
por Maribel Hernández Pérez / Primera Hora
En momentos en que las cifras apuntan hacia un año récord en la criminalidad, una pugna por ajustes de salarios adeudados a miles de uniformados amenaza con un paro de brazos caídos.
Si se consuma la advertencia, agravaría un panorama que, de por sí, ya es crítico.
Varias organizaciones policíacas han advertido que, de no resolverse el asunto, podría comenzar un plan de protesta tan pronto como en noviembre, a días de la época de Navidad.
Sin embargo, el superintendente de la Policía, Emilio Díaz Colón, se reafirmó ayer en el compromiso advenido por el Gobierno para otorgar el ajuste salarial una vez concluya una auditoría de alrededor de 22,000 expedientes.
La auditoría está a cargo de la firma Sherrer, Hernández y Co., que fue contratada en mayo por la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) por $1 millón. El proceso debería estar listo para junio de 2012.
“Yo confío en la Policía de Puerto Rico, confío en nuestros agentes y oficiales, yo sé que tienen el compromiso de darle un servicio a nuestro pueblo, no vislumbro a nuestros policías en brazos caídos”, aseveró Díaz Colón al ser confrontado con esa posibilidad, tras asistir a la reunión semanal con el Gabinete de Seguridad en La Fortaleza en donde no se discutió ese tema.
El Gobierno está seguro de que, con su acción, se tornaría en académico un pleito judicial radicado en el 2007 por el Frente Unido de Policías Organizados (FUPO) en reclamo del pago del dinero no sólo para los miembros activos, sino para los pensionados , cadetes y agentes encubiertos.
Ante el retraso de la Policía en completar la evaluación de los expedientes, portavoces del FUPO hicieron un llamado a su matrícula en el tribunal a “las trincheras de lucha”. Sin embargo, la organización no estuvo disponible para abundar sobre su llamado.
“Yo honestamente entiendo que aquí se ha hecho un compromiso por parte de Gobernador de que se va a hacer el reajuste salarial a los policías y ese compromiso demuestra que hay una buena intención. Originalmente, se habían asignado unas 20 personas; después se aumentó a 43 personas para analizar los expedientes, así que hay una intención genuina del Gobierno a hacerse el reajuste salarial”, se reafirmó Díaz Colón.
Según su análisis, la evaluación de un expediente toma unas seis horas en completarse y, a razón de los 6,000 de un total de 22,000 aproximadamente que se tienen que examinar, el trabajo no se completaría hasta junio de 2012.
“Se está hablando del ajuste salarial, de pasos de administraciones anteriores y ascensos (a los) que no se les había asignado el dinero. Nosotros estamos sacando la cara por lo que otras administraciones prometieron y no hicieron”, aseguró. “Una cosa es los retroactivos desde que le dieron los pasos y ascensos, y otra la revisión de la escala salarial. De ahí en adelante, se le paga ese salario; lo que pudiera ser retroactivo, eso es otra cosa, de esa cantidad de dinero yo no he escuchado hablar todavía”.
Anuncian protesta
El director ejecutivo de la Corporación Organizada de Policías y Seguridad (COPS), Jaime Morales, reveló que el 15 de noviembre llevarán a cabo una protesta pacífica frente a la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) para reclamar el desembolso del dinero.
“Yo quiero pedir al Gobernador que cumpla su promesa que hizo al expresarse por ellos a través de la frecuencia de que en diciembre les iba a ajustar los salarios y, a su vez, estaríamos convocando para el 15 de noviembre a todos nuestros asociados, familiares y amigos frente a la oficina de OGP, a las 11:00 de la mañana, a exigir lo que es nuestro”, puntualizó.
Agregó que el viernes pasado el Superintendente se comprometió a hablar con Luis Fortuño para aclarar si la partida presupuestaria, de $20 millones, sería pagada a mediados de diciembre, como les prometió a los policías hace un mes mediante un mensaje enviado a través de la frecuencia interna, o en junio de 2012, como alegó Díaz Colón. Sin embargo, el funcionario informó que durante la reunión en La Fortaleza no se habló del tema.
“Esto ha provocado o va a provocar una acción, que no creemos que es la correcta, de brazos caídos, ya que como el policía, por ley o constitución, no tiene derecho a unionarse ni a negociar convenios colectivos, ésa es la única gestión que el policía podría hacer para hacer sentir su pedido”, comentó Morales.
Según la información circulada a través de medios electrónicos, se ha escogido la fecha del 23 de diciembre de 2011 al 7 de enero de 2012 para comenzar el movimiento de protesta.
Por su parte, Nydia Ramos, portavoz del movimiento Policía, reclama tus derechos con respeto, declaró que los policías han sido discriminados por la agencia, que otorgó el reajuste de manera selectiva a algunos miembros de la alta oficialidad por favores políticos.
“El Gobierno no sólo limita el derecho al ajuste de sueldo a los policías, sino que han aumentado la deducción de contribuciones”, declaró Ramos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario