Aprisionadas entre agresores y burocracia

24 Septiembre 2010

Aprisionadas entre agresores y burocracia
Víctimas testifican en una vista pública



Según la representante Albita Rivera, debe evitarse la aprobación de “más parchos” a la Ley 54.Por Daniel Rivera Vargas / end.drivera2@elnuevodia.com

Dos mujeres testificaron ayer en una vista pública sobre lo que sufre una víctima de violencia doméstica ante sus agresores y la burocracia del Gobierno.

Tras una vista judicial de su caso de Ley 54 frente a su agresor, Sharon Rodríguez viajó en auto desde Mayagüez hasta Guayama, al albergue donde se ocultaba.

Se llevó la sorpresa de que su agresor la siguió desde la corte mayagüezana -cruzando la Isla- hasta la Ciudad Bruja.

“He dormido hasta en mi carro” para huir de su victimario, afirmó la mujer.

Mientras, Iris Figueroa relató que las autoridades en Puerto Rico no le reconocían una orden de protección emitida en Estados Unidos y tardó siete meses en obtener una orden local. Esto ocurrió cuando su agresor -un hombre con recursos económicos residente en Estados Unidos- llegó hasta el interior de su casa, localizada en una urbanización con control de acceso.

“Yo estuve en un año residiendo en 11 residencias porque él siempre me encontraba con la ayuda de un investigador privado”, narró Figueroa.

Agregó que no entiende por qué en los aeropuertos no hay un mecanismo electrónico que, cuando un agresor llegue al País, obligue a una rápida notificación a la víctima.

Las dos mujeres explicaron en la vista ante la Comisión de lo Jurídico de la Cámara cómo se han quedado por años esperando ayudas de vivienda -incluso algunas se las negaron por no tener hijos- y cómo le exigen el pago de fianza para recibir los servicios de agua y luz cuando ellas acaban de salir sin dinero alguno de un albergue. Agregaron que la Policía les ha puesto reparos para ayudarlas por ser “separadas”.

Ambas mujeres acompañaron a Sonia Flores, directora de la Fundación Alas a la Mujer, y sometieron 14 recomendaciones de cambios, incluida que la orden de protección sea extensiva a allegados del agresor, que haya severidad contra quienes aleguen falsamente ser víctimas y la expedición de una identificación especial para facilitar obtener ayudas del Gobierno, entre otras.

La presidenta del Caucus de la Mujer, Albita Rivera, indicó que estos testimonios servirán para proyectos de ley que no sean “parchos a la Ley 54”.

Mientras, la presidenta de la Comisión de lo Jurídico, Liza Fernández, dijo que este tipo de testimonios evidencia que lo que hay que mejorar es la implementación de la ley.

“De mi experiencia en la Rama Legislativa, en mis seis años, esta ha sido una de las vistas más productivas que he tenido”, dijo Fernández.

‘veto’ a medida de vázquez

De otra parte, Fernández y Rivera objetaron el proyecto de la senadora Evelyn Vázquez que obligaría a la víctima de violencia doméstica a repartir copias de la orden de protección.

“Estás revictimizando a la víctima”, dijo Rivera, quien le ve pocas posibilidades de aprobación en la Cámara. “Una víctima que ya está en una situación difícil, ponerla a sacar copias, no sé... yo no creo en imponerle responsabilidades a la víctima”, afirmó Fernández.