por Leysa Caro González
Atienden el crimen organizado, la corrupción gubernamental, actos terroristas, violaciones a las leyes antimonopolísticas y casos en los que se impute el mal uso o abuso de la autoridad de un miembro de la Policía.
Y, ahora, resulta que a los agentes del Negociado de Investigaciones Especiales (NIE) quieren asignarles la investigación del hurto de los servicios básicos de agua y luz.
Pero, al parecer, dicho cuerpo no podrá asumir esas nuevas funciones hasta tanto se incremente significativamente el número de agentes, advirtió el director del NIE, Víctor Carbonell. “Acogemos el proyecto, pero necesitamos recursos adicionales, tanto económicos como humanos, para aplicar el mismo”, advirtió.
La medida ya fue aprobada por el Senado y busca asignarle al NIE la responsabilidad primaria de investigar los casos de robo y apropiación ilegal de los servicios públicos de agua y energía eléctrica, al igual que la alteración, interferencia u obstrucción de los medidores o contadores de ambos servicios.
Actualmente, el NIE cuenta con 201 agentes que tienen a su cargo investigaciones medulares en contra del crimen organizado y otras actividades delictivas. De éstos, 23 están asignados a agencias federales como parte de un acuerdo colaborativo, lo que hace más cuesta arriba cumplir con sus responsabilidades.
“Si no tenemos los recursos no podemos hacer lo que se nos está solicitando a través del proyecto de ley”, insistió Carbonell.
Éste explicó que para el presupuesto del nuevo año fiscal 2011-2012, que asciende a $152 millones, solicitaron un aumento de diez agentes, el cual les fue aprobado. Pero éstos apoyarían a sus compañeros en las labores investigativas. “Aun así, necesitaríamos más”, reconoció.
Carbonell no pudo precisar cuántos agentes adicionales necesitaría el NIE para atender las nuevas labores que les serían designadas de ser aprobado el proyecto por la Cámara y convertido en ley por el Gobernador. “Tendríamos que tomar como comparable cuánto personal tiene la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) y la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) designado para hacer estas funciones”, expresó.
les gusta la idea
Tanto la gerencia de la Autoridad Acueductos y Alcantarillados como la de la Autoridad de Energía Eléctrica parecen estar encantadas con la idea de contar con la colaboración de los agentes del NIE para atender este tipo de casos.
Aunque tienen sus divisiones y personal para atender esta problemática que anualmente les roba a las arcas de ambas corporaciones millones de dólares, la integración del NIE vendría a reforzar esas iniciativas o, por lo menos, así es como la visualizan.
Para el director de Servicio al Cliente de la AAA, José Aguayo, la función de los agentes del NIE debería estar enfocada en atender aquellos casos de clientes reincidentes.
“Nos ayudaría mucho en estos casos de clientes que insisten en el robo del servicio y que tenemos que continuar dándoles seguimiento porque se niegan a registrarse”, explicó el ingeniero.
Para evidenciar el nivel de reincidencia con el que batallan día a día, Aguayo explicó que entre julio de 2010 y mayo de 2011 se detectaron 46,530 casos de hurto. En 17,595 de éstos se tuvieron que hacer segundas y terceras intervenciones para lograr que legalizaran el servicio y así recuperar parte del dinero dejado de recibir.
“La gente quería seguir sin pagarle el servicio a la Autoridad. Se necesita un ejército para aquellos casos reincidentes”, explicó el funcionario.
Agregó que la AAA no tiene garras por la vía legal, sino sólo por la vía administrativa, para lograr que el cliente pague el servicio que ha estado recibiendo de forma ilegal y, en ese aspecto, la integración del NIE sería fundamental.
Dijo que, en promedio, invierten $165 para realizar cada intervención. “Nosotros saldríamos bien si la gente no tuviera reparos en cumplir con su responsabilidad, pero ir detrás de ellos, cortarle el servicio, ponerle el aditamento y darle seguimiento, es bien cuesta arriba, porque no quieren venir a la primera”, comentó.
La AEE, por su parte, sí cuenta con garras más fuertes para hacer cumplir a los clientes que hurtan el servicio, pero aun así tiene problemas con los clientes reincidentes, confirmó a Primera Hora Otoniel Cruz Carrillo, director de Servicio al Cliente de la corporación.
“Lo vimos como un apoyo, porque no vamos a dejar de hacer las cosas como se están haciendo, en los casos reincidentes que queremos que lleguen a otras consecuencias”, expresó el funcionario.
Cruz Carrillo aseguró que las medidas implantadas para combatir el robo de luz han sido eficientes y alegó que muestra de esto es la detección en el 2010 de 4,735 casos de uso de indebido de energía eléctrica para un importe de $17 millones.
Reconoció que los casos de reincidencia son los menos por la penalidad y la rigurosidad con que se trabajan, pero aún así necesitan ser atendidos. Se dan usualmente entre clientes comerciales.
Entre las iniciativas que han implementado para ser más efectivos en detectar los casos de robo de luz, está la creación de la Oficina de Uso Indebido de Energía Eléctrica y de una aplicación electrónica para registrar los casos, producir informes y gráficas y establecer una base de datos de las investigaciones hechas.
A esto se suma, la aprobación de la Ley 162 del 2009 para imponer penalidades administrativas de hasta $10,000 a toda persona que viole o induzca a que se viole cualquier disposición de un reglamento promulgado por la Autoridad.
La Policía de Puerto Rico, durante el proceso de vistas públicas, también le dio un espaldarazo a la medida “siempre y cuando el secretario del Departamento de Justicia así lo estime pertinente”.
La Uniformada alegó mediante ponencia que la aprobación de la medida contribuye a erradicar conductas delictivas no sólo en la esfera de seguridad , sino en el aspecto económico del Gobierno, ya que con el robo de ambos servicios resultan lacerados los recaudos del Gobierno.
El Proyecto del Senado 2044 fue aprobado el lunes por la Cámara Alta con la oposición de la delegación del Partido Popular Democrático (PPD) que alegó que la medida rayaba en lo absurdo , pues lo adecuado “es que se enfoquen en las cosas que la ley dice que hay que hacer”, abundó el senador Eduardo Bhatia.
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