martes, 18 de octubre de 2011

Furiosos dueños de los “party buses”


por Bárbara J. Figueroa Rosa

Los dueños de las compañías que ofrecen el servicio de party bus están que botan chispas del coraje que les produjo saber que el alcalde de San Juan, Jorge Santini, anunció la implantación de una ordenanza municipal que regulará el servicio de las fiestas rodantes en la capital, amparado en que a través de éstas se propicia el consumo de alcohol entre menores.

Así lo expresaron a Primera Hora varios empresarios que, ante todo, se sienten marginados por la “mala imagen” que se les ha dado a estos singulares festines que se llevan a cabo en unas guaguas habilitadas para que en su interior se realicen actividades tan extravagantes como quinceañeros.

Y es que, según expresó el Alcalde, ha surgido una proliferación de este tipo de servicio entre menores que en ocasiones participan de la celebración sin supervisión de adultos, lo que da luz verde a que consuman alcohol “y sepa Dios que más”.

“Esta realidad resulta preocupante cuando nos percatamos que para este nuevo tipo de actividad comercial la reglamentación es escasa”, justificó Santini al promover su plan, un proyecto que también es considerado en la Legislatura luego que el representante Ángel Bulerín presentara un proyecto que se conocería como Ley Especial para la Regulación de las Fiestas Rodantes en Puerto Rico. Esta medida le otorgaría a la Comisión de Servicio Público jurisdicción especial para regular todo lo relacionado con este servicio, incluyendo inspecciones periódicas. También propone que el servicio les prohíba la admisión a menores de 18 años.

La impresión de estas medidas son “mal infundadas” para Quincy Díaz, propietario de Fiesta Nights Party Bus, una de las primeras empresas que trajeron el concepto de entretenimiento sobre ruedas a la Isla.

“Me apena un montón que se hablen cosas negativas de los party bus cuando actualmente somos el único entretenimiento que tienen muchos adolescentes. En la industria, ni mis colegas ni yo vendemos bebidas alcohólicas y tampoco dejamos que los menores las ingieran. Esto tal vez pasó en un momento dado, hace mucho tiempo, pero la verdad es que los que lo permitían, esas manzanas podridas, ya no están operando. Me parece bien injusto lo que dijo el Alcalde y la forma en que hizo las cosas”, expresó Díaz, al advertir que los dueños de los party buses se están organizando para solicitar una reunión con Santini.

Díaz aseguró que, al menos en su negocio, las bebidas están prohibidas para los menores y que en las actividades en las que hay niños o adolescentes se requiere obligatoriamente la presencia de alguna persona mayor de edad.

“Aparte, nosotros tenemos siempre tres adultos en la guagua y ofrecemos seguridad”, dijo al negar que, como parte del servicio, en las fiestas de menores se hagan paradas en establecimientos donde éstos puedan adquirir las bebidas alcohólicas.

“Jamás. Nuestras paradas son para ir al baño... tal vez la placita del Condado, pero nunca nos paramos en lugares donde se venda alcohol”, aseguró.

Otros empresarios, como Martín Vaello, presidente de Ultra Lounge Party Bus, lamentan que los hayan encasillado por situaciones como la ocurrida en la discoteca Q, en Isla Verde, donde el pasado mes de mayo las autoridades intervinieron con alrededor de 250 menores de edad, entre los 12 y 17 años, que participaban de una fiesta en la que tenían acceso a bebidas alcohólicas. La actividad fue promocionada por Facebook.

“Fue ese día que el (ex) superintendente (José) Figueroa Sancha habló de que los party buses eran un peligro y que los padres tenían que estar atentos”, dijo Vaello, quien invitó al Alcalde a montarse en una de sus fiestas “para que vea lo que sucede y que después vaya a una de esas discotecas para que vea que son cosas diferentes”.

“Yo no me opongo a que haya una regulación, pero el Alcalde nos debió reunir primero. Las cosas se debieron haber hecho con uniformidad y escuchando a todas las partes”, agregó el empresario, a quien le preocupa que las intervenciones que haría la Policía Municipal, la estatal y los trabajadores sociales del Departamento de la Familia se hagan “fuera de ley” o perturbando el buen rato que puedan estar pasando sus invitados.

“Tiene que haber diálogo. Es lo mejor para todas las partes”, propuso.

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