Por Yennifer Álvarez Jaimes
Edwin Peña Rivera se ganaba el sustento como electricista hasta que sufrió una fractura en el brazo trabajando en una estación del Tren Urbano, en Bayamón. En el 1999, el también padre de tres niñas, salió del Hospital Industrial con un yeso en el brazo derecho, pero sin sus dos riñones como consecuencia del exceso y mal uso de medicamentos.
A raíz del incidente, Peña Rivera recibió diálisis durante cinco años. Su esposa tuvo que dejar de trabajar durante ese tiempo y no fue hasta el 2005 que obtuvo una indemnización por $700 mil. Con sólo 49 años, Peña Rivera ya no podrá volver a trabajar y sufre complicaciones renales pese a que fue trasplantado gracias a que su hermano José le donó uno de sus riñones.
“Esto no se lo deseo a nadie. Es un proceso doloroso, no sólo por los cinco años de diálisis, sino por ver los ataques de ansiedad de mis hijas. No les gusta ir al doctor después de ver cómo quedó su padre”, sostuvo con voz entrecortada Peña Rivera, quien además recientemente fue diagnosticado con cáncer en la piel posiblemente a causa del uso de medicamentos para atender su condición renal.
EL VOCERO contactó a esta víctima de impericia médica, luego de recibir varias denuncias en contra del ortopeda que lo atendió y que aún ejerce la medicina. La investigación de este diario reveló que el ortopeda ha sido demandado en al menos 16 ocasiones. En los pleitos se alega que llevó a cabo procedimientos de manera negligente. Pese al número de demandas, los pacientes de este ortopeda desconocen el historial.
De acuerdo a la Oficina de Administración de los Tribunales, el doctor Jorge Rodríguez Wilson mantiene seis casos activos por impericia médica en las cortes locales. Además, EL VOCERO supo que existe una demanda en su contra en la Corte federal. De las 16 demandas identificadas se llegó a un acuerdo de estipulación fuera de los tribunales en cuatro casos y en los otros cinco los demandantes desistieron del pleito judicial.
No obstante, según abogados expertos en casos de impericia médica, una estipulación o un desistimiento no necesariamente significa que el doctor no es responsable de mala práctica. En las estipulaciones o desistimientos se puede llegar a un acuerdo de compensación económica fuera de los tribunales. En algunos casos se desiste o se transa el caso fuera del tribunal para beneficio del médico demandado o del paciente. Algunas víctimas de impericia médica desisten o estipulan el caso para evitar un largo proceso judicial que le impediría recibir ingresos económicos.
Casos como el de este médico pueden repetirse en la Isla sin que los pacientes tengan conocimiento.
En pleno debate sobre el proyecto de ley vinculado con los topes en la compensación para los casos de impericia médica, la Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica confirmó hace dos semanas a EL VOCERO que desde el 2009 al presente sólo se le ha removido sumariamente la licencia a dos galenos. Uno vinculado al ejercicio de la profesión médica y el otro por una violación al Código Penal.
Del 2009 al presente, se han referido 376 casos relacionados con impericia a la Junta. Todos los casos fueron referidos por sentencias en los tribunales, por el Comisionado de Seguros, por el Sindicato de Aseguradores de Responsabilidad Profesional Médico-Hospitalaria (SIMED) o por el Procurador del Paciente. De acuerdo al licenciado Luis Hernández Cardona, abogado investigador de la Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica, ninguno ha sido referido por el Comité de Ética del Colegio de Médicos Cirujanos.
De estos casos, 248 están en espera de que se envíen notificaciones a las partes y así informar de manera formal que la Junta asumió jurisdicción sobre la denuncia.
En este proceso, las partes tienen la oportunidad de replicar. De los 248 casos, 128 están en proceso de investigación y 115 fueron desestimados por no tener los elementos para constituir una querella por impericia médica, según Hernández Cardona.
De los 13 casos restantes, seis están en el proceso de vista formal y cinco fueron referidos a otras juntas porque otros profesionales de la salud –como por ejemplo los profesionales de enfermería– podrían estar involucrados en el caso de impericia. Sólo a dos galenos se les ha revocado la licencia sumariamente.
Hernández Cardona dijo que no se pueden revelar los nombres de los galenos bajo investigación de la Junta, lo que imposibilita que un paciente sepa si su médico lleva a cabo procedimientos de manera negligente.
Ante este panorama, los pacientes víctimas de impericia médica claman al Gobierno que tome acción para que la Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica acelere la investigación de los galenos referidos.
“Este doctor no debería estar ejerciendo ya la medicina con 16 demandas en su costado. Lo peor es que la gente sigue visitando su oficina. Yo no le guardo rencor porque es un ser humano, pero esto le puede pasar a usted y a cualquiera”, sentenció Peña Rivera.
Peña Rivera agregó que debería existir un mecanismo para que los pacientes conozcan si sus médicos han sido demandados por ‘malpractice’ en el pasado.
EL VOCERO obtuvo copia de varias de las demandas contra el ortopeda Rodríguez Wilson, y, en la mayoría, los pacientes alegan que fueron víctimas de ‘malpractice’ cuando se le realizó una artroscopía, un procedimiento quirúrgico usado por los cirujanos ortopédicos para visualizar, diagnosticar y tratar problemas en las articulaciones.
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