Iglesias recibirían las armas ilegales

por Leysa Caro González / Primera Hora


Líderes de diversas denominaciones religiosas vieron con buenos ojos el proyecto de ley que declararía una amnistía de 60 días para que todo el que tenga o posea un arma de fuego o municiones las entregue a la Policía o a las iglesias sin consecuencias legales.

Eso sí, dicho apoyo está condicionado a la redacción de un protocolo específico, en el que se establezca cómo y a cargo de quién estará el manejo de esas armas que se reciban por el periodo establecido, según indicaron algunos religiosos abordados por Primera Hora.

Respecto a si la iniciativa sería eficaz en la lucha anti crimen que lidera el Gobierno, eso está por verse. “Creo que la idea es simpática, que todo el mundo le gusta, pero no creo que va a tener un efecto en reducir la criminalidad”, indicó el obispo episcopal David Álvarez.

“Los gatilleros o asaltantes, no creo que van a entregar las armas, pero por lo menos se está creando más conciencia de que hay la posibilidad de que alguien se arrepienta y pueda entregar el arma”, añadió.

En esencia, el Obispo favorece la medida de la autoría del senador penepé Carmelo Ríos, que inicialmente establecía que el proceso de entrega de armas se llevaría a cabo sólo en cuarteles de la Policía. Al religioso lo que le preocupa es el proceso de recibir las mismas y la responsabilidad que le otorgaría al liderato de la iglesia o a su feligresía. “Al saber que hay armas, podrían haber asaltos o robos en las iglesias”, advirtió.

El pastor asociado en educación cristiana de la iglesia Discípulos de Cristo, Fernando Barbosa, comparte dicha preocupación. “El sentir nuestro es de estar presente acompañando a nuestro pueblo en este problema tan serio de seguridad que vivimos..., pero tenemos que tener claro el protocolo porque es algo delicado y no es algo a lo que estemos acostumbrados a manejar”, apuntó quien coincidió con Álvarez en que la efectividad de la medida es cuestionable.

“Va a depender en gran medida de cómo se da a conocer a la ciudadanía que tiene esa alternativa de entregar las armas a la iglesia, pero tengo la impresión, por lo que uno escucha y lee, que la mayoría de las armas ilegales en Puerto Rico entran de otra forma”, comentó Barbosa.

Compran la idea

Otros religiosos, sin embargo, parecieron estar más convencidos de que la pieza legislativa sacará de circulación armas ilegales en la calle.

Uno de ellos fue el monseñor Roberto González Nieves, quien indicó mediante comunicación escrita que la iglesia Católica, como institución, está convencida de que “la misma tendrá el efecto de reducir la circulación de armas ilegales”.

“Los obispos nos estamos solidarizando con este esfuerzo... Una vez hayamos estudiado los estatutos aplicables a esta amnistía, estaremos anunciando la forma en que contribuiremos a su implantación”, señaló el líder católico.

No obstante, González Nieves alertó que, si bien apoyan la amnistía, existe una urgencia para la implantación de un plan que regule el ingreso de armas al país, lo que resulta ser un llamado del Consejo de Justicia y Paz de la Santa Sede.

“Se requieren todo tipo de esfuerzos para prevenir la proliferación de todo tipo de armas que alientan la violencia, los asesinatos y cualquier hecho de sangre”, sostuvo.

La pastora Wanda Rolón, por su parte, describió el proyecto que va encaminado a convertirse en ley como una “muy buena iniciativa para evitar esa ola de criminalidad y ayudar a que las armas puedan salir de la calle”.

“Estarían en mayor libertad de entregarlas, pienso que familiares y amigos de los dueños de esas armas van a estar en una posición más cómoda para entregarlas. Lo importante es sacarla de circulación. Puerto Rico necesita que todos pongamos nuestro granito de arena”, sentenció.

Para ella, debe ser una medida que se implante en cada una de las iglesias, pues “todas en sus comunidades son efectivas y hacen su labor”.

Mientras, el obispo de la región sureste de la Iglesia de Dios en Estados Unidos, Ángel Marcial, también se mostró persuadido por la propuesta. Sin embargo, para él se debe señalar unas iglesias y líderes que puedan hacerse cargo de implementar la propuesta.

“En el país existe un liderato religioso muy maduro y va a señalar aquellas iglesias que puedan hacerse responsable de este proceso. Creo que las iglesias tienen un trabajo social que hacer”, sentenció.

Dijo que recientemente estuvo en Panamá y fue testigo de cómo una pandilla entregó sus armas a un pastor en medio de un proceso de amnistía. “Lo han hecho en otros países y se ha convertido en un puente para sacar armas que pueden convertirse en instrumentos para cometer delitos”, manifestó.

Su posible efectividad está atada además a que las iglesias son lugares de restauración y perdón, lo que le da a la persona cierta tranquilidad al momento de determinar hacer la entrega del arma de fuego.

En camino enmiendas

El senador Carmelo Ríos indicó que actualmente trabajan en varias enmiendas sobre el proyecto original para que, entonces, pueda ser llevado al pleno del Senado.

Entre los cambios a establecerse está el hecho de que los armeros no podrían entregar armas de forma voluntaria “para garantizar la transparencia del asunto”. Igualmente, están analizando qué multa se le aplicará, si alguna, a aquellos que hayan dejado expirar la licencia de portación.

La multa es de $500, pero en este caso se impondría un pago nominal, indicó el senador. “Yo creo que estamos llegando a unos entendimientos que preferimos como sociedad saber dónde están las armas, qué clases son y quiénes las tienen”, comentó al establecer que la redacción del protocolo está en manos de la Policía.

Referente a la disponibilidad del sector religioso, Ríos se mostró satisfecho, pues en otras jurisdicciones se ha demostrado que su inclusión ha arrojado resultados positivos.

Explicó que una vez se establezcan las enmiendas, que se realizan en coordinación con la Cámara, la pieza bajaría al pleno del Senado para posteriormente regresar al cuerpo hermano para votación final.