Pide reembolso por el caso de Educación Especial

08 Noviembre 2010

Pide reembolso por el caso de Educación Especial
El DE quiere que se le devuelva lo que ha pagado en multas



Hay millones en fondos federales que, por razones desconocidas, el DE no ha utilizado. (Archivo)Por Aurora Rivera Arguinzoni / arivera@elnuevodia.com

El pleito de clase iniciado por Rosa Lydia Vélez hace 30 años para exigir al Departamento de Educación (DE) servicios adecuados para niños de educación especial no ha avanzado mucho durante el secretariado de Jesús Rivera Sánchez.

De hecho la defensa del DE, a cargo del bufete Aldarondo & López Bras, insiste en solicitar al tribunal que detenga el pago de sanciones por incumplimientos y ordene la devolución al Estado de los $3 millones acumulados hasta la fecha.

Desde principios de 2009 hasta la fecha el bufete Aldarondo & López Bras ha tenido contratos con la agencia ascendentes a $1,946,699.

Mientras, asoman contradicciones en el acercamiento gubernamental a este sector educativo.

Por un lado, el secretario y el propio gobernador efectúan reuniones frecuentes con los padres; por el otro, ese trato cordial choca con las acciones que se han tomado contra el programa de educación especial.

Por ejemplo, los despidos provocados por la Ley 7 limitaron la operación de los Centros de Servicios de Educación Especial (CSED).

En estos centros se coordinan evaluaciones y servicios para los niños.

“Se han quedado prácticamente inutilizados. No han tenido compradores para agilizar las compras (de equipos). Como botaron a tantos empleados, la mayoría de los que se han quedado no conocen el sistema, no pueden establecer ni siquiera prioridades y los casos se acumulan”, detalló Carmen Warren, portavoz del Comité Timón del Pleito de Clase.

Durante el Verano pasado, el DE cesó los servicios de terapias, retrasó la firma de contratos con proveedores y quiso reducir las opciones de familias que utilizan remedio provisional, un mecanismo que le permite buscar servicios privados que el DE costea cuando no los puede proveer.

Ante la movilización de los padres, el Gobernador revocó el memorando firmado por Rivera Sánchez y provocó el inicio del diálogo.

En una reunión en Fortaleza les anunció, además, que se contratarían más de 1,200 nuevos trabajadores para ser facilitadores escolares de educación especial. Según el Secretario, los puestos son transitorios.

Las entrevistas para seleccionar candidatos comenzaron la pasada semana en un proceso que ha estado matizado de irregularidades, aunque los padres han reiterado su satisfacción porque se les ha dado participación.

“Hemos estado velando la pureza del mismo”, afirmó Ángel Sánchez, maestro y padre de niños de educación especial que integra comités de entrevista en la Región de San Juan.

Dijo haber conversado con participantes de las regiones de Ponce, Caguas, Mayagüez, Bayamón y Arecibo. Rosa Lydia Vélez coincidió.

Otro desacierto fue el cierre de la escuela Tomás Carrión Maduro, donde gran parte del estudiantado era de educación especial.

A pesar de que el plantel contaba con infraestructura sencilla pero adaptada para dar servicios a esta población, los niños fueron trasladados a escuelas sin requisitos mínimos de accesibilidad.

Tras denunciarse el asunto, el plantel fue reabierto para los niños de educación especial.

Poco después de este incidente, Rivera Sánchez destituyó al subsecretario de educación especial, Robert Turner, y nombró en su lugar a Johan Serrano, destacada en Educación como parte de la sindicatura para enderezar el Departamento.

Fondos sin utilizarse

Un reporte de gastos del Departamento de Educación de Estados Unidos (USDE) sobre fondos del American Recovery and Reinvestment Act (ARRA) de 2009, indicó que al 17 de septiembre de 2010 el DE de Puerto Rico mantenía en balance $97,113,567 en las asignaciones para programas de educación especial y rehabilitación.

De los $117,449,619 asignados para educación especial quedaban $85,676,024, y de los $13,309,655 para rehabilitación no se habían comprometido para uso 11,437,543.

“¡Esto es una vergüenza! Deberían responder. Te aseguro que no tienen un plan”, sostuvo una fuente vinculada a la administración del actual Gobierno al conocer los datos.