Cuesta arriba la guerra contra el maltrato

17 Octubre 2010

Cuesta arriba la guerra contra el maltrato
La falta de personal y de tiempo, unida a una madeja de obstáculos burocráticos, entorpece cada vez más la batalla contra el maltrato de menores



(diseño y fotomontaje ibsen peralta / foto / thinckstock)Por Keila López y Yaritza Santiago / puertoricohoy@elnuevodia.com

Una red de burocracia, sobrecarga de trabajo y desconocimiento rodea las investigaciones de maltrato de menores en el País y mientras los encargados del proceso intentan deshacer la madeja, decenas de niños caen por los huecos.

Por un lado, los funcionarios del Departamento de la Familia y las organizaciones sin fines de lucro que le dan apoyo hacen de tripas corazones para atender los cientos de casos que se reportan al mes.

“En términos generales, en el área de investigaciones hay más casos asignados por profesional (trabajador social) de los que pueden manejar”, comentó la directora ejecutiva del Centro de Fortalecimiento Familiar Escape, Yadira Pizarro. “Cuando nosotros damos seguimiento, hacemos las llamadas, no siempre hay información disponible y uno puede concluir que es que no han podido hacer las investigaciones”, añadió.

En el 2008, el Departamento de la Familia reportó 36,002 casos activos de menores de edad maltratados. Entre julio de 2008 y abril del 2009, la agencia registró 27,578 casos de maltrato. Desde ese entonces, el DF no ha dado a conocer las estadísticas sobre la cantidad de casos de este crimen que atiende debido a que están inmersos en un proceso para digitalizar su sistema de recolección de datos. Sólo se sabe que, en promedio, la agencia atiende a 200 menores maltratados al mes.

La trabajadora social Rita Córdova argumentó que una de las principales trabas para investigar un caso de maltrato de menores se encuentra en el mismo inicio del proceso, pues existen referidos que pasan meses dando tumbos en las oficinas locales del Departamento de la Familia sin ser asignados a un trabajador social.

“Esos son los casos que ellos llaman vacantes. Tienen acumulados los referidos de Ley 177 (maltrato de menores) sin investigar en ADFAN (Administración de Familias y Niños), eso sin contar los que tienen que ya han confirmado que hay abuso y no le están dando servicios”, indicó Córdova.

Sin tiempo para investigar

La ex secretaria del Departamento de la Familia, Yolanda Zayas, explicó que una investigación completa y profunda de un referido de maltrato puede tomar al menos cuatro días, un tiempo que un trabajador social que debe atender 40 casos no tiene.

“Hay que entrevistar al menor, visitar a los padres, hay que ir a la escuela, al pediatra, hablar con los vecinos, buscar a los familiares, hablar con los maestros para ver si notaron algo. Si se va a solicitar una remoción, hay que ir al tribunal, demostrar el maltrato... Esto no se hace en poco tiempo”, destacó Zayas, quien estimó que lo ideal es que un trabajador social del DF no tenga más de 30 casos a la vez.

Durante su incumbencia como superintendente de la Policía, Miguel Pereira aseguró que hubo miembros de la Uniformada que tuvieron que esperar largas horas en un hospital o en cualquier lugar donde se encontrara el menor, esperando la llegada de un trabajador social.

Asimismo, una fuente del Procurador de Asuntos de la Familia aseguró a El Nuevo Día que hay trabajadores sociales que intervienen en el hogar de la víctima dos días después de recibir el referido, cuando la emergencia ha pasado. No obstante, Zayas indicó que es aceptable que los funcionarios atiendan los referidos en un marco de 72 horas si no constituye una emergencia.

“Un policía, después de estar 20 horas con un niño, no tiene dónde dejarlo. Pero tampoco lo puede abandonar. Entonces se llama al Departamento de la Vivienda, al Departamento de la Familia y no hay personas que puedan responder”', apuntó Pereira, quien defendió la respuesta de la Uniformada a estos casos.

“Si un niño no está muerto alguien lo tiene que cuidar”, apuntó Pereira, al opinar que el magno recorte de empleados que realizó el Gobierno con la Ley 7 de Emergencia Fiscal creó una desarticulación de esfuerzos.

“Esta desarticulación viene cuando el Gobierno toma decisiones fiscales en vez de humanas”, resaltó.

Pero la fuerte carga de trabajo de los empleados de ADFAN no se limitan a los casos nuevos, pues en ocasiones tampoco logran dar el seguimiento adecuado a los casos que ya tienen, sostuvo la presidenta del Colegio de Trabajadores Sociales, Gloria Rivera Centeno.

“Se va una vez a ver esa familia, se le dan unas orientaciones, se mandan para la escuelita de padres, pero no se le da una monitoría a ver si está cumpliendo cuando la ley te dice que tienes que tener a esa familia seis meses en plan de servicios”, indicó Rivera Centeno.

caos en los tribunales

Tanto la presidenta de los trabajadores sociales como Córdova y Zayas coincidieron que unos de los aspectos que complican la situación actual es la reestructuración que se realizó el año pasado del Programa de Emergencias Sociales.

