martes, 17 de abril de 2012

La cruz del costo energético

Por Gerardo E. Alvarado León / galvarado@elnuevodia.com

Por más creíbles que parezcan, las promesas de reducir el alto costo energético chocan contra una serie de factores geográficos, financieros y gerenciales que acaban amarrando al público a una tarifa mensual de luz elevada.

Los 1.5 millones de clientes de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) no tienen control sobre estos factores. Y sobre aquellos en los que la AEE sí tiene injerencia, en ocasiones no se actúa porque redundaría en pérdidas económicas para la corporación pública.

Así las cosas, la AEE incumple su misión de proveer un servicio en la forma más económica posible.

Una de las trabas principales es el modelo financiero de la AEE, que opera igual desde su creación en 1941. Ese modelo está basado en la teoría de crecimiento económico basado en incremento en demanda, es decir, que su objetivo es vender energía, no ahorrar ni ser eficiente. El ahorro se desincentiva porque trae menos dinero a la AEE.

“Ese modelo está bien en economías en crecimiento, pero en economías detenidas o en crecimiento mínimo, como la nuestra, no hace sentido”, planteó el ingeniero electricista Efraín O’Neill.

Cambiar el actual modelo supondría alterar compromisos con los bonistas, quienes prestan el dinero que la corporación pública necesita para funcionar, lo cual podría causar un descalabro económico en la AEE.

Cada año, la AEE acude al mercado de bonos para conseguir fondos que la ayudarán a cumplir con sus obligaciones. Tan reciente como la semana pasada, vendió $650 millones en bonos. La AEE utilizará ese dinero para refinanciar parte de su deuda, ascendente a $9,000 millones, y financiar su programa de mejoras capitales.

Mientras la AEE siga acudiendo al mercado de bonos y endeudándose, la tarifa de luz no bajará porque esa deuda la pagan los abonados. “La AEE no le pertenece a los bonistas, le pertenece al pueblo. Por eso esa deuda es de nosotros”, comentó Agustín Irizarry, un ingeniero electricista y experto en sistemas de potencia.

Esclavos del combustible

El hecho de que en Puerto Rico no existan abastos naturales de petróleo, gas natural o carbón también incide en el alto costo energético. Esa realidad obliga a importar los combustibles. Por lo tanto, al precio de los combustibles hay que sumarle costos de transportación, seguros y almacenamiento.

La AEE, como se sabe, no tiene control sobre el precio de los combustibles. De hecho, el precio del bunker C, combustible que más usa la corporación pública, está mucho más caro ahora que hace cuatro años. En el 2008, un barril costaba $80. Hoy día cuesta alrededor de $120.

“Mientras dependamos de combustibles fósiles para generar electricidad, no veremos ahorros significativos. A eso súmale que el proceso de compra de combustible es opaco, no sabemos quiénes son los intermediarios, ni qué cuotas se pagan”, dijo el director de política pública del Centro para la Nueva Economía (CNE), Sergio Marxuach.

Estos factores explican por qué en la Isla el costo del kilovatio-hora ronda los 24 centavos, o sea, el doble de lo que cuesta en Estados Unidos.

Para que la AEE pueda cumplir con la meta de reducir el costo energético necesita una “reforma integral”, desde lo administrativo hasta lo financiero. El modelo actual, cerrado y jerárquico, provee poco acceso a los ciudadanos a las decisiones, lo que va en contra de lo que debe ser una corporación pública.

Como cuestión de hecho, la elección de los dos representantes del interés público en la Junta de Gobierno de la AEE está actualmente detenida.

“Participar no es dar un micrófono y convocar a una vista pública”, afirmó el ingeniero O’Neill, quien describió ese nuevo modelo como uno que desarrolle las energías renovables, promueva el ahorro energético y enfrente el hecho de que habrá menos dinero en la AEE.

Marxuach, entretanto, enfatizó que la estructura gerencial de la AEE tiene ser más estable, sin los constantes cambios en su dirección ejecutiva y en la presidencia de la Junta de Gobierno.

A modo de solución, recomendó la creación de un ente independiente que vele por el cumplimiento de la política pública en materia de energía.

Esta misión recae actualmente sobre la Junta de Gobierno de la AEE, cuyos miembros, según Marxuach, “no siempre responden a los intereses del pueblo”.

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