Golpe al depredador

por Istra Pacheco


En los pasados ocho meses -desde octubre de 2010 para acá-, las autoridades federales han arrestado a 12 personas en Puerto Rico por delitos cibernéticos de índole sexual con menores.

Esa cifra es la más alta registrada en año alguno desde el 2003, cuando se incluyó a la Isla en la iniciativa federal Operación depredador.

Y ojo, que todavía faltan tres meses y medio para que finalice el año federal fiscal y ese número puede aumentar, según han advertido las autoridades.

La cantidad reportada contrasta con el promedio de tres arrestos por año que los federales realizaron entre el 2003 y 2006, según datos provistos ayer por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

A partir de 2008, hubo un aumento, con un total de nueve arrestos. Entre el 2009 y el 2010, 10 personas ingresaron a prisión por los mismos delitos.


El vertiginoso aumento en las cifras motivó que múltiples autoridades federales y estatales firmaran un nuevo acuerdo de colaboración que busca unir esfuerzos en las investigaciones, especialmente en el área forense.

La idea es compartir tanto evidencia de casos como ideas para atajar el problema de depredadores sexuales de menores y las herramientas de investigación y forenses, de manera que se logren la mayor cantidad de convicciones.

En una rueda de prensa conjunta realizada ayer, múltiples jefes de agencias estatales y federales anunciaron que reforzarán la comunicación.

También dijeron que se han mejorado los laboratorios federales y estatales especializados en rastrear evidencia en equipos electrónicos para obtener información de intercambio de pornografía infantil, entre otras.

“Cualquier cosa que tenga memoria, así sea el horno de su casa, si tiene para guardar memoria (y tenemos sospechas), lo vamos a investigar”, dijo Marshal Morgan, jefe de la Oficina del Fiscal Federal General.

El funcionario, quien fue uno de los que se sumó al acuerdo de colaboración, hizo otra advertencia a aquellas personas que intentan contactar niños para asuntos sexuales a través de la Internet.

“No importa que esté en una montaña o escondido en un sótano. Tan pronto se conecte a Internet, tiene que saber que no está solo. Vamos a saber qué está ocurriendo... Si está contactando a un niño a través de Facebook, nosotros vamos a tocarle a la puerta mañana”, declaró. “Quizás nos tome un tiempito, pero vamos a llegar”.

Por su parte, Roberto Escobar, jefe del ICE en la Isla, exhortó a la gente a denunciar estas prácticas.

“El mensaje que tenemos que darles a nuestros niños y padres es que no se queden callados. Si usted conoce de alguna actividad donde usted entienda que hay un delito contra un niño, usted tiene que comunicarlo. Usted tiene que estar pendiente”, manifestó.

Los jefes de agencia anunciaron además que se amplió el campo de acción para no sólo perseguir a quienes acechan sexualmente a menores a través de las redes sociales o diversas herramientas que hay en Internet, sino que también investigarán y atacarán prácticas de turismo sexual y otras formas de explotación contra niños.

“Por primera vez en la historia de Puerto Rico nos hemos unido todos por un solo objetivo: velar por la protección de la niñez”, declaró Roberto Escobar, agente especial a cargo de ICE en Puerto Rico.

El secretario de Justicia, Guillermo Somoza Colombani, dijo que, como parte del acuerdo, las autoridades estatales se autoimpondrán términos para recolectar evidencia relacionada con sospechosos y se entregarán informes periódicos sobre los logros obtenidos.

A pesar del esfuerzo, el secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) dejó claro que hay un problema con la recolección de estadísticas que ayuden a las autoridades a establecer mejores técnicas de prevención y acción.

Ante esa realidad, dijo que hay un acuerdo paralelo entre la Universidad de Puerto Rico y el Centro de Niños Perdidos para recopilar datos que ayuden a mejorar las políticas públicas del Gobierno en este tema.

Además, en este año fiscal se han referido 75 casos para investigación, aunque al menos una cuarta parte de ésos son negativos.

Las agencias estatales que suscribieron el acuerdo son los departamentos de Justicia, Familia, Educación, Asuntos del Consumidor y Hacienda, la Policía estatal y Municipal de San Juan, y el Instituto de Ciencias Forenses.

Del lado federal, fueron Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, Oficina del Procurador y Oficina de Alguaciles.