Por Alana Álvarez Valle,
Puerto Rico es una de las jurisdicciones en donde existen más licencias para los trabajadores, lo que representa un reto para los patronos y para mercadear la Isla como lugar de trabajo aseguró un especialista en derecho laboral.
El licenciado Alfredo Hopgood-Jovet explicó que hay alrededor de 15 licencias estatales y dos federales a las que los empleados tienen derecho a acogerse, de llenar los requisitos.
“Las más usuales y que casi todos disfrutamos en algún momento, son la licencia de vacaciones y licencia por enfermedad”, detalló el abogado que ofreció el “Seminario laboral de licencias”, ante la Sociedad para la Gerencia de los Recursos Humanos (SHRM-PR), Capítulo de P.R.
“Adicional están la de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (Ley del Sistema de Compensación por Accidentes del Trabajo) para accidentes ocupacionales, licencia por incapacidad por sucesos que no están relacionados con el trabajo, de madres obreras (la de maternidad), de seguro social choferil, de asambleísta municipal, licencia deportiva, licencia para ser testigo en casos criminales, licencia para ser jurado, para rehabilitación para pruebas de drogas, licencia como acomodo razonable, para ir a votar, para hacer diligencias en la escuela de los hijos y para ir a Obras Públicas,
entre otras”, añadió.
A nivel federal existe la Family & Medical Leave Act (FMLA), que abarca muchas áreas que están cubiertas por las licencias estatales y la licencia militar Uniformed Services Employment and Reemployment Rights Act –conocida como USERRA.
Hoopgood comentó que todas están disponibles y el patrono no puede oponerse si el empleado cumple con los requisitos de elegibilidad de la licencia que sea.
A grandes rasgos, las licencias representan tiempo fuera del trabajo con el derecho a reinstalación. Algunas son con sueldo, otras son con alguna compensación que no equivale al sueldo y otras son sin sueldo.
“A los patronos se les hace cada día más difícil manejar todas estas licencias en conjunto, sobre todo a partir del 1993 que se aprueba FMLA. La interacción de las licencias estatales con la federal y la interacción de las licencias estatales unas con otras crea una complicación para los patronos, porque se podría extender el periodo del empleado fuera de su puesto o podría estar cubierto por varias licencias a la vez”, comentó.
Por ejemplo, una madre que da a luz a su hijo y tiene una complicación médica durante el parto, podría estar cubierta por licencia por maternidad, por incapacidad no relacionada al trabajo, por FMLA y por enfermedad; cuatro licencias diferentes.
La más antiguas son las del Fondo del Seguro del Estado –que data de 1935– y Madres obreras. Más adelante la de enfermedad y vacaciones.
“En mi opinión debieron ser las únicas. No veo razón para que se continuaran legislando excesivamente licencias en las décadas posteriores, en los 60 y los 80. Las licencias aumentan los costos de producción, porque permiten que el empleado se ausente del empleo y el patrono tiene que realizar el trabajo de esa persona de alguna manera, lo que inevitablemente aumenta los costos de producción”, consideró.
La complejidad de que coexistan todos estos permisos no ha sido analizada por el gobierno. Las únicas revisiones que se han hecho a través de los años han sido para añadir algún requisito.
“Las licencias son simpáticas para el empleado y sería un elemento que ciertamente tendría un costo electoral si alguien trata de intervenir con las ellas. Pero hay cosas que se pueden hacer y que no serían muy controversiales”, indicó.
No atienden el ausentismo ni el fraude
Hopgood especificó que las licencias más problemáticas son la de incapacidad del Fondo del Seguro del Estado y la de enfermedad.
Para el abogado, el problema principal con la licencia por incapacidad del Fondo –como se le conoce comúnmente– es que el médico no pregunta ¿cuántos días necesita esta persona para recuperarse y regresar al trabajo?, lo que se cuestiona es si puede o no trabajar. Si la respuesta es negativa, lo coloca en un descanso indefinido hasta que la burocracia del Fondo le permita que otro médico lo vea posteriormente en una fecha futura.
“Eso es una aberración. Los primeros perjudicados son los empleados porque no reciben su salario, el Fondo les paga sólo $65 a la semana, y no pueden trabajar hasta que el Fondo les de alta. A lo mejor la persona se pudiese reintegrar a la semana y muchas veces tiene que esperar un mes. Tal vez se podría crear una medida administrativa para beneficiar a empleados, a patronos y al Fondo, porque a todos les cuesta, todos se perjudican”, declaró.
Por otro lado, la licencia por enfermedad resulta un contratiempo para las empresas, porque el empleado que cobra por hora no tiene que justificar la causa de la ausencia por uno o dos días y muchos los usan sin necesidad para no “perderlos”.
“Sienten que es un derecho comparable a la vacación. Pero es un beneficio como el seguro de vida: algo que uno tiene y no quiere usar nunca. Yo le incorporaría una disposición de que explicara que uso fraudulento –de cualquier licencia– es causal para despido”, consideró.
La otra situación de el exceso de estos permisos, es que no atienden el problema del ausentismo laboral que según Hopgood ronda el doce por ciento (12%). “El patrono tiene que suplir ese doce por ciento de alguna manera. En el sector público hay una acumulación de 90 días por enfermedad a un costo de millones de dólares anuales”, declaró.
Una de las estrategias que adoptan algunos de los patronos es entregar una bonificación a los empleados junto con el bono de Navidad, si el trabajador o trabajadora no se ausenta durante el año. “Esa bonificación es un incentivo para menos ausentismo. Y le cuesta a la empresa igual, pero tiene al empleado haciendo su trabajo. De esta manera todos se benefician”, observó.
El experto en derecho laboral considera que se debe crear legislación que atienda el uso fraudulento de licencias, además de crear consciencia del impacto que tiene en el País. “Hay que contribuir a que Puerto Rico sea productivo y cada uno poner un granito de arena”, concluyó.
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