Justicia federal demanda a su homólogo local

Justicia federal demanda a su homólogo local miércoles, 20 de abril de 2011
Francisco Rodríguez-Burns / Primera Hora

El Departamento de Justicia de Estados Unidos radicó una demanda contra el Departamento de Justicia de Puerto Rico por incurrir en una práctica de discrimen contra una funcionaria discapacitada, en hechos ocurridos entre febrero y marzo de 2009.

Según se desprende de un comunicado de prensa enviado por la Fiscalía Federal, Justicia trasladó a una empleada que utiliza una silla de ruedas a un edificio de oficinas que no era adecuado para ella. Los federales aseguran que la funcionaria se vio imposibilitada de estacionar su vehículo y de acceder a la instalación gubernamental sin la asistencia de otros. De hecho, según asegura el departamento de Justicia federal, la empleada tampoco pudo utilizar el baño durante horas de trabajo.

“La ley de ADA (Ley de Estadounidenses con Discapacidades) protege el derecho de un empleado a trabajar en un ambiente libre de barreras que innecesariamente obstaculicen el libre acceso. La división de Derechos Civiles está comprometida con proteger los derechos en el empleo de personas con discapacidades, quienes no deben ser relegadas a trabajar en lugares donde las condiciones de empleo resulten en condiciones desiguales y, como en este caso, peligrosas y denigrantes” , indicó el asistente del fiscal general de Justicia de la División de Derechos Civiles, Thomas E. Pérez.

La demanda se radicó luego que la funcionaria presentara una querella en la comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo. La agencia sí había trasladado a la empleada a una instalación más accesible, pero, aparentemente, la dependencia siguió violentando sus derechos al requerir su asistencia a “extensas reuniones” en el edificio.

Reacciona Somoza

El secretario de Justicia, Guillermo Somoza Colombani, aseguró que su departamento le ha brindado un acomodo razonable a la empleada.

No obstante, el funcionario indicó que la empleada actualmente se encuentra satisfecha con su lugar de trabajo y subrayó que la situación no se volverá a repetir bajo ninguna circunstancia.

“A base de nuestra información, la empleada se encuentra satisfecha. Tiene todas las garantías”, sostuvo Somoza, al asegurar que su agencia actuó de una manera diligente para satisfacer las necesidades de la funcionaria. “Se le brindó acomodo razonable y todas sus circunstancias personales están satisfechas” , indicó.

Según datos provistos por la Fiscalía Federal, el Título 1 de la Ley ADA prohíbe que los empleadores discriminen contra individuos con discapacidades durante el proceso de solicitud de empleo y contratación, entre otros asuntos, como la compensación laboral y programas de capacitación. Los estatutos federales también exigen que el patrono provea a los minusválidos un acomodo razonable sin que esto implique una “carga excesiva” sobre el funcionamiento del empleo.

La ley federal define un “acomodo razonable” como un ajuste o una modificación realizada por el patrono para que las personas con discapacidades puedan trabajar sin mayores inconveniencias.