Menos tiempo para que opinen los ciudadanos

Puerto Rico Hoy
19 Agosto 2010

Menos tiempo para que opinen los ciudadanos
JCA agiliza la evaluación de proyectos energéticos


Por Keila López Alicea / keila.lopez@elnuevodia.com

De ahora en adelante, los ciudadanos que interesen comentar antes de que se aprueben los documentos ambientales necesarios para construir un proyecto energético en la Isla, tendrán que ser lectores superveloces que puedan analizar planos y amplios volúmenes de informes técnicos en menos de cinco días.

Esto, porque la Junta de Calidad Ambiental (JCA) recientemente emitió una resolución en la cual acortó significativamente el tiempo en que se puede otorgar o rechazar las solicitudes de Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) y Evaluaciones Ambientales (EA). Éstas son necesarias para proyectos como gasoductos o aquellos relacionados a fuentes de energía renovable.

El presidente de la JCA, Pedro Nieves, aseguró que la directriz preparada por su agencia intenta agilizar la construcción de infraestructura que permita que Puerto Rico reduzca su dependencia de combustibles derivados del petróleo, tal y como decreta una orden ejecutiva firmada el pasado 19 de julio por el gobernador Luis Fortuño en la que declaró un estado de emergencia energética en la Isla.

Entre los grandes recortes, el funcionario indicó que las nuevas guías ordenan que se evalúe una solicitud de documento ambiental en diez días, periodo de tiempo que se podría ampliar hasta un máximo de 45 en los casos en que se determinara realizar vistas públicas u otros procesos administrativos. Además, se reduce de 30 a cinco días el tiempo que el público tiene para someter comentarios sobre un proyecto.

“Lo que más toma tiempo hoy día es recoger los comentarios de las diferentes agencias porque cada una tiene otras prioridades. La orden ejecutiva lo que hace es decir que esta es la prioridad de todo el gobierno, por lo que enviar sus comentarios debe estar al tope de su lista de prioridades y así se agiliza el proceso”, señaló Nieves Miranda, al asegurar que esto evitará que las solicitudes queden engavetadas.

“Se agiliza el proceso, pero la evaluación se va a hacer. Con esto se crea un subcomité (interagencial) que será el ente encargado de hacer esa evaluación y que estará enfocado en lograr mayor eficiencia en el proceso”, sostuvo el presidente de la JCA.

No obstante, el asunto que más ronchas ha levantado entre miembros de organizaciones ambientales y conocedores de los procesos administrativos del gobierno es la limitación de tiempo que se le concede al público para someter comentarios a cinco días “improrrogables”.

“Es bajo el tiempo ordinario de treinta días y el tiempo no da para analizar todos los documentos, cómo se va a hacer en cinco”, manifestó el científico ambiental Luis Jorge Rivera Herrera.

Asimismo, la abogada especialista en derecho ambiental, Jessica Rodríguez, indicó que la resolución tendrá el efecto de invalidar la participación ciudadana, pues no concede el tiempo necesario para realizar comentarios válidos y fundamentados.

Nieves Miranda minimizó el efecto que tendrá la limitación de tiempo, al asegurar que el público ahora se enterará antes de los proyectos al establecerse un requisito que exige notificar sobre la intención de iniciar un proyecto energético antes de radicar cualquier documento.

“No estamos violando el derecho de emitir comentarios, todavía se podrán expresar”, dijo el funcionario.

Sin embargo, Rivera Herrera cuestionó las intenciones tras la declaración del estado de emergencia energética pues la Ley 76 del 2000 -que establece los criterios para decretar dicha crisis- señala que se hará en escenarios donde la capacidad energética se vea afectada por desastres naturales o daños de infraestructura. No obstante, la ley deja el campo abierto a otras situaciones “que por la naturaleza de sus efectos en la población puedan ser consideradas como situaciones de emergencia”.

“Ninguna declaración de emergencia, mucho menos una declaración que no está validada en un proceso jurídico que se haya pasado prueba que demuestre que existe, puede tener el efecto de derogar derechos constitucionales de envergadura, como el derecho a la salud, la libertad de expresión”, señaló, a su vez, Rodríguez.