas” para evitar casos que han causado controversia.

“Por ejemplo, en casos como (Ricky) el Diablo, que es por asesinato, el juez debe tomar en consideración algunos factores como la peligrosidad de ese individuo y establecer unos controles en su libertad condicionada. Para eso, se deben crear también medidas legislativas conducentes al control de estas personas... definitivamente, los jueces y los fiscales necesitan más herramientas a su disponibilidad”, manifestó Toledo.

Mientras, el jefe de fiscales, Obdulio Meléndez, defendió la labor del Ministerio Público y adjudicó culpabilidad de la mayoría de los recursos de hábeas corpus presentados a los abogados de defensa. De hecho, atribuyó que en muchas instancias el término de seis meses se cumple por las “suspensiones provocadas” por los abogados de defensa y por el acusado.

“Y hay que aclarar que el tribunal es el que concede las suspensiones, no es el fiscal. Claro, hay ocasiones que falta algún informe forense hay exceso de trabajo en el calendario del tribunal o faltan algunos testigos, y algunas de estas situaciones son atribuibles al Ministerio Público. Pero, en la inmensa mayoría de los casos que salen por hábeas corpus, como el caso del Diablo, son por suspensiones tras suspensiones provocadas por la defensa y que fueron concedidas por el tribunal”, dijo el fiscal general al poner como ejemplo que entre las estrategias utilizadas está “la excusa de que el abogado no está preparado” y las instancias en las que el acusado, adrede, cambia de abogado.

“Una posible solución sería interrumpir esos seis meses tomando un juramento a través de un panel de jurado, pero, hoy día los tribunales no tienen jurados todos los días disponibles. Antes, hace ocho años, había jurado todos los días y los mandaban a buscar de cualquier sala y era una estrategia de los fiscales para interrumpir el término. Pero, lamentablemente, ya no es así”, dijo al explicar que el término de seis meses también se ve interrumpido cuando el acusado no es procesable y en casos de menores detenidos.

“Te aseguro que, desde el punto de vista de fiscalía, hay un compromiso de hacer el mayor esfuerzo posible para tener la prueba presente y estar siempre preparados para empezar el juicio. Pero hasta ahí podemos llegar. No podemos obligar a un juez a que no suspenda una vista. La decisión final es del tribunal”, insistió.

miércoles, 26 de octubre de 2011

Cámara de Representantes aprueba el proyecto de custodia compartida


por Nydia Bauzá / Primera Hora

Después de enfrentar una fuerte oposición, la Cámara de Representantes aprobó finalmente ayer el controvertible proyecto del senador Carmelo Ríos que establece como primera opción la custodia compartida de menores cuando la pareja está divorciada o separada.

La medida se aprobó con 43 votos de representantes de ambos partidos y cuatro en contra de los populares, Carmen Yulín Cruz Soto, Charlie Hernández, Víctor Vasallo y Jorge Colberg Toro, quien se abstuvo, pero como no lo anunció a tiempo, se le anotó como voto en contra.

“Como país tenemos que evitar la tentación de la politiquería, de decir que los que están en contra de la medida están en contra de la familia. Eso es falso. Yo soy una mujer divorciada que crié a mi hija con la corresponsabilidad de mis padres. Eso no es una familia tradicional, sin embargo, mi hija es un ser humano extraordinario”, dijo la representante Cruz Soto.

“Yo voy a hacer todo el esfuerzo posible para que esta medida, si concurrimos con las enmiendas, la llevemos a la consideración de la firma del Gobernador. Ésta para mí, de todas las reformas que he hecho, es el inicio de muchas soluciones a los problemas de la familia puertorriqueña del siglo XXI”, dijo el senador Ríos.

La medida fue aprobada con enmiendas básicamente para eliminar el concepto de presunción de que en todos los casos aplicaría la custodia compartida, informó la representante penepé Elizabeth Casado, quien preside la Comisión de Comunidades y Familia.

“En el análisis del proyecto, entendimos que se debe analizar caso a caso tomando como fundamento o norte el interés de los menores”, sostuvo.

En otro asunto, la Cámara devolvió a la Comisión de Educación, por discrepancias en fechas, un informe que recomienda referir al Departamento de Justicia al ex presidente de la Junta de Directores de la Corporación para la Supervisión y Seguro de Cooperativas (Cossec) y comisionado de Cecoop, Melvin Carrión Rivera, por alegadas “violaciones éticas, así como otras de naturaleza criminal”.

