jueves, 8 de septiembre de 2011

Solicitud radicada por EL VOCERO

Solicitud radicada por EL VOCERO
Por Melissa Correa Velázquez, EL VOCERO


Al destacar el interés público de la prensa en Puerto Rico de conocer la verdad, tras la controversia protagonizada por los ex gobernadores populares, Sila Calderón y Aníbal Acevedo Vilá, EL VOCERO de Puerto Rico solicitó al juez federal Paul Barbadoro, que deje sin efecto la orden protectora que emitió en el caso criminal contra el ex primer ejecutivo.

La petición de este diario surge luego que Calderón acudiera a la Fiscalia federal para denunciar que supuestamente el ex Mandatario la amenazó con unos documentos -que entregó personalmente a la jefa de la Fiscalía federal- Rosa Emilia Rodríguez.

EL VOCERO expone que nadie puede argumentar el hecho de que el caso contra Acevedo Vilá tuvo el más alto interés en todos los medios de comunicación en Puerto Rico.

“Despues de todo, el caso trataba sobre cargos criminales contra un gobernador incumbente y que es miembro de uno de los dos principales partidos políticos en la Isla. Estos dos factores garantizan un alto interés publico en el caso”.

“Debido a que este caso (criminal contra Acevedo Vilá) fue resuelto y ahora las partes han hecho referencias públicas a los documentos del mismo, esta corte debe ordenar que se desellen los documentos que están bajo la orden protectora”, afirma la moción, radicada por el bufete Weisten-Bacal & Miller, en la que observa sobre el derecho de la prensa a tener acceso a los procedimientos criminales, según lo establece la Pimera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos.

Plantea que Acevedo Vilá, no se va a perjudicar al dejarse sin efecto la orden protectora, debido a que el caso criminal -en el que un jurado lo encontró no culpable- concluyó, por lo que los documentos en controversia deben estar disponibles al público.

“El público tiene derecho a saber toda la historia, a quién protege esta corte y por qué. Simplemente dicho, el interés público en este asunto es muy grande para permitir que los documentos permanezcan sellados bajo la orden protectora”, indica la moción.

Presuntamente, Acevedo Vilá amenazó a Calderón, luego de que ésta denunciara la quiebra del Fideicomiso de las Comunidades Especiales y señalara a su ex compañero de papeleta para las elecciones del 2004, como uno de los responsables del fracaso de la iniciativa. Calderón también pidió una investigación sobre el uso de fondos del Fideicomiso, creado bajo su incumbencia.

La fiscal Rodríguez confirmó a la prensa que los documentos que Acevedo Vilá que le envió a Calderón están bajo la orden del tribunal, debido a que éstos formaron parte del descubrimiento de prueba en el caso criminal contra Acevedo Vilá y otras diez personas acusadas de violaciones a las leyes de las campañas electorales.

La funcionaria federal señaló además que luego de que Calderón le llevara los documentos, la agencia que dirige se ha mantenido en comunicación con el abogado de Acevedo Vilá, Thomas Green para evitar la divulgación de los mismos.

La alegada amenaza es objeto de investigación por parte del Negociado Federal de Investigaciones (FBI).

Mientras tanto, la Cámara de Representantes, el Senado y el Departamento de Justicia de Puerto Rico se aprestan a investigar el manejo de fondos del Fideicomiso de las Comunidades Especiales.
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