25 Octubre 2010
Empresarios ponen en duda el nuevo arbitrio
Sostienen que podría ser perjudicial
Por Joanisabel González / joanisabel.gonzalez@elnuevodia.com
El liderato empresarial de la Isla señaló ayer que el arbitrio a las corporaciones foráneas con el que se costeará la reforma contributiva podría afectar aún más el principal sector económico de Puerto Rico.
Tras reunirse ayer por casi una hora con la plana mayor del equipo económico del gobernador Luis Fortuño, una docena de empresarios o ejecutivos del sector empresarial, entre éstos William Riefkohl, Raúl Gayá, Francisco Rodríguez Castro y Carlos Bonilla, abandonaron la sede del Banco Gubernamental de Fomento (BGF) en Minillas con rostros serios, ceños fruncidos y poniendo en duda que el Gobierno pueda recaudar los $1,400 millones -en el primer año- que servirán para costear los alivios contributivos.
“Esto (el arbitrio) no está basado en ingreso neto, sino en las ventas de la corporación local a las afiliadas fuera de Puerto Rico”, comentó el presidente del Comité de Asuntos Contributivos de la Asociación de Industriales, Carlos J. Bonilla.
“La decepción mayor es la forma en que ésto (el arbitrio) se está implementando sin consultar a la industria”, agregó.
Dijo que la medida supone una contribución “sustancial” a las corporaciones foráneas y afecta de manera inmediata su planificación financiera.
Los entrevistados expresaron sus dudas en torno a la viabilidad de la propuesta, ya que la apuesta del Gobierno local es que la empresa foránea pague el arbitrio a Puerto Rico y tome ese pago como un crédito en su planilla federal.
“No nos dieron ningún análisis que sustente esos $1,400 millones”, señaló Rodríguez Castro, portavoz de la Coalición del Sector Privado.
En síntesis, la corporación foránea pagaría un impuesto por las transacciones de compra de productos o servicios que efectúa con una filial local sin que esto afecte los decretos de exención establecidos.
No obstante, los entrevistados opinaron que la medida tendrá el efecto de encarecer la relación de negocios entre compañías en la medida en que la filial foránea pagaría más caro, gracias al arbitrio, por los productos que adquiere de la manufacturera establecida en la Isla.
De igual forma, recordaron que del total de contribuciones corporativas en Puerto Rico son precisamente las empresas exentas las que aportan la mitad de esos recaudos.
“Lo que está cambiando es la estructura legal para que esas empresas foráneas caigan en una nueva figura que podrá ser tributada en Puerto Rico aunque no tenga presencia aquí. Dicen que es algo que otros estados están haciendo, pero no nos dieron un documento que nos ayude a entender eso”, explicó Riefkohl al recordar que la medida aplica a un sector que supone un 45% de la actividad económica de la Isla.
“Es una opinión. Hay que ver cuál es el hecho y cuál es el resultado”, sostuvo Gayá, quien preside la Cámara de Comercio, al hacer referencia a la posibilidad de reclamar el crédito.
“Estamos preocupados porque el producto bruto real de Puerto Rico no ha crecido en los pasados 25 años y lo que estamos buscando son medidas que aumenten la productividad”, señaló Gayá.
Los empresarios recordaron que la administración del presidente Barack Obama busca acortar el déficit presupuestario de Estados Unidos modificando, entre otras cosas, la estructura contributiva internacional de las multinacionales estadounidenses.
En ese sentido, opinaron que la apuesta local por la nueva fuente de recaudo iría en contravención de los objetivos de la Casa Blanca.
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