Por Ileanexis Vera Rosado,
A un año de iniciado el proceso de negociación entre los proponentes para administrar las autopistas PR-22 y PR-5, finalmente el contrato recayó en el Consorcio Goldman Sacks/Abertis, de ahora en adelante Autopistas Metropolitanas de Puerto Rico LLC, quienes operarán ambas autopistas por los próximos 40 años.
Dicho consorcio logró su aprobación tras superar a su oponente en su oferta económica en un 12.5%, concediendo a la Autoridad de Carreteras $1,080 millones, en un primer pago, el cual en un 90% será destinado al pago de deudas a los bonistas y al pago de intereses al Banco Gubernamental de Fomento.
Autopistas Metropolitanas de Puerto Rico agregará a esa inversión inicial unos $356 millones adicionales en mejoras y construcción. Durante los primeros tres años invertirán en mejoras inmediatas $56.1 millones y en inversión recurrente para mantener las autopistas como unas de Clase Mundial proyectan invertir, por los próximos 25 años, alrededor de $300 millones.
Los empleados de la Autoridad de Carreteras asignados a las Autopista PR-22 y PR 5 –alrededor de 120- retienen sus puestos de trabajo en el gobierno, no empece la aprobación de la APP para dichas operaciones. EL VOCERO/ Alvin Báez
David Alvarez, director ejecutivo de la Autoridad para las Alianzas Público Privadas, explicó que durante el primer año el Consorcio invertirá $16.9 millones en mejoras a los desagües y drenajes, rotulación, plazas de peajes, barreras de concreto, paisajismo y alumbrado. Los siguientes dos años, la inversión alcanza los $39.2 millones, en mejoras a la superficie vial, delineación en el pavimento, bandas de alerta a los lados de las vías y la rehabilitación de puentes y elevados. Se estima que dichos trabajos podrían comenzar desde el cuarto trimestre del 2011.
A esa inversión se le agrega un pago anual de $450 mil a la policía y un pago adicional de esa misma cuantía cada siete años para equipo necesario para asegurar el nivel de servicio actual. Asimismo, se suma el pago de utilidades, recaudos contributivos estatales y municipales, ya que tendrán que pagar patentes municipales en los 12 municipios por donde transcurren las autopistas.
En torno a la protección de los consumidores, no puede haber aumento en las tarifas hasta el 2014 y los aumentos subsiguientes están limitados a una fórmula de inflación –inflación de EE.UU. + 1.5%-. Según Alvarez estos aumentos no deberán ser considerables, indicando que un peaje como el de Buchanan estiman que pudiese pagar $1.50 para el año 2021.
El contrato también contempla la creación de un peaje dinámico, el cual consistirá de dos carriles variables, cuyas direcciones transcurrirán acorde con la mayor congestión vehicular. La ventaja de dichos carriles es que garantizará, por el pago de un peaje adicional, un libre flujo a unas 55mph. Ininterrumpidamente. En horas normales, los carriles operarán una de ida y otro de vuelta.
“Esta APP nos permite mantener una estabilidad económica y rehabilitar la Autoridad de Carreteras, ya que nos permite reducir nuestras deudas, que hoy ascienden a cerca de $7,000 millones y con ello reducir los intereses, lo que los coloca en una mejor posición tanto económica como operacional”, afirmó Alvarez, quien igualmente sostuvo que representará un alivio para el Banco Gubernamental de Fomento, para quienes la Autoridad de Carreteras es uno de sus mayores deudores.
En torno a las fortalezas de la propuesta del Consorcio Goldman/Abertis figuran: habilidad para lograr cierre financiero. Programa de mejoras inmediatas, servicios de manejo de tránsito, centro de manejo de tránsito, maximización de los ingresos compartidos por el Dynamic Toll Lane para la Autoridad de Carreteras, detección de incidentes y respuestas, y mejoras permanentes a pavimento, puentes y estructuras. A ello sumó que elevará el nivel de calidad de las autopistas a una clase mundial basado en los estándares de la Autoridad de Carrteras de Puerto Rico, el Federal Highway Administration y el American Association of State Highways ans Transportation Officials.
El ejecutivo fue enfático, en que incumplimiento persistente con los estándares de operación se considerará un incumplimiento de contrato, lo que constituirá penalidad real comparado con otras APP en la Nación.
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