Nydia Bauzá / Primera Hora
La Cámara de Representantes aprobó ayer -en votación partidista- una nueva versión de la resolución concurrente que propone consultar al pueblo en un referéndum para reducir de 78 a 56 el número de escaños legislativos en 2017.
La Cámara baja refrendó el informe del comité de conferencia de la medida con 37 votos de la mayoría penepé y 14 en contra, de la minoría popular. El informe de la pieza legislativa debe ser avalado también en el Senado por dos terceras partes del cuerpo, para que la resolución concurrente pase a la firma del gobernador, Luis Fortuño.
“En primer lugar, ese proyecto nunca se llevó a vistas públicas ni en la Cámara ni el Senado. No se le dio participación al pueblo ni a las minorías parlamentarias. Además, es una usurpación del proceso democrático al darle una participación directa a los legisladores incumbentes para que ellos decidan cómo van a estar compuestos y constituidos los distritos senatoriales y representativos”, dijo el portavoz alterno de la delegación estadolibrista, Luis Raúl Torres.
“En esa reforma no se toca ni con una vara larga ninguno de los beneficios y privilegios de los que disfrutan actualmente los legisladores y que el pueblo los ve con reservas, como la doble compensación de salario y dietas y estipendio de autos”, sostuvo.
Además, dijo que “no se habla del número de comisiones, de las dependencias duplicadas en ambas cámaras como secretarías, finanzas, personal y juntas de subastas”.
La presidenta de la Cámara, Jenniffer González, dijo que con la aprobación de la medida, el PNP estaba cumpliendo un compromiso de campaña.
La nueva versión de la medida crea un comité ad hoc compuesto por el presidente del Tribunal Supremo como presidente y seis miembros asociados para entender sobre los resultados de la enmienda constitucional que se someterá al electorado en o antes de agosto de 2012.
De los seis miembros, dos serán nombrados por el Gobernador y no podrán pertenecer a un mismo partido político. Los otros cuatro serán dos representantes del Senado y dos de la Cámara, pertenecientes a los dos partidos con la mayor cantidad de legisladores electos.
La medida dice que en caso de que los electores avalen la propuesta de enmienda a la Constitución y luego de haber sido certificados los resultados de la consulta por la Comisión Estatal de Elecciones, a partir del primero de diciembre de 2012, el comité se constituirá y preparará un informe con sus recomendaciones sobre la división de los distritos senatoriales y representativos. El informe final deberá ser sometido ante la Junta Revisora de Distritos Se natoriales y Representativos dentro de un periodo que no excederá los seis meses a partir de la constitución del comité.
La reforma legislativa había sido referida a un comité de conferencia porque la Cámara enmendó el proyecto del Senado para, entre otras cosas, aumentar la Junta de Revisora con dos nuevos miembros que serían nombrados por los presidentes de las cámaras legislativas. Sin embargo, expertos en derecho electoral de ambos partidos advirtieron que estos nombramientos politizarían el proceso que lleva a cabo esa junta que en las pasadas décadas había sido realizado en consenso.
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