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martes, 10 de abril de 2012
Beneficiarios del PAN ponen el grito en el cielo
martes, 10 de abril de 2012
Leysa Caro González / Primera Hora
Carmen Benítez tiene 71 años. A su edad aún paga renta, agua y luz, tiene condiciones de salud que atender y depende del transporte público para moverse.
Mensualmente, la anciana recibe un cheque de seguro social de apenas $300 y una ayuda suplementaria del Programa de Asistencia Nutricional (PAN) de $134.
Para Carmen, perder el beneficio de obtener el 25% de su asignación mensual en efectivo, que equivale a $33.50, sería nefasto. “A mí el dinero no me da. Ahora mismo debo la luz y vengo del médico y tengo que pagar $12 de deducible”, relató la septuagenaria.
Aunque el reglamento establece que ese porciento en efectivo debe ser invertido por el beneficiario del PAN en la compra adicional de alimentos elegibles, la realidad es que la apretada situación económica ha llevado a muchos a utilizar ese dinero para suplir parte de sus necesidades básicas.
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Carmen reconoce que una tajada de ese dinerito la usa para comprar detergentes, papel de baño y hasta medicamentos over the counter. El mismo panorama se vio en todos los abordados.
Como ella, son muchos los beneficiarios del PAN que han puesto el grito en el cielo luego que el comisionado residente en Washington, Pedro Pierluisi, anunciara la radicación ante la Cámara de Representantes federal de un proyecto que eliminaría dicho beneficio aunque, a la larga, según él, representaría mayores ingresos para los participantes.
Los usuarios no se comen ese cuento. “Hay personas que lo único que reciben es el PAN y con ese 25% ayudan a comprar cosas, como jabón y papel de baño que son cosas que no se pueden comprar con la tarjeta... para ese tipo de personas no sería factible, le quitarían una ayuda”, subrayó Carmen Berríos.
Actualmente, hay 640 mil familias beneficiarias del PAN que mensualmente reciben entre $110 y $450. El administrador de la Administración para el Desarrollo Socioeconómico de la Familia, Esteban Pérez Urieta, respaldó la propuesta alegando que la legislación ofrece paridad de beneficios a las familias puertorriqueñas.
Zuleika Castro es madre soltera de seis niños. Ella depende del beneficio del PAN y de las pensiones alimentarias que recibe para sostener su hogar. “Si me quitan el 25%, con qué yo voy a ayudar a mis nenes, con eso es que compro el papel de baño y esas cosas necesarias de ellos y a veces ni da, imagínate”, planteó la mujer que retira en efectivo un promedio de $80 al mes. Adicional, recibe $260 en food stamps.
Luis Candelario no es participante, pero como trabajador para una compañía administradora de residenciales públicos, reconoce la necesidad que pasan muchas familias.
El hombre advirtió que esta medida provocaría una “criminalidad subterránea”, algo que se trató de minimizar cuando se hizo el cambio del pago del PAN de cheque a tarjeta de débito.
“Van a ir a comercios donde cambian las cosas por debajo de la mesa buscando escapatorias, buscando alternativas para poder suplir esa necesidad en esa área... la gente se va a ver pillada”, sostuvo.
sectores en división
El ex gobernador y ex comisionado en Washington, Carlos Romero Barceló, tal y como lo hizo en el pasado, se opuso a esta nueva restricción.
Fue bajo su mandato en la Gobernación que Romero Barceló consiguió la eliminación de los cupones y como comisionado alcanzó que los participantes usaran el dinero libre de restricciones.
“Cómo es que, si una persona necesita comprarle un par de zapatos a un niño o algo de emergencia, no puede utilizar ese dinero... al rico nadie le dice cómo gastar el dinero y al pobre vamos a decirle en qué gastar el dinero”, sentenció al agregar que la medida estimula el fraude contributivo.
Para Romero Barceló, el Gobierno “se entregó” a los grandes intereses de los supermercados en el 2001 al imponer que sólo el 25% se recibiría en efectivo.
Tanto la Alianza para una Alimentación Adecuada como la Asociación de Restaurantes de Puerto Rico apoyaron la iniciativa de Pierluisi, pues redundará en mayores beneficios.
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