Educación deberá evitar nuevas sanciones de los federales

01 Febrero 2011

Educación deberá evitar nuevas sanciones de los federales
Deberán evitar restricciones a los fondos



El secretario de Educación, Jesús Rivera Sánchez, confía lograr que en la próxima visita de los federales, su agencia salga airosa. (Archivo / Mariel Mejía Ortiz)por José A. Delgado / jdelgado@elnuevodia.com


WASHINGTON – Las duras advertencias de la Oficina del Inspector General (OIG) del Departamento de Educación de Estados Unidos suponen un nuevo reto al gobierno de Luis Fortuño en su esfuerzo por evitar restricciones en el acceso a fondos federales.

El informe enviado el pasado 16 de diciembre al gobernador Fortuño y al secretario del DE, Jesús Rivera Sánchez, sobre deficiencias en el control interno de más de $1,140 millones en fondos de la ley federal de estímulo económico (ARRA), quebró el silencio y el positivismo que el Departamento de Educación de Estados Unidos ha expresado recientemente en torno al cumplimiento que hace Puerto Rico de los acuerdos administrativos de 2007.

Y su revelación ha coincidido con otro contundente informe de la OIG –del 24 de enero y centrado en la pasada administración– que resalta las graves deficiencias del programa de contratos de servicios del DE.

A pesar de las malas nuevas, Rivera Sánchez se expresó ayer totalmente confiado en que cuando regresen el 14 de febrero a San Juan los inspectores federales para la última revisión -sobre el terreno- de los acuerdos administrativos suscritos en 2007, “se verá el logro del trabajo intenso que hemos estado haciendo”.

En diciembre, la OIG cuestionó los sistemas de control interno que han utilizado la oficina del gobernador Fortuño, el DE y la Administración para el Financiamiento de Infraestructura (AFI) para manejar sobre $1,140 millones de los más de $6,800 millones asignados a través de la ley ARRA.

Rivera Sánchez, no obstante, dijo que las visitas hechas a San Juan durante el segundo semestre de 2010 reflejaron “los avances” del DE y descartó que la dependencia que dirige se exponga a retornar al listado de jurisdicciones de alto riesgo que, a principios de la década pasada, provocó la congelación de cientos de millones de dólares.

Al ex secretario Rafael Aragunde, quien admitió los problemas que se han generado por medio de los contratos de servicios, le parece, no obstante, que los informes de la OIG son un mal presagio para el DE.

“La OIG es una oficina experimentada e independiente. Debido a que no responde a intereses particulares o partidistas, presumo que le van a hacer más caso a ese informe que a los que se han preparado acá (en Puerto Rico)”, dijo Aragunde, quien considera que el gobierno de Fortuño cometió el error -como le llegó a advertir Educación federal- de despedir a funcionarios adiestrados en el proceso de cumplimiento de los acuerdos de 2007.

Refuta a la OIG

Rivera Sánchez, por su parte, rechazó los argumentos de la OIG de que el personal a cargo de supervisar los fondos de Título 1 se ha reducido. “Vamos a tener 49 monitores, siete por cada región”, dijo, al alegar que el plan de la pasada administración incluyó entre sus 124 supervisores de fondos federales a los superintendentes auxiliares.

“Bajo ese esquema tendríamos 224”, dijo, sin precisar por qué no han convencido a las autoridades federales, que suelen criticar la reducción en el número de funcionarios a cargo de velar por el uso de los fondos federales.

Hoy, Rivera Sánchez enviará el informe final de cumplimiento del DE con los acuerdos de 2007, que dieron seguimiento a otro memorando de entendimiento con el cual el gobierno de Sila María Calderón logró sacar a Puerto Rico del listado de jurisdicciones de alto riesgo de Educación federal.

La sanción fue consecuencia de los escándalos de corrupción ocurridos durante el gobierno de Pedro Rosselló.

Un retorno al listado de jurisdicciones “alto riesgo” puede implicar perder el acceso directo a fondos de Título 1 y Educación Especial, por medio de los cuales Puerto Rico recibe sobre $600 millones anuales.

Por medio de esos programas se financian desde el pago de salarios de maestros, hasta materiales y equipos educativos.

Cautela federal

Desde junio de 2010, cuando la Oficina de Servicios de Alto Riesgo de Educación federal hizo una nueva advertencia por escrito al DE, los comentarios de los inspectores federales han sido favorables al gobierno de Fortuño, aunque sólo verbales.

Rivera Sánchez negó que le hayan pedido a Educación federal que suspendiera las evaluaciones escritas. “Eso ha sido una decisión de ellos”, dijo.

Documentos internos reseñados por El Nuevo Día indican que la semana pasada altos funcionarios del DE pensaban que sólo habían cumplido con el 17% de los acuerdos de 2007. Pero el Secretario dijo que esos documentos se refieren a las metas de enero y no al proceso de cumplimiento general.

Por otra parte, en la Legislatura local, la senadora popular Sila Mari González ha reclamado sin éxito una investigación sobre el uso de los fondos ARRA, particularmente en el área de educación.

“Lo que he visto en las escuelas es que se han hecho mejoras innecesarias o han quedado incompletas. No ha habido la supervisión necesaria sobre el uso de esos fondos”, dijo González.

Indicó que el pasado 20 de enero volvió a renovar la petición al Senado de Puerto Rico para que examine este asunto.