Istra Pacheco / Primera Hora
La cifra de personas asesinadas en lo que va de año llegó a los 802 el domingo, lo que significa un nuevo récord, con 117 muertes violentas más de las reportadas a la misma fecha el año pasado.
El macabro número surge en momentos en que la Policía aún sigue sacudida por un devastador informe del Departamento de Justicia federal que le imputa serias deficiencias y violaciones constantes de derechos humanos.
Aunque las condiciones de pobreza, la falta de empleos bien pagados, el tráfico ilegal de armas y drogas, así como los problemas de salud mental y otros aspectos sociales inciden en esa alta tasa criminal, no es menos cierto que las carencias de adiestramiento, organización y credibilidad de la Uniformada, también han ayudado a que cada vez haya más muertes violentas, coincidieron expertos.
Palmira Ríos, catedrática en sociología en la Universidad de Puerto Rico, dijo que es urgente restablecer la legitimidad de la labor policiaca, luchar contra la impunidad y mejorar los bajos índices de esclarecimiento de casos y convicciones por delitos.
“Se está dando la impresión de que el crimen sí paga. Eso estimula a que se continúe y se vaya escalando en los tipos de reacciones delictivas que vemos … Además, hay que mejorar la capacidad investigativa de la Policía, entendiendo que esa capacidad no debe dejar a un lado u olvidar los derechos civiles”, dijo la doctora en entrevista con Primera Hora.
Ríos, ex presidenta de la Comisión de Derechos Civiles, recordó que por más de 20 años distintas organizaciones habían hecho serios señalamientos a la Uniformada que no se atendieron y, ahora, la diferencia es, “que están escritos en inglés”.
El reclutamiento de personal para que ingrese en las filas de la Policía, su formación, su evaluación y los incentivos y motivaciones que reciben los agentes tienen que mejorar, expresó.
“Se dice que no hay dinero para eso, sin embargo, no podemos aceptar eso porque sí tenemos dinero para las demandas por violación de derechos civiles y eso se presupuesta cada año”, indicó. “La formación no puede quedar rezagada ahora porque estamos en una crisis. No podemos permitir que las academias sean de tres meses porque eso nos va a costar millones de dólares en demandas, sin contar con el impacto a la credibilidad”.
Ríos también entiende que es necesario un ente fiscalizador que sea realmente independiente, con “responsabilidades, poderes, autonomía y recursos para recibir y adjudicar querellas y que esté obligado a rendir cuentas de sus resultados”.
Por otra parte, Osvaldo Burgos, presidente de Amnistía Internacional y profesor de derecho en la Universidad Interamericana, apuntó que es un error poner en práctica políticas públicas de mano dura y castigo seguro que son “simpáticas para la caza de votos”, pero cuya ineficiencia se ha comprobado no sólo aquí, sino también en Estados Unidos.
“Tenemos una policía cuyos efectivos han sido colaboradores con el narcotráfico, como lo plantea el informe del Departamento de Justicia federal; es un cuerpo que en lugar de atender querellas de los ciudadanos, lo que hace es abusar de la ciudadanía. El resultado es que tenemos un país donde no tienes a quién recurrir porque los organismos llamados a eso no resuelven, y hemos llegado al extremo de que la ciudadanía resuelve sus problemas a tiro limpio. Es una sociedad violenta y la gente no tiene un modelo a seguir”, afirmó.
Tanto Ríos como Burgos coincidieron además en que es importante que cualquier plan de acción tenga el compromiso de todos los partidos para ejecutarlo como se requiere, a largo plazo, dejando a un lado la politiquería.
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