Ejecutivo defiende proyecto de negligencia médica

24 Mayo 2011

Ejecutivo defiende proyecto de negligencia médica
El establecimiento de un tope de $250,000 es el eje de la controversia

La presidenta del Colegio de Médicos Cirujanos, Alicia Feliberti, aseguró que los topes en los reclamos de daños por angustias mentales en casos de impericia deben ser más bajos. (Archivo)Por Marga Parés Arroyo / mpares@elnuevodia.com

En medio de la controversia que generó ayer la presentación del proyecto de administración para atender el asunto de las demandas por impericia médica, ayer el gobernador Luis Fortuño defendió la medida.

El ejecutivo reafirmó la intención que tiene el proyecto de establecer un tope de $250,000, aunque enfatizó que esto solo aplicará en casos donde no haya habido negligencia crasa y voluntaria.

“No hay tope para los daños en el renglón de negligencia crasa” afirmó el gobernador, quien aclaró que tampoco habrá topes para los daños relacionados a gastos médicos y salarios perdidos.

Según se informó el domingo, cuando Fortuño le presentó a la prensa lo que incluiría la medida, “negligencia crasa” se refiere a “un acto u omisión negligente, de tal naturaleza que demuestre un claro menosprecio del estándar de cuidado profesional que rige las precauciones exigibles del cuidado del paciente y le causa daños a éste”.

Según trascendió, para que prospere este concepto, se requiere evidencia de clara indiferencia o despreocupación de las consecuencias del acto u omisión en controversia. Esto incluye “los servicios de salud que se realizan bajo los efectos de bebidas embriagantes, drogas narcóticas y/o cualquier sustancia que disminuya la capacidad mental y/o física del profesional de servicios de salud y le cause daños al paciente”.

Topes más bajos

Para la presidenta del Colegio de Médicos Cirujanos, Alicia Feliberti, la suma de los topes que establece la medida “debieron ser más bajitos”.

“Ahora mismo en el Congreso de Estados Unidos están luchando con unos topes de $250,000”, dijo Feliberti, quien opinó que los límites permitidos para reclamar daños por angustias mentales en el País deben ser menores.

La doctora recordó que hasta la década de 1990 los topes de estas reclamaciones en la Isla eran de $75,000.

“El fin, sobre todo, debe ser que el paciente reciba su justa compensación”, dijo al avalar el establecimiento de salas especializadas (en casos de impericia médica) y de un informe pericial antes de que se vea el caso en los tribunales.

Feliberti avaló la creación de un fondo para las víctimas de este tipo de casos, aunque recalcó que debe ser utilizado solo para rehabilitar al paciente.

Por su parte, el vicepresidente de la Cámara de Representantes, Gabriel Rodríguez Aguiló, opinó que la medida que presentó el primer ejecutivo es cónsona con el Proyecto de la Cámara 2719, de su autoría, que imponía un tope de $300,000 en la reclamación de daños morales. Tras aprobarse en la Cámara, esta medida está detenida en el Senado desde noviembre.

“Lo más importante es escuchar a todas las partes”, dijo el representante José “Pichi” Torres Zamora, presidente de la Comisión de Salud de la Cámara, quien avaló particularmente las salas especializadas y el fondo a víctimas.

Por su parte, Fidel Rodríguez, portavoz del Departamento de Justicia, dijo que esta agencia no emitiría una opinión de la medida ejecutiva ya que aún no la habían recibido.

Llega el proyecto a la Cámara

Fue a las 5:28 p.m. de ayer que el Proyecto de la Cámara 3453 fue radicado en la Secretaría de la Cámara.

Se informó que la medida será canalizada por la Comisión de Salud, por lo que se anticipan vistas públicas, como ya ha expresado Torres Zamora.

Esta propone la “Ley para la Protección de Víctimas de Negligencia Médico-Hospitalaria”. Esta establece la necesidad de proteger la salud y el bienestar de víctimas de este tipo de negligencia.

Igualmente, reconoce el problema de salud pública que representa la escasez de especialistas y sub especialistas en la Isla.

También enmienda la Ley de Junta de Licenciamiento y Disciplinas Médicas para identificar y sancionar a “médicos incompetentes” por una cantidad de sentencias desfavorables en cinco años.


Cynthia López colaboró con esta nota.