por Bárbara J. Figueroa Rosa
Las cifras son abrumadoras y no es para menos, pues el Gobierno invierte 16 veces más en un joven que permanece prisionero en una institución juvenil que en aquel alumno que le echa ganas a su futuro como estudiante del sistema público del país.
Y es que, según datos provistos en los informes de presupuestos del Departamento de Corrección y Rehabilitación y del Departamento de Educación (DE), el costo aproximado de mantener a un jovencito en la cárcel es de unos $135,000 anuales, mientras que el de un estudiante apenas alcanza los $8,000. En el caso de un confinado adulto, el estimado de inversión sobrepasa los $37,000, mucho menos de lo que alcanza el salario de un maestro, el cual es de apenas $28,000.
¿Irónico, verdad? Pues, ésa es la realidad que enfrenta el escenario fiscal de la Isla, donde se invierte menos en aquellos que el mismo gobernador Luis Fortuño describe como “la esperanza” de una sociedad que agoniza entre muchos problemas sociales, principalmente de índole económica y de incidencia criminal.
“Estos jóvenes son vivo ejemplo de una juventud puertorriqueña que se esfuerza y que se sacrifica, que reconoce que el trabajo y el estudio rinden beneficios y ayudan a desarrollar un mejor carácter. Todos representan la esperanza que tenemos para una transformación social real en Puerto Rico”, afirmó el pasado 16 de mayo el Gobernador durante una actividad en la que se destacó la excelencia académica de sobre mil estudiantes.
Sin embargo, a la hora de repartir el billete la historia es otra, pues los más de 400 mil alumnos -estudiantes de kindergarten a duodécimo grado que conforman el sistema educativo público del país- son relegados por la población carcelaria de la Isla. En esta se incluyen unos 496 trangresores -cuyas edades fluctúan entre los ocho y 21 años de edad- que cometieron alguna falta que los privó de la libertad y los mantienen tras los barrotes de una institución.
Según el informe de presupuesto recomendado que presentó Corrección ante la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes, la inversión utilizada en los prisioneros se calcula tomando en consideración costos de seguridad, alimentos, salud, servicios de la Autoridad de Energía Eléctrica, de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, entre otros aspectos.
“Hay que invertir en la educación, seguro que sí... pero los padres también tienen que invertir tiempo en velar a sus hijos. En este país muchos padres, la mayoría, no saben lo que hacen sus hijos a las 10:00 de la noche. Los padres tienen que saber cuáles son las amistades de sus hijos porque luego pasan incidentes y se lamentan. Es (entonces) cuando conocen al dueño del punto, la hija sale embarazada, toman alcohol, se inician a en las drogas, y ahí empieza el problema y se pierde el control de la situación. Entonces, los padres se ven desesperados y ahí es que vienen a nosotros”, reaccionó el secretario de Corrección, Carlos Molina, cuando Primera Hora le pidió un análisis sincero sobre la desproporción de la inversión por parte del Gobierno los confinados y en los estudiantes.
Aunque admitió que el gasto “es increíble” en su agencia -la cual está constituida por el conglomerado que incluye al propio Departamento de Corrección y Rehabilitación, la Administración de Corrección, la Administración de Instituciones Juveniles (AIJ), la Oficina de Servicios con Antelación al Juicio, la Junta de Libertad Bajo Palabra, la Corporación de Empresas de Adiestramiento y Trabajo (CEAT) y el Programa de Salud Correccional-, defendió el presupuesto recomendado para el próximo año fiscal, el cual es de $520,560,000.
“Se gasta demasiado... es increíble. Es cierto pero, ahora mismo nosotros tenemos una reducción de $25 millones en comparación con el presupuesto que se manejaba hace cuatro años. De hecho, y te voy a dar una primicia, a partir de julio vamos a tener un recorte de un millón de dólares mensuales en programas de comunidad que se daban a los jóvenes... vamos a meter esos programas en las instituciones y nos vamos a ahorrar ese dinero”, dijo Molina.
Además, dijo, la diferencia de costos entre el Departamento de Educación y su agencia estriba en las medidas de seguridad.
“Los presos les cuestan demasiado a muchos países. Éste no es un asunto de Puerto Rico nada más. Ahora mismo, en México, Chile y Estados Unidos sucede lo mismo. La diferencia entre presupuestos es por la seguridad. Construir una cárcel es más complicado que construir un salón de clases, y administrarlas es mucho más. Imagínate 4,000 confinados de máxima seguridad juntos... se matan entre ellos. A esos confinados yo les tengo que tener una celda, cada una con su baño, tal como se acordó con el caso Morales-Feliciano... ¡eso cuesta mucho! Una escuela ¿cuántos baños tiene?, ¿10?”, agregó Molina, quien precisamente la semana pasada anunció una inversión de sobre $2.5 millones para establecer un centro de monitoreo en sus oficinas centrales para controlar las cámaras de seguridad ubicadas en diferentes instituciones carcelarias. A eso se suman otros $2 millones o más para un sistema de comunicación de radio, uniformes para los oficiales correccionales y juveniles y la adquisición de chalecos protectores y armas de mayor calibre.
Pero, tanta inversión ¿ha rendido frutos?, le preguntamos al cuestionarle que el nivel de reincidencia entre los reos es de un 65%.
“Bueno, ahora ha bajado a un 52% porque estamos enfocados en la rehabilitación, porque lo cierto es que si aumenta la población, aumentan los gastos operacionales”, dijo.
En ese sentido, agregó, que se están aunando esfuerzos para tratar de reintegrar a la sociedad a un confinado “capacitado y productivo”.
“Definitivamente, el tratamiento es la clave para que ese confinado o joven no regrese a la cárcel y nos cueste otra vez al Estado”, manifestó.
No hay comentarios:
Publicar un comentario