Expertos expresan reservas hacia el nuevo Código Penal

10 Marzo 2011

Expertos expresan reservas hacia el nuevo Código Penal
Expertos no creen que se hayan hecho estudios suficientes



Algunos expertos creen que el alza en las penas llevará a un aumento en la población penal cuyo efecto no se ha evaluado. (Archivo )Por Miguel Díaz Román / mdiaz2@elnuevodia.com

El aumento de penas de cárcel como agente disuasivo contra los criminales que el martes anunció el gobernador Luis Fortuño fue “un espectáculo mediático que no logrará reducir el crimen” y que podría causar “un aumento en la población penal que muy bien justificaría la construcción de más cárceles y la privatización del sistema correccional del País”, sostuvieron ayer varios criminólogos y sociólogos.

Los expertos, quienes fueron entrevistados con relación al nuevo Código Penal bajo la consideración de la Legislatura, levantaron reservas sobre si el gobierno ha realizado estudios que justifiquen el aumento de penas y cuestionaron si la iniciativa contempla oportunidades de rehabilitación para los confinados, más allá de las alternativas actuales.

“Para mí fue un espectáculo mediático sin trascendencia alguna. En el pasado las leyes de drogas y narcóticos y de armas han sido enmendadas para aumentar las penas y ¿qué ha pasado? Nada. Sigue el tráfico de drogas y cada día hay más armas en las calles y la gente se sigue matando. Aumentar las penas no va a lograr nada”, dijo Joel Villa, sociólogo y profesor de criminología en la Universidad Interamericana.

Villa agregó que el gobierno opera de forma contradictoria, lo cual atenta contra la misión disuasiva de la altas penas. “Mientras se pretende aumentar las penas, la Policía sólo puede esclarecer menos del 30% de los delitos y continuamente los fiscales llegan a acuerdos de inmunidad con la defensa que permiten que criminales queden en libertad. ¿Entonces para quién son esas altas penas?”, cuestionó Villa.

El experto dijo que la filosofía detrás del aumento de penas es la misma estrategia de Castigo Seguro y Mano Dura Contra el Crimen, puestas en vigor por pasadas administraciones de gobierno, y que no lograron reducir la criminalidad. Villa reclamó que, para detener el crimen, el gobierno elabore estrategias efectivas de rehabilitación y utilice medidas de tratamiento para adictos que sean efectivas. “Se ha probado que la metadona y la buprenorfina (dos drogas usadas por Salud para tratar adictos) no aparta a los adictos de otras drogas porque la reincidencia es alta. Hay otras drogas donde no hay reincidencia como la hidromorfina, que se ha usado con éxito en Inglaterra y Canada”.

Ambiente para privatización

El criminólogo Víctor Iván García del Toro, coordinador del Observatorio Correccional de la Comisión de Derechos Civiles, sostuvo que el aumento de penas podría causar un alza en la población correccional “que es muy preocupante porque esto ocurre en el contexto de que el actual gobierno favorece la privatización de los servicios públicos porque, alegadamente, es más barato”.

“¿Cuál es la necesidad de aumentar las penas? ¿Cuál es la base de esta propuesta? ¿Dónde están los estudios que indiquen que una alta pena es necesaria en estos delitos y cuál será en efecto en la población penal si llega más gente a la cárcel? Si se sobrecarga el sistema carcelario será necesario construir más penales. Ya he escuchado al secretario de Corrección anunciando que va a construir un gran penal como un Oso Blanco. Eso no se recomienda ya. Pero como está la situación fiscal del gobierno, esto causa sospechas de que se quiera justificar la construcción de más penales para dárselos a las APP, porque sale más barato” , dijo García del Toro.

Sostuvo que tenía reservas con la privatización de los penales porque la responsabilidad de rehabilitar es del Estado, cuyo fin es el bien común.

“El fin de las APP es el lucro. Además, no sé cómo se integra un modelo de privatización de cárceles con la responsabilidad de rehabilitación en operadores privados, y qué efectos va a tener eso en la población penal y en la política pública. Aquí está cuestionada la política pública de seguridad del gobierno”, indicó García del Toro.

Por su parte, el sociólogo y ex secretario de Educación, César Rey, sostuvo que lo primero que hay que cuestionar es cuáles son los elementos que anteceden esta alza de penas, después de que se hubiera puesto en vigor un nuevo Código Penal en el 2004.

“Habrá el gobierno analizado el alza de las penas dentro del marco de múltiples y complejas variables que producen la criminalidad. En Puerto Rico hay 1,500 escuelas y 1,500 puntos de drogas. El 80% de los desertores escolares son jóvenes menores de 18 años. Y la mayoría de los jóvenes que trabajan en puntos de drogas tienen menos de 18 años. Es fácil concluir que los jóvenes que dejan la escuela terminan trabajando en puntos de drogas. ¿Qué dice todo esto con relación a las penas más altas y la política pública del gobierno sobre los menores?”, dijo Rey.

El sociólogo también cuestionó si el gobierno ha evaluado los efectos que sobre la rehabilitación de los confinados tendrá un sistema de penas más altas.

El nuevo Código Penal establece sentencias fijas y más altas para determinados delitos y, además, contiene una nueva modalidad de asesinato en primer grado que es cuando una persona dispara un arma de fuego en un lugar público, abierto al público o desde un vehículo.

La pena propuesta para este nuevo delito será de 99 años por víctima y 15 años si no hay víctimas.