Impugnado el plan de redesarrollo de la antigua base Roosevelt Roads

por Antonio R. Gómez

El proceso utilizado por el Gobierno de Puerto Rico para obtener autorización federal a sus planes de redesarrollo de la antigua base Roosevelt Roads fue impugnado ante esas mismas autoridades por representantes de las comunidades vecinas.

El copresidente de la Junta de Restauración Ambiental de lo que era la base, el abogado Ramón David Figueroa, envió sendas cartas a la oficina de Cierre y Realineamiento de Bases de la Marina (BRAC) y al Departamento de Vivienda de Estados Unidos en las que detalla las violaciones de ley en que incurrió el Gobierno.

En su extensa exposición, Figueroa enumera las ocasiones en que la Autoridad para el Redesarrollo de la base obvió los procesos de consulta con las comunidades a los que viene obligada por ley.

“Se está impugnando el proceso por no cumplir con unos requisitos procesales ante la HUD, de hacer disponibles los documentos, llevar a cabo vistas públicas y someter comentarios escritos de la comunidad sobre las enmiendas al plan original”, explicó Figueroa a Primera Hora.

Ante la oficina de BRAC, cuestionó también el proceso seguido por la Autoridad cuando presentó el documento que pretende recoger el impacto ambiental que tendrán los cambios que propone esta administración al proyecto original, así como el documento que contiene esas enmiendas. El plan original de redesarrollo se presentó en el 2004 y ya había sido evaluado por los federales.

“Es importante señalar que la autoridad local para el redesarrollo de Roosevelt Roads nunca ha presentado el addendum (las enmiendas) del 2010 al Plan de Reúso a los residentes de los municipios de Ceiba y Naguabo”, dice Figueroa en su carta a BRAC.

“Esto es contrario a los requisitos de la Ley para el Cierre y Realineamiento de Bases de Defensa de 1999, según enmendada, que dispone que la Autoridad tiene que proveer oportunidad al público para comentar sobre un plan de redesarrollo antes que el mismo se someta al secretario de Defensa y al secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda (HUD)”, agrega.

Documentos contradictorios
“Hay contradicciones en lo que ellos explican en el plan maestro (de zonificación o uso de terrenos) y lo que está en el documento ambiental”, explicó Figueroa a Primera Hora.

La diferencia, indicó, está en los desarrollos propuestos y la proyección de concentración urbana que contienen ambos documentos.

En su misiva expresa, además, su preocupación porque “hay documentos de planificación distintos bajo consideración de las autoridades locales y las federales” y explica que “el suplemento o cambio en la evaluación de efecto ambiental presentado por el US Navy BRAC Program está basado en el addendum del 2010 al Plan de Reúso. Mientras, las autoridades locales, particularmente la Junta de Planificación, están evaluando en estos momentos el Plan de Uso de Terrenos del 2011 para la antigua base naval, el cual es totalmente diferente”.

Agrega Figueroa que los distritos zonales que establece el Plan de Uso de Terrenos del 2011 permiten un desarrollo más intensivo y más denso que el que se presentó conceptualmente en el documento que enmienda el Plan de Reúso.

“Por tanto”, reclama, “respetuosamente solicitamos que la Marina de Estados Unidos, mediante un suplemento de efecto ambiental enmendado, analice los impactos ambientales significativos que tendrá el Plan de Uso de Terrenos de 2011 en vez del addendum al Plan de Reúso del 2010”.

Burlada la consulta
En ambas cartas se explica en detalle la forma en que el Gobierno incumplió con los requisitos de ley para que se consulte y se informe a las comunidades vecinas.

“En mayo de 2010, la Autoridad hizo una presentación del documento final del addendum (las enmiendas) del 2010 al Plan de Reúso, donde no se permitieron las preguntas y los comentarios del público. Por tanto, la Autoridad nunca ha presentado oficialmente copias impresas del documento para revisión o comentario público, en violación de la ley”, señala.

“Para hacer las cosas aún peores, agrega, los comentarios, recomendaciones e ideas presentados por los representantes de la comunidad en talleres celebrados en el mes de febrero de 2010 no están siquiera reflejados en los usos proyectados que se incluyen en el addendum del 2010”.

“Respetuosamente solicitamos que el US Navy BRAC Program solicite a la Autoridad que presente ese documento a revisión y comentarios públicos antes que el borrador del suplemento a la evaluación de impacto ambiental se considere final”, dice Figueroa.

En su carta a HUD amplía la denuncia, “este documento no cumple con los estándares legales mínimos que establecen los reglamentos federales. Las disposiciones legales requieren cumplimiento con los procedimientos que son requisitos de ley, y éstos han sido ignorados o incumplidos por la autoridad local para el redesarrollo”, sostiene.

Amenaza Ambiental
“La Autoridad simplemente ha desarrollado un Plan de Uso de Terrenos que no incluye un plan de zonas especiales, ni reglamentación para éstas. Por lo tanto, el suplemento de efectos ambientales (SEA) no puede utilizar esta declaración como medida de mitigación”, afirma en otra parte del documento.

“El desarrollo económico futuro de los municipios de Ceiba y Naguabo no puede estar basado en un documento conceptual como el addendum del 2010 al Plan de Reúso. Necesitamos instrumentos de planificación serios y de calidad que no abran estas tierras para ningún tipo de desarrollo que promueva mayor desparramamiento urbano y más urbanizaciones de acceso controlado, donde el desarrollo económico es mínimo”, advierte.