por Maritza Díaz Alcaide
Los federales sacan al Departamento de Educación de la sindicatura en la que lo mantuvieron sumido por los pasados siete años.
El gobernador Luis Fortuño y el secretario de Educación, Jesús Rivera Sánchez, recibieron la noticia esta semana a través de una carta suscrita por Philip A. Maestri, director del Servicio de Manejo de Riesgos del Departamento de Educación de Estados Unidos.
En esa misiva se consigna que la agencia local ya cumple con el manejo adecuado de los fondos que le asigna el Gobierno federal para la educación pública en la Isla.
“Hemos cerrado un capítulo negro en la historia de la educación en Puerto Rico”, destacó Fortuño, quien afirmó que la crisis en el Departamento llegó a tal extremo que, en un momento dado, hasta se congelaron fondos a la agencia.
En 2004, Educación federal hizo que Puerto Rico firmara un acuerdo legal de cumplimiento de acciones correctivas, que no se cumplieron en la fecha límite: 2007.
El Departamento de Educación de la Isla estuvo por años en riesgo de perder millones en asignaciones.
Educación tampoco podía competir en la distribución de fondos de determinados programas, dijo ayer Rivera Sánchez.
El Gobernador les atribuyó el fin de la sindicatura a las medidas correctivas tomadas por su administración.
Temprano en el cuatrienio, Fortuño designó un grupo de trabajo que se encargó de los aspectos fiscales del Departamento, mientras el Secretario y su equipo quedaban a cargo, fundamentalmente, del desarrollo de lo académico.
“Lo que funciona no se cambia”, dijo el Primer Ejecutivo cuando se le cuestionó si ese arreglo continuará vigente.
Educación federal consignó que Puerto Rico ya cumplió con los requisitos de la extensión del acuerdo de 2007, pero sostuvo que todavía quedan asuntos por resolver en educación especial.
El Gobernador indicó ayer que el Departamento ha cumplido “a cabalidad” con los requisitos de medición de aprovechamiento académico, uso y distribución de fondos, en las cualificaciones a maestros, en lo relativo a las escuelas y en mejoramiento, entre otros aspectos.
En cuanto a educación especial, dijo que se anticipaba que quedarían áreas pendientes de solución, ya que se heredó un programa con más de 3 mil estudiantes en espera de servicios de evaluación.
Ahí se tendrá que mejorar la asistencia tecnológica, las evaluaciones, revaluaciones y transportación.
Los primeros pasos se dieron al nombrar 1,300 facilitadores y distribuir computadoras portátiles e impresoras.
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