martes, 17 de abril de 2012

Descontrol en la seguridad privada

Por Javier Colón Dávila / jcolon@elnuevodia.com

La falta de controles en la contratación de personal y la escasez de recursos fiscalizadores en la Policía se han confabulado para crear “la tormenta perfecta” en la industria de la seguridad privada en Puerto Rico.

Personas vinculadas a la industria de seguridad denunciaron que en ese campo abundan irregularidades como la contratación de personas que no cualifican y hasta convictos para ejercer de guardias. Además, las compañías incurren en la práctica ilegal de prestarse las licencias unas a otras.

El caso más reciente que ha puesto de manifiesto estos problemas es el del guardia de seguridad William Rodríguez Rodríguez, quien fue acusado el domingo de agredir sexualmente a una estudiante estadounidense mientras daba vigilancia en un condominio del Condado.

Este agente de la Policía no cualificaba para ofrecer servicios privados de seguridad porque en febrero pasado se declaró culpable de un delito grave de vender municiones a un oficial encubierto y no tenía licencia de guardia de seguridad, indicó el coronel Juan Vázquez Gali, jefe de la Superintendencia Auxiliar de Servicios al Ciudadano, que está a cargo de fiscalizar a estas compañías.

Rodríguez -quien está a la espera de la conclusión de un proceso para ser expulsado de la Uniformada- tampoco gozaba de otro requisito: buena reputación moral, apuntó Vázquez Gali.

La ley es clara

La Ley de Detectives Privados de Puerto Rico, que data de 1965, dispone que todo aspirante a guardia de seguridad contratado tiene que ser sometido a estudios de campo sobre su trasfondo. La compañía que lo contrata y la Policía lo investigan por separado.

La investigación del aspirante a guardia privado se hace una vez al año, durante la renovación de la licencia. En medio de este proceso la Policía debe verificar si el solicitante mantiene su historial limpio.

Al parecer esto último no ocurrió durante la contratación de Rodríguez, quien fue reclutado por Win Access Technology Solutions en noviembre de 2011 mientras se encontraba suspendido de la Policía como consecuencia de la acusación por venta de municiones.

El coronel Vázquez Gali adelantó que investigarán a Win Access Technology Solutions por las presuntas irregularidades en la contratación del agente.

El caso saltó a la luz pública luego de que una joven estadounidense estudiante de intercambio denunciara a Rodríguez por presuntamente haberla violado en la azotea del edificio Ashford Imperial, en el Condado.

Rodríguez Rodríguez está preso desde el sábado, cuando la jueza María de Lourdes Camareno Dávila le encontró causa por agresión sexual y le impuso una fianza de $500,000.

Ayer no fue posible contactar al administrador de la compañía de seguridad, Julio Pacheco, quien el domingo afirmó a este diario que dudaba de las acusaciones y describió a Rodríguez como un empleado “intachable y comprometido”.

Para el coronel Vázquez Gali, este hecho evidencia la poca rigurosidad de algunas de las 303 compañías de seguridad que operan en el País al evaluar el historial de sus contratados.

“Exoneran” a la Policía

“La administración de cada una de ellas yo no la veo día a día, pero recuerda que todo el que vaya a tener una licencia de guardia de seguridad tiene que pasar por un adiestramiento de cuatro semanas”, señaló Vázquez Gali.

Presidentes de dos compañías de seguridad dijeron que se debe enmendar la Ley de Detectives Privados para que se exija a estas empresas mayor eficacia a la hora de evaluar a sus empleados y para que sea un ente externo a la Policía el que las fiscalice.

“No puedo echarle la culpa a la Policía. Cuando vas a la Oficina de Detectives Privados apenas tienen equipo y personal para fiscalizar esto. Hay sobre 300 compañías y humanamente no pueden hacer el trabajo”, señaló Luis Pagán, presidente de G4S Secure Solutions Puerto Rico.

“Esto es alarmante. Al no tener regulación, fulano abre una compañía, le da uniformes a unos tipos y no piden antecedentes”, agregó.

Por su parte, Miguel Portilla, presidente de Capitol Security, dijo que, como mucho, 50 compañías de seguridad tienen controles eficaces para verificar el trasfondo de sus empleados.

Portilla denunció un supuesto patrón de compañías que alquilan a otras sus licencias de detectives privados, documento necesario para montar un negocio de seguridad en la Isla.

“Tienen licencias alquiladas a personas que no saben nada de la operación de estas compañías. Los ponen (a los guardias) a trabajar con uniforme, le pagas por debajo de la mesa al individuo (que tiene la licencia) y cuando los cojan cierran y hacen lo mismo con otro nombre”.

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