Desfase en los sistemas de retiro

06 Mayo 2011

Desfase en los sistemas de retiro
Las aportaciones van por un lado y los beneficios por otro



Por Yanira Hernández Cabiya / yhernandez@elnuevodia.com

¿Qué le parece recibir una pensión del 90% de su salario máximo cuando cumpla 50 años de edad?

Suena a negocio redondo, sobre todo cuando es usted el que establece a cuánto ascenderá su salario.

Pues ese es el caso de los alcaldes que hayan entrado en el Sistema de Retiro de Empleados del Estado Libre Asociado antes de 1999.

Esto a pesar de que su aportación al sistema de pensiones es la misma que hace cualquier otro empleado público que al final de su vida laboral terminará recibiendo -en el mejor de los casos- una pensión equivalente al 75% del salario más alto que devengó durante los últimos tres años de servicio.

Son precisamente esas disparidades entre aportaciones y beneficios las que han afectado la liquidez del sistema de retiro del Gobierno, afirmó la representante novoprogresista Lourdes Ramos, quien preside la Comisión cameral para los Sistemas de Retiro.

“Aquí por años ha habido un desfase entre las aportaciones y los beneficios. Un conserje que gane $20,000 al año aporta lo mismo en términos porcentuales que un contable que gana $100,000, pero al final la pensión de uno será mayor que la del otro”, indicó.

En el caso de los alcaldes, solo aquellos que entraron al servicio público después de la llamada Reforma 2000 de Retiro tendrían una pensión de acuerdo con el dinero que hayan aportado y los intereses que se acumulen.

Según información provista por la Administración de Sistemas de Retiro, los empleados públicos que entraron al sistema antes del 2000, excepto maestros y jueces, aportan el 8.275% de su salario mensual para su retiro.

A esto se le suma 9.275% del salario, que es la aportación que hace la agencia o municipio para la que trabaje.

Al momento el Sistema de Retiro de Empleados del ELA, que incluye empleados de corporaciones públicas, municipios, jueces y agencias del gobierno central, tiene registrados 98,463 beneficiarios.

Para pagar los $1,200 millones anuales en pensiones y bonos a esos jubilados, el sistema solo dispone de $700 millones.

En el caso de los maestros, hay 32,620 pensionados que reciben $470 millones en beneficios, aunque las aportaciones apenas alcanzan $300 millones al año.

de oro los jueces

Aunque el sistema de retiro de los jueces es administrado junto con el de los demás empleados públicos, las reglas que les aplican son diferentes.

La representante Ramos explicó que los jueces aportan un 8% de su salario para su retiro, pero la aportación patronal es de un 33%.

“La razón es que ellos reciben un presupuesto por fórmula que la asigna la Asamblea Legislativa. De ese presupuesto ellos destinan ese 33% para la aportación patronal para mantener el balance actuarial”, explicó la legisladora.

Esto permite que esos funcionarios puedan al presente disfrutar de una pensión máxima de 75% que los demás empleados públicos ya no tienen.

Ramos destacó que el problema con esa distribución es que los contribuyentes terminan pagando la carga mayor.

Hasta 2007, la pensión de los jueces al jubilarse podía ser de hasta el 100% del salario que hubiesen devengado en sus últimos tres años en el estrado. “El juez que menos se gana puede estar alrededor de $70,000 anuales”, dijo Ramos.

al ruedo los sindicatos

Ramos presentó legislación para establecer unas nuevas escalas de aportación según el salario, de manera que los que representan un peso mayor para el sistema aporten en esa proporción.

La legisladora dijo que la mayoría de los sindicatos se han mostrado dispuestos a acoger esta medida, que evitaría la necesidad de cambios en los beneficios que terminarían afectando a los pensionados actuales y futuros.

“Estamos bastante adelantados en la evaluación del proyecto. Los únicos que nos han dicho que no estarían de acuerdo son los jueces y la Corporación del Fondo del Seguro del Estado, que son de los empleados que mejor ganan en el Gobierno”, añadió Ramos.

La representante señaló que no está de acuerdo con la alternativa de aumentar la edad de retiro. Tampoco avala que se reduzcan los porcentajes de beneficios a los pensionados, como ha sucedido en otras jurisdicciones con problemas similares en sus sistemas de pensiones.

Los sistemas de retiro del Gobierno de Puerto Rico enfrentan un déficit actuarial que sobrepasa los $24,000 millones, que se agrava con una insuficiencia en el flujo de efectivo para poder cumplir con sus compromisos mensuales.

La situación provocó esta semana una advertencia de la agencia de crédito Moody's Investors Services en la que anticipa que podría aumentar el riesgo de comprar los bonos del Gobierno si no se presenta un plan concreto que atienda la crisis de los sistemas de retiro.

Por el momento la dos medidas presentadas por el Ejecutivo son para aumentar la aportación patronal en un 1% de forma incremental por 10 años y una transacción financiera para garantizar el pago de deuda ya asumida.