francisco rodríguez-burns / Primera Hora
Como muchas otras organizaciones de narcotráfico en Puerto Rico, una banda que dirigía el trasiego de drogas en el residencial Enrique Landrón de Corozal controlaba la entrada al complejo público mediante vigías sicarios, entre otros sujetos que formaban parte de su organigrama criminal.
La violencia imperaba en la organización, al extremo de ejecutar a un hijo de un ex policía y luego al agente retirado cuando éste se puso a investigar la muerte.
Pero lo que hacía a esta pandilla diferente era la estrecha relación que sostuvo con agentes del orden público que custodiaban sus cargamentos y le proveían información confidencial sobre los operativos que iba a realizar la Policía estatal en el residencial.
Un pliego acusatorio radicado contra 47 presuntos miembros de la pandilla establece el vínculo entre la organización criminal y un componente corrupto de las autoridades en Puerto Rico, pero ni las autoridades federales ni estatales soltaron prenda sobre cuántos agentes pudieron haber estado colaborando con la organización que, según algunos de los estimados, generó cerca de $10 millones desde el 2004 hasta el arresto de sus presuntos integrantes ayer por la mañana mediante un operativo en que participaron unos 400 agentes estatales y federales.
“Se estima que esta ganga es responsable de al menos cinco asesinatos. Uno de los cabecillas de la ganga, identificado como Luis Agosto López, mejor conocido ‘Tutin Magnum’, como ha estado envuelto en tiroteos con la Policía, ha agredido físicamente a policías estatales en dos incidentes separados. Tenemos información que en ambos incidentes los casos se cayeron en los tribunales”, sostuvo el director interino del FBI en Puerto Rico, Carlos Cases.
Mientras realizaba la investigación de la organización, le ocuparon a la banda rifles AK-47, chalecos antibalas, revólveres, pistolas Glock y sobre 400 municiones. Pero el blanco más importante de la pesquisa resultó ser Tutin Magnum, llamado así por haber recibido dos revólveres de este tipo durante su iniciación en la pandilla. “De ahí sale el apodo. Estamos confiados que Tutin Magnum no va a estar campeando por su respeto en el residencial. Por ende, los residentes honestos y trabajadores van a poder salir a disfrutar de su entorno”, sostuvo el funcionario federal.
Según la investigación federal, Tutin Magnum cogió las riendas de la banda luego que su jefe, Gamalier Rosado Serrano, alias “Gamma”, muriera en mayo de 2004.
Al igual que muchas otras pandillas, la organización de Tutin contaba con una cadena de amo y subalternos que operaban las transacciones diarias de los puntos de drogas. Pero el vínculo entre la banda y los policías se estableció mediante el mismo pliego acusatorio radicado contra la organización. “Como parte de la conspiración, miembros de la organización pagaban para obtener información policiaca sobre fecha y hora de posibles intervenciones en el residencial y también para obtener protección y escolta policiaca para la transportación de drogas desde el área metropolitana (Bayamón y San Juan) a Corozal. Esta información sigue bajo investigación y habrá más acusaciones en un futuro cercano”, indicó Rodríguez Vélez.
Feudo con control de acceso
La organización también controlaba la entrada y salida de los residentes del complejo con un portón para mantener a los residentes bajo su yugo. La agrupación pudo entronizar su poder en el complejo que, en comparación con otros residenciales, es relativamente pequeño, ya que apenas tiene 110 unidades de vivienda en 10 edificios.
“Estamos actuando como un solo equipo para poder atajar la criminalidad en Puerto Rico”, indicó el secretario de Justicia, Guillermo Somoza Colombani, quien fue invitado junto con el superintendente de la Policía, Emilio Díaz Colón, a una conferencia de prensa en la Fiscalía Federal en la que se dio a conocer el arresto del grupo.
Durante la mañana de ayer se había arrestado a 41 de los 47 acusados. Los siete líderes, incluyendo a su presunto cabecilla, Tutin Magnum, habían sido arrestados. Los acusados enfrentan un mínimo de 10 años de cárcel y un máximo de cadena perpetua por cargos de conspiración de posesión con intención de distribuir sustancias controladas y portar armas de fuego para la comisión de un delito vinculado al narcotráfico.
Además del operativo realizado en el complejo público de Corozal, las autoridades realizaron arrestos en Morovis, Carolina y Naranjito, y en los estados de Nueva York y Nueva Jersey. Los federales también buscan confiscar $10 millones en propiedades, vehículos y dinero, entre otros bienes.
Las autoridades también exhortaron a la ciudadanía a cooperar con las investigaciones ante la amenaza que representa el narcotráfico. “Tenemos que rechazar el patrón de violencia y el tráfico de drogas que nos afecta y que sólo resulta en muertes innecesarias y pánico en las comunidades”, indicó Rodríguez Vélez. “No podemos permitir que estas organizaciones continúen con la violencia rampante que amenaza a nuestro pueblo. Nuestros esfuerzos para detener la ola criminal van a continuar para lograr que todo el peso de la ley caiga sobre estos acusados por los delitos cometidos”, añadió la fiscal.
Mayoristas de droga
Según las agencias federales, la organización actuaba como un mayorista de drogas ilegales que compraba grandes cantidades de drogas ilegales, como heroína y cocaína, para su distribución en puntos de drogas. Los 47 presuntos miembros de la conspiración ejercían más de una función en la banda, como cualquier otra compañía que intenta maximizar su fuerza laboral.
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