Falla Familia en el caso de Mayagüez

21 Octubre 2010

Falla Familia en el caso de Mayagüez
Experta dice que el DF no indagó tras embarazo inicial de Paola, acusada de asesinar a su bebé

Vídeo: Suspenden vista de custodiaPor Ricardo Cortés Chico / rcortes@elnuevodia.com

Mayagüez - El Departamento de la Familia (DF) falló en sus gestiones ministeriales al no profundizar su investigación en torno al primer embarazo de la adolescente Paola Rodríguez Acosta hace poco más de dos años, especialmente en lo referente a la identidad del padre del bebé y la posibilidad de que se haya incurrido en algún tipo de maltrato por negligencia de alguno de los padres.

Según la profesora de Trabajo Social y directora del Instituto de Terapia Familiar, Rita Córdova, desde finales del cuatrienio pasado existe un protocolo interagencial para trabajar con los casos de abuso sexual a través de profesionales de la conducta, para que las víctimas enfrenten la situación, superando la intimidación que usualmente ejerce el victimario en este tipo de casos.

La secretaria de la Familia, Yanitsia Irizarry, sin embargo, en lo que lleva en el cargo no ha puesto en vigor el protocolo, según denunció Córdova. En el caso específico de Rodríguez Acosta, la ausencia de estos servicios, en cierto modo, dio el espacio para que la agresión sexual contra la adolescente continuara, al punto de que ésta resultó embarazada en una segunda ocasión.

La gestación culminó el pasado viernes con un parto en la bañera de la casa que Rodríguez Acosta compartía con su abuela en la comunidad Valle Seco en Mayagüez, y el asesinato de la criatura recién nacida por parte de la adolescente, según versiones ofrecidas por las autoridades. Por estos hechos fue imputada de asesinato en primer grado y destrucción de evidencia. Carlos Torres Viada, abogado de la joven, indicó que la familia alega que la gestación en el segundo embarazo no culminó y que lo que ocurrió fue un aborto natural.

Indicó que la confesión dada por Rodríguez Acosta a la Policía será impugnada, entre otras cosas, porque la menor en ese momento estaba medicada.

EL PROTOCOLO QUE NO SE SIGUIÓ
Según las versiones iniciales de la Policía y del Departamento de la Familia, las respectivas investigaciones de estas agencias en torno al primer embarazo de la adolescente se vieron frustradas por la falta de cooperación de la menor y de sus padres. Estos, supuestamente, no quisieron revelar quién era la persona que la embarazó.

Córdova explicó que el protocolo nunca puesto en vigor por Irizarry establecía que, ante la negativa de una víctima de abuso sexual a denunciar la situación, se activa un grupo integrado por sicólogos, siquiatras y trabajadores sociales, entre otros profesionales de la conducta humana, para promover el ambiente necesario para que la perjudicada tenga la confianza de declarar.

Ayer la fiscalía interrogó a Hernán Rodríguez, el primo de la menor. Ésta lo identificó como el progenitor en sus dos embarazos. Si el sujeto es, en efecto, el padre de las criaturas, podría ser acusado de agresión sexual, delito que comenzó a investigar la fiscalía al conocer, con el asesinato de la recién nacida, que la adolescente tuvo un hijo a los 14 años.

Al parecer, ni el DF ni la Policía notificaron al Departamento de Justicia del caso hace dos años. El sujeto podría ser sometido próximamente a un examen de ADN.

Ayer, la fiscal Blanca Portela afirmó que no le leyeron los derechos al interrogado, como se hace con los sospechosos de cometer un delito.

CUSTODIA AL DF
También ayer, en el Tribunal de Ponce, hubo una vista ante la jueza María Negrón, en la que se otorgó la custodia provisional del primer hijo de Rodríguez Acosta al Departamento de la Familia. Olga Longoria Vélez, abogada de la familia de la adolescente, indicó que el lunes continuará el caso ante un pedido suyo de tiempo para prepararse, ya que fue contratada antes de ayer.

La secretaria del DF añadió, a través de su portavoz de prensa, Rossy Santiago, que “tras el parto del primer niño el Departamento comenzó a ofrecerle ayudas a través del programa Nido Seguro”.

En este programa a los participantes se les brindan orientaciones sobre la crianza de un bebé, la abstinencia sexual, el síndrome del bebé sacudido, la prevención del dengue y el virus AHIN1. Añadió que, durante la prestación de estos servicios, no notaron que Rodríguez Acosta estuviera nuevamente preñada.

En ningún momento, Irizarry hizo referencia en torno a algún plan para conocer al progenitor de la criatura, quien por los 14 años que tenía la menor entonces, implícitamente cometió abuso sexual. Tampoco, al parecer, se investigó la supervisión de la menor por sus padres ante un posible escenario de negligencia.

“Entiendo que, en este caso, puede haber ocurrido un maltrato por negligencia. La falta de supervisión de un menor implica negligencia”, dijo la experta en trabajo social.

Córdova explicó que el protocolo debe ponerse en vigor inclusive en casos anteriormente conocidos como violaciones técnicas, porque se trata de menores que, por su edad, no pueden consentir una relación sexual.

Córdova explicó que en muchos de estos casos las autoridades deben investigar a fondo el supuesto “consentimiento”, ya que en gran parte de los casos lo que se esconde de fondo es algún tipo de intimidación por parte del agresor.

“Es muy típico que las víctimas estén intimidadas. Todo apunta a que el DF lo ha manejado en desconocimiento”, añadió.