Por Daniel Rivera Vargas / drivera2@elnuevodia.com
Le pasó en noviembre pasado al expresidente del Partido Popular Democrático (PPD), Miguel Hernández Agosto, cuando dos menores de 21 años los encañonaron a él y al esposo de su hija -en la casa de la pareja- para robarles.
Semanas después, le tocó el turno al analista Néstor Duprey en su apartamento, cuando asaltantes lo amordazaron y le llevaron algunos artículos de valor.
Y, en los primeros cinco meses del 2012, prácticamente le ha pasado a una familia por cada día del año. Las víctimas más recientes: Luis G. García Padilla -hermano del candidato popular a la gobernación, Alejandro García Padilla- y su esposa Raquel Merino.
Se trata de los llamados robos domiciliarios, que por la gran cantidad de delitos que se cometen en el incidente -que van desde violaciones sexuales, violaciones a la Ley de Armas, agresiones, secuestros, hasta asesinatos- más bien podrían denominarse “homejackings”.
Expertos y ciudadanos definen este tipo de delito como un crimen de terror cada vez más frecuente y sobre el que la Policía parece no tener suficiente control.
“Es un delito que entraña a su vez otros crímenes, como la agresión, el acecho, a veces violaciones. No es un solo delito, es un concurso de delitos”, expresó el teniente retirado de la Policía y profesor José Luis Pacheco, al describirlo.
“Nada más violento que encontrarse un extraño dentro de su casa... que alguien entre por la fuerza a tu casa de por sí ya hay violencia”, comentó el criminólogo José Raúl Cepeda.
En lo que va del 2012, en nueve de las 13 regiones policiacas, se han cometido 148 robos domiciliarios. Esto es menos de la mitad de los 363 reportados para la misma fecha y en las mismas regiones durante el año pasado, pero el 2011, en términos de delitos Tipo I, fue un año que superó todos los anteriores. Esta cifra no incluye escalamientos, que en lo que va del 2012 alcanza los 16,779, porque ese delito implica que no hubo un contacto directo con la víctima, porque no estaba presente o porque no se percató.
“Definitivamente ha aumentado (el homejacking)”, expresó Miguel Portilla, presidente de la empresa de seguridad Capitol Security.
Un análisis de algunos de los casos ocurridos durante este año refleja que el homejacking puede ocurrir tanto en urbanizaciones como en condominios de varios niveles -como fue el caso de García Padilla, en un segundo piso- y en sectores rurales. Y aunque no se ha establecido un perfil específico sobre las víctimas, Cepeda apunta a que son los miembros de las clases media y media alta los más afectados por este crimen.
En esto coincide la líder comunitaria de Barrio Obrero, Ramona “Monín” Ibarra, quien asegura que en su vecindario no ocurre este tipo de caso con tanta frecuencia. “Aquí nadie se mete a las casas. Aquí hay un respeto”, dijo.
Crece la violencia
Más allá de las estadísticas, los entrevistados coinciden en que ha habido un incremento en el nivel de violencia durante estos crímenes.
“Eso es parte del proceso, ‘sé donde vives’, ‘sé tu cara’, ‘se cuál es tu automóvil’. Hay violación, a veces física pero a veces sencillamente de tu espacio violado. Eso te quita tranquilidad como ser humano, esto va a un nivel superior de esa violación de tu espacio porque ya va atada a una intimidación directa tuya”, comentó Rafael Santiago, exsuperintendente auxiliar de la Policía y quien actualmente pertenece a la Junta de Residentes de las urbanizaciones Parkille Este, Mallorca y San Román, entre San Juan y Guaynabo.
Según el profesor Pacheco, la persona que roba el hogar a sabiendas que la víctima está allí “es un individuo muy peligroso”, porque “goza cuando cometen el delito y ven el temor de la persona”.
Este año, al menos, tres personas han muerto durante “homejackings”. Uno de los casos más dramáticos fue el del líder musulmán Ibrahem Ismael Sheikah, quien falleció luego que los asaltantes le impidieran tomar uno de los medicamentos que requería para una condición de salud.
La situación se complica porque muchos de estos casos nunca llegan a esclarecerse, sin contar los que ni siquiera se reportan a la Policía por el temor de los afectados a represalias. Según la Superintendencia Auxiliar en Operaciones Estratégicas (SAOE), el porcentaje de esclarecimiento de los delitos Tipo I, como los robos y los escalamientos, ronda el 65%.
“El gobierno no ha puesto los recursos de investigación, económicos y humanos en las agencias de investigación, incluso dentro de la Policía. Ese es un tipo de delito que normalmente siempre hay evidencia en la escena, pero si la evidencia no se maneja bien, se pierde... Todas las administraciones se ocupan más por la apariencia, que las patrullas sean nuevas, que haya buena pintura, que en investigación”, reclamó el profesor Cepeda.
Portilla coincidió al argumentar que más que orientar a la ciudadanía, la Policía debe reforzar la investigación. “Una vez ocurre ese delito no pueden descansar hasta que arresten a estos individuos”, indicó.
Por su parte, el comandante Pedro Sánchez, de la SAOE, dijo que la Policía atiende los homejackings con la “ premura necesaria”.
“Todos los delitos para nosotros son importantes, para eso hay División de Robos, de Propiedad, de Homicidios. Por eso hay divisiones. Hay unos delitos que son un poco más difíciles de esclarecer. Te alumbran con un ‘flashlight’ y enmascarados, eso a veces es más complicado el esclarecimiento, pero no es que no se le da atención”, destacó.
Acto seguido, reconoció que no cuentan con la cantidad ideal de agentes “pero tenemos la gente comprometida”.
El comandante Sánchez hizo un llamado a la ciudadanía a cooperar más con información que permita esclarecer estos casos y a que sea más precavida.
“La posibilidad de que cometa un robo dependerá de la oportunidad que le des al individuo, si dejas una ventana abierta, si no pones las cerradura si no pones rejas. La intención del individuo no la podemos controlar pero si las medidas que podemos tomar que son la diferencia entre que se cometa un delito y que no se cometa”, afirmó el oficial.
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