por Maritza Díaz Alcaide,
Le amputan el pene a causa de un cáncer que tardaron casi seis años en diagnosticar, aunque los signos de la enfermedad eran más que evidentes.
El caso de José Quiñones Pérez (nombre ficticio, a fin de proteger su intimidad), actualmente de 51 años, es el tipo de impericia que de haber estado sujeta a la ley del Gobierno la víctima y su familia se habrían tenido que conformar con una compensación por angustias mentales de sólo hasta $250 mil.
La historia de horror que vivió Quiñones Pérez es desgarradora y no es posible dudar de que el daño físico le provocó un daño moral inmenso, que subsiste.
En la demanda que presentó ante el Tribunal Federal se cuentan todos los detalles de una tragedia cuyo primer escenario ubica en el Centro de Servicios Médicos de Levittown (IPA 318).
La triste y larga odisea de Quiñones Pérez, según la demanda, comenzó el 26 de diciembre de 2001 y culminó en 2007, cuando - ya sin remedio- tuvo que someterse a una operación radical del pene, órgano que le fue removido por completo.
En la demanda se menciona que los médicos del IPA que lo atendieron ni siquiera ordenaron que se le hiciera una biopsia ni tampoco lo refirieron a un urólogo a tiempo.
En el recurso legal se plantea que por lo menos uno de los demandados le inspeccionó el pene desde un metro de distancia y que hubo galenos que le decían que estaban a la espera de una decisión de las compañías de seguros a las que el paciente estuvo afiliado (Humana y Triple S) como participante de la Reforma de Salud.
“La lesión eran tan grande, tan evidente, tan dolorosa al tacto, que (Quiñones Pérez) no podía tocarse el pene de ninguna manera, ni para ningún propósito”, se relata en el recurso legal presentado en 2008, uno en el que el paciente exigió $6 millones de indemnización para él y $1 millón adicionales para su esposa.
Los médicos del Centro de Servicios Médicos de Levittown que fueron demandados son Elizabeth Rivera Bové y Roberto Lebrón.
También fue demandado el Centro y el urólogo Rafael A. Ruiz Quijano, especialista al que finalmente le refieren en 2006, pero que también falla en su diagnóstico al sostener que Quiñones Pérez de lo que padecía era de un hongo.
El urólogo le recetó una crema que supuestamente lo iba a curar en dos semanas.
En el IPA, Quiñones Pérez pasó de mano en mano, ya que nunca tuvo un médico primario asignado, se alega en la demanda. Los doctores se resistían a enviarlo ante un especialista, aunque él insistía en que las manchas que tenía en el pene le iban cambiando de color, y que el miembro le iba creciendo.
En el recurso legal también se indica que el récord médico de Quiñones Pérez fue alterado al indicarse falsamente que éste sufría de inflamaciones desde la circuncisión.
Su cuadro clínico fue empeorando. Sangraba y, cuando es tratado por Ruiz Quijano, el paciente se queja de un crecimiento en la zona del escroto.
Uno de los doctores que lo atendió en el IPA de Levittown, la doctora Rivera Bové, lo ve y le insiste, según el recurso legal, en que continúe con el tratamiento para el hongo, “ignorando que el crecimiento del pene era tanto de largo como de ancho”.
El pene de Quiñones Pérez desarrolló una costra blanca, “que Rivera Bové -reza la demanda- le remueve en parte... sin prevenir que le seguía creciendo el tumor”.
“Quitarle la costra le ocasionó un dolor intenso y sangró. (La doctora) no guardó la costra para examinarla”, se reclama en el documento suscrito por el licenciado Raúl S. Mariani Franco.
Quiñones Pérez reclamó ante el juez Juan Pérez Giménez que todos los remedios que le dieron estaban contraindicados para su mal, incluso un antibiótico recetado.
El demandante, que actualmente reside en Nueva York, visitó un segundo urólogo en el 2007. El permiso para que lo viera el doctor Antonio Sotolongo se lo conceden el 17 de julio de 2007 y el médico lo ve el 9 de agosto.
Sotolongo, al examinarlo, dio un diagnóstico certero. Le dijo a Quiñones Pérez que no era un hongo lo que tenía, que probablemente era un cáncer.
Le ordenó la biopsia requerida cuando se observan este tipo de anomalías y posteriormente le diagnostican keratinizing squamous cell cancer.
En menos de un mes, el paciente se enfrentó a una realidad ya irreversible: no había otra opción que amputarle el pene, cirugía que acepta para salvar su vida.
El tiempo perdido le significó no sólo la amputación del órgano, sino también la posibilidad de que el cáncer entrara en metástasis.
El caso de Quiñones Pérez sigue activo en el Tribunal Federal.
El abogado Mariani Franco confirmó que el Centro de Servicios Médicos de Levittown llegó a una transacción judicial confidencial con su cliente. Lo mismo hicieron los médicos Ruiz Quijano y Roberto Lebrón.
La doctora Rivera Bové también había accedido a una transacción, pero luego se arrepintió, alegando que se había sentido presionada para hacerlo.
Su pedido de reconsideración está ante la consideración de Pérez Giménez.
Primera Hora intentó localizar a la doctora, pero ya no trabaja en el IPA de Levittown. Tampoco se consiguió una reacción de su abogado, Igor Domínguez.
“Mi cliente ha sufrido una depresión profunda”, dijo Mariani Franco, quien no está autorizado a revelar el monto de dinero que recibirán Quiñones Pérez y su esposa.
Cabe señalar que en este tipo de transacción, los demandados no admiten responsabilidad y lo que suelen indicar es que acceden a una transacción para evitar mayores gastos legales.
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