03 Noviembre 2010
Por Miguel Díaz Román / mdiaz2@elnuevodia.com
Las personas convictas por delitos sexuales y abuso contra menores que aparecen en el Registro de Ofensores Sexuales se las verán negras como resultado de seis proyectos de ley radicados en el Senado que pretenden restringir su libertad de acción.
Los proyectos fueron examinados ayer en una extensa vista pública y el senador Héctor Martínez, presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Senado, sostuvo que las medidas serán aprobadas el próximo lunes por la mayoría senatorial.
Durante la vista pública los representantes del Departamento de Justicia, licenciados Amid Torres y Viviana Cátala, solicitaron que se deje en suspenso la aprobación de las medidas hasta que esa agencia termine de trabajar con un anteproyecto de ley federal, en el que están cooperando otros estados, y que propone cambios muy parecidos a los proyectos senatoriales.
Pero el senador Martínez rechazó de inmediato la solicitud y advirtió que el anteproyecto federal “se viene redactando hace un tiempo y el gobierno local no puede esperar más tiempo”. Sorpresivamente, en la vista pública la capitana Margarita George, quien dirige la División de Delitos Sexuales de la Policía, señaló que “Justicia jamás ha convocado a la Policía para discutir esa medida a pesar de que implantamos las leyes de delitos sexuales”.
En la vista surgió la necesidad de que no sean incluidos en el Registro las personas que cometen una violación a la Ley 54 frente a un menor de edad y los que comenten negligencias contra menores, como ocurre actualmente. “Eso carga indebidamente el Registro y representa más responsabilidades para el personal que trabaja con él”, dijo Rebeca González Ramos, supervisora de crímenes cibernéticos de la agencia federal de Control de Aduanas. También se reclamó que sean incluidos en el Registro los ofensores sexuales cuyos cargos son reducidos a faltas menos grave en acuerdo con la fiscalía. El senador Martínez dijo que radicará una medida para incluir esas personas en el Registro pero de forma prospectiva. Otro reclamo fue actualizar el Registro con información reciente.
Las medidas son: el Proyecto del Senado 1800, que propone impedir que las personas que aparecen en el Registro puedan conducir transportes escolares; el proyecto 1801, que les prohibe el acceso a parques y locales de entretenimiento para niños; el proyecto 1802, que impide que puedan obtener una certificación de maestro; el proyecto 1803, que convierte en delito grave no reportarse todos los años en el Registro; el proyecto 1804, que prohibe que estas personas puedan vivir a 1,000 pies o menos de una escuela, y el proyecto 1805, que dispone que la Policía deberá corroborar todos los años que la información del Registro es cierta.
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