Trata humana a la vista de todos

Por Aurora Rivera Arguinzoni / arivera@elnuevodia.com

Puerto Rico es fuente, puente y destino de trata humana, según reconoció el Departamento de Estado de Estados Unidos en su más reciente Informe sobre Tráfico de Personas, y a pesar de ello las agencias locales -estatales y federales- carecen de datos que evidencien la magnitud del problema. Tan es así, que en una década el Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) sólo ha acusado a dos personas por trata en Puerto Rico: Rommel Cintrón Pons (alias Peluquín) y Betsian Carrasquillo Peñaloza. “Esos son los únicos dos casos que se han investigado en San Juan donde se han podido acusar a personas de trata humana desde que se creó el departamento en marzo de 2003. Esto no quiere decir que no haya habido otras investigaciones, sino que las únicas investigaciones donde se pudo acusar fueron estas”, reconoció Iván Ortiz, portavoz del ICE. Atribuyó la cifra tan baja a que los victimarios se ocupan de ocultar a las víctimas, amenazarlas y hasta de entrenarlas sobre cómo responder a preguntas sobre su trabajo y su vida. Mientras, la Policía de Puerto Rico sólo proveyó estadísticas de delitos de violación, actos lascivos y sodomía, pero sin detallar si alguno supuso el delito de trata. Y en el Departamento de la Familia, una portavoz mostró hasta desconocimiento de que el nuevo Código Penal de 2012 tipifica como delito la trata humana. “Hemos trabajado muchos casos de explotación que es lo más que vemos, y casos de abuso sexual donde existe la pornografía infantil. El tema de la trata para nosotros ha sido algo innovador porque no está contemplado en el código penal”, dijo Olga Rivas, administradora auxiliar de protección, preservación y fortalecimiento familiar de Familia. Han sido ciudadanos y organizaciones no gubernamentales los que han documentado y estudiado estos crímenes en el País, e incluso quienes lograron que el nuevo Código Penal de Puerto Rico de 2012 dedicara su Artículo 160 a la trata humana. El Código Penal reconoce entre sus modalidades: “explotación sexual, pornografía, trabajo o servicio forzado, servidumbre por deudas, matrimonio servil, adopción irregular, esclavitud o sus prácticas análogas, la servidumbre o extracción de órganos, aun con el consentimiento de la víctima”. De acuerdo con César Rey, sociólogo y coautor de un estudio comisionado por la Fundación Ricky Martin (entidad que dirige), también constituyen trata el turismo sexual y la pederastia (abuso sexual de menores), y todos menos el tráfico de órganos se han documentado en Puerto Rico de diversas maneras. “Trata por su definición es explotación. Tiene que haber una relación de subyugación, poder, coacción, siempre a cambio de un beneficio. La trata no estaba consignada hasta hace poco, que aparece en el Código Penal. Es un problema que se ha estado tratando con eufemismo”, reconoció Rey. Señaló los hogares sustitutos y los puntos de drogas como los principales centros de explotación infantil en Puerto Rico. Mencionó también barras y los llamados centros de masaje donde son víctimas de trata sobre todo inmigrantes dominicanas. Al ser entrevistada de forma separada, Rivas reconoció que existe una problemática con los hogares sustitutos. “Es una situación que estamos enfrentando, pero estamos trabajando con eso”, dijo sin poder entrar en detalles. Incluir la trata en el Código Penal ha sido el primer gran logro oficial en Puerto Rico para atajar este tipo de crímenes, a juicio de Rey y otras dos entrevistadas. “Se están dando los primeros pasos. Hemos avanzado bastante con tipificar el delito”, reconoció Karla González, directora de la Alianza de Puerto Rico contra la Trata Humana, entidad fundada hace un año para promover la identificación, documentación y atención adecuada de los casos, así como asistencia a víctimas. “No hay protocolo de referido, clínico, de intervención criminal. Necesitamos intervenir. Lo importante es qué se va a hacer”, recalcó ayer, poco antes de partir a Estados Unidos a participar como deponente en un evento del Departamento de Salud federal sobre el tema. Marisara Quiñones, abogada de Amnistía Internacional que entre 2010 y 2011 investigó aspectos legales de la trata en Puerto Rico y el mundo, opinó que ahora se deben aprobar leyes más sólidas que faciliten atender el problema de la trata en todos los niveles.