La actual secretaria de la Familia, Yanitsia Irizarry, explicó que ya no existen los trabajadores sociales que antes se dedicaban exclusivamente a salir a la calle a investigar las emergencias para luego referirlas a sus compañeros de las oficinas locales, pues ahora todos investigan los casos y les dan seguimiento.

“Ahora se está dando un cambio en los procesos, están integrando verificación o emergencias sociales al área de servicios, hay un montón de referidos estancados. Eso es terrible, porque son bombas de tiempo que están ahí porque se identificó que hay un problema y no está pasando nada”, argumentó Rivera Centeno.

La directora de la Oficina de Administración de Tribunales (OAT), Sonia Ivette Vélez, sentenció que las fallas en la labor de los trabajadores sociales dificulta los procesos judiciales en los casos de maltrato.

“Los ojos del juez en la calle es el trabajador social o el técnico del Departamento de la Familia y hemos sabido de algunos que no van a ver el niño”, dijo. También coincidió que los planes de cumplimiento para ayudar a los padres a superar la crisis o recibir tratamiento sicológico no se pueden cumplir por la falta de estos servicios.

Otra causante del desfase que enfrenta la Isla es la falta de abogados especializados en el Departamento de la Familia. Según Vélez, muchos abogados de la práctica privada que contrató Familia no conocen la Ley 177 de Maltrato de Menores y así lo dejan notar en las vistas judiciales, donde no presentan suficiente evidencia para sustentar sus peticiones, principalmente, cuando se trata de una solicitud de remoción de un menor del hogar.

Otros togados ni siquiera cumplen con presentarse a las vistas judiciales, como ha sucedido en los tribunales de Bayamón y Guayama, según supo este diario.

Pero el sistema judicial también ha sido negligente en manejar adecuadamente los casos de maltrato, de acuerdo al sociólogo Michael González. Éste sostuvo que la primera falla es que hay jueces que ven casos de maltrato con poca o ninguna experiencia en la materia, una observación de la que se hicieron eco Zayas y Córdova. Este argumento lo desmintió la directora de la OAT.

Poca colaboración

Al mismo tiempo, las agencias de gobierno que deben darle apoyo al Departamento de la Familia para atender este problema social o desconocen su rol o no cuentan con los recursos para hacerlo.

En las oficinas gubernamentales reina el desconocimiento sobre la responsabilidad que tienen en el manejo de los casos de maltrato de menores. Varias agencias, entre ellas los Departamentos de Educación y de la Vivienda, fallaron en localizar o compartir con El Nuevo Día los protocolos que deben seguir al momento de detectar casos de violencia contra niños, a pesar que sus funciones están claramente definidos en el Protocolo Integrado para la Coordinación de Servicios en Situaciones de Maltrato a Menores del 2008 del Departamento de la Familia.

Córdova, quien en el 2007 dirigió el Comité de Integración de Servicios de Protección a Menores que analizó la efectividad de la Ley 177 de Maltrato de Menores, criticó la noción que reina en el País de que la violencia hacia los niños es sólo asunto del DF.

Por ejemplo, el ex superintendente de la Policía, Pedro Toledo, reconoció que los referidos de maltrato muchas veces se convierten en una papa caliente de agencia en agencia por la falta de conocimiento del empleado sobre el proceso de manejo de la crisis.

“No sólo la sociedad no está tomando las medidas necesarias, la comunicación con las agencias a veces no es efectiva. Suena el teléfono y los empleados se pasan la llamada de lado a lado. Se ve en la misma Policía, en el Departamento de la Familia. Debe haber más productividad”, sostuvo el ex funcionario. A esto se suma el empleado que trata la querella como un caso exagerado y no actúa con la urgencia que amerita, lo cual confesó que se ha visto en la Policía.

Mientras tanto, Irizarry reconoció que la agencia enfrenta múltiples retos a la hora de trabajar con los casos de maltrato, pero sentenció que se necesita el apoyo de toda la sociedad.

“El DF en algunos casos ha fallado y en los casos que ha fallado, los trabajadores sociales se han removido de sus cargos. Pero necesitamos aliados, necesitamos que salgamos del conformismo, de las batallas individuales y nos unamos como pueblo”, manifestó la Secretaria, quien también funge como administradora de ADFAN.

Según la teniente Diana Crispín, directora de la División de Delitos Sexuales y Maltrato a Menores de la Policía, el miedo a ser objeto de represalias de parte del agresor mantiene a muchos ciudadanos impedidos de hablar y no es hasta que el menor sufre graves daños, que ese vecino pide ayuda a las autoridades para poder salvar la vida de ese menor.

En muchos casos son los médicos lo que alertan las autoridades al ver en su oficina o en una sala de emergencia a un menor brutalmente golpeado, violado o muerto.

“Cuando finalmente la denuncia llega a nosotros ya el maltrato ha ocurrido”, sostuvo la teniente. Esta División atendió 137 querellas de maltrato a menores de enero a junio de este año.