Francisco Rodríguez-Burns / Primera Hora
Mientras la administración de Luis Fortuño solicita varios años para implementar las recomendaciones presentadas por Justicia federal para reformar la Uniformada, los casos contra ex policías acusados a nivel federal continúan ocupando los titulares.
Tan reciente como ayer, un ex policía arrestado durante el histórico operativo realizado por el Negociado Federal de Investigaciones (FBI) contra la corrupción pública en Puerto Rico fue sentenciado a ocho años y un mes de cárcel por el juez federal Juan Pérez Giménez.
El acusado, identificado como Rafael Rodríguez Valentín, figuró entre los 133 arrestados en octubre del año pasado por cargos de Ley de Armas y conspiración para distribuir sustancias controladas. Según el pliego acusatorio, los acusados participaron y protegieron transacciones encubiertas en que medió droga falsa y en que los principales protagonistas eran agentes encubiertos o subcontratistas de la agencia federal.
Entre los arrestados, figuraron 61 agentes de la Policía de Puerto Rico, 16 oficiales municipales de varios municipios, 12 oficiales de custodia y dos soldados del Ejército de Estados Unidos.
La Fiscalía Federal lleva un récord perfecto de convicciones en el caso, luego que muchos de los acusados se declararan culpables. La mayoría enfrenta sentencias de 15 años de cárcel.
El informe de la División de Derechos Civiles de Justicia federal aseguró que la Policía ha incurrido en un patrón sistemático de violaciones a la Constitución de Estados Unidos, en particular a la Primera Enmienda, que protege el derecho a la libre expresión, y a la Cuarta Enmienda, que protege a la ciudadanía contra investigaciones o arrestos arbitrarios.
A raíz de las investigaciones que se hicieron contra los policías arrestados en el operativo Caseta de Guardia (Guard Shack), los federales revelaron detalles que pusieron en relieve los atropellos y actos de corrupción que ocurren en las filas de la Uniformada.
Durante sus conversaciones con agentes encubiertos de la Policía de Puerto Rico que trabajaban para el FBI, algunos de los acusados hablaron sobre incidentes en que uniformados plantaron evidencia, ofrecieron testimonios falsos en corte abierta e, incluso, mataron a otros ciudadanos.
Los uniformados también hablaron sobre el reemplazo de cañones de armas para despistar investigaciones, el robo de armas y radios portátiles de la Policía, la compra de balas tipo cop killers en el bajo mundo, entre otros asuntos que serán referidos a las autoridades estatales.
Mucho antes de su nombramiento como subdirector de la división que maneja incidentes críticos a nivel mundial (CIRG, por sus siglas en inglés), el antiguo director del FBI en Puerto Rico, Luis Fraticelli, pidió una reforma en la Policía cuando anunció los arrestos de Guard Shack.
“La evidencia disponible no podría ser más contundente. Se necesitan hacer cambios radicales para sacar de raíz el serio problema de corrupción”, indicó.
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