jueves, 11 de agosto de 2011

Multa y cárcel para el que no sople

por Leysa Caro González

Cuidado con negarse a soplar, que podría terminar en la cárcel o pagando una multa de hasta $5,000.

El Departamento de Justicia, así como el de Transportación y Obras Públicas (DTOP), endosaron ayer un proyecto de ley que busca convertir en delito el negarse a someterse a la prueba de alcohol o sustancias controladas en la sangre.

La medida, radicada en el 2009 por un grupo de representantes populares, busca enmendar la Ley de Vehículos y Tránsito para disponer que negarse a someterse a la prueba constituirá un delito menos grave con una multa de entre $1,000 y $5,000, y reclusión de entre 30 y 90 días, además de suspensión de la licencia de conducir por un año a partir de la sentencia.

El proyecto establece además que, al negarse al análisis, la persona será conducida inmediatamente ante un magistrado para una vista de causa probable para su arresto, o citación. De encontrarse causa en ese momento, el tribunal retendrá la licencia y la conservará hasta la disposición final del caso, por lo que se considerará “provisionalmente suspendida”.

Mientras, en los casos en que “la detención de la persona fuere resultado de un accidente en el que se hubiere causado grave daño corporal o la muerte de otra persona, negarse a someterse a los análisis se considerará delito grave de cuarto grado que acarreará la pena dispuesta por el Código Penal para tal delito”. En estos casos, la suspensión de la licencia podría ser hasta por cinco años.

Durante el proceso de vistas públicas, el secretario del DTOP, Rubén A. Hernández, sostuvo que la medida “será una herramienta adicional para erradicar de las carreteras a los conductores irresponsables que se atreven a conducir un vehículo de motor bajo los efectos de sustancias controladas o alcohol”.

El superintendente de la Policía, Emilio Díaz, también favoreció el proyecto de ley por entender que ayuda a la Policía en su misión de salvar vidas, siempre y cuando Justicia y el DTOP también favorecieran el estatuto. Reconoció que son muchos los casos que no prosperan en los tribunales ante la ausencia de una prueba científica que certifique el estado de embriaguez en el que manejaba el acusado.

“Yo creo que definitivamente hay que poner un detente en diferentes áreas y ésa es una de ellas, porque imagínese cuántas personas han tenido problemas bajo los efectos del alcohol y cuántos se han logrado llevar a los tribunales respecto a eso”, comentó el Superintendente a Primera Hora.

De hecho, durante el proceso de vistas públicas, el senador Larry Seilhamer, presidente de la Comisión de Urbanismo e Infraestructura, hizo alusión al reciente caso del juez Miguel Rosario Reyes, quien aparentemente se negó a realizarse el examen tras ser intervenido por la Policía el sábado en la noche, según el relato del agente Carlos Báez Rivera.

“El caso reciente de un miembro de la Rama Judicial envía un mensaje erróneo a la ciudadanía: pueden negarse y salir absueltos; y no debe ser así, la atención y legislación sobre este tema es necesaria”, sostuvo el senador en claro apoyo a la medida.

Por su parte, Justicia propuso a través de una ponencia escrita que cuando la detención de la persona fuera resultado de un accidente en el que hubiera causado daño o muerte a otra persona, debería sentenciarse por separado cada delito, en tercer grado.

No hay duda de que las campañas educativas presentes en los medios de comunicación han logrado surtir un efecto, indicó Díaz, pero aún siguen siendo numerosos los casos.

La radicación de la medida descansa también en que la National Highway Traffic Safety Administration ha promovido que los estados establezcan sanciones a los conductores que se rehúsan a someterse a las pruebas químicas o físicas requeridas. Esto es para evitar que la conducta proscrita de negarse a someterse a las pruebas requeridas por el ordenamiento quede impune.

Medidas similares para evitar el tránsito de conductores ebrios en la calle se han radicado, como lo es la ubicación de un aditamento en los carros de personas convictas, el cual éstas tienen que soplar antes de iniciar la marcha del vehículo.

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