miércoles, 17 de agosto de 2011

Víctimas de impericia rechazan proyecto

por Maritza Díaz Alcaide,

Aun con las enmiendas del Gobernador, los grupos que apoyan a las víctimas de impericia médica siguen opuestos al proyecto que le fijaría un tope de compensación de $250 mil a toda demanda no vinculada a negligencia crasa.

Fortaleza daba por superada la controversia que, por meses, se ha generado en torno al “tope”, toda vez que el mandatario pidió que se le elimine cuando la impericia provoque la muerte o daños catastróficos tales como daño cerebral permanente, hemiplejia, paraplejia, cuadriplejia y otros.

En busca de un consenso, Luis Fortuño solicitó que se enmiende, además, la definición de negligencia crasa “para aclarar que no se requiere presentar evidencia de intención para probar la misma”.

Ése era un aspecto medular de la controversia, ya que se entendía que en el proyecto original se obligaba a la víctima a demostrar que el médico quiso hacerle daño, o la había atendido borracho o bajo los efectos de narcóticos ilegales al paciente.

El Primer Ejecutivo, en una carta remitida a los presidentes de Cámara y Senado, planteó que bajo negligencia crasa se incluye el dejar instrumentos en el cuerpo del paciente y la amputación de un miembro erróneo.

No mencionó otras circunstancias.

El presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes, José “Pichy” Torres Zamora, explicó que bajo las exenciones de los daños catastróficos quedan incluidos todos los que afecten “funciones vitales para el diario vivir del ser humano”.

Dijo que ahí caen las amputaciones de brazos y piernas, inclusive la pérdida del pene, como le ocurrió a José Quiñones Pérez (nombre ficticio), historia que la semana pasada Primera Hora relató con todo su dramatismo.

Torres Zamora reveló que el proyecto nuevo separará los daños morales de los físicos y que ya no será necesario “tener prueba robusta” de la intención del médico de causarle daño a su paciente. “Puede ser prueba de referencia”, acotó.

Al eximir los casos catastróficos del tope, el Gobernador pidió que también se elimine el Fondo para las Víctimas de Negligencia Médico-Hospitalarias, un proyecto que buscaba suplementarles las sentencias a las víctimas de impericia médica.

“Los casos que van a quedar para tope son los más sencillos”, insistió Torres Zamora.

Líderes de los grupos que apoyan a las víctimas de impericia dijeron de inmediato que él se equivoca.

“¿Qué pasa con los casos que no están cubiertos por la exención pero que le causan mucho sufrimiento a las víctimas? ¿Qué pasa si la persona se quedó ciega, si la persona se quedó muda; si sufrirá de un dolor de por vida?”, cuestionó el presidente de la Asociación de Víctimas de Impericia Médica, Raúl González.

El letrado criticó también el que no se contemple incluir el caso de una mujer que, por negligencia, quede estéril.

“Y si la persona no queda paraplégica, pero tiene un dolor constante o queda cojo, ¿qué pasa? ¿Eso vale más o vale menos? ¿Qué va a ocurrir con los casos que no son de excepción? ¿Cómo tú sabes que se le está haciendo justicia a esa víctima?”, continuó preguntando.

“Yo conozco a madres que pierden a su hijo y las han tenido que internar en sanatorios psiquiátricos”, dijo, desde Inglaterra, el asesor de la Asociación de Víctimas, Rafael García.

También mencionó otras circunstancias que quedarían fuera “de las catastróficas, como la perforación de la vagina de una mujer que puede tener la consecuencia de que toda su excreta le salga por dicho órgano”.

“ ¿Y si a alguien le desfiguraron el rostro?... ¿Es que vamos a pelear cada caso?, cuestionó molesto.

El abogado concluyó que el Gobierno lo que quiere es hacerle más difícil al ciudadano la búsqueda de auxilio en los tribunales, “colocarle una traba adicional a la víctima que tendrá que probar si su caso cae o no en un listado”.

Sobre la intención de desligar el daño físico del moral, García mencionó que lo que quieren hacer “es revocar una decisión del Tribunal Supremo que une ambas instancias por la vía legislativa”.

En cuanto al concepto de negligencia crasa, dijo que en Estados Unidos éste se utiliza para imponer daños punitivos; que no tiene nada que ver con el daño ocasionado, sino con la negligencia que se quiere castigar, para que no vuelva a ocurrir.

“Esto es un esperpento jurídico... esto es un espantapájaros jurídico. Lo que te están diciendo (con estas enmiendas) es que con negligencia crasa te quitan el tope si pierdes una uña; pero si pierdes dos riñones y no fue por negligencia crasa, y eso no se contempla como daño catastrófico, te quedas con él”, resumió.

La presidenta del Colegio de Médicos Cirujanos, Alicia Feliberti, reaccionó a las enmiendas del Gobernador indicando que la exención de los daños catastróficos estaba “implícita en el proyecto original”.

“Estamos de acuerdo (con los cambios)”, informó.

Feliberti apoyó la confección de una lista de exenciones, posición que también asumió el presidente saliente de la Asociación Médica, Rolance Chavier.

“Me parecen enmiendas razonables... Pero, tenemos que ver cómo queda redactada la medida, cuál es el wording”, advirtió el líder de los médicos.

Ni Feliberti ni Chavier estuvieron de acuerdo con que se elimine el fondo suplementario para las víctimas de impericia que no reciban una compensación por sentencia suficiente.

“Ese fondo debe mantenerse, pero sin la oportunidad de que el abogado se quede con una proporción del dinero”, advirtió la presidenta del Colegio.

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