Adios al hacinamiento carcelario

14 Abril 2011

Adios al hacinamiento carcelario
Fortuño dice que puso fin a reclamo clave del caso Morales Feliciano



A pesar del logro en el tema del hacinamiento, el secretario de Corrección, Carlos Molina, reconoció que quedan muchos aspectos por resolver, sobre todo en el aspecto de salud. (Archivo El Nuevo Día / Ramón ‘Tonito’ Zayas)Por Osman Pérez Méndez / operez@elnuevodia.com

El gobernador Luis Fortuño anunció ayer que el Gobierno había logrado eliminar el hacinamiento de reos en el sistema carcelario, al punto de que los demandantes en el caso Morales Feliciano admitieran que esa parte del pleito pudiera cerrarse.

“Me complace informarle al pueblo puertorriqueño que hemos terminado con el problema de hacinamiento carcelario en nuestras cárceles, hemos cerrado la llave que ha entorpecido la rehabilitación de miles y miles de seres humanos, y que ha tenido un costo económico inmenso para el pueblo puertorriqueño en las pasadas tres décadas”, dijo Fortuño, quien hizo el anuncio flanqueado por los secretarios de Justicia, Corrección y Rehabilitación, y Hacienda.

Según el mandatario, las partes en el caso informaron el martes al juez federal a cargo del caso que se había cumplido con las exigencias en el área de hacinamiento, considerada una de las principales del caso.

Anuncio tardío

En el archivo electrónico del caso no había ayer en la tarde ninguna evidencia de esto. Por la hora en que se produjo el anuncio de Fortuño, casi a las 5:00 de la tarde, tampoco fue posible contactar a los representantes legales de los confinados.

Según Fortuño, el acuerdo significa que “la clase demandante acepta que el Gobierno de Puerto Rico se encuentra en cumplimiento con los requerimientos tanto de la Constitución de Estados Unidos como la Constitución de Puerto Rico en cuanto a lo que conlleva el trato de los confinados”.

Caso viejísimo

El caso Morales Feliciano es un pleito de clase que data de 1979 y en el que un grupo de confinados demandó a nivel federal al Gobierno de Puerto Rico por las condiciones infrahumanas que había en las cárceles.

Un año después, el juez federal Juan Pérez Giménez, al evaluar el caso, dictaminó que las condiciones de confinamiento y el hacinamiento que existía en los penales eran “constitucionalmente inaceptables” y ordenó al Gobierno que tomara las medidas para remediar la situación.

Entre las muchas exigencias que imponía la sentencia estaban: proveer la atención médica adecuada a los confinados, trasladar a los enfermos siquiátricos a instituciones adecuadas para tratarlos, proveer personal adecuado, así como facilidades y suplidos, para atender las necesidades de los confinados.

Además se establecieron otras disposiciones relacionadas al tamaño de las celdas, los códigos de seguridad, el uso de fuerza y armas de fuego, los servicios de alimentación, el mantenimiento y limpieza de las facilidades.

Penalidades multimillonarias

Sin embargo, por décadas, el Gobierno fue incapaz de cumplir con las exigencias de la corte, llevando a la imposición de onerosas multas, que ayer el gobernador admitió que llegaron a sobrepasar la cifra de $260 millones.

El logro anunciado ayer, según Fortuño, supone que “el Gobierno no va a estar sujeto a multas ni penalidades, y esto a su vez representará que vamos a poder utilizar estos recursos para otros propósitos”.

Falta por hacer

A pesar de que el Gobierno y el Departamento de Corrección y Rehabilitación lograron acabar con el problema de hacinamiento carcelario, ayer Fortuño y los jefes de agencia que le acompañaban admitieron que aún tienen que seguir trabajando para poder cerrar por completo el caso.

El secretario de Corrección, Carlos Molina, enumeró que aún faltaban por zanjar los asuntos de acceso a las cortes, clasificación de confinados, visitas de familiares, servicios médicos, lavanderías, celdas de detención y admisión, uso de la fuerza y disciplina, procesos de la Junta de Libertad bajo Palabra, acceso a las facilidades recreativas y programas vocacionales para preparar el regreso de los confinados para la libre comunidad.

No obstante, Molina se expresó optimista y aseguró que ya se encaminaban a cumplir con varios de los puntos. Dijo que el asunto de acceso a las cortes estaba casi resuelto y que actualmente contaban con videoconferencias en los penales.

Respecto a los servicios médicos, hizo mención del hospital correccional que se construye en Bayamón y que debe estar operando el próximo año.

“El Gobierno va a continuar dando los pasos necesarios para concluir del todo este pleito”, recalcó Fortuño.