martes, 10 de abril de 2012

En juego la intimidad del elector boricua


La insistencia del PNP en acceder a las listas de votantes firmadas en la primaria de la Pava “tiraría al medio” a miles de personas


La CEE procura reanudar el escrutinio desde donde se quedó el 27 de marzo, pero el PNP reclama que se comience por el precinto 1. (Archivo / Dennis M. Rivera)Por Yanira Hernández Cabiya / yhernandez@elnuevodia.com

Cuando El Tribunal Supremo pase juicio mañana sobre si revoca las reglas establecidas por la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) para realizar el escrutinio y recuento de ley de las primarias del pasado 18 de marzo, al mismo tiempo podría abrir la puerta para eliminar la presunción de intimidad que tienen los electores sobre su afiliación partidista.

En consecuencia, electores que de otro modo participarían de procesos primaristas, que son parte esencial del sistema democrático, podrían optar por no acudir a los mismos para evitar que al ser identificados con una determinada colectividad se expongan a ser objeto de persecución por el partido en el poder.

La demanda principal del Partido Nuevo Progresista (PNP) es que la CEE les permita a los observadores de partidos contrarios acceso a las listas de votantes firmadas por los electores en las pasadas primarias, para constatar si la cantidad de firmas en el registro es igual al número de electores que votó, y verificar así si hubo vaciado de listas.

protegidas por ley

La CEE, por su parte, indica en su escrito de oposición al recurso del PNP que esas listas están protegidas por el Código Electoral, por considerarse parte del Registro de Electores Afiliados, razón por la cual no tiene autoridad para permitir su acceso a personas fuera del partido al que pertenecen.

“El registro de afiliados no solo es confidencial por disposición de ley, sino que su divulgación constituiría una violación del derecho de intimidad de los electores que deciden afiliarse a un partido al participar en el proceso de primarias”, señala la CEE en su escrito.

En sus argumentos escritos presentados ayer ante el Supremo, el PNP afirma que el derecho a la intimidad que reclama la CEE que se violentaría al dar acceso a dicha lista no puede estar por encima del derecho a asociación de electores que fraudulentamente podrían aparecer como miembros de un partido al que no desean estar afiliados.

Según el PNP, sin acceso a esas listas no se puede comprobar la veracidad de los señalamientos contra el Partido Popular Democrático (PPD) de que se añadieron firmas de electores que no fueron a votar, lo que se conoce en el argot electoral como vaciado de listas.

Mientras, el PPD manifiesta en su respuesta, también presentada ante el Supremo ayer, que establecer un nuevo estado de derecho en el cual exista apertura total a las listas de votación de una primaria tendrían un efecto disuasivo y de abstención sobre los electores.

a Probar las irregularidades

Asimismo, indica que el Código Electoral dispone un procedimiento a seguir cuando ocurren “descuadres irreconciliables” y que el recuento solo se justifica cuando la diferencia de voto es menor al 0.5% de los votos emitidos para un cargo político.

“Esa posibilidad remota (de posible fraude) ... no constituye fundamento apropiado para una cacería de brujas, fundamentada exclusivamente en el deseo de los líderes de un partido de buscar la manera de justificar un ataque público contra el adversario”, señala el PPD en su escrito.

Según el PPD, las denuncias del liderato del PNP se limitan a seis situaciones en igual número de unidades electorales de la Pava.

Expresa, además, que al menos en cuatro de los señalamientos el problema es que aparecen más papeletas que firmas en el registro, por lo que la verificación de las listas no serviría para dilucidar el problema con el resultado.

“La teoría de que un elector inédito pudiera estar ofendido por el esquema imputado no se sostiene con los números hallados durante el escrutinio de los colegios señalados”, argumenta el PPD.

Los abogados de la Pava admiten, sin embargo, que en el caso de las discrepancias en la unidad 6 del precinto 55, podría necesitarse mirar la lista -sin necesidad de observar los nombres- para comprobar si el número de firmas coincide con la cantidad de papeletas votadas.

El PPD sostiene, además, que el Código Electoral solo autoriza la verificación de firmas durante el proceso de validación de endosos para la inscripción de partidos o los requeridos a los candidatos para aspirar a puestos electivos.

En ese sentido, la CEE también plantea que la verificación de firmas no está contemplada para procesos de escrutinio o recuento y que la “idoneidad” del mecanismo establecido para esto debe ser aquilatado, en todo caso, por un tribunal de instancia ante una vista evidenciaria.

Se anticipa que en la vista de mañana los jueces asociados Mildred Pabón Charneco, Rafael Martínez, Erick Kolthoff, Edgardo Rivera, Roberto Feliberti, Luis Estrella, Anabelle Rodríguez, Liana Fiol Matta y el juez presidente del Supremo, Federico Hernández Denton, discutan con las partes las posiciones ya anticipadas en sus escritos.

Cada parte tendrá 25 minutos para presentar sus argumentos y cinco para replicar.

La vista será pública.

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