El informe sostiene que el asesor legal de Cossec, el ex representante penepé Ángel Cintrón, incitó a Carrión Rivera a destruir evidencia en medio de la investigación legislativa de la Comisión sobre supuestas irregularidades en el manejo de estas corporaciones.

El informe dice que Carrión Rivera destruyó grabaciones que le fueron requeridas por la comisión legislativa, el 17 de diciembre de 2010.

“A nuestro juicio, el asesoramiento del licenciado Ángel Cintrón y el mero asomo de la posible destrucción de una evidencia requerida por una comisión legislativa resulta en una afrenta y un menoscabo a los poderes constitucionales que nos fueran conferidos”, dice el representante Bernardo “Betito” Márquez en el informe. “Dicha falta de respeto por parte del licenciado Ángel Cintrón, otrora representante a la Cámara, debe ser repudiada desde lo más profundo de nuestro ser”, sostiene.

La Cámara baja acordó también investigar el funcionamiento, operaciones y los servicios de los party buses cuando haya menores de edad.

“Ha llegado a nuestro conocimiento que, en los casos en que los menores de edad utilizan los party buses, se distribuye alcohol y sustancias controladas, entre otras cosas”, dice la resolución que da paso a la investigación legislativa.

jueves, 11 de agosto de 2011

No llegan los casos

Por Maricarmen Rivera Sánchez,


El aumento en la violencia y en la cantidad de asesinatos se palpa en las calles y se refleja en las estadísticas de la Policía. En los tribunales, la realidad es otra. Según el juez presidente del Tribunal Supremo, Federico Hernández Denton, este año el ministerio público ha radicado miles de casos menos que en años anteriores.

Hernández Denton insistió en que la responsabilidad de combatir el crimen no recae en la Rama Judicial, sino en agencias de ley y orden como la Policía y el Departamento de Justicia. Esas agencias, dijo, están radicando menos casos en los tribunales del país a pesar del evidente aumento en el crimen. La administradora de los Tribunales, Sonia Vélez describió la baja en la radicación de casos como “dramática”.

Entre 2009 y 2010 los tribunales atendieron 29,482 casos criminales graves radicados por Justicia. Entre 2010 y 2011 el número bajó a 26,348 – una reducción de 11%.

En los casos criminales menos graves que radica la Policía, la cantidad bajó de 24,418 a 18,879. Los datos estadísticos de la Administración de Tribunales corresponden a año fiscal.

Los datos de la Policía apuntan a que hasta el 8 de agosto de 2011 se habían registrado 687 asesinatos y más de 36,400 delitos como violaciones, robos, agresión agravada, escalamientos, apropiación ilegal y hurto de carros. Las estadísticas de la Policía se dividen en delitos Tipo I contra la persona, delitos Tipo I contra la propiedad y delitos Tipo II. Los delitos Tipo I contra la persona son: asesinatos, tentativa de asesinato o agresión agravada, violación y robo. En ese renglón la Policía admite un aumento de casi 18% en los asesinatos y 3.1% en tentativa de asesinato o agresión agravada, mientras que reclaman una disminución de 21% en violación y de 5.7% en robo. Al sumar todos los delitos Tipo I contra la persona reclaman una disminución de 1.4%. Los delitos Tipo I contra la propiedad son: escalamiento, apropiación ilegal y hurto de auto. En este renglón la Policía también reclama una reducción de 6.4%.

Las estadísticas de radicaciones en salas penales de los Tribunales se miden por casos criminales graves y casos criminales menos graves. Todos los delitos Tipo I caerían bajo el renglón de casos criminales graves. La comparación entre la totalidad de los delitos Tipo I reportados por la Policía y los casos criminales graves radicados en los tribunales es de unos 37,000 versus 26,000. Estos números reflejan que 70% de los casos llegan a los tribunales y 30% no se radican. Los datos de la Policía son hasta principios de semana, mientras los de Tribunales son del año fiscal que culminó en junio pasado.

