miércoles, 28 de marzo de 2012
Nydia Bauzá / Primera Hora
El secretario de Hacienda, Jesús F. Méndez, apoyó ayer la medida de La Fortaleza que busca eximir a las iglesias y organizaciones religiosas del pago del impuesto sobre ventas y uso (IVU), pero admitió que la pieza legislativa podría reducir la base contributiva de recaudos por dicho arancel.
“Recordemos que los ingresos del IVU se distribuyen entre el Fondo General, la Corporación para el Financiamiento del Fondo de Interés Apremiante (Cofina) y los municipios”, dijo el funcionario en una vista pública de la Comisión de Hacienda del Senado.
Méndez estimó que, en términos generales, la medida pudiera representar un impacto de hasta $5.4 millones anuales por ingresos del IVU.
Sin embargo, sostuvo que este número se basa en todas las actividades tributables de las organizaciones religiosas y actividades relacionadas por lo que el impacto “debe ser sustancialmente menor”.
Visita Puerto Rico Decide.El titular de Hacienda dijo que la medida sólo aplicará a las ventas al detal, como ferias artesanales, venta de bacalaítos, golosinas y otras actividades de interés social que realice la iglesia u organización religiosa con el propósito de recaudar fondos para continuar brindando sus servicios.
La medida establece que dichas ventas deberán realizarse dentro de los predios de las iglesias, parroquias, templos, mezquitas o edificios de similar naturaleza.
El funcionario hizo claro que no estarían exentos del IVU los negocios como: colegios, academias, escuelas, asilos de ancianos o égidas, museos, librerías, cafeterías, floristerías o tiendas operadas en hospitales o funerarias.
Tanto la Federación como la Asociación de Alcaldes se opusieron a la medida.
La Federación acotó que muchos municipios están atravesando por una situación precaria y cualquier merma en sus ingresos, mucha o poca, abonaría a agravar la situación.
La Asociación planteó que la medida puede discriminar contra organizaciones que no son religiosas y benefician a sectores de la población. Recomendó que se evalúe con detenimiento si otorgar una exención a determinadas actividades religiosas infringe la separación de Iglesia y Estado.
La Iglesia católica dijo que la medida va en la dirección correcta. “Va a traer paz espiritual especialmente a los párrocos y a los feligreses porque para reparar un techo hay que hacer actividades de recaudación de fondos”, dijo Santiago Morales, delegado de asuntos económicos.
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