Educación evita autoevaluarse de cara al acuerdo de 2007

03 Febrero 2011

Educación evita autoevaluarse de cara al acuerdo de 2007
Hasta abril no se darán los resultados de la auditoría federal


por José A. Delgado / jdelgado@elnuevodia.com

WASHINGTON - El Departamento de Educación de Puerto Rico (DE) dejó ayer en el aire precisar el grado de cumplimiento alcanzado con el acuerdo federal de 2007, que puede definir el futuro acceso a cientos de millones de dólares en asignaciones federales.

“Estamos confiados en que tendremos un resultado sumamente favorable, pero les corresponde a ellos (el Departamento de Educación federal) hacer la determinación final”, indicó el secretario del DE, Jesús Rivera Sánchez, aunque evitó, en varias ocasiones, indicar si por lo menos habían certificado un cumplimiento de 90% o más.

En respuesta a las exigencias de Educación federal, Rivera Sánchez remitió el martes el que debe ser el último informe de cumplimiento con un acuerdo que venció en diciembre pasado y por el cual el Gobierno federal supervisa la administración de más de $600 millones en fondos de los programas de Título I y Educación Especial.

Los inspectores federales, incluido Phil Maestri, director de la Oficina de Servicios de Alto Riesgo, comenzarán el próximo día 14 la última ronda de conversaciones en San Juan con las autoridades puertorriqueñas, antes de determinar el grado de cumplimiento alcanzado por el DE y revisar el futuro del suministro de los fondos federales.

En sus evaluaciones formales, Educación federal suele tener tres niveles de cumplimiento: más de 90%; entre 50% y 90%; o menos de 50%.

¿Cumplieron con el 100% o por lo menos puede decir que cumplieron con más del 90%?, se le preguntó a Rivera Sánchez. “Hicimos el trabajo que tenemos que hacer. Ellos van a corroborar la información y decidirán el porcentaje de cumplimiento”, respondió.

Rivera Sánchez, sin embargo, se expresó satisfecho con la interpretación hecha por Maestri sobre las consecuencias para el DE de dos recientes auditorías de la Oficina del Inspector General del Departamento de Educación de Estados Unidos que cuestionaron los controles internos en el manejo de más de $1,140 millones de fondos educativos de la ley ARRA y graves fallas en el funcionamiento del programa de contratos de servicios del DE.

El martes, Maestri afirmó a El Nuevo Día que las auditorías de la OIG abarcan deficiencias “graves, pero no catastróficas”, al advertir que informes de auditoría de la OIG sobre el uso de fondos ARRA en otras jurisdicciones han sido mucho más contundentes.

Maestri, además, llamó la atención a que la OIG -que tiene plena independencia de las autoridades del Departamento de Educación federal- elogia los esfuerzos del Gobierno de Puerto Rico, lo que considera que es un comentario poco usual.

trabajo reconocido

“Eso es un reconocimiento del trabajo que hemos hecho”, exclamó Rivera Sánchez.

De todos modos, el DE ha acordado enviar el 25 de febrero una nueva respuesta a los hallazgos del informe de diciembre de 2010, que cuestionó los controles administrativos no sólo en el DE, sino también en la oficina del gobernador Luis Fortuño -que canalizó la entrega de sobre $640 millones- y en la Administración para el Financiamiento de Infraestructura (AFI).

El informe sobre los fondos ARRA reclama copia de los documentos de compra de programas de computadoras valorados en $2 millones o la devolución del dinero.

Mientras, en el que se refiere a los contratos de servicios destaca una incongruencia de $15 millones.

Rivera Sánchez dijo que “no son señalamientos de malversación de fondos”, pero aseguró que si surge alguna evidencia, los casos serán referidos a las autoridades de Justicia.

Como exigió la OIG, Rivera Sánchez sostuvo que entre las medidas correctivas que han tomado se incluye la redacción de unas “guías de monitoría” para los fondos ARRA, la ley federal de estímulo económico de 2009 por la cual se le asignaron a la Isla -para diversas áreas- cerca de $6,800 millones.

La evaluación final sobre el acuerdo de 2007 -que puede estar lista en abril- es independiente a las auditorías hechas por la OIG, pues se refiere a programas federales distintos.

“El acuerdo de 2007 es sobre el cumplimiento de un par de programas (Título I y Educación Especial)”, dijo Maestri, pero añadió que esos asuntos tampoco “necesariamente decidirán si se restablece o no la designación (del DE) como una jurisdicción de alto riesgo”.

Confiado el comisionado

Por su parte, el comisionado residente en Washington, Pedro Pierluisi, afirmó estar confiado en que los informes de la OIG no le complicarán las negociaciones finales al Gobierno boricua.

“No deben poner en peligro los desembolsos pendientes bajo la ley ARRA ni el uso de fondos federales por nuestro Departamento de Educación, siempre y cuando se tomen las medidas correctivas que sean necesarias para atenderlos”, indicó Pierluisi en declaraciones escritas.