La reducción de casos que llegaron a los tribunales también se ha visto en los pleitos civiles. Entre 2009 y 2010 se radicaron 182,334 mientras que en 2010-11 fueron 155,578. Incluyendo casos civiles, criminales, querellas contra menores, relaciones de familia y tránsito, a los tribunales llegaron 46,587 casos menos que el año fiscal anterior.

“La Rama Judicial no tiene la responsabilidad de combatir el crimen. La Rama Judicial tiene la responsabilidad de juzgar los casos que trae el Estado para procesar a las personas que han sido imputadas de delitos y tenemos además la responsabilidad de asegurarnos que a las personas que se les impute algún delito se le garanticen unos derechos constitucionales”, dijo Hernández Denton. “Es un fino y delicado balance el que tiene que hacer la Rama Judicial”.

Refirió a Justicia y a la Policía la pregunta de por qué se están radicando menos casos. No fue posible obtener ayer una respuesta de la Policía.

El secretario de Justicia, Guillermo Somoza Colombani, dijo que una de las razones por las que hay menos casos es porque se están radicando más a nivel federal. No ofreció las estadísticas de la cantidad de casos que se han radicado en la Corte Federal.

La portavoz de Fiscalía federal, Limarie Llovet indicó que no llevan las estadísticas de la cantidad de casos que se radican junto al Gobierno, sino de todos los casos radicados.

“Se están radicando más casos en la Fiscalía federal porque vamos a radicar donde sea más rápido el caso para ventilarse, donde haya circunstancias que favorezcan al ministerio público y donde las penas sean más disuasivas”, dijo Somoza Colombani. “Así se va a hacer. Tengo 23 agentes y tengo fiscales estatales en la Fiscalía federal para radicar los casos”.

Negó que esto implique una desconfianza en el sistema de justicia estatal.

“Confiamos, pero la explicación que te doy es que a veces radicamos primero a nivel federal. Vamos a radicar donde sea más rápido, la pena sea más disuasiva. Ahí se va a radicar”, contestó. “Los casos de armas es más probable que los radiquemos acá porque las penas son mayores”.

Al cierre de esta edición, se habían registrado 692 asesinatos. En 2010 mataron a 588 personas. EL VOCERO publicó en mayo pasado información que apunta a un pobre esclarecimiento de casos criminales. De 102 asesinatos ocurridos en San Juan entre enero y mayo, sólo 17 habían sido esclarecidos en mayo.

Hernández Denton participó ayer en un conversatorio sobre ideas para mejorar el sistema judicial. A preguntas de la prensa, negó que haya impunidad en los tribunales y dijo que los jueces imponen las penas establecidas en la legislación.

“Nuestra función constitucional es juzgar esos casos con la mayor imparcialidad y a la luz de la prueba que trae el ministerio público”, indicó el Presidente del máximo foro judicial del país. Más tarde, mencionó que muchas sentencias que pueden parecer pequeñas son apeladas y luego revocadas en tribunales de mayor instancia.

En los casos criminales atendidos, se ha visto una reducción en las convicciones de culpabilidad al compararlo con el año pasado. Entre junio y 2010 y principios de junio de 2011 hubo 3,155 convicciones de culpabilidad. El año anterior, hubo 3,580. En el caso de las absoluciones en los casos criminales también se ha registrado una reducción. Entre 2010 y 2011 hubo 1,742 absoluciones comparado con 2,689 el año anterior y 3,169 entre 2008 y 2009. También se registró una merma en las alegaciones de culpabilidad en estos casos. En 2010, hubo un total de 21,512 mientras el año anterior hubo 26,687.

Casos presentados ante los tribunales de primera instancia

Criminal grave
2007-08: 34,444
2008-09: 29,294
2009-10: 29,482
2010-11: 26,348

Criminal menos grave
2007-08: 27,599
2008-09: 25,566
2009-10: 24,418
2010-11:18,879

Civil
2007-08: 187,505
2008-09: 182,958
2009-10: 182,334
2010-11: 155,578

Tránsito
2007-08: 25,310
2008-09: 22,552
2009-10: 20,780
2010-11: 16,504

Total de casos radicados
(civil, criminal grave, criminal menos grave, querellas contra menores, relaciones de familia, tránsito)

2007-08: 317,383
2008-09: 301,307
2009-10: 298,122
2010-11: 251,535*

*Datos preliminares al 3 de junio 2011

Fuente: Oficina de Administración de los Tribunales
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