16 Febrero 2011
Aval a la extension de las ordenes ejecutivas
La medida permitirá ampliar el estado de emergencia energética en el País
La medida sostiene que Puerto Rico está en una posición “sumamente” vulnerable a las fluctuaciones en el costo del petróleo. (Archivo)Por Yaritza Santiago Caraballo / end.ysantiago1@elnuevodia.com
El Senado aprobó ayer el controversial proyecto que permitirá al Gobernador -mediante orden ejecutiva- extender el estado de emergencia energética en la Isla durante su incumbencia.
La medida -P. del S. 1953- fue avalada con 20 votos a favor y ocho en contra de la minoría popular.
El proyecto enmienda la Ley 76 para extender la vigencia de las órdenes ejecutivas que declaran estados de emergencia, las cuales hoy día caducan en seis meses.
La legislación justifica la enmienda al destacar que Puerto Rico está en una posición “sumamente” vulnerable a las fluctuaciones en el costo del petróleo, por lo que se requiere tomar acciones urgentes para solucionar la situación.
No obstante, el portavoz de la minoría popular en el Senado, José Luis Dalmau, dijo que esa extensión no es necesaria pues no existe tal emergencia.
El legislador advirtió que este proyecto permitirá pasar “por encima” a las reglas y a los procedimientos de subastas.
“Se otorgarán permisos, subastas a quien quiera. Eso se presta para violaciones que atenten contra el ambiente porque no se harán vistas públicas”, dijo el senador popular.
El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, resaltó, por su parte, que lejos de quitarle poder a la Asamblea Legislativa, la medida le permite detener las órdenes ejecutivas en el momento que entienda que debe revisarlas, antes del periodo de seis meses o de que concluya el periodo del mandato.
Por otro lado, el Senado confirmó los nombramientos de Virgilio Ramos González, del Partido Nuevo Progresista (PNP), y del ex alcalde popular de San Juan, Héctor Luis Acevedo, para un nuevo término como miembros de la Junta Constitucional de Revisión de Distritos Electorales Senatoriales y Representativos.
Otro asunto medular en la sesión fue el informe final de la Resolución del Senado 244, que determina que el Departamento de Hacienda fue “negligente” durante los años 2006-2008 en el proceso de establecer el Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU) al no tener los recursos para detectar a los evasores contributivos y no orientar correctamente a los comerciantes.
Sobre este asunto, Dalmau criticó que esta administración desee resolver el problema de evasión con el proyecto del Ivu Loto, sin conocer si ha funcionado el proyecto piloto en Ponce.
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