martes, 10 de abril de 2012

Asesinos por la libre


martes, 10 de abril de 2012

Bárbara J. Figueroa Rosa / Primera Hora

En lo que va de año, hay 36 acusados de haber cometido asesinatos en la libre comunidad con grillete, pues durante los seis meses que estuvieron preventivamente en la cárcel no se celebraron sus respectivos juicios. Ante esta realidad, son muchos los presuntos matones -como es el caso del temido sanguinario Juan Enrique Seary Colón, alias “Ricky el Diablo”- que encuentran en la burocracia del sistema judicial, que se supone que los procese, la llave de la libertad a través del recurso extraordinario del hábeas corpus, un derecho constitucional que los cobija.


¿Y quién tiene responsabilidad de esta alarmante situación que, aunque legal, pondría en riesgo a personas inocentes, como fue el caso del comerciante David Méndez, quien se presume que fue asesinado por Ricky el Diablo la semana pasada en un negocio de Carolina?

Todos se pasan la papa caliente: los abogados dicen que es culpa de fiscalía; fiscalía dice que es culpa de la defensa; y la directora de la Oficina de Administración de Tribunales (OAT), Sonia Ivette Vélez, prefiere guardar silencio y declinó hablar sobre el tema con Primera Hora.

Según datos provistos a Primera Hora por la Oficina de Administración de Tribunales (OAT), durante el último año fiscal se presentaron 230 recursos de hábeas corpus, en casos civiles y criminales. De éstos, 58 de los imputados en casos criminales están supervisados electrónicamente (grilletes) por la Oficina de Servicios con Antelación al Juicio (OSAJ). Pero ojo, mucho más de la mitad (36) son sospechosos de asesinato, lo que causa una gran preocupación y revuelo en el pueblo tras darse a conocer casos como los de Ricky, el Diablo, el de miembros de la ganga de pillos conocida como “Los Bin Laden” o varios de los imputados de la Masacre de Pájaros, en Toa Baja, donde incluso uno de los liberados -Emanuel “Ema” Vélez- fue asesinado a par de días de estar en la calle.

“Me parecen bastante alarmantes estas cifras y me parece que hay un fallo en quien acusa, que es el Ministerio Público, que es quien debe llevar el proceso para probar la culpabilidad y velar por que comience el juicio antes de que cumpla el término de seis meses”, opinó el presidente del Colegio de Abogados, Osvaldo Toledo.

El litigante defendió el recurso de hábeas corpus como una disposición constitucional que hay que garantizarles a todos los imputados, pero reconoció que urge que se tomen medidas “drásticas” para evitar casos que han causado controversia.

“Por ejemplo, en casos como (Ricky) el Diablo, que es por asesinato, el juez debe tomar en consideración algunos factores como la peligrosidad de ese individuo y establecer unos controles en su libertad condicionada. Para eso, se deben crear también medidas legislativas conducentes al control de estas personas... definitivamente, los jueces y los fiscales necesitan más herramientas a su disponibilidad”, manifestó Toledo.

Mientras, el jefe de fiscales, Obdulio Meléndez, defendió la labor del Ministerio Público y adjudicó culpabilidad de la mayoría de los recursos de hábeas corpus presentados a los abogados de defensa. De hecho, atribuyó que en muchas instancias el término de seis meses se cumple por las “suspensiones provocadas” por los abogados de defensa y por el acusado.

“Y hay que aclarar que el tribunal es el que concede las suspensiones, no es el fiscal. Claro, hay ocasiones que falta algún informe forense hay exceso de trabajo en el calendario del tribunal o faltan algunos testigos, y algunas de estas situaciones son atribuibles al Ministerio Público. Pero, en la inmensa mayoría de los casos que salen por hábeas corpus, como el caso del Diablo, son por suspensiones tras suspensiones provocadas por la defensa y que fueron concedidas por el tribunal”, dijo el fiscal general al poner como ejemplo que entre las estrategias utilizadas está “la excusa de que el abogado no está preparado” y las instancias en las que el acusado, adrede, cambia de abogado.

“Una posible solución sería interrumpir esos seis meses tomando un juramento a través de un panel de jurado, pero, hoy día los tribunales no tienen jurados todos los días disponibles. Antes, hace ocho años, había jurado todos los días y los mandaban a buscar de cualquier sala y era una estrategia de los fiscales para interrumpir el término. Pero, lamentablemente, ya no es así”, dijo al explicar que el término de seis meses también se ve interrumpido cuando el acusado no es procesable y en casos de menores detenidos.

“Te aseguro que, desde el punto de vista de fiscalía, hay un compromiso de hacer el mayor esfuerzo posible para tener la prueba presente y estar siempre preparados para empezar el juicio. Pero hasta ahí podemos llegar. No podemos obligar a un juez a que no suspenda una vista. La decisión final es del tribunal”, insistió